Conflicto Institucional en San Pedro: Disputas por la Tasa Vial y la Transparencia en la Gestión Pública

En el partido bonaerense de San Pedro se ha desatado un severo conflicto institucional entre la administración municipal y la Sociedad Rural local, presidida por Lisandro Gordó. 

La controversia central radica en la administración, rendición de cuentas y destino de los fondos de la tasa por mantenimiento de la red vial. 

De acuerdo con cifras atribuidas al gobierno municipal, la recaudación de este tributo apenas alcanzó para cubrir el 30% del costo operativo del servicio. Sin embargo, la entidad agraria categoriza estos datos como falsos y argumenta que la difusión de dichos índices busca encubrir el abandono histórico de la infraestructura rural y justificar una profunda crisis de gestión.

El malestar del sector productivo se agrava ante la absoluta falta de respuestas a las solicitudes formales de informes presentadas desde el mes de diciembre. Representantes de la Sociedad Rural, entre ellos el tesorero Raúl Victores, denuncian que la red de caminos se encuentra completamente deteriorada y que el parque de maquinarias del municipio está inoperativo. 

 

Según los productores, los equipos se encuentran abandonados a la intemperie o retenidos en talleres mecánicos debido a deudas exorbitantes por parte de la comuna. 

Esta parálisis operativa, sumada a los reportes de giros en descubierto y dificultades para el pago de salarios municipales, ha generado fuertes sospechas sobre el desvío sistemático de los fondos recaudados hacia áreas ajenas al mantenimiento vial.

Para comprender la legitimidad del reclamo, es fundamental ampliar el concepto jurídico de la "tasa" dentro del derecho tributario. A diferencia de un impuesto, que se recauda para financiar gastos generales del Estado sin una contrapartida directa, la tasa exige obligatoriamente una contraprestación efectiva e individualizada por parte del Estado hacia el contribuyente. 

En el caso de la tasa vial, la obligación de pago está indisolublemente ligada al mantenimiento y mejora de los caminos rurales. Si el Estado no ejecuta las obras ni repara las vías de tránsito, el cobro del tributo pierde su sustento material y legal. 

Esta desvirtuación suele ser la causa principal de la morosidad; como señalan los productores, la falta de pago no responde a una falta de compromiso, sino a la inasistencia estatal.

Para evitar que este tipo de crisis institucionales y operativas se repliquen a nivel municipal o gubernamental, las administraciones deben adoptar políticas basadas en la afectación específica y blindaje de fondos. 

Es imperativo que los recursos recaudados por tasas específicas no se licúen en rentas generales para cubrir déficits de gasto corriente. Asimismo, los gobiernos locales deben implementar programas de mantenimiento preventivo del parque automotor, prohibiendo la acumulación de deudas con proveedores que terminan paralizando los servicios esenciales. 

La creación de portales de datos abiertos actualizados en tiempo real y la conformación de mesas de diálogo vinculantes con los sectores productivos resultan vitales para planificar obras, transparentar licitaciones y ajustar los presupuestos a la realidad de cada localidad.

Por su parte, los ciudadanos y las entidades civiles tienen un rol ineludible en el control del gasto público. 

La principal herramienta ciudadana es el ejercicio activo del derecho de acceso a la información pública, exigiendo mediante las vías legales correspondientes la publicación de los balances, la ejecución presupuestaria y los comprobantes de pago a proveedores. 

Además, la sociedad civil debe fomentar la creación de observatorios ciudadanos y veedurías que auditen de forma independiente la calidad de los servicios prestados frente a los montos recaudados. 

Finalmente, la participación masiva en audiencias públicas y el fortalecimiento de instituciones intermedias son mecanismos indispensables para ejercer presión democrática, obligar a las autoridades a rendir cuentas y garantizar que los recursos públicos se administren con absoluta probidad.

"Mafia de los Contenedores": Condenan a un entramado de empresarios y exfuncionarios por un millonario fraude aduanero con textiles chinos

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 dictó penas de hasta siete años de prisión para los integrantes de una organización dedicada al contrabando agravado. La maniobra, que consistía en falsificar documentación mercantil para simular la importación de minerales de bajo costo, generó un perjuicio fiscal calculado en 18 millones de dólares para el Estado argentino. Las firmas involucradas perdieron su personería jurídica.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 (TOPE 3) de la Capital Federal dictó sentencia condenatoria para los miembros de la primera facción juzgada en el entramado criminal conocido públicamente como la "Mafia de los Contenedores". Tras un extenso proceso oral, los magistrados determinaron la responsabilidad penal de empresarios, operadores logísticos y despachantes de aduana en una sofisticada ingeniería de contrabando agravado que operó de manera sistemática entre agosto de 2015 y enero de 2016.

