Pericias contables y de ingeniería vial reavivan demandas de productores contra municipios bonaerenses

La discusión por el cobro de las tasas viales y el destino de los fondos que pagan los productores entró en una etapa clave en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Dos informes periciales incorporados a causas judiciales en Tapalqué y Bolívar aportaron nuevos elementos para determinar cuánto recaudan las comunas, qué parte de esos recursos se vincula con el mantenimiento de los caminos y cuál es el estado concreto de los caminos rurales.

En Tapalqué, una pericia contable analizó los ejercicios 2024 y 2025 y determinó que por la Tasa por Conservación de la Red Vial Rural y los Servicios de Guías de Traslado ingresaron $1905 millones en 2024 y $2336 millones en 2025. En ese mismo período, el gasto devengado directamente en el programa de mantenimiento de caminos rurales fue de $1203 millones y $1610 millones, respectivamente.

Según el análisis de la pericia, la diferencia acumulada supera los $1400 millones: $701,9 millones en 2024 y $725,6 millones en 2025 entre la recaudación sectorial y el gasto directamente devengado en caminos. En total, la tasa vial y las guías de traslado superaron los $4241 millones, mientras que las partidas directamente imputadas al programa específico de caminos rurales ubicaron el gasto devengado en unos $2814 millones.

La pericia también analizó qué sucede con el dinero una vez que ingresa al municipio. Los fondos de la Tasa Vial y de las Guías ingresan a una cuenta recaudadora única y pasan a formar parte de Rentas Generales, lo que dificulta seguir su trazabilidad específica. Además, las compras de gasoil y lubricantes se centralizan junto con otros servicios municipales y no existen partes diarios de salida de combustible ni registros de odómetro u horómetro que permitan determinar cuánto se utilizó específicamente en los caminos rurales.

En Bolívar, la prueba avanzó por el lado de la ingeniería vial. El peritaje revisó la capacidad operativa del municipio y el estado de una red rural de aproximadamente 2400 kilómetros, además de analizar cotas, hidráulica, alcantarillado y costos de conservación, según parámetros de Carbap.

El relevamiento encontró que, aunque en los registros municipales figuraban unas 12 motoniveladoras, durante la inspección había maquinaria parada, rota o desarmada. El perito estimó que el municipio necesita alrededor de un 30% más de unidades para cubrir con solvencia toda la red rural y fortalecer los obradores alejados.

La situación de los caminos rurales también quedó reflejada en números. Entre el 60% y el 70% de los caminos relevados presentaban problemas de mantenimiento, falta de cunetas o perfiles transversales deficientes. A su vez, entre 600 y 900 kilómetros —el 30% al 40% de la red— se encuentran por debajo de la cota natural de inundabilidad. Entre el 70% y el 80% de la red carecería de alteos estructurales y gálibos reglamentarios.

Jorge Moroni, abogado que representa a productores en estas causas, explicó que la importancia de estas pruebas está en cruzar la información contable con el estado de los caminos. Dijo que las pericias fueron llevadas a cabo por peritos oficiales de la Corte, designados por sorteo por el magistrado a cargo de los juicios de Tapalqué en su original y sus dos ampliaciones, y de Bolívar. Según Moroni, la pericia administrativa realizada en Tapalqué expuso una “nebulosa contable” en torno al destino de los fondos recaudados.

Moroni destacó que el objetivo no es simplemente acceder a la información de los municipios. “Nosotros vamos al fondo del tema. Con la pericia contable y la de ingeniería de caminos realizada en Tapalqué, cruzamos la información para determinar el destino de los fondos y establecer si hubo desvíos, de manera que sea el juez quien resuelva”, señaló. Las acciones están planteadas como juicios declarativos de certeza constitucional, donde se busca determinar si existe el servicio que justifica el cobro de la tasa.

En esa estrategia, las dos pericias cumplen funciones diferentes: mientras el contador reconstruye el circuito de los recursos, el ingeniero recorre los caminos y analiza su estado. “El perito ingeniero va a los caminos rurales, los examina, los mide”, describió Moroni. Agregó que el hecho imponible, como lo ha dicho la Corte en los últimos fallos y lo viene diciendo históricamente, es la efectiva contraprestación del servicio directo como contraprestación de la tasa.

A partir de las primeras causas, la estrategia comenzó a replicarse en otros distritos. Según Moroni, ya existen acciones declarativas de certeza en Azul, Daireaux, Bolívar, 25 de Mayo, Bragado, Brandsen, Pila, Ayacucho, Carlos Tejedor, Tapalqué y Trenque Lauquen. Mencionó aproximadamente 40 productores en Tapalqué, 40 en Ayacucho, 15 en Pila, 90 en Brandsen, 40 en 25 de Mayo y unos 40 en Bragado. Algunas causas ya tienen pericia contable, otras avanzaron con la de ingeniería y otras cuentan con ambas.

