La serie de trágicos decesos ocurridos en la última semana dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ha dejado de ser una estadística aislada para convertirse en la denuncia más cruda de una realidad insostenible. Detrás de cada nombre hay un sistema que combina salarios de indigencia, persecución administrativa y un vacío total de contención sanitaria.
La reciente ola de suicidios que golpea a las fuerzas de defensa y seguridad de la Argentina ha encendido todas las alarmas, exponiendo una fractura profunda entre el discurso oficial y la realidad que viven los uniformados. Lejos de los desfiles y las conmemoraciones, el personal enfrenta una situación de asfixia económica y presión psicológica que, en los casos más extremos, ha derivado en decisiones fatales.
La Brecha Salarial: Trabajadores Pobres al Servicio del Estado
El detonante principal de esta crisis es la estrepitosa caída del poder adquisitivo. Mientras que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) se ubica actualmente en torno a los 1.500.000 pesos, un integrante de las fuerzas, al momento de su ingreso, percibe un salario de apenas 600.000 pesos. Para ponerlo en perspectiva, un empleado de comercio inicial cobra aproximadamente 1.000.000 pesos. Esta disparidad coloca a quienes portan armas y velan por la seguridad nacional muy por debajo de la línea de pobreza y lejos de los estándares mínimos del mercado laboral formal.
La responsabilidad técnica de este desfasaje recae directamente sobre la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público (CTAPSSP). Este organismo, que depende del área de Evaluación Presupuestaria y, en última instancia, del Secretario Ejecutivo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, es el encargado de dictaminar los haberes. El responsable actual de esta área es Ian Lionel Vignale —quien reemplazó a Nicolás Andrés Germán—, operando bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, cartera que conduce Manuel Adorni (tras la gestión de Guillermo Francos).
Los integrantes de la CTAPSSP, quienes definen técnicamente la suerte de miles de familias, son Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Fariña y Enrique Pinedo.
A nivel ministerial, la ejecución de estas políticas cuenta con responsables políticos claros. En el Ministerio de Seguridad, la gestión recae sobre Martín Siracusa, actual Secretario de Coordinación Administrativa bajo la conducción de Alejandra Monteoliva (en el mismo gobierno anteriormente conducía Patricia Bullrich). Por su parte, en el Ministerio de Defensa —encabezado anteriormente por Luis Petri y actualmente por Carlos Presti— los magros aumentos se concretan mediante resoluciones conjuntas firmadas con el ministro de Economía, Luis Caputo, consolidando un cepo salarial que asfixia a la tropa.
Violencia Institucional y "Listas Negras" en el Boletín Oficial
La problemática trasciende lo económico; las condiciones psicosociales de trabajo son denunciadas como deplorables. En la Gendarmería Nacional Argentina, comandada por Claudio Miguel Brilloni, se ha institucionalizado una práctica que vulnera derechos básicos: la exposición de datos sensibles.
Bajo el eufemismo de notificaciones administrativas, se han publicado en el Boletín Oficial resoluciones que exponen datos personales y problemas de salud de los gendarmes. Esta metodología, denunciada internamente como "Uso Abusivo de Notificaciones y Violaciones a los Derechos del Personal", no solo estigmatiza al efectivo frente a sus camaradas y la sociedad, sino que funciona como un mecanismo de disciplinamiento encubierto, haciendo el miedo cómo práctica habitual.
El personal se encuentra en una situación de indefensión absoluta. Al no existir un contralor externo real ni canales seguros de denuncia anónima, cualquier intento de reclamo administrativo deriva en represalias, exposición y perjuicio en la carrera. Todo esto tal cómo reveló Hugo Alconada Mon respectos de los reclamos realizados por el personal de los Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE) dependiente del Minsiterio de Seguridad de la Nación (Bullrich , Monteoliva). La única opción viable para el efectivo es "agachar la cabeza", lo que genera un sentimiento de abandono y desesperanza que se acumula día a día.
El Desguace como Política de Estado
Este escenario de precariedad no parece ser un error de gestión, sino parte de una estrategia. La gran cantidad de bajas y renuncias que se registran en las fuerzas es celebrada por sectores del gobierno, tal como lo ha manifestado en reiterados tweets Federico Sturzenegger, quien califica este fenómeno como una positiva "reducción del estado". Lo que se omite aclarar es que esta reducción es forzosa, producto de un desincentivo constante que empuja al personal a abandonar su vocación por pura supervivencia. Básicamente Sturzenegger realiza y fomenta el denominado Despido Silencioso cómo mecanismo para lograr el denominado "equilibrio fiscal".