El tribunal, integrado por los jueces Alejandro Zabala, en calidad de presidente, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni, impuso las penas más severas, de siete años de prisión de cumplimiento efectivo, a Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, tras hallarlos coautores del delito de contrabando agravado. 

Asimismo, el veredicto condenó a seis años de prisión a Jorge Carlos Fano, titular de la firma de logística TT Cargo, y a Eduardo Urraco. 

El resto de los coimputados recibieron escalas penales de entre cuatro años y cinco años y diez meses de reclusión, mientras que dos mujeres vinculadas a la estructura operativa fueron sancionadas con tres años de prisión en suspenso bajo la figura de partícipes secundarias.

Además de las restricciones a la libertad individual, el TOPE 3 aplicó una sanción de carácter institucional severa contemplada en el Código Aduanero y la legislación penal para personas jurídicas: dispuso el retiro de la personería jurídica y la cancelación definitiva de la inscripción registral de las empresas TT Cargo S.A. y Cuiper S.A., al comprobarse que fueron utilizadas como estructuras pantalla y soportes logísticos indispensables para ejecutar el fraude.

El fiscal general ante el juicio oral, Gabriel Pérez Barberá, había solicitado en sus alegatos de cierre un rango de penas de entre seis y ocho años y medio de prisión. Para el Ministerio Público Fiscal, quedó acabadamente demostrada la existencia de una "organización coordinada" con división de tareas y un doble circuito documental diseñado específicamente para burlar las inspecciones de la Dirección General de Aduanas (DGA).

La maniobra comprendió un total de 31 hechos consumados y una tentativa frustrada, la cual se interrumpió cuando las autoridades aduaneras detectaron anomalías en un contenedor retenido en las terminales del Puerto de Buenos Aires.

El modus operandi se estructuraba a partir del origen del flete en la República Popular China. Los documentos marítimos originales emitidos en origen (denominados en el comercio internacional como Master Bill of Lading) reflejaban de manera verídica que la carga consistía en rollos de tela y prendas de vestir confeccionadas. 

Sin embargo, antes de iniciar el trámite de nacionalización de la mercadería en territorio argentino, la organización confeccionaba un circuito documental paralelo mediante la alteración de los conocimientos de embarque emitidos por agentes de carga (House Bill of Lading) y las declaraciones aduaneras. 

En estos nuevos instrumentos oficiales, el cargamento textil figuraba declarado como carbonato de calcio, un mineral industrial de bajo costo.

Esta sustitución permitía una evasión tributaria masiva. Mientras que las importaciones textiles se encuentran sujetas a altos aranceles de importación, derechos específicos y salvaguardias para proteger la industria local, el carbonato de calcio tributa alícuotas mínimas. De acuerdo con las pericias contables presentadas por la fiscalía durante el debate, el perjuicio económico directo al fisco superó los 18 millones de dólares en el lapso de seis meses.

Durante la etapa de alegatos y resoluciones previas, los jueces del tribunal rechazaron de forma unánime los múltiples planteos de nulidad introducidos por las defensas técnicas de los imputados. Las objeciones se centraban en la supuesta ilegalidad de los allanamientos iniciales, el secuestro y apertura de la evidencia informática y los procedimientos de verificación física de los contenedores. Las defensas argumentaron también la violación del principio del plazo razonable de juzgamiento, dado que el inicio de las actuaciones se remonta a diez años atrás.

Asimismo, los magistrados denegaron la posibilidad de que los imputados se acogieran al régimen de regularización de obligaciones tributarias y aduaneras contemplado en la Ley 27.799 (conocida como Ley de Blanqueo o Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes), determinando que los delitos aduaneros agravados bajo investigación penal en etapa de juicio oral resultan excluidos de los beneficios de extinción de la acción penal.

El tribunal consideró acreditada la intervención de un funcionario aduanero dentro de la estructura, lo que constituyó una de las causales de agravamiento del delito contempladas en el artículo 865 del Código Aduanero, en conjunción con la participación de tres o más personas, el uso de documentación falsa y el elevado valor de las mercancías involucradas. Los fundamentos integrales de la sentencia y los detalles sobre la participación de dicho funcionario se darán a conocer el próximo 22 de septiembre de 2026.

Cronología del proceso judicial

• Agosto de 2015 – Enero de 2016: Período en el cual se ejecuta el circuito de contrabando sistematicamente a través de las terminales portuarias operadas por las empresas TT Cargo S.A. y Cuiper S.A.
• Enero de 2016: Detección de la tentativa de contrabando número 32 en el Puerto de Buenos Aires, lo que expone el circuito de falsificación de los conocimientos de embarque.Año 2016: Denuncia formal e inicio de las actuaciones impulsadas por la Dirección General de Aduanas a cargo de Juan José Gómez Centurión. Apertura de la causa en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico bajo la dirección del juez Marcelo Aguinsky, con intervención de la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
• Junio de 2026: Finalización de las audiencias de debate oral y presentación de los alegatos por parte del fiscal general Gabriel Pérez Barberá.
• 13 de Julio de 2026: Dictado del veredicto condenatorio por parte del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3.
• 22 de Septiembre de 2026: Fecha estipulada por el TOPE 3 para la lectura de los fundamentos del fallo.

Antecedentes del caso

La investigación penal se originó formalmente a partir de una serie de auditorías y cruces de guías de carga iniciados durante la gestión del militar retirado y funcionario público Juan José Gómez Centurión al frente de la Dirección General de Aduanas. Los primeros indicios señalaron discrepancias severas entre los manifiestos de carga internacionales y las declaraciones detalladas que ingresaban al Sistema Malvina (la plataforma informática de registro aduanero de la República Argentina).

La causa principal fue instruida en los juzgados de primera instancia por el juez federal Marcelo Aguinsky, en colaboración con la fiscal de instrucción Gabriela Ruiz Morales. El expediente contó además con la asistencia técnica de la PROCELAC, organismo dependiente de la Procuración General de la Nación, encargado de rastrear los flujos financieros derivados del ilícito y de desarticular las denominadas empresas "fantasma" que se utilizaban para canalizar las divisas al exterior bajo el concepto de pago de importaciones simuladas. 

Este expediente fue considerado desde el inicio como una causa testigo debido a que expuso de forma documental las vulnerabilidades sistémicas y las complicidades internas en los canales de verificación aduanera (canales verde, naranja y rojo).

Implicancias y consecuencias de la resolución

El fallo emitido por el TOPE 3 sienta un precedente jurisprudencial relevante en materia de criminalidad económica en el ámbito local. En primer lugar, la aplicación de la máxima sanción registrada para personas jurídicas —como la disolución registral y pérdida de personería para las sociedades anónimas involucradas— refuerza la responsabilidad de las empresas en la prevención de delitos transnacionales y el control de cumplimiento normativo (compliance).

Por otra parte, la decisión judicial de denegar los beneficios de las leyes de regularización fiscal vigentes para casos de contrabando agravado limita las estrategias de las defensas en causas conexas de similar naturaleza. No obstante, la demora de una década para la obtención de una sentencia de primera instancia visibiliza las dificultades estructurales de la justicia en lo Penal Económico para tramitar causas de alta complejidad institucional.

Se prevé que esta condena agilice la elevación a juicio de otros expedientes derivados que permanecen en etapa de instrucción, los cuales investigan a segundas y terceras líneas de la organización, incluyendo la responsabilidad de importadores directos, titulares de depósitos fiscales y otros agentes aduaneros encargados de la fiscalización física de las cargas en el puerto.

La resolución del TOPE 3 representa una respuesta institucional ante uno de los casos de fraude aduanero de mayor exposición pública de los últimos años. Si bien las defensas recurrirán previsiblemente el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal una vez que se conozcan los fundamentos en septiembre, la sentencia convalida el trabajo de instrucción de los organismos técnicos y del Ministerio Público Fiscal, delimitando las responsabilidades de los actores privados y confirmando la participación de agentes públicos encargados del control aduanero en maniobras que menoscaban el erario fiscal y la transparencia del comercio internacional.

Complicación judicial para Martín Insaurralde: un peritaje oficial detectó graves inconsistencias en su patrimonio

El informe de la Corte Suprema revela gastos en el exterior que superan ampliamente sus ingresos como funcionario público.

Un peritaje oficial elaborado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Procuración General de la Nación, a través de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), detectó severas inconsistencias en el patrimonio, