La ruleta invisible: El ecosistema del juego online como la nueva gran lavandería del narcotráfico latinoamericano

El paradigma financiero de las organizaciones criminales ha mutado drásticamente. Atrás quedó la figura del narcotraficante que ingresa a una financiera clandestina con bolsos repletos de dinero físico. Hoy, los ingresos derivados del tráfico de estupefacientes y la violencia armada se blanquean a través de una red transnacional de casinos online, billeteras virtuales y pitufeo digital.

Una investigación basada en recientes expedientes judiciales de Argentina, México y Brasil revela cómo los cárteles han integrado las apuestas digitales como una línea de financiamiento orgánica. Mientras que en Argentina el fenómeno se encuentra en una fase de desarrollo inicial pero acelerado, en Brasil y México las estructuras criminales ya operan en simbiosis con el sistema financiero formal, desnudando la incapacidad de los Estados para regular y perseguir el flujo de capitales en la era digital.

De los bolsos a los clics: La caída del dinero físico

El dinero, en la economía criminal contemporánea, ha perdido su materialidad. La expansión de la economía virtual ofreció a las organizaciones ilícitas una herramienta de opacidad sin precedentes. El capital ilícito ya no requiere bóvedas kilométricas ni transporte blindado; se ha transformado en un crédito dentro de un casino virtual, en transferencias fraccionadas hacia múltiples alias de billeteras electrónicas, y en dominios web que desaparecen ante una orden judicial para reaparecer al día siguiente bajo una nueva extensión.

La justicia de la región persigue esta arquitectura financiera de manera fragmentada, abordando los síntomas tecnológicos pero sin lograr desarticular el núcleo del modelo de negocios. Lo que en países como México y Brasil constituye una industria paralela de miles de millones de dólares plenamente integrada a los mercados formales, en Argentina representa un fenómeno incipiente, aunque con una curva de profesionalización alarmante.

El contraste histórico es evidente. En 2020, la organización narcocriminal "Los Monos" se apropió de la red de salas clandestinas de Leonardo Peiti en Rosario mediante balaceras y extorsiones, un entramado de violencia física que culminó con legisladores acusados y fiscales encarcelados. Apenas un lustro después, las nuevas estructuras delictivas prescinden de los locales físicos, las máquinas tragamonedas y la recaudación en efectivo. El modelo de negocios actual, tal como lo expone la reciente investigación sobre la banda de "Los Menores", es completamente inmaterial, ubicuo y, sobre todo, silencioso.

El ecosistema argentino: Una lavandería en cuatro pasos

El expediente judicial a cargo de la fiscal provincial Georgina Pairola, quien alcanzó un acuerdo con Ornella Dipietri —expareja de Lisandro "Limón" Contreras, presunto líder de Los Menores—, resulta una radiografía precisa de esta maquinaria de blanqueo a escala sudamericana. Según se desprende del caso, la organización criminal (responsable de sostener su control territorial mediante homicidios y balaceras) no adoptó los casinos virtuales como un ingreso lateral, sino como su caja principal.

 

De acuerdo con el análisis de la operatoria en la provincia de Santa Fe, el sistema de lavado se estructura en cuatro peldaños fundamentales, diseñados específicamente para evadir el escrutinio financiero y judicial:

1. La barrera de entrada como herramienta de control

El primer eslabón radica en una restricción técnica que las plataformas implicadas (como Casino Zeus, Bet32, Jugalodos y Pulpo) imponen deliberadamente: no permiten que un usuario se registre de forma autónoma. Mientras que un casino legal busca masificar su acceso para captar clientes, un casino diseñado para el lavado de activos requiere intermediarios de confianza. Fernando Cappelletti (alias "Colo"), actualmente prófugo con captura internacional, ostentaba el monopolio para crear usuarios y cargar créditos. Esta imposibilidad de registro libre fuerza la creación de una cadena humana de "cajeros", garantizando que el dinero ilícito fluya únicamente a través de canales controlados.

2. El esquema piramidal de las fichas

El segundo nivel funciona como un esquema de comercialización multinivel. Cappelletti proveía "fichas ilimitadas" a cambio de una franquicia mensual, reteniendo un margen de ganancia ("al 15%", según se constata en los peritajes de sus comunicaciones). Él vendía estos créditos a intermediarios como Dipietri, quien a su vez los revendía a cajeras de menor jerarquía, como Jezabel D. Este mecanismo asegura que, mientras el dinero fluye hacia la cúpula, la trazabilidad del mismo se diluye en las bases de la pirámide.

3. El "pitufeo" digital mediante billeteras virtuales

El corazón del lavado se encuentra en las plataformas de pago electrónico, particularmente mediante transferencias a alias de Mercado Pago. Este instrumento cumple un triple propósito criminal:

• Fraccionamiento (Smurfing): Sustituye una única inyección millonaria de dinero por miles de transferencias de montos insignificantes (por ejemplo, 50.000 pesos), diluyendo el volumen y eludiendo los umbrales de alerta del sistema bancario.

• Despersonalización: El uso de un alias enmascara la identidad real durante la transacción ágil. Los operadores utilizan cuentas a nombre de familiares, testaferros o personas vulnerables que vendieron sus datos biométricos.

• Evasión del perímetro bancario: Al operar mediante Proveedores de Servicios de Pago (PSP) con miles de movimientos "hormiga", se evita detonar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que rigen para las entidades financieras tradicionales.

4. La resiliencia de los dominios web

El último escalón es la garantía de supervivencia operativa. Plataformas como Zeus operaban simultáneamente bajo el dominio .io en Rosario y .club en Buenos Aires. Cuando la justicia ordena un bloqueo, la restricción recae sobre el dominio específico y no sobre los servidores o los administradores. Cambiar la extensión del dominio permite a la organización volver a operar en menos de 24 horas. La ineficacia de este enfoque estatal queda expuesta en las cifras: solo en 2024, la Lotería de Santa Fe denunció 385 sitios de juego ilegal.

Por encima de este andamiaje, los peritajes descubrieron una estructura superior: paneles de administración mayoristas (admin.agentesbet.com, admin.pulpobet.com) y un soporte técnico centralizado. Múltiples sitios derivaban a sus usuarios a un mismo número de WhatsApp. Según fuentes judiciales, esta línea pertenece a Compu Tools SRL, una firma radicada en pleno microcentro porteño (Florida al 500). Este proveedor ofrece un servicio "llave en mano" a diversas marcas como ganaencasa.io y celuapuestas.net. Para otorgarle una fachada de legalidad internacional, plataformas como Bet32 exhiben licencias otorgadas por las autoridades de Curazao, un paraíso fiscal recurrente para el juego "gris" global.

Pese a estos avances, el lavado en Argentina aún se encuentra en una etapa de capitalización física. El caso de Roberto Zuco, procesado con prisión preventiva en la mayor causa federal de juego ilegal del país, lo demuestra. Detenido en octubre en el exclusivo barrio privado Terralagos de Canning, la red de Zuco (que operaba la familia de dominios celuapuestas) utilizó 31 sociedades pantalla y más de 200 vehículos. La fiscalía estima un blanqueo superior a los 7 millones de dólares y 17.000 millones de pesos. Sin embargo, su resguardo final seguía siendo físico: en una caja de seguridad le incautaron 2,5 millones de dólares en efectivo y un lingote de oro.

México: Robo de identidad y el amparo del Estado

Si en Argentina el sistema depende de "cajeros" conscientes de su rol, en México el modelo se asienta sobre víctimas involuntarias, alcanzando una escala corporativa que se infiltra en las concesiones del propio Estado.

En noviembre de 2025, la procuradora fiscal Grisel Galeano García detalló un esquema de lavado sostenido en seis pasos. El mecanismo comienza con el robo de datos bancarios o el engaño a sectores vulnerables (estudiantes, jubilados, amas de casa). A estas personas se les envían tarjetas prepagas o códigos cargados con dinero de origen ilícito. Al apostar en línea o en sucursales físicas, el sistema registra que el usuario "ganó" sumas millonarias. El apostador jamás recibe el premio; es un simple "ganador fantasma" utilizado para fabricar una justificación contable que permita a los cárteles retirar el dinero con apariencia de legalidad.

La penetración del narcotráfico en esta industria provocó la reacción de las más altas esferas gubernamentales. Tras detectar una red de lavado en trece casinos distribuidos en ocho estados, la Secretaría de Gobernación canceló los establecimientos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas.

El 14 de abril de este año, la intervención internacional dejó al descubierto la gravedad institucional. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (mediante la OFAC) incluyó en su lista de Nacionales Especialmente Designados al Casino Centenario de Nuevo Laredo (Tamaulipas), operado por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA). Washington señaló que el Cártel del Noreste no solo utilizaba las operaciones de juego para integrar ganancias ilícitas al sistema financiero, sino que las instalaciones del casino servían como depósito logístico de cocaína y pastillas de fentanilo. Un detalle macabro del expediente estadounidense revela que las trastiendas del casino funcionaban como centros de tortura e intimidación.

La impunidad del sistema radica en su disfraz legal. CAMSA también administra el Diamante Casino en Tampico y su versión virtual, diamantecasino.com.mx. De los diez sitios web suspendidos recientemente por la Dirección General de Juegos y Sorteos de México, dos operaban bajo permisos formales otorgados a la firma Atracciones y Emociones Vallarta. Es decir, los vehículos de lavado designados por el Tesoro estadounidense por vínculos con el Cártel del Noreste funcionaban con licencias oficiales vigentes, operando dentro del sistema y no en la marginalidad.

Las estadísticas evidencian un descontrol sistémico. Durante los primeros cinco meses de 2026, el sector financiero mexicano emitió 202.045 reportes de operaciones sospechosas vinculadas al juego, abarcando al menos 825 millones de dólares. Cabe destacar que la obligación de reporte solo se activa a partir de transacciones considerables (superiores a 645 Unidades de Medida y Actualización), dejando fuera del radar el pitufeo de bajo monto. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sintetizó la falla institucional: el Estado reguló el edificio físico, pero dejó en la anomia a la plataforma digital con dominio web.

Brasil: La cooptación del sistema financiero formal

El escenario brasileño representa la fase superior del lavado de activos en América Latina. A diferencia de Argentina, donde los millones terminan en bóvedas y lingotes de oro, en Brasil el capital ilícito trasciende las plataformas de apuestas para inyectarse directamente en corporaciones financieras de alto nivel.

En abril de 2024, la Policía Federal desmanteló en Ceará una red de, al menos, seis plataformas de apuestas ("bets") dedicadas a lavar dinero para el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, deteniendo a familiares directos de "Marcola", máximo líder del PCC. Estas facciones utilizan el juego online para licuar fondos provenientes del narcotráfico y el tráfico de armas.

 

Los volúmenes financieros de las investigaciones brasileñas exponen la magnitud del problema. La Operación Primma Migratio demostró que el PCC canalizó más de 55 millones de dólares a través del tradicional "jogo do bicho" y apuestas digitales, destinando una fracción explícita a la corrupción de agentes estatales. Aún más grave fue la Operación Contenção, la cual comprobó que la empresa de tecnología financiera (fintech) 4TBank lavó la exorbitante cifra de 1.100 millones de dólares para ambos cárteles en apenas doce meses. Esto se logró mediante la constitución de empresas fantasma y esquemas contables clandestinos que burlaron completamente la supervisión del Banco Central de Brasil.

El corolario de esta infiltración institucional quedó plasmado en un extenso documento de 220 páginas presentado el 14 de abril por el senador Alessandro Vieira, en el marco de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Crimen Organizado. El informe mapeó la existencia de 90 organizaciones criminales que ejercen control territorial sobre el 26% de Brasil, afectando la vida de 28,5 millones de personas.

El texto redactado por Vieira expuso el "Caso Master", una radiografía de cómo facciones territoriales han logrado una simbiosis perfecta con operadores del mercado formal. Según el documento, el crimen organizado utiliza actualmente gestoras de activos, fondos de inversión e instituciones bancarias para lavar miles de millones de reales y capturar porciones clave del aparato regulatorio del Estado.

Pese a la contundencia de las pruebas probatorias, el informe fue rechazado políticamente por la comisión con seis votos en contra y cuatro a favor, culminando su mandato sin aprobar la resolución. La controversia radicó en las omisiones deliberadas del documento original; diversos senadores denunciaron que se protegió la identidad de altos ejecutivos. Entre los nombres que exigían incluir se encontraba el de Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, a quien el Ministerio Público paulista acusa de haber adquirido parte del club de fútbol de primera división Atlético Mineiro utilizando fondos bajo severa sospecha de origen ilícito.

Análisis de las implicancias: El Estado analógico frente al delito digital

La lectura transversal de los tres países revela una economía criminal que ha dejado obsoletas las herramientas jurídicas y operativas de los Estados. Las agencias gubernamentales continúan reaccionando con lógicas analógicas frente a esquemas netamente digitales. El bloqueo de direcciones URL en Argentina es un esfuerzo estéril frente a un modelo de "marca blanca" que puede replicar su infraestructura de servidores en jurisdicciones opacas en cuestión de horas.

Mientras que en México se requirió la presión geopolítica y las sanciones directas del Departamento del Tesoro de EE.UU. para actuar contra casinos que ostentaban permisos gubernamentales, en Brasil el dinero negro ya cruzó el umbral del sistema financiero, comprando voluntades políticas y activos sociales de inmenso arraigo popular, como los clubes de fútbol.

La fiscal argentina Georgina Pairola resumió en su dictamen la atracción fatal de este modelo delictivo: a diferencia de las disputas territoriales clásicas, el juego online "no pone en peligro la integridad física de terceros, al menos de forma directa". Para las bandas criminales, el retorno sobre la inversión es equiparable al narcomenudeo, la eficiencia del blanqueo supera ampliamente a las cuevas financieras tradicionales, y la generación de expedientes judiciales es ínfima en proporción a los volúmenes transaccionados.

Conclusión

El narcotráfico ha mutado hacia una corporación financiera de base tecnológica. Las apuestas online, los dominios offshore, el pitufeo algorítmico y la cooptación de fintechs configuran una arquitectura diseñada específicamente para que los capitales fluyan sin revelar sus manchas de sangre.

El abismo de madurez entre las redes que guardan oro en bóvedas argentinas y las que compran instituciones deportivas de primera división en Brasil representa el pronóstico ineludible para toda la región. Si la legislación y las unidades de información financiera no abandonan su enfoque reactivo territorial para adoptar estrategias de ciberinteligencia financiera integrada, el Estado continuará clausurando la fachada de un casino mientras la verdadera ruleta sigue girando en los teléfonos de millones de ciudadanos.

Información pendiente de corroboración

• Titularidad corporativa real: Identidad de los accionistas y beneficiarios finales de firmas proveedoras de infraestructura como Compu Tools SRL y las empresas detrás de las licencias expedidas en Curazao.

• Destino final de los fondos en Argentina: El paradero y los mecanismos de inserción formal de los 17.000 millones de pesos vinculados a la organización de Roberto Zuco, más allá de los activos físicos incautados.

• Protección política en Brasil: Las negociaciones, acuerdos parlamentarios o posibles coacciones que derivaron en el rechazo por mayoría del informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Crimen Organizado en el Senado brasileño.

Preguntas abiertas

1. ¿Por qué los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y billeteras virtuales no cuentan con algoritmos preventivos de bloqueo ante patrones de miles de microtransferencias provenientes de usuarios sin verificación biométrica rigurosa?

2. ¿Existen servidores físicos alojados en territorio nacional que brindan soporte y alojamiento a los dominios alternativos generados tras los bloqueos judiciales?

3. ¿Qué nivel de trazabilidad internacional existe para obligar a jurisdicciones laxas, como Curazao, a revocar las licencias de sitios comprobados judicialmente como lavanderías narco?

4. ¿Qué rol están jugando los órganos fiscalizadores del Estado a la hora de auditar los permisos vigentes, considerando que cárteles como el del Noreste operaban mediante concesionarias legales?

Cronología de los hechos

• 2020: La banda narcocriminal "Los Monos" toma el control mediante la violencia de las salas de juego físico clandestino de Leonardo Peiti en la provincia de Santa Fe, Argentina.

• Abril de 2024: La Policía Federal de Brasil despliega operativos en Ceará contra al menos seis plataformas de apuestas digitales acusadas de lavar activos para el PCC y el Comando Vermelho.

• 2024: La Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (Argentina) presenta denuncias judiciales contra 385 sitios de apuestas ilegales.

• Noviembre de 2025: Autoridades de México (Secretaría de Gobernación y Unidad de Inteligencia Financiera) detectan y bloquean cuentas de una red de lavado en trece casinos distribuidos en ocho estados.

• Enero a Mayo de 2026: El sistema financiero mexicano emite 202.045 reportes por operaciones sospechosas vinculadas al sector de apuestas, sumando un mínimo de 825 millones de dólares.

• 14 de abril de 2026: La OFAC (Departamento del Tesoro de EE.UU.) sanciona al Casino Centenario y a la empresa CAMSA en México, vinculándolos con el lavado de activos y narcotráfico del Cártel del Noreste.

• 14 de abril de 2026: El Senado brasileño rechaza (por seis votos contra cuatro) el informe de la Comisión Parlamentaria que detallaba la cooptación del sistema financiero formal por parte del crimen organizado.

• Octubre (año no especificado en la fuente): Roberto Zuco es detenido en el country Terralagos (Argentina) con 2,5 millones de dólares en su poder, acusado de liderar una mega red de lavado mediante sitios como celuapuestas.com.

• 2 de agosto de 2026: Se hace público el avance del expediente de la fiscal Georgina Pairola, quien expone el acuerdo judicial que detalla el uso orgánico de billeteras virtuales y casinos online por parte de la banda narcocriminal argentina "Los Menores".

La UIF investiga operaciones sospechosas en Zefico SA, la empresa empleadora de Santiago Caputo

La Unidad de Información Financiera (UIF) abrió una investigación sobre Zefico SA, la sociedad que tiene como único empleado registrado al asesor presidencial Santiago Caputo. El caso se originó a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) presentado el 30 de julio de 2025 por una entidad bancaria de primera línea, tras detectar movimientos por 800.000 dólares entre abril y junio de este año.

Zefico SA fue constituida en 2021 por Pablo Costa, padre de Lucas Costa, amigo de la infancia de Santiago Caputo. Durante tres años no tuvo actividad comercial ni empleados, hasta que en enero de 2024 incorporó a Caputo como trabajador en relación de dependencia. La sociedad fue creada con la firma del escribano José Domingo Mangone, vinculado también al armado de la consultora Anker, de Luis Caputo y Santiago Bausili.

Los movimientos que encendieron las alarmas corresponden a transferencias de 400.000 dólares realizadas por Lucas Costa y su hermana María, ambos socios de la firma. El origen de los fondos fue atribuido a una donación de Pablo Costa, quien a su vez indicó que había recibido 1,5 millones de dólares de su madre María. La mujer presentó una declaración jurada de 2023 que incluía esa suma como parte de su patrimonio, aunque registros anteriores mostraban que en 2021 no contaba con bienes declarados, lo que generó inconsistencias sobre la procedencia del dinero.

El capital ingresado a Zefico fue registrado como un mutuo y luego transferido a otras dos sociedades: Netafim Argentina SA, empresa de riego por goteo controlada por Pablo Coletti, y Tonka SA, presidida por Pedro Alberto Friedrich, empresario que en 2019 donó al Estado un predio de 5.000 hectáreas en Santa Cruz convertido en la reserva federal Piedra del Fraile.

La UIF, dirigida por el exfiscal federal Paul Starc, tomó intervención tras recibir el reporte bancario. Posteriormente, el organismo denunció penalmente una filtración de información confidencial vinculada al ROS, ya que los detalles de la operatoria fueron publicados en la prensa. La denuncia fue presentada ante la fiscalía federal a cargo de Carlos Stornelli en los tribunales de Comodoro Py.

Santiago Caputo figura en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como único empleado de Zefico SA, inscripto en la tercera categoría del impuesto a las Ganancias, lo que implica que además de un salario percibe ingresos societarios. De este modo, factura servicios al Estado sin estar obligado a presentar declaración patrimonial. Su vínculo con la familia Costa se remonta a la relación entre su padre, el fallecido escribano Claudio Caputo, y Pablo Costa, vecinos en el country Martindale de Pilar.

El caso Zefico combina el análisis de operaciones financieras atípicas, el rol de un asesor presidencial como único empleado de la sociedad y las dudas sobre el origen de fondos millonarios. La investigación de la UIF y la causa penal abierta en Comodoro Py buscarán establecer responsabilidades sobre los movimientos de dinero y sobre la filtración del reporte confidencial.

Denuncia por Irregularidades en la Demanda de Microsoft contra Empresa Argentina

Un caso judicial ha generado preocupación en el ámbito empresarial y legal de Argentina. Se trata de la demanda iniciada por Microsoft Corporation contra la empresa argentina Matriplast SACIIFMYS, en un proceso que ha suscitado serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de las actuaciones judiciales.

La demanda, que se enmarca bajo el expediente CIV 011752/2021, fue presentada por el apoderado de Microsoft, Martín Alejandro Melloni Anzoátegui, con el patrocinio del Dr. Gonzalo Reberendo, del estudio Biniat, Paredes, Cárrega & Melloni Anzoátegui SC (BPCM). A primera vista, el caso parece seguir el curso habitual de una disputa por presunta violación de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, una revisión más profunda del expediente revela una serie de irregularidades que ponen en tela de juicio la objetividad del proceso.

Cuestionable Prueba Anticipada

El origen del conflicto reside en una prueba anticipada que, según la información disponible, es de dudosa legalidad. El expediente original que dio lugar a esta prueba no ha sido presentado, lo cual representa una violación al debido proceso. Esta prueba anticipada se habría ejecutado en las instalaciones de Matriplast, bajo la supervisión de la jueza Analía Romero y la oficial de justicia Monica Lopardo, del Juzgado Civil 40.

Un elemento particularmente alarmante se encuentra en un escrito pericial del 7 de octubre de 2021. En él, se observa un screenshot del conocido mensaje de "activación de Windows", una imagen que, por sí misma, no constituye una prueba fehaciente de la ilegalidad del software utilizado, aunque si un elemento llamativo cuando es por parte del perito que justamente debe detectar que no se use software sin licencia. Lo más preocupante es que ni el juzgado ni la Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4, a cargo de la Dra. Mónica Susana Mauri, objetaron esta prueba. La falta de escrutinio por parte de las autoridades judiciales en este punto clave de la demanda resulta sumamente inquietante y sugiere una posible connivencia.

Fallas en la Demanda y Actuaciones del Juez y Fiscal

El texto de la demanda presenta múltiples debilidades que, a pesar de ello, no fueron suficientes para que las autoridades judiciales la desestimaran. Entre las deficiencias identificadas se encuentran la falta de cuantificación del daño moral, el uso de estadísticas sin contexto, una sobrevaloración del "peligro en la demora" sin pruebas concretas, la confusión de conceptos legales, la solicitud de daños punitivos sin base legal, y el cálculo de intereses sin sustento. A pesar de estas irregularidades, la justicia argentina ordenó una indemnización.

Esta decisión del Juzgado Civil 40 y la falta de objeción de la Fiscalía suscitan serias dudas sobre la integridad del proceso. Parece que la justicia ha avalado una violación de un domicilio privado sin causa justificada, permitiendo a Microsoft generar grandes pérdidas económicas a una empresa argentina con base en exigencias no probadas. Esto levanta sospechas de que el objetivo principal de la demanda podría ser más la obtención de un beneficio económico que la resolución de un problema legal genuino.

El caso de Matriplast es un llamado de atención sobre los posibles riesgos de una justicia que actúa sin la debida rigurosidad, permitiendo a grandes corporaciones internacionales ejercer una presión desmedida sobre empresas locales con fundamentos endebles. La situación actual, donde las irregularidades en el proceso son evidentes y no han sido objetadas por las autoridades competentes, genera un precedente peligroso para la seguridad jurídica en el país.

El Gobierno Nacional Argentino Difunde Video Sobre el 24 de Marzo y la Importancia de la Memoria Completa

El Gobierno Nacional de Argentina ha difundido un video conmemorativo en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se celebra cada 24 de marzo. El video busca ofrecer una visión completa y objetiva de los eventos ocurridos durante la década de 1970, destacando la necesidad de reconocer a todas las víctimas de la violencia política de esa época, incluyendo tanto a las víctimas de la dictadura militar como a las de los grupos terroristas (mal llamados "guerrilleros").

El video comienza con una reflexión personal de un joven nacido en 1989, quien pertenece a una generación que ha vivido toda su vida en democracia. Este joven relata cómo la década de 1970 le llegó solo como un ejercicio de memoria histórica, el cual se convirtió en política estatal durante su educación secundaria. Sin embargo, critica que esta política educativa funcionó como un proceso de distorsión de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos.

Uno de los puntos más destacados del video es la crítica a la teoría del "demonio único", que sostiene que el horror de los años 70 comenzó el 24 de marzo de 1976 con el golpe de Estado encabezado por las Fuerzas Armadas. Esta teoría, según el video, ha simplificado la historia al exculpar a la casta política responsable de impulsar el terrorismo y promover la represión ilegal. El joven protagonista del video menciona que esta versión de la historia le parecía incompleta y sesgada, lo que lo motivó a investigar por su cuenta.

A través de su investigación, el joven descubrió que el contexto de la Guerra Fría jugó un papel crucial en los eventos de la década de 1970 en América Latina. En Argentina, las principales organizaciones terroristas fueron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las cuales cometieron numerosos crímenes y actos de terrorismo antes del golpe de Estado de 1976. La sentencia del Juicio a las Juntas Militares de 1985 registró más de 5,000 atentados explosivos, más de 1,700 secuestros y 150 asesinatos cometidos por estas organizaciones entre 1969 y 1979.

El video también aborda la omisión de hechos esenciales en la narrativa histórica oficial. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) registró cientos de desapariciones en los meses previos al golpe de 1976, con un total de 1,169 desaparecidos entre 1969 y el 24 de marzo de 1976. Sin embargo, esta parte de la historia ha sido omitida en la educación y en el discurso público.

El Gobierno Nacional ha renombrado el 24 de marzo como el "Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa", enfatizando la importancia de contar la historia de manera integral y sin sesgos ideológicos. El video concluye con un llamado a romper con el relato impuesto y a reivindicar el derecho a conocer la verdad completa, subrayando que una sociedad que se aferra a la mentira no puede construir un futuro en libertad.

Este video ha generado polémica y debate en la sociedad argentina, con algunos sectores apoyando la iniciativa de contar una historia más completa y otros criticando lo que consideran una revisión de la memoria histórica. No obstante, el Gobierno ha reiterado su compromiso con la verdad y la justicia, insistiendo en que solo a través de una memoria completa se puede aprender del pasado y evitar repetir los errores.

Licitación para el Mantenimiento del Sistema de Infraestructura de Telecomunicaciones y Ciberseguridad del CONICET

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha lanzado un proceso de licitación, identificado bajo el expediente EX-2024-70182756-APN-GA#CONICET, para la contratación de servicios profesionales destinados al mantenimiento del Sistema de Infraestructura de Telecomunicaciones y Ciberseguridad, con una duración inicial de 12 meses y la posibilidad de extenderse por un período adicional. Esta licitación tiene como objetivo asegurar el mantenimiento, evolución y correcta operación del sistema tecnológico que gestiona las comunicaciones y seguridad de la red institucional del CONICET, tanto en su sede central como en sus diversas dependencias.

Objeto de la contratación

El objeto de la contratación es garantizar el mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del Sistema de Infraestructura de Telecomunicaciones y Ciberseguridad del CONICET. Este sistema, crítico para las operaciones del organismo, incluye no solo la infraestructura física y lógica, sino también los módulos de ciberseguridad que aseguran la protección de la información sensible y las comunicaciones internas.

El adjudicatario deberá implementar las acciones necesarias para mantener el sistema en condiciones operativas óptimas, garantizar su seguridad, y prevenir cualquier tipo de ataque o amenaza cibernética. Esto implica tanto la gestión de las conexiones de datos (como MPLS, redes de fibra óptica y redes móviles de alta velocidad) como la administración de componentes de seguridad, como firewalls, gateways, controladores de optimización WAN, entre otros.

Servicios y tareas a ejecutar

El mantenimiento del sistema se divide en tres grandes áreas:

1. Mantenimiento Preventivo: Se realizarán tareas de diagnóstico proactivo para asegurar el correcto funcionamiento y el cumplimiento de los niveles de servicio, con énfasis en la seguridad informática. Esto incluye la instalación de parches, actualizaciones de firmware, control de calidad y performance, y la verificación mensual de la operación.

2. Mantenimiento Correctivo: Comprende la solución de fallas, errores o vulnerabilidades que puedan afectar la operatividad del sistema. En esta categoría, es fundamental la rapidez en la respuesta ante incidentes, con tiempos de resolución de entre 4 y 24 horas según la criticidad del problema, siendo la criticidad alta aquella que afecta la totalidad del sistema. Se pondrá especial énfasis en asegurar que no haya degradación en los servicios críticos.

3. Mantenimiento Evolutivo: Abarca las mejoras y adaptaciones del sistema para incorporar nuevas funcionalidades o ajustar las existentes a nuevos requisitos o condiciones operativas no previstas inicialmente. También se incluyen tareas de capacitación para el personal técnico de CONICET, asegurando que el conocimiento del sistema se transfiera adecuadamente.

Requisitos y criterios de evaluación

Experiencia y capacidad técnica

Los oferentes deberán presentar documentación que demuestre su capacidad técnica y experiencia en proyectos similares, especialmente en entornos con requisitos de seguridad informática estrictos. Se valorará positivamente la certificación ISO 9001-2013 y otros estándares relacionados con la calidad y seguridad de los servicios, así como la experiencia previa en la Administración Pública Nacional.

La idoneidad del equipo de trabajo es un criterio crucial en la evaluación. Se requiere un equipo multidisciplinario que incluya, entre otros:

• Gerente de Proyecto: Con al menos 5 años de experiencia en proyectos similares, capacidad de interlocución y resolución de problemas.
• Arquitecto de Red: Con al menos 5 años de experiencia en diseño y definición de redes.
• Especialista en Ciberseguridad: Con una sólida experiencia en penetration testing (pruebas de penetración), ethical hacking, gestión de incidentes, análisis de vulnerabilidades, y con capacidad para garantizar la continuidad operativa frente a posibles ataques.

Especificaciones técnicas de ciberseguridad

La seguridad del sistema es una de las áreas clave de esta licitación, destacándose los siguientes aspectos:

1. Política de Seguridad de la Información del CONICET: El sistema debe cumplir estrictamente con las políticas de seguridad definidas por el CONICET, así como con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Toda la información que se maneje en el sistema debe ser protegida frente a accesos no autorizados, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

2. Acceso y autenticación: El sistema deberá implementar un robusto mecanismo de control de acceso y autenticación de usuarios, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las funciones que correspondan a su perfil. En caso de ser requerido, se integrará con un sistema de Single Sign-On (SSO) para unificar las credenciales de acceso.

3. Transferencia segura de datos: Toda transmisión de información entre el sistema y otras plataformas o servicios deberá realizarse utilizando protocolos de cifrado como SSL y TLS, garantizando que los datos sensibles no sean interceptados ni comprometidos durante su transferencia.

4. Registro de actividades (log de usuarios): Se deberá registrar cada acceso y actividad realizada en el sistema mediante un log de auditoría. Este registro estará disponible solo para el administrador superior del sistema, quien tendrá la responsabilidad de supervisar y analizar estos accesos para detectar posibles comportamientos sospechosos.

5. Gestión de riesgos de seguridad: El adjudicatario deberá proponer una herramienta para realizar un Informe de Riesgos de Seguridad (IRS) del sistema antes de su aceptación final. Esta herramienta permitirá identificar las vulnerabilidades y garantizar que el sistema cumpla con las políticas de seguridad del CONICET. Si se detectan deficiencias en el sistema, el adjudicatario deberá aplicar las correcciones necesarias hasta que los resultados del IRS sean satisfactorios.

6. Disponibilidad del sistema: El sistema deberá garantizar una disponibilidad mensual de al menos 99,9%, asegurando su operatividad continua. Esto es fundamental para reducir al mínimo las interrupciones y garantizar la resiliencia frente a fallas.

7. Neutralidad tecnológica y no dependencia del proveedor: La solución debe ser sustentable y escalable, y no debe generar dependencia del proveedor a largo plazo. El sistema deberá facilitar la interoperabilidad con otras plataformas, permitiendo una transición ordenada en caso de que sea necesario cambiar de proveedor.

Puntos adicionales a considerar

Penalidades por incumplimiento

El pliego establece penalidades en caso de incumplimiento de los plazos o calidad de los servicios. Por ejemplo, un retraso en la entrega de soluciones correctivas o evolutivas dará lugar a multas equivalentes al 1% del contrato por cada día de retraso.

Metodología de trabajo

El oferente deberá presentar una metodología clara para el mantenimiento del sistema, explicando el uso de herramientas técnicas, los protocolos de comunicación con el CONICET y los mecanismos para el seguimiento de incidencias y resolución de problemas. Se valorará el uso de metodologías ágiles, que garanticen un enfoque dinámico y eficiente en la gestión de los proyectos.

Proceso de aceptación de entregables

Cada entrega deberá ser validada por el CONICET mediante un protocolo de aceptación. Las observaciones o correcciones deberán ser resueltas dentro de los plazos establecidos, y solo una vez cumplidos los requisitos se dará por aceptada la entrega.

Conclusión

Esta licitación representa una oportunidad crucial para empresas especializadas en infraestructura tecnológica y ciberseguridad. El adjudicatario tendrá la responsabilidad de garantizar la seguridad, estabilidad y eficiencia del sistema de telecomunicaciones y ciberseguridad del CONICET, un pilar fundamental para las actividades científicas y técnicas que se desarrollan en la institución. La capacidad para gestionar incidentes críticos, implementar soluciones de seguridad avanzadas y garantizar el cumplimiento normativo será determinante para asegurar el éxito del proyecto

Estados Unidos acusa a Rusia de desestabilizar al gobierno de Javier Milei

El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que Rusia está llevando a cabo operaciones encubiertas para desestabilizar al gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, y aumentar las tensiones en la región. Según un comunicado oficial emitido este viernes, estas acciones se estarían ejecutando a través del canal ruso RT y sus filiales, empleando tácticas encubiertas para influir en la región.

RT, financiado por el gobierno ruso, ha sido señalado como un actor clave en la difusión de contenido alineado con los intereses de Moscú. Además, el Departamento de Estado afirma que RT ha reclutado a personalidades en redes sociales para diseminar información manipulada, con el objetivo de influir en las dinámicas políticas de distintos países, incluida Argentina.

El secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que RT se ha transformado en "un brazo de facto del aparato de inteligencia ruso" y ha participado en operaciones encubiertas para influir en la información y adquirir material militar. También mencionó que la cadena ha apoyado esfuerzos rusos para interferir en elecciones, como las de Moldavia y los próximos comicios estadounidenses del 5 de noviembre.

En respuesta a estas actividades, Estados Unidos ha anunciado sanciones económicas contra RT y restricciones de visa para empleados de Rossiya Segodnya, la agencia matriz de RT. Además, el gobierno estadounidense, en coordinación con Reino Unido y Canadá, lanzará una campaña diplomática para advertir a otros países sobre las actividades de desinformación llevadas a cabo por los medios rusos.

Blinken subrayó que, aunque Estados Unidos defiende la libertad de expresión, no permitirá que RT continúe apoyando actividades que socaven democracias y promuevan la desestabilización a nivel global.

Hackeo a cuentas oficiales de X en Argentina: Ejercito Argentino y Universidad Siglo 21

Recientemente, se reportaron dos incidentes de hackeo a cuentas oficiales en Argentina. El primero afectó a la cuenta de Twitter del Ejército Argentino, donde se publicó un mensaje promoviendo una criptomoneda en la red Solana:

"Introducing $BERRY on Solana the next 100x gem! CA: 6V5javYTHoxRKMvugNV1AoSYjUerwM9FqTjqeRmZS9TJ Let's pump this together!"

El segundo incidente involucró a la Universidad Siglo 21, donde un supuesto hackeo difundió el mensaje:

"No se dejen estafar por esta universidad de mierda, son inútiles todos, aguante Tori :)"

El mensaje de la cuenta del Ejercito Argentino fue eliminados rápidamente, pero los eventos generan preocupación sobre la vulnerabilidad de las cuentas oficiales en redes sociales y sus posibles consecuencias.

Riesgos asociados a la vulneración de cuentas oficiales

El hackeo de cuentas oficiales tiene serias implicaciones, especialmente cuando se trata de instituciones públicas o educativas. Entre los principales riesgos se encuentran:

1. Desinformación y manipulación: Mensajes falsos pueden causar confusión en la población o dañar la reputación de la institución.

2. Fraudes financieros: Como en el caso del Ejército, los ciberdelincuentes pueden utilizar estas cuentas para promover criptomonedas o tokens fraudulentos, engañando a los usuarios y robando fondos.

3. Ataques a la confianza institucional: La pérdida de control sobre una cuenta oficial mina la credibilidad de la entidad afectada y puede resultar en consecuencias de largo plazo, tanto para la imagen de la institución como para sus relaciones con el público.

4. Afectaciones en sistemas internos: Un ataque cibernético a una universidad o entidad pública puede ser la primera señal de una intrusión más profunda en sus sistemas informáticos, afectando datos personales y académicos.

¿Qué es un token en la red Solana?

El mensaje en la cuenta del Ejército Argentino hacía referencia a un token en la red Solana, una blockchain popular por su rapidez y bajos costos de transacción. Los tokens son representaciones digitales de activos que pueden ser comprados, vendidos o intercambiados en plataformas descentralizadas.

En el contexto de este hackeo, se promocionó un token llamado $BERRY, que posiblemente sea un activo fraudulento. Los atacantes suelen utilizar tácticas como esta para inflar artificialmente el precio de un token mediante estrategias de "pump and dump", en las que alientan a personas a comprarlo y luego venden su propia participación, causando pérdidas a los demás.

Afectaciones a los sistemas universitarios

El hackeo a la cuenta de una universidad puede ser una señal de vulnerabilidades más graves en sus sistemas. Los riesgos incluyen:

• Acceso no autorizado a datos sensibles: Los sistemas universitarios almacenan información crítica, como datos de estudiantes, personal y administrativos, que pueden ser utilizados para extorsión o venta en la dark web.

• Alteración de registros académicos: Los hackers podrían manipular notas o registros de asistencia, lo que afectaría el rendimiento académico y las carreras profesionales de los estudiantes.

• Interrupción del funcionamiento: Un ciberataque masivo puede paralizar los sistemas de gestión de la universidad, afectando procesos como inscripciones, pagos y acceso a plataformas educativas.

Consejos para evitar estos riesgos

Para mitigar los riesgos de hackeos y mantener la seguridad de las cuentas y sistemas, se recomiendan las siguientes medidas:

1. Autenticación de dos factores (2FA): Implementar 2FA en todas las cuentas oficiales para añadir una capa adicional de seguridad.

2. Actualización de contraseñas: Cambiar las contraseñas de manera periódica, utilizando combinaciones fuertes y únicas, evitando el uso de información personal.

3. Concientización del personal: Capacitar a los empleados sobre los riesgos de phishing y cómo identificar posibles intentos de hackeo.

4. Monitoreo constante: Utilizar herramientas de monitoreo para detectar accesos sospechosos en tiempo real.

5. Backup y protección de datos: Mantener copias de seguridad de la información y cifrar los datos sensibles para evitar su exposición en caso de hackeo.

Estos incidentes resaltan la importancia de mantener altos estándares de ciberseguridad, no solo en instituciones oficiales, sino también en universidades y otros organismos que manejan grandes volúmenes de información.

Organismos de DDHH en Argentina accedieron ilegalmente a legajos de Fuerzas Armadas y Seguridad de Argentina

En un acto que ha despertado fuertes críticas y preocupación en diversos sectores de la sociedad, se ha revelado que organismos de derechos humanos han accedido de manera ilegítima a los legajos del personal de las fuerzas armadas y de seguridad de Argentina. Estos actos, según denuncias recientes, tienen como objetivo ensuciar la reputación del personal uniformado para obtener información que pueda ser utilizada en juicios de lesa humanidad y para recibir indemnizaciones de dudosa legitimidad.

La controversia se ha desatado a raíz de la publicación de Victoria Villarruel, quien afirmó: "Fueron a fotografiar ilegalmente el legajo de mi padre buscando algo que lo ensucie. Ahora están inventando deméritos y cosas que no ocurrieron y tomando extractos de textos que no dicen lo que afirman. Pero así es la izquierda en Argentina, no puede jugar limpio ni queriendo".

Estas acusaciones han generado un intenso debate sobre la ética y la legalidad de tales prácticas por parte de los organismos de derechos humanos. Se ha cuestionado la transparencia y la imparcialidad con la que se están llevando a cabo estas investigaciones, así como la validez de la información obtenida de forma ilegal.

Representantes de las fuerzas armadas y de seguridad han condenado enérgicamente estos actos, calificándolos como una violación flagrante de la privacidad y los derechos fundamentales de sus miembros. Además, han solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer cómo se llevaron a cabo estos accesos ilegales a los legajos del personal.

En medio de este escándalo, se espera que las autoridades competentes tomen medidas firmes para garantizar el respeto a la ley y a los derechos de todos los ciudadanos involucrados. Mientras tanto, la sociedad argentina observa con preocupación el desarrollo de estos acontecimientos, que ponen en entredicho la integridad de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos en el país.

Escándalo por desinformación en redes sociales: Periodista acusado de tergiversar la verdad sobre héroe de Malvinas

Escándalo por desinformación en redes sociales: Periodista acusado de tergiversar la verdad sobre héroe de Malvinas

Hoy, 2 de abril de 2024, un aluvión de tweets sacudió las redes sociales, desatando un acalorado debate sobre la verdad y el respeto hacia los veteranos de guerra. Todo comenzó con un mensaje del periodista Ari Lijalad, conocido por sus posturas críticas hacia el partido gobernante, en el que afirmaba que Victoria Villarruel, vicepresidenta de Argentina, había insinuado que su padre fue un héroe condecorado en Malvinas, pero que en realidad las condecoraciones le habían sido quitadas por no cumplir los requisitos.

La respuesta de Victoria Villarruel no se hizo esperar. En una serie de tweets contundentes, la vicepresidenta desmintió rotundamente las afirmaciones del periodista, acusándolo de faltar a la verdad y al respeto hacia su padre, el teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel, un verdadero héroe de Malvinas.

"Faltar a la verdad y al respeto a un veterano de Malvinas solo puede provenir de quien como vos chapotea en el barro", escribió Villarruel en uno de sus tweets. Afirmó que las condecoraciones no le fueron quitadas a su padre, sino que él mismo se excluyó de un pedido de condecoración especial para sus subordinados de la Compañía de Comandos 602, demostrando así su compromiso con sus soldados.

Faltar a la verdad y al respeto a un veterano de Malvinas solo puede provenir de quien como vos chapotea en el barro. La condecoración que le denegó Balza no era para mi padre, la pidió para sus subordinados de la Compañía de Comandos 602. Mi padre se excluyó del pedido, como…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 2, 2024

En otro tweet, Villarruel reafirmó el legado de honor y patriotismo de su padre, destacando que él le transmitió los principios que ella defiende con firmeza. Además, denunció la existencia de una campaña de desinformación orquestada por personas que buscan manchar la reputación de los militares argentinos y son funcionales a los enemigos de la Nación.

Ante la pregunta sobre si su padre fue condecorado, Victoria Villarruel respondió categóricamente que sí, y reveló que él había solicitado una condecoración especial para sus subordinados por ser la Compañía con mayor cantidad de bajas, la cual le fue denegada por un general al que calificó de traidor.

Este intercambio en Twitter ha avivado las llamas de un debate nacional sobre el tratamiento de los veteranos de guerra y la importancia de preservar la verdad histórica. Mientras tanto, la figura del periodista Ari Lijalda queda cuestionada por su presunta tergiversación de los hechos en un intento por desacreditar a un héroe de la nación.

Desafío a la memoria colectiva: El cierre de Telam y la amenaza a nuestro patrimonio cultural

En un giro inesperado, el gobierno de Javier Milei ha tomado la decisión de cerrar la emblemática agencia de noticias oficial Telam, un paso que ha generado controversia y preocupación en la sociedad. A partir de hoy, los ciudadanos ya no pueden acceder al contenido de Telam a través de su página web, encontrándose con un mensaje desolador: "Página en reconstrucción. La página que intenta ver se encuentra en reconstrucción".

Esta medida ha encendido las alarmas, ya que el contenido de Telam no es simplemente información actual, sino una parte fundamental de nuestro patrimonio histórico cultural inmaterial como nación. La agencia, con décadas de historia, ha sido testigo y narrador de los eventos más relevantes que han marcado la identidad argentina. Desde su fundación en 1945, Telam ha sido la voz oficial del Estado, ofreciendo a los ciudadanos información veraz y objetiva sobre los acontecimientos nacionales e internacionales.

El acceso a este contenido no debería ser un privilegio, sino un derecho inherente a todos los ciudadanos. La información que se encuentra en Telam no solo es actual, sino que también conforma una memoria colectiva que nos permite entender y aprender de nuestro pasado. El cierre abrupto de la agencia y la inaccesibilidad a su archivo online plantean interrogantes sobre la transparencia y la preservación de la información en la era digital.

Este no es el primer episodio de este tipo. Recordemos el caso de InfoJus Noticias, que sufrió una situación similar. En su momento, el diario Cronista denunció la eliminación del 90% de las notas del sitio InfoJus Noticias. Posteriormente, el portal regresó, pero con una leyenda que indicaba que lo que se encontraba allí era un archivo. Este precedente debería hacernos reflexionar sobre la importancia de preservar nuestro legado informativo y cultural en línea.

La accesibilidad a la información es un derecho ciudadano y la preservación de nuestro patrimonio cultural inmaterial es una responsabilidad del Estado. El cierre de Telam y situaciones similares plantean la necesidad de establecer medidas claras para garantizar que la información siga siendo accesible para las generaciones presentes y futuras.

Es imperativo que el gobierno de Javier Milei reconsidere esta decisión y busque alternativas que permitan preservar el valioso contenido de Telam. La sociedad argentina merece mantener su conexión con la historia a través de estos archivos y, al mismo tiempo, debe trabajar en la implementación de políticas que aseguren la preservación de nuestro patrimonio cultural en el entorno digital. El acceso a la información es un derecho fundamental que no debería comprometerse en ningún contexto.

Graves solicitudes de censura en descargo de imputado generan debate en juicio de derechos humanos

En un contexto marcado por la defensa de los derechos humanos y el ejercicio del debido proceso, se ha desatado una polémica en el juicio de derechos humanos en Bahía Blanca. El auxiliar Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, perteneciente al Ministerio Público Fiscal, el abogado Pablo Fermento, ha presentado una solicitud de censura para ciertas afirmaciones realizadas por el imputado José A Maidana durante su declaración.

Es un video largo pero aconsejamos verlo todo.
Declaración del preso político José A Maidana en una de las parodias de juicio de "lesa" escupiéndoles verdades a los jueces y fiscales.
El fiscal Fermento pidió q se lo censure.https://t.co/OtnXXAQW2O

— Justicia y Concordia 💙🇦🇷💙 (@Justicia_y_C) February 11, 2024

Fermento argumenta que las expresiones vertidas por Maidana son "agravantes" y considera que "escapan de las consideraciones e ingresan en un orden de extrema gravedad e injuria". Específicamente, señala referencias a "Santiago Vega" y la mención de "una inútil versión del museo del holocausto en la escuelita con los impuestos de todos", así como una advertencia sobre una supuesta justicia retributiva que afectará a todos los participantes en estos procesos. En consecuencia, el abogado solicita la supresión de pequeños fragmentos de los registros audiovisuales y documentales de la audiencia.

En respuesta a esta solicitud, el Defensor Ibañes sostiene que no se debe suprimir los pasajes del descargo y considera inaudito e inadmisible censurar las declaraciones de un imputado en un proceso legal. Esta postura cuenta con el respaldo de la Dra. Olea, el Dr. Mercado y el Dr. Rodriguez, quienes expresan su adhesión a la importancia de preservar el derecho a la defensa y el principio de transparencia en el juicio.

La controversia ha llegado a la mesa de los jueces a cargo del caso: Sebastián Foglia, Marcos Aguerrido, Ernesto Sebastián, y el secretario Ignacio Ahargo. Su decisión respecto a la solicitud de censura será crucial en el desarrollo del juicio, ya que debe equilibrar el respeto al derecho a la defensa con la necesidad de evitar expresiones que puedan considerarse ofensivas o injuriosas en un proceso de esta índole.

El caso destaca la complejidad y sensibilidad que rodea a los juicios de derechos humanos, donde la protección de los derechos individuales se enfrenta a la necesidad de abordar cuestiones delicadas relacionadas con crímenes de lesa humanidad. La decisión que tome el tribunal sentará precedentes importantes en cuanto a los límites de la libertad de expresión en el marco de estos procesos judiciales.

Desmanejo de Información Sensible en las Fuerzas de Seguridad Argentinas: Una Problemática Alarmante

En el ámbito de las fuerzas de seguridad y policiales federales en Argentina, se ha evidenciado una preocupante problemática relacionada con el desmanejo de información sensible, confidencial y personal. Instituciones como la Gendarmería Nacional Argentina ( Antonio José del Pilar Bogado ), la Policía Federal Argentina (Luis Alejandro Rollé, Mariano Giuffra), la Prefectura Naval Argentina ( Guillermo Giménez Pérez, Alejandro Paulo Annichini ) y la Policía de Seguridad Aeropuertuaria ( Alfredo Hernán Gallardo ), dependientes del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, han estado involucradas en prácticas cuestionables que afectan la integridad y derechos de su personal.

Un caso reciente, publicado el 3 de enero de 2024 en el Boletín Oficial de la República Argentina, reveló un aviso oficial de la Gendarmería Nacional Argentina firmado por Ludovico Jarzynski, Comandante Mayor Director de Recursos Humanos. Este documento expuso datos sensibles, como diagnósticos médicos, violando tanto el secreto médico como la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326 art. 7 inc. 3). Esta acción no solo constituiría una clara violación de la normativa, sino que también implicaría un delito de violación de secreto que debe ser investigado y sancionado.

Además, se han identificado casos en la Policía Federal Argentina en los que, dentro de "cargos administrativos", se han expuesto situaciones de violencia de género. Estas exposiciones incluyen datos del agresor y de la víctima, vulnerando la Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485). La divulgación de información personal, incluyendo domicilios, resulta en una revictimización y trato degradante (art. 3 inc. k, art. 16 inc. h), desalentando a las víctimas a denunciar y perpetuando la violencia de género dentro de la institución (ref. T0RJIDksIDEyLzAxLzIwMjQ=).

La falta de controles reales sobre los actos administrativos en estas instituciones ha generado un ambiente propicio para la impunidad. Los dictámenes y controles jurídicos tienden a favorecer a la institución y proteger a los jefes, sin considerar las consecuencias negativas para el personal afectado. La falta de controles cruzados, independientes y objetivos, permite que situaciones perjudiciales persistan, creando un ambiente de opresión y violencia institucional.

Además, se ha observado el uso de mecanismos de coacción directa e indirecta, como la amenaza de cambios de lugar de trabajo, modificaciones intempestivas de horarios y asignación de tareas riesgosas no aptas para el personal. Estas prácticas coercitivas contribuyen a un entorno laboral tóxico y a la limitación de la libertad de expresión de los trabajadores, quienes se ven obligados a ocultar problemas o renunciar a sus derechos.

La falta de mecanismos efectivos para que los individuos expongan sus problemas y preocupaciones, sin temor a represalias, ha llevado a la salida prematura de empleados y a la solicitud injustificada de licencias médicas. Esta situación genera un círculo vicioso en el que los afectados no solo ven limitadas sus posibilidades de ascenso, sino que también se ven forzados a abandonar la institución para preservar su bienestar y salud mental.

En conclusión, el desmanejo de información sensible en las fuerzas de seguridad argentinas no solo constituye un atentado contra la privacidad y los derechos fundamentales de su personal, sino que también alimenta una cultura institucional perjudicial. Urge la implementación de controles efectivos, independientes y transparentes que garanticen la protección de los derechos de los trabajadores y fomenten un ambiente laboral sano y respetuoso. La sociedad merece instituciones de seguridad que sean ejemplares en su trato al personal y que cumplan con los más altos estándares éticos y legales.

Revelación de Diagnósticos Personales por Parte del Comandante Mayor de Gendarmería Nacional Despierta Preocupación y Exige Intervención Oficial

En una polémica decisión, el Comandante Mayor Dirección de Recursos Humanos de Gendarmería Nacional Argentina, Ludovico Jarzynski, ha sido objeto de fuertes críticas al exponer públicamente diagnósticos de personal a su cargo, violando la ley de protección de datos personales. La situación se torna más delicada al destacar que esta práctica se ha llevado a cabo de manera masiva a través del Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 3 de enero de 2024.

El caso más destacado es el del ex gendarme identificado como "M.", cuyo diagnóstico y baja de la institución fueron expuestos detalladamente en el mencionado boletín. La disposición "R" Nro. 149/23 del Director Nacional de Gendarmería, fechada el 3 de mayo de 2023, notifica la baja del personal en cuestión, con detalles que incluyen la especialidad y la unidad donde prestaba servicios. Esta revelación, además de afectar la privacidad del individuo, pone en duda la legalidad del proceder de Jarzynski al divulgar información sensible sin el consentimiento del afectado.

No es la primera vez que Ludovico Jarzynski firma "avisos oficiales" de este tipo, lo que ha generado preocupación en la comunidad y en el mismo personal de Gendarmería. Estas prácticas, según críticos, no solo afectan gravemente la imagen y la vida personal de los involucrados, sino que también se podrían considerar un abuso de poder por parte del Comandante Mayor.

"ARTICULO 2° — (Definiciones).

A los fines de la presente ley se entiende por:

(...)

— Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.

(...)"

"ARTICULO 7° — (Categoría de datos).

1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles.

2. Los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares.

3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros.

(...)"

Ley 25.326 - PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Expertos en derecho y privacidad han señalado que existen mecanismos menos lesivos para notificar la baja de un miembro de las fuerzas de seguridad, y que la exposición pública de esta información debería ser evitada para resguardar la integridad y el honor de los individuos afectados.

Los jefes de la Gendarmería Nacional Argentina son Antonio José del Pilar Bogado y Javier Francisco Reniero, y dado que están enmarcadas dentro de la Ley de Seguridad Interior tienen la obligación de dar seguridad a los individuos, que incluye los derechos individuales, cosa que acá de forma flagrante se están viendo afectados por la divulgación de información de diagnósticos médicos, dado que el código que se expone en el documento hace referencia al DMS "Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales".

Ante este escenario, se ha instado a la intervención del Ministerio de Seguridad, actualmente conducido por Patricia Bullrich, y la Agencia de Acceso a la Información Pública, para investigar y tomar las medidas correspondientes. Se espera que estas instituciones actúen de manera inmediata para frenar este tipo de prácticas que van en contra de la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La situación deja al descubierto la necesidad de revisar y reforzar las políticas internas de Gendarmería Nacional para garantizar el respeto a la privacidad y los derechos individuales de su personal, así como la transparencia y legalidad en la gestión de recursos humanos.

Revelaciones de espionaje ilegal involucran al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade en prácticas cuestionables

En medio de un escándalo que pone al descubierto las cloacas de la política y el espionaje ilegal, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade se encuentra bajo la lupa judicial por su presunta participación en actividades de inteligencia ilegal contra jueces y adversarios políticos.

Tailhade, reconocido por su estilo violento y patoteril, ha sido un crítico constante del Poder Judicial, especialmente cuando se trata de casos que involucran a la expresidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, las revelaciones surgidas de los chats del expolicía Ariel Zanchetta han dejado al legislador imputado por espionaje ilegal.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la megacausa que examina el espionaje a jueces de la Corte Suprema y otros magistrados federales, ha aceptado la denuncia del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro contra Tailhade. Según un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), el legislador kirchnerista habría estado involucrado en conversaciones comprometedoras con el agente inorgánico Zanchetta, actualmente detenido por realizar actividades de inteligencia ilegal contra dirigentes políticos.

Las pericias realizadas por la fiscalía de Eduardo Taiano, que investiga el asesinato de Alberto Nisman, revelaron que Zanchetta recibía instrucciones directas de agentes de la ex-SIDE al menos cuatro meses antes del hallazgo del cuerpo del fiscal de la causa AMIA.

D’Alessandro denunció haber sido víctima de un robo de identidad, acusando a Tailhade de anticipar nuevas filtraciones de su celular en un reportaje radial. Estas acusaciones podrían ser motivos suficientes para que la Cámara de Diputados analice la posible expulsión de Tailhade.

Estas revelaciones ponen de manifiesto la recurrente práctica del kirchnerismo de utilizar recursos del Estado para actividades de inteligencia ilegal, en un intento por deslegitimar a jueces y adversarios políticos. La necesidad de una labor judicial ejemplar se hace evidente para poner fin a las cloacas de la política y garantizar el derecho a la intimidad de todas las personas afectadas. Sin embargo, las estrechas vinculaciones del juez Martínez de Giorgi con los espías plantean dudas sobre su capacidad para brindar una respuesta imparcial a este escandaloso caso.

Esclarecimiento del homicidio en el barrio Belgrano de Jujuy gracias al CiberPatrullaje y la investigación exhaustiva

El homicidio que tuvo lugar en el barrio Belgrano el 24 de diciembre de 2023 ha llegado a una resolución con la entrega voluntaria de los dos perpetradores responsables del hecho.

Este trágico suceso, caracterizado como un homicidio agravado por alevosía, cobró la vida de un hombre en el mencionado barrio durante el mes de diciembre del año pasado.

Lo destacable en este caso es el papel crucial desempeñado por la fiscalía dirigida por Diego Cussel, cuyo enfoque en las tareas de investigación se ha revelado como fundamental. La meticulosidad de los trabajos de campo en la zona, que incluyeron la verificación de domicilios de familiares y allegados, fue esencial para dar con los autores.

Adicionalmente, la aplicación de técnicas de CiberPatrullaje se erigió como una herramienta valiosa. La fiscalía utilizó las redes sociales como medio para obtener información relevante sobre los sospechosos, fortaleciendo así la línea de investigación.

La policía de la provincia, en colaboración con estas estrategias, informó que en la mañana de hoy ambos acusados se entregaron de manera voluntaria ante la fiscalía a cargo. Posteriormente, tras una exhaustiva entrevista con el fiscal, fueron puestos bajo la custodia de la División Homicidios para dar inicio a los procedimientos procesales necesarios para la judicialización del caso.

Este desenlace exitoso resalta la importancia crucial de las tareas de investigación, particularmente el CiberPatrullaje, en la resolución de crímenes y el esclarecimiento de situaciones delictivas en nuestras comunidades.

Milei indica que se eliminará la pauta oficial

En medio de la creciente controversia sobre el financiamiento de los medios de comunicación por parte del Estado, el economista y político argentino Javier Gerardo Milei ha propuesto una medida radical para preservar la libertad de expresión: eliminar la pauta oficial.

La propuesta de Milei surge en respuesta al tweet de la reconocida periodista Diana Mondino, quien expresó su preocupación sobre la distorsión de la realidad a través del cobro de impuestos para financiar a los medios. Mondino argumenta que, al subsidiar a los medios, el Estado podría estar limitando la libertad de expresión al influir en la narrativa mediática.

"No se puede cobrar impuestos para intentar distorsionar la realidad. Si el Estado subsidia a los medios, naturalmente estará limitando la libertad de expresión. Excelente decisión de Milei: si no hay más plata, se elimina la pauta oficial", expresó Mondino en su cuenta de Twitter.