Políticamente, la situación ha generado una grieta interna. El presidente Javier Milei no ha logrado contener el malestar, mientras que ha aislado progresivamente a la vicepresidente Victoria Villarruel, figura históricamente más cercana a la familia militar y policial. Las iniciativas de Villarruel son sistemáticamente cooptadas o neutralizadas por el "mileismo", como se evidenció recientemente en las conmemoraciones en Coordinación Federal, donde se recordó a las víctimas de atentados contra la Policía Federal, un evento utilizado para marcar territorio político más que para sanar heridas institucionales.
Juego Online, Préstamos y Salud: El Círculo Vicioso
La desesperación económica ha empujado a una porción alarmante de los uniformados hacia el endeudamiento informal y la ludopatía. El personal recurre masivamente a préstamos usureros y al juego en línea en un intento desesperado por cubrir la canasta básica. Esta problemática ya ha sido reconocida en documentos oficiales internos, como el expediente "EX-2025-90070179- -APN-CPF5#SPF", elaborado por la ayudante principal Laura Edith Díaz, que detalla la gravedad de la situación financiera de la tropa.
Este sería el caso de Rodrigo Gómez, el soldado voluntario (con un salario de 600.000 por mes) , que según manifestó Martin 'El Negro' Almeida en un programa de streaming habría sido la causa de sus deudas.
A esto se suma el colapso de la cobertura de salud. Tanto el IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) como la Superintendencia de Bienestar ofrecen servicios deficientes, obligando al personal —que se encuentra cautivo al no poder desregular sus aportes— a interponer un sinnúmero de amparos judiciales por falta de prestaciones básicas.
Frente a esta cartelización y falta de servicio, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia debería intervenir de oficio. Sin embargo, su presidente, Eduardo Rodolfo Montamat, no se ha pronunciado al respecto, pese a que la crisis es de público conocimiento. El escándalo reciente de una mujer que debió encadenarse en la puerta del Complejo Hospitalario Churruca para mendigar atención para su marido es la postal más visible de un sistema sanitario que ha dejado a sus afiliados a la deriva.
Es importante remarcar que el financiamiento de los servicios de salud tienen relación directa con el salario percibido por el personal ya que se descuenta un porcentaje del mismo, así pues una baja del salario produce un des-financiamiento en los servicios de salud para el personal de las fuerzas.
La Tragedia en Nombres
El resultado final de este abandono sistémico se mide en vidas. En la última semana, la comunidad de las fuerzas ha sido sacudida por una seguidilla de suicidios que las autoridades no pueden ocultar:
Ayudante de 3ra Ezequiel Marcelo Pez (40 años), perteneciente a la Prefectura Naval, fallecido el 15 de diciembre.
Soldado Rodrigo Andrés Gómez (21 años), del Ejército Argentino, quien se quitó la vida el 16 de diciembre en la mismísima Quinta de Olivos, dejando una carta que hoy interpela al poder político.
Gendarme Diego Matías Kalilec (21 años), de Gendarmería Nacional, fallecido el 16 de diciembre.
Suboficial Juan Javier Pereyra (48 años), del Ejército Argentino, fallecido el 17 de diciembre.
Soldado Facundo Gabriel Lima (21 años), del Ejército Argentino, fallecido el 18 de diciembre.
A esta lista desgarradora se suman casos previos que marcan el tono del año, como el del policía federal Alejandro Tejerina, quien se suicidó dentro del predio del Churruca —un lugar que debería ser de sanación y no de muerte—, dejando cartas que denuncian el mismo abandono que hoy se cobra nuevas víctimas.
La crisis de suicidios en integrantes de fuerzas policiales no es nuevo, hace unos años las alertas explotaron por los graves índices en la Policía Bonaerense, con un trabajo destacado de información periodística por parte de Josefina López Mac Kenzie. A la fecha aún no se conocen mejoras laborales en el personal de seguridad.
Es urgente la necesidad de mejorar las condiciones psicosociales del personal otorgando un entorno laboral propicio para sus tareas, incluyendo salarios dignos, control sobre abusos de autoridad en las fuerzas y servicios de salud acordes.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario