Los autodenominados "organismos de DDHH" en el transcurso de los últimos años han generado fruto de su accionar, gran cantidad de muertes.
Los mismos se auto asignan la representatividad de la sociedad, basándose en sus estatutos, y deciden participar en juicios o en mesas o comitivas gubernamentales, con el aval generalmente de funcionarios públicos afines.
Es lo que se denomina lobby, o poder blando, pero con un detalle: sin absolutamente ninguna responsabilidad en sus acciones, afirmaciones o influencia en las decisiones públicas.
Así por ejemplo se puede recordar algunos cosas de referencias y sus trágicas consecuencias.
En general estos "organismos de Derechos Humanos" o de "defensa de las libertades individuales" (o cualquier otra denominación similar), insta a criticar cualquier acción estatal, posicionándose como ellos conocedores absolutos de ciertos temas, y generando afirmaciones de forma tajantes.
- "Las taser son elementos de tortura" o "las taser son picanas eléctricas": eso fue repetido una y otra vez por diversos organismos de DDHH tales cómo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Amnistía Internacional, entre otros.
Esta afirmación ha llegado tan alto que la ministra de seguridad Sabina Frederic, utilizó dichos argumentos para fundamentar la prohibición de su uso para el personal de calle, y relegándolo a personal que no hace uso de dicha herramienta del labor policial.
Las afirmaciones generadas por parte de estos "organismos de DDHH" se contrastan con los estudios académicos serios, tales como el caso del estudio realizado por la American Journal of Public Health denominado "The Effect of Less-Lethal Weapons on Injuries in Police Use-of-Force Events" en el cual se afirmá: "de diferentes casos de implementación de estas armas en policías estadounidenses, y concluyó que la cantidad de lesiones bajó significativamente (entre un 25 y un 62%), tanto para civiles como policías, luego de la implementación de estas armas".
- "Las cárceles se deben abolir y se deben liberar a los presos" y "los centros de salud mental se deben desarmar" : esta postura se puede ver claramente en la Ley de Salud Mental (que prácticamente no se puede cumplir) o en la Liberación de Presos por parte de acciones realizadas por "ONGs de DDHH" tales como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), financiado por el poder legislativo de la Provincia de Buenos Aires y conducido por Adolfo Pérez Esquivel (quien incluso se presenta como querellante en causas judiciales para darle "peso" a las mismas).
Claro está luego ni el CPM ni las ONGs que fomentan que la salud mental no esté a manos de profesionales de las psiquiatría se hacen cargo de las consecuencias. Tanto de las complicaciones al sistema de salud mental como tampoco de la consecuencia de la liberación de presos (que terminan en asesinatos y muertes).
- "El cibercrimen no se debe considerar un crimen organizado" o "el ciberpatrullaje es espionaje ilegal": afirmaciones realizadas en general por las misma red organizada de asociaciones afines que en conjunto participa en la AFI y en el Ministerio de Seguridad, como una suerte de estado paralelo, imponiendo posturas.
Gustavo Saín afirma: "El cibercrimen no puede ser catalogado como crimen organizado ni criminalidad compleja per se. Si bien estos grupos utilizan las tecnologías digitales e Internet para el desarrollo de sus actividades, la mayoría de los delitos informáticos no poseen dichas caracteristicas."
Las acciones realizadas por Saín van en sintonía con las de otros actores que buscan devaluar el accionar por parte del estado en lo que respecta a las herramientas para combatir el crimen.
En este sentido al igual de lo que sucede con el uso de las Taser, se busca desactivar mecanismos como los descriptos en la Ley de Investigación de Delitos Complejos "Investigación, Prevención y Lucha de los delitos complejos".
A su vez tanto desde organismos afines que se presentan en comisiones ad hoc en organismos públicos plantean que el "ciberpatrullaje" es "espionaje ilegal" y cuestionan (sin responsabilidad, claro) el accionar de las fuerzas de seguridad. Ignorando, por supuesto, que el Ciberpatrullaje un accionar no solo legítimo sino validado en instancias judiciales.
A su vez organizaciones tales como "Observatorio de Derecho Informático Argentino" (ODIASoc) realiza acciones de "Rechazo a los sistemas de reconocimiento facial". Utilizando como argumento cuestiones meramente normativas y alegando a cuestiones de privacidad. Pero desconociendo, minimizando o restando valor al deber del estado en su accionar de seguridad.
De abogados, sociólogos, comunicadores sociales y otras yerbas
Estas asociaciones, agrupaciones, suele escudarse en el derecho que tienen de la "protección de los derechos" y bajo este paraguas deciden realizar acciones que en última instancia generan perjuicio a la sociedad.
Pues su accionar si bien puede plantear puntos de crisis y tensión entre distintas acciones gubernamentales, cuentan con puntos de vista sesgados, que inducen a errores y buscan imponer "su verdad" a la fuerza. Es decir de facto y nunca democráticamente.
El resultado suele ser claro: quitar recursos al estado, para en vez de combatir el crimen (o mediante eufemismos "neutralizar las amenazas"), realizar acciones para dar respuesta a las necesidades inagotables de estas asociaciones no gubernamentales.
En el rol de "activistas" o "justicieros sociales", se suelen utilizar de escudo derechos para poner en crisis otros derechos. Por ejemplo una acción de difamación, injuria o agravio se usa de escudo la "libertad de expresión".
En gran mayoría estas asociaciones son conformadas por abogados, pero también por comunicadores sociales, sociólogos, y también muchas personas que buscan fines "legítimos" sin conocer todo el trasfondo. Es decir: limitar el accionar del estado, para en vez de usar sus recursos para los fines establecidos, responder a las necesidades de estas ONGs.
Caso, acusación, sanción mediática, sanción judicial, indemnización
La estructura de estas organizaciones suele ser la misma en la mayoría de los casos. Primero buscan un caso testigo, en el cual ven alguna afectación de algún derecho, sobre ese caso generan una acción mediática continua ya sea mediante redes sociales o medios tradicionales, buscan que más personas repitan lo que ellos dicen.
En general la versión que cuentan de los casos es cuanto menos sesgada pero en muchos otros simplemente mentiras. ¿Porque mienten? porque ellos en ocasiones representan a la parte que el estado está persiguiendo entonces de la parte imputada o porque simplemente su capital de "ongs de los DDHH" hace que nadie se los cuestione.
Financiamiento
Estas ONGs existen porque son financiadas, de forma directa o de forma indirecta. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cuenta según una investigación de Perfil con 113 personas al año 2019. Y fue cuestionada el manejo de sus fondos, por viajes al exterior e incompatibilidades con otros cargos de sus miembros.
Algunas ONG como el Centro Legales y Sociales (CELS) o la Fundación Vía Libre reciben financiamiento por parte de la Fundación Heinrich Böll, que en el periódico ABC en la nota titulada "Fundaciones, el largo brazo de la diplomacia alemana" se describe de que forma el estado Alemán financia estas fundaciones partidarias para actuar en terceros países.
Tanto los miembros del CELS como de la Fundación Vía Libre participan activamente en el Consejo Consultivo de la intervención de la AFI así como también de la Mesa Consultiva para prevenir delitos con fuentes digitales abiertas (ciberpatrullaje).
Pero estas organizaciones para estatales se comportan como "ministros sin cartera", tal como se ve en otras participaciones tales como la "reunión de la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos" o incluso en la participación de sus miembros en cargos públicos, o beneficios tales como el caso de Horacio Verbitsky y el Vacunatorio VIP.
Más allá del tráfico de poder de estas organizaciones, que suelen realizar acciones coordinadas (incluso de difamación) comportándose en manada, muy afín a la cultura de la cancelación y de la imposición de ideas, suelen obtener beneficios mediante donaciones, o partes de "indemnizaciones" en los juicios.
Por eso, es que tal vez no convenga que las fuerzas de seguridad usen armas de electroshock (taser): no es lo mismo una persona detenida o lesionada que una persona muerta.
Consecuencias
Las consecuencias del accionar de esta red de asociaciones es claro: muertes.
Pues bajo el lema de la defensa de los derechos individuales o derechos humanos, estas ONGs cuestionan sin ningún tipo de responsabilidad el accionar de los gobiernos.
Incluso festejan como logro cuando algún juez, presionado por parte de estos mismos organismos ya sea vía judicial como por parte del poder mediático que manejan, falla a favor de lo que postulan.
Algunos casos:
- Caso de Juan Pablo Roldán y Rodrigo Facundo Roza : este caso muestra como la influencia de los organismos de DDHH influencian negativamente en el accionar policial, a la vez como la prohibición de herramientas de trabajo como las Taser, así como la Ley de Salud Mental que ignora la opinión médica generó un trágico hecho. El ex. Jefe de la Policía Federal manifestó: “Les meten tanto miedo a los policías que ante un hecho violento dudan en disparar”.
- Caso de la Comunidad Terapéutica Culmén : el accionar del Centro Provincial por la Memoria generó una afectación a personas internadas que derivó en el suicido de un menor.
- Liberación masiva de presos peligrosos mediante mecanismos espurios y crecimiento de la delincuencia en las calles: Mediante el accionar de Claudia Cesaroni en conjunto con el juez Víctor Violini se realizó una liberación masiva de presos. Accionar impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria. Finalmente la Cámara de Casación decidió desarmar el mecanismo por el cual se generó una liberación masiva de presos. En paralelo se niega la posibilidad de crear nuevas cárceles o el CPM genera cuestionamientos con la finalidad de que no se abran nuevas cárceles tal como lo describió Sergio Berni quién afirmó "A la Comisión Provincial de la Memoria le pagamos para que nos critique". El CPM decide no avalar nuevas cárceles y de esta forma los jueces terminan liberando tempranamente presos. Incluso el CPM realiza acciones para poner presos a personal policial por detenciones en comisarías (esto es así porque la justicia no toma los presos), y realizando declaraciones testimoniales extrajudiciales en perjuicio de personal policial. La liberación de presos conjuntamente con la falta de habilitación de nuevas carceles impulsado por la visión foulconeana del CPM como de otras organizaciones produce continuos actos de violencia por parte de personas que deberían estando cumpliendo la condena dictada por la justicia.
En síntesis: lejos de defender los derechos humanos los "organismos de DDHH" en argentina generan graves violaciones a los DDHH.