La pauta oficial ha sido tradicionalmente utilizada por el gobierno para difundir sus mensajes a través de los medios de comunicación. Sin embargo, críticos como Milei sostienen que esta práctica puede comprometer la objetividad de la información y favorecer a aquellos medios afines al gobierno de turno.

En un contexto donde la transparencia y la pluralidad informativa son temas de relevancia, la propuesta de Milei plantea un desafío importante para repensar la relación entre el Estado y los medios de comunicación en Argentina. La discusión sobre la financiación de los medios y su impacto en la libertad de expresión promete seguir siendo un tema candente en los próximos meses.

mokusatsu: las traducciones y un vistazo al mundo de la diplomacia según Diana Mondino

En una reveladora entrevista en el programa "Solo una vuelta más" de Todo Noticias, la probable futura Canciller Argentina, Diana Mondino, arrojó luz sobre un aspecto fascinante y crucial en las relaciones internacionales: la delicada tarea de la traducción.

El escenario de la entrevista sirvió como ventana a las complejidades que enfrentan los líderes mundiales al comunicarse en un entorno multicultural. Mondino señaló que en ocasiones se recurre a dos traductores para evitar malentendidos que podrían tener consecuencias significativas.

"Mokusatsu" es un término complejo que puede ser interpretado de diversas maneras. En el contexto de las negociaciones de rendición japonesas, la palabra fue mal traducida como "ignorar" en lugar de "considerar sin comentar". Esta traducción errónea llevó a una respuesta estadounidense que interpretó la falta de respuesta inmediata como un rechazo, precipitando así el fatídico bombardeo atómico.

Este ejemplo histórico resalta la importancia de la precisión en las traducciones, especialmente en momentos cruciales que pueden determinar el rumbo de las relaciones internacionales. La diplomacia requiere no solo habilidades políticas, sino también una comprensión profunda de los matices lingüísticos para evitar malentendidos que podrían tener consecuencias devastadoras.

En última instancia, la entrevista brindó una visión valiosa sobre el delicado equilibrio que los líderes y diplomáticos deben mantener al navegar por el complejo mundo de las relaciones internacionales, donde las palabras pueden ser tan poderosas como las acciones. La lección histórica de "mokusatsu" sirve como recordatorio de que la precisión en la traducción es un componente crucial para construir un mundo más comprensivo y colaborativo.

Cuando el periodismo busca influencia: Crítica a la Publicación de "rionegro.com.ar"

El periodismo desempeña un papel crucial en la sociedad al informar y crear conciencia sobre los eventos que nos rodean. Sin embargo, en ocasiones, la línea entre informar de manera imparcial y buscar influenciar la opinión pública puede volverse borrosa. Un ejemplo reciente de esto es la publicación de la periodista Vanesa Miyar en "rionegro.com.ar" que critica a un comisario de San Antonio Oeste (Río Negro) por su publicación en WhatsApp tras la victoria de Javier Milei en las elecciones de 2023.

El artículo, titulado "Ganó Milei y un comisario de Río Negro posteó un Falcon verde: 'Que se agarren los chorros'", arroja luz sobre la necesidad de examinar críticamente cómo se presenta la información. La crítica de Miyar hacia el comisario no solo se centra en el contenido de su publicación, sino que también se extiende a la historia del Ford Falcon verde, vinculándolo a la dictadura militar y sugiriendo "reivindicaciones a la violencia y al genocidio".

Sin embargo, al analizar la publicación de Vanesa Miyar, surgen preocupaciones tanto en términos informativos como de sesgo ideológico. En primer lugar, la crítica a la expresión del comisario plantea interrogantes sobre la libertad de expresión, un derecho fundamental según la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Además, la falta de información esencial en el artículo genera dudas sobre la integridad de la noticia. No se proporcionan detalles sobre la fuente de las imágenes ni se aclara si pertenecen a un número oficial o personal. Este vacío informativo podría considerarse una intromisión en la vida privada del funcionario.

El artículo utiliza términos como "genocidas" que, en lugar de fomentar un debate constructivo, parecen destinados a cancelar cualquier análisis sobre la década del 70. Este período histórico fue complejo y trágico, con acciones violentas por parte de grupos terroristas como el ERP y Montoneros, así como intervenciones militares autorizadas por la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón.

En el escenario actual, la libertad de expresión se erige como uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Sin embargo, surge una creciente preocupación en torno a la persecución de funcionarios públicos que ejercen este derecho, especialmente cuando son etiquetados como "instigadores de genocidios".

La libre expresión de ideas y opiniones es esencial para el funcionamiento saludable de una democracia. Los funcionarios públicos, como cualquier ciudadano, tienen el derecho de expresar sus pensamientos, incluso si estos son polémicos o provocadores. Sin embargo, la práctica de etiquetar a estos individuos como "instigadores de genocidios" plantea serios desafíos para la diversidad de opiniones y el diálogo constructivo.

El uso de términos tan graves puede no solo difamar la imagen de los funcionarios, sino también limitar su capacidad para participar en debates significativos. Etiquetar a alguien como "instigador de genocidios" no solo es una acusación seria, sino que también puede llevar a la marginación y la persecución social y profesional.

Es crucial recordar que la libertad de expresión no solo protege las ideas populares o aceptadas, sino también aquellas que desafían el status quo. La diversidad de opiniones enriquece el debate público y contribuye a un entendimiento más completo de los problemas que enfrenta la sociedad.

La preocupación por la persecución de funcionarios públicos por ejercer su derecho a la libertad de expresión destaca la importancia de fomentar un ambiente donde las ideas puedan ser discutidas abierta y respetuosamente. En lugar de recurrir a etiquetas que puedan cerrar el diálogo, es crucial promover el debate informado y el respeto por la diversidad de opiniones.

En última instancia, el respeto a la libertad de expresión contribuye al fortalecimiento de la democracia, y la sociedad en su conjunto se beneficia al permitir que se escuchen todas las voces, incluso aquellas que pueden desafiar nuestras propias creencias preestablecidas.

La publicación de "rionegro.com.ar" ilustra la importancia de un periodismo equilibrado y basado en hechos. El público merece una presentación completa de la información sin sesgos ideológicos y con el respeto debido a los derechos fundamentales de cada individuo. La crítica constructiva y el análisis reflexivo son esenciales para una sociedad informada y comprometida.

PAMI: Se detecta venta de recetas médicas a través de Telegram

Infobae, en su nota titulada "Un grupo de Telegram ofrece fentanilo y opioides con recetas truchas del PAMI", ha informado sobre una grave situación que afecta al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) en Argentina. Según el periodista Federico Fahsbender, se ha descubierto que recetas médicas están siendo vendidas a través del servicio de mensajería instantánea Telegram.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Fahsbender, un grupo en Telegram estaría ofreciendo ilegalmente fentanilo y opioides, sustancias altamente peligrosas y reguladas, utilizando recetas médicas falsificadas pertenecientes al PAMI. Este hecho ha generado una gran preocupación en la comunidad médica y en la sociedad debido a los graves riesgos para la salud que representa la venta ilegal de medicamentos controlados.

Por su parte, el PAMI, bajo la dirección de su titular, Luana Volnovich, quien asumió el cargo el 10 de diciembre de 2019, aún no se ha pronunciado sobre la situación. 

Los portales de noticias Ámbito, La Voz del Interior, Rosario 3, Perfil y LM Neuquén también informaron sobre un inusual incidente ocurrido en el PAMI, ya que sus sistemas se encontraron caídos durante varias horas. Los empleados del organismo recibieron una directiva de apagar todas las computadoras debido a una supuesta "caída total de sistemas en el país". También se les solicitó atender con protocolo por razones de seguridad informática.

El PAMI aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la caída de sus sistemas, pero se espera que próximamente brinden información detallada sobre el incidente.

Este escándalo ha generado un fuerte revuelo en la comunidad y se espera que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los beneficiarios del PAMI y prevenir futuros casos de venta ilegal de medicamentos.

Es importante recordar que la venta de medicamentos bajo recetas médicas falsas es un delito grave y puede tener consecuencias devastadoras para la salud de las personas. Por ello, es esencial que las autoridades refuercen la seguridad en el sistema de prescripción y que se tomen medidas efectivas para combatir este tipo de prácticas ilegales.

La Policía Cibernética de Sonora salva a un adolescente en peligro, brindando apoyo durante una situación de redes sociales

La Policía Cibernética de Sonora (México), mediante tareas de ciberpatrullaje, salvó a una adolescente que amenazaba con suicidarse para obtener más seguidores en redes sociales. 

Después de detectar una transmisión en vivo donde la joven hacía estas amenazas, la policía localizó su ubicación y envió a la Policía Estatal. Los agentes se pusieron en contacto con los padres de la adolescente, quienes fueron informados de la situación y se les ofreció apoyo para el tratamiento de su hija.

El Imparcial (México)