No es de extrañar, pero las acciones de violencia política se repiten cada vez más en la República Argentina. Un nuevo capítulo es el de la Decisión Administrativa 641/2021 elaborada por parte de la Director Nacional de Ciberseguridad del Secretaría de Innovación Pública que es parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esta dirección está a cargo de Gustavo Sain.
Gustavo Saín es Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Master en Sociología y Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
La Decisión Administrativa, firmada por Santiago Andrés Cafiero y Eduardo Enrique de Pedro, determina los "REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL",
¿Porqué se habla de violencia política? Pues que la historia de la seguridad informática / de la información / ciberseguridad en Argentina ha sido bastante caótica, y en gran parte por los vaivenes político, intereses de distintos actores y la intermediación de posiciones.
Varios proyectos han fracasado, justamente por esta misma formula: la violencia política.
Las Políticas de Seguridad de la Información desarrolladas desde la ONTI ( Disposición 1/2015 ) ha sufrido algo muy común en la política: DEROGACIÓN.
Derogar una normativa significa: borrón y cuenta nueva, tiramos a la basura los aportes de los contribuyentes y creamos algo de cero, preferentemente algo que se adecúe a lo que nosotros creemos que es lo mejor. Vaivenes político: violencia política.
Es muy común, a su vez, que estas derogaciones y modificaciones normativas sean impulsadas desde distintos actores, no siempre claros. Por ejemplo Organizaciones no gubernamentales, que sin ser parte del gobierno y no tener responsabilidad, influencian en las decisiones políticas.
Los Organismos no Gubernamentales Gobernando "de facto"
En la Argentina recientemente esto se ha visto en el Ministerio de Seguridad como también en la Agencia Federal de Inteligencia, como en muchos otros organismos. Pero con, no tanta casualidad, son actores similares (o los mismos) que también participan en las mesas de Director Nacional de Ciberseguridad conducida por Gustavo Sain.
Y es que la ausencia de responsabilidad es algo importante, porque estas comisiones ad hoc, o grupo de "expertos" son convocados, sin tener cargo y sin pasar por un concurso, para influenciar en las políticas públicas, y luego ante los fracasos no tienen absolutamente ninguna responsabilidad.
Dichas ONGs en ocasiones son financiadas por países extranjeros de forma directa o indirecta, por ejemplo mediante otras ONGs puente. También suelen ser actores que realizan el denominado "poder blando" o simplemente lobby.
¿Pero cuales son las coincidencias? En la Agencia Federal de Inteligencia conducido por Cristina Liliana Caamaño Iglesias Paíz se creó el Consejo Consultivo de la intervención de la AFI para reformular las normas de inteligencia, algo similar en el Ministerio Público Fiscal mediante la Resolución PGN Nº 838/15. En el Ministerio de Seguridad, conducido por la Antropóloga Sabina Frederic, se creó la Mesa Consultiva para prevenir delitos con fuentes digitales abiertas en la cual participan en gran parte los mismos actores.
Y como se ve ahora en la Dirección Nacional de Ciberseguridad también surgen los mismos grupos de personas, "de la sociedad civil", que sin responsabilidad sobre las consecuencias de las medidas adoptadas por el Estado, e influenciando en las políticas públicas (sin ser ni empleados ni funcionarios públicos), tienen un trato privilegiado frente al resto de los ciudadanos ya que son "convocados" (sin concurso público ni convocatorias abiertas), y le dan el aval a los políticos (o le embarran la cancha según convenga), para ciertas cuestiones.
Las consecuencias de la mala praxis políticas influenciada por la ideología y los funcionarios sin cartera
Estas acciones fuera de cualquier actitud democrática, muestran la fragilidad en la cual funcionan las instituciones, donde por ejemplo en el Ministerio de Seguridad la Ministra Sabina Frederic decidió por influencia de diversas ONGs "de DDHH" prohibir las tasers y otorgarlas solo a ciertas grupo reducido prácticamente grupos que no las usan por su propia función. Entre las ONGs que impulsaron la prohibición de las armas de electroshock se encuentran Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH), CELS, Amnistía Internacional.
Cuando el 28 de septiembre de 2020 Rodrigo Facundo Roza asesinó a Juan Pablo Roldán, se vio claramente cómo el accionar de estas ONGs pueden generar asesinatos. Es que dichas organizaciones no gubernamentales de modo alguno expresaron algo respecto de dicho hecho, hecho claro en el que el uso de las Taser podían evitar dos muertes.
Pero la historia no finaliza ahí, es que Rodrigo Facundo Roza era un paciente psiquiatrico, y la ley de Salud Mental en Argentina también sufrió influencia de la política. Diversas asociaciones médicas manifestaron que la Ley de Salud Mental no le permitía al profesional médico actuar. Y esto era por que organismos de presión conglomerados en ONGs impulsaron que el psiquiatra no pueda internar al paciente sino antes pasar por una mesa interdisciplinara de personas que no cuentan con responsabilidad sobre las consecuencias de las decisiones médicas.
Mismos actores, nuevas comisiones
Actualmente según se observa de la Decisión Administrativa 641/2021 por parte de la Dirección Nacional de Ciberseguridad conducida por Gustavo Sain, la norma derogó el desarrollo de la Disposición 1/2015 de la ONTI con un carácter técnico, por una norma de carácter ambiguo y amplio, con lineamientos poco específicos.
El propio Gustavo Sain describió quienes fueron las personas que aportaron a esta cambio normativo: Oscar Niss, Beatriz Busaniche, "Solomillo Alcachofón", Ivan Arce, David Santín, Patricia Prandini, Mara Misto Macias y Marcela Pallero.
Desde la Dirección Nacional de Ciberseguridad de @InnovacionAR agradecemos los aportes de @NissOscar @beabusaniche @Vercingetronix, Ivan Arce y David Santín, y fundamentalmente a @mpprandini
— Gustavo Sain (@grsain) June 28, 2021
Caso particular el de Beatriz Busaniche, de la Fundación Via Libre cuyo presidente es Enrique Chaparro -también participante en algunas reuniones gubernamentales-, quién además de aportar a esta normativa en la Jefatura de Gabinete de Ministros también participa en la Agencia Federal de Inteligencia y en el Ministerio de Seguridad en otras comisiones. ¿Cuál es el límite entre "Organizaciones no gubernamentales" y "funcionarios sin carteras" ?
Vale aclarar que anteriormente existió un organismo conducido, también en la Jefatura de Gabinete de Ministros que dirigía Anibal Fernandez, respecto de seguridad de la información, el denominado Comité de Seguridad (Resolución 1252/2015 JGM).
Ciberpatrullaje (o "investigación de fuentes abiertas"), Vacunatoro VIP, "Espionaje M" y filtración de información sensible de organismos públicos
Es que esa, por ejemplo fue la crítica que se le hizo a Horacio Verbitsky, periodista sindicado por un atentado que derivo en la muerte de más de 21 personas y actualmente de licencia en el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) por el escándalo del Vacunatorio VIP que derivó en la renuncia del Ministro Ginés Gonázales García (como se ve Verbtisky se tomo licencia, pero Gonzáles García debió renunciar).
A Verbitsky se lo llamó "ministro sin cartera" porque actuaba como funcionario público al, por ejemplo mediante lo que actualmente se llamaría "investigación de fuentes abiertas" (o ciberpatrullaje depende quién lo cuente) para influenciar en los ascensos de las fuerzas de seguridad. ¿Será que el nombre de ciberpatrullaje le sonaba mal a estas ONGs y por eso la Ministra de Seguridad Sabina Frederic decidió modificar dicho nombre? Nunca lo sabremos, es que los actos de estas reuniones privadas en organismos públicos donde participan las ONGs elegidas de forma arbitraria no son publicados el desarrollo por parte de los organismos públicos.
Y es que claramente, el escudriño sobre el accionar de los funcionarios públicos es lo que fortalece la democracia, pero a las ONGs que influencian o participan de forma indirecta en las decisiones del gobierno no.
Claro está, luego pueden recibir algún tipo de privilegios, como poder vacunarse de forma privilegiada como se vio en el caso de Horacio Verbtisky. Aunque para la jueza María Eugenia Capuchetti no sea algo delictual. Capuchetti es la misma jueza que debió recibir la denuncia realizada por Caamaño de la AFI cuando se filtraron documentos de dicho organismo, dicho sea de paso organismo que ella conducía conjuntamente con el Consejo Consultivo de la intervención de la AFI. Y al mismo tiempo es en el que la propia AFI cuenta con una larga causa denunciada como una "bola de moco" o un Forum Shopping (término descripto por el abogado Pablo Slomnisqui en sus libros).
Es que en el libro "Erase Una Vez En Argentina" de Luis Gasulla se cuenta cómo desde la AFI se desarrolló la causa del Operativo PUF y cómo se buscó embarrar la anterior gestión de dicho organismo de inteligencia. Actualmente con mayores conflictos ya que se filtraron de dicho organismo documentos secretos y se relevaron identidades secretas. Algo que ya sucedió en otros organismos públicos por ataques de seguridad informática. Pero ahora, lejos de ser un problema de seguridad informática, fue más claro: la propia AFI envió los documentos sin ningún tipo de filtro ni medida.
¿Porqué los actores se repiten?
Desde Alemania "Oriental" con amor (y financiamiento)
También algo no menor es que la Fundación Via Libre, participante activa de en las reuniones de los organismos públicos -pero claro siendo una Organización no gubernamental-, es financiada por la Fundación Heinrich-Böll (una ONG alemana conducida por Barbara Unmüßig y Ellen Ueberschär).
Horacio Verbitsky, recientemente internado en el Hospital Alemán a pesar de haber recibido la primer dosis de la vacuna SputnikV por fuera de los criterios generales, recibió donaciones por parte de las misma ONG alemana Heinrich-Böll a la ONG que conducía (actualmente de licencia) el CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales.
No se duda de la buena predisposición de algunos actores, pero si llama la atención la reiterada aparición de "ministros sin cartera", que en muchas ocasiones permite modificar el accionar de la política pública pero sin el trago amargo de la responsabilidad ante los errores.
¿Cuál es el límite del accionar de estas ONGs en las políticas públicas?
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