El planteo de los productores, remarcó Moroni, no consiste necesariamente en dejar de pagar. “Los productores no buscan que el juez diga que no tienen que pagar nada más de tasas: al contrario, pagaría más, pero si los caminos se encontraran en buen estado”, afirmó. La discusión pasa por establecer si el monto cobrado guarda relación con el costo real del servicio y si los recursos vuelven a la red vial. Moroni mencionó además Tandil y Benito Juárez, donde existen consorcios con participación de productores, ingenieros y contadores, y sostuvo que “los productores, donde están interviniendo junto con la municipalidad en un consorcio o en una cooperativa de caminos, no tienen problemas”. También se discute la tasa de traslado de hacienda, las guías, cuando la guía electrónica se hace por Senasa y se nacionalizó. Mientras las causas avanzan, el reclamo se extiende por Guido, Saavedra y Tornquist. La pregunta que atraviesa los expedientes es concreta: cuánto se cobra por los caminos rurales, cuánto se utiliza efectivamente para mantenerlos y qué servicio recibe, a cambio, quien paga la tasa.

Todos los caminos conducen a Scioli: vínculos llamativos y contrataciones millonarias

Una serie de contrataciones del Estado nacional quedó bajo la lupa periodística a partir de revelaciones que vinculan a empresas, exfuncionarios y dirigentes con el exgobernador bonaerense Daniel Scioli. La información, firmada por Nicolás Sanz y publicada el 2 de octubre de 2026, reúne datos difundidos por los medios Diagonales y Tribuna de Periodistas sobre adjudicaciones millonarias en dependencias del actual Gobierno nacional.

El caso de mayor magnitud mencionado en el texto es el de la empresa Grub SA, que acaba de quedarse con un contrato por $690 millones para mantener los espacios verdes de Casa Rosada y la Quinta de Olivos. La contratación fue impulsada por la Secretaría General de Presidencia, que conduce Karina Milei, según la publicación.

Grub SA tiene como presidente a Gustavo Vides, quien fue director de Compras y Recaudación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible durante la gestión de Daniel Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el texto, Vides ocupa hoy un cargo en Trenes Argentinos bajo el Gobierno del presidente Javier Milei, mientras Scioli ejerce como secretario de Deporte, Ambiente y Turismo.

La revelación sobre Grub SA fue realizada este viernes por el medio Diagonales y, según la nota, volvió a poner bajo la lupa la presencia de empresarios y exfuncionarios ligados al sciolismo en negocios millonarios del actual Gobierno. El artículo presentado por Tribuna de Periodistas retoma ese caso y lo conecta con otros antecedentes.

Otro de los antecedentes citados es el de ITS International Travel Services SA, la sociedad detrás de Pezzati Viajes. Según Tribuna de Periodistas, esa empresa obtuvo una contratación de más de $70 millones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante una licitación privada que terminó con un único oferente. La información había sido publicada dos semanas antes por el mismo medio.

En ese caso, el vínculo con el exgobernador bonaerense aparece a través de la familia Pezzati. Nolberto Pezzati, vicepresidente y socio fundador de ITS, es hermano de Eduardo Pezzati, dirigente de Acción Marplatense que en 2007 fue designado por Scioli al frente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. Eduardo Pezzati condujo ese organismo hasta su fallecimiento, en 2012.

A ese antecedente se suma el caso de la empresa Provedent SRL, creada por Gustavo Ferrari, quien fue Asesor General de Gobierno durante la gestión bonaerense de Scioli. Según la publicación, Ferrari volvió a recibir un contrato del Estado nacional, lo que amplía la lista de firmas y personas vinculadas al sciolismo que aparecen en contrataciones del Gobierno de Milei.

La nueva adjudicación a Provedent SRL alcanzó los $671,8 millones y elevó a casi $1.800 millones el monto acumulado por la firma en tres grandes contrataciones realizadas durante la gestión de Milei. El texto atribuye esas contrataciones a la órbita de Manuel Adorni, Adrián Ravier y Karina Milei.

El artículo también menciona que, según los documentos a los que accedió Tribuna de Periodistas, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) adjudicó a ITS International Travel Services SA un nuevo contrato por $305.536.000. Ese contrato tiene como objeto brindar el servicio integral de traslados aéreos, terrestres y alojamiento en tránsito durante el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Para la publicación, ITS volvió a recibir un contrato millonario pese a las conexiones con un secretario del Gobierno de Milei que, según la nota, también aparecen en los casos de Ferrari y Vides. El texto sostiene que se repite un patrón de adjudicaciones a empresas y personas con antecedentes en la gestión sciolista.

El artículo concluye con la frase “En todo caso, todos los caminos conducen a Scioli” y está firmado por Nicolás Sanz, secretario general de Redacción de Tribuna de Periodistas. La fecha consignada en la publicación es el 2 de octubre de 2026, dentro de la sección de Investigación.

Hasta el cierre del texto publicado, no se consignan declaraciones ni respuestas de Daniel Scioli, Gustavo Vides, Gustavo Ferrari, Grub SA, Provedent SRL, ITS International Travel Services SA, Pezzati Viajes ni de las dependencias mencionadas. La nota tampoco afirma que exista una condena penal o una imputación judicial, sino que expone contrataciones, montos, empresas, funcionarios y vínculos bajo la lupa periodística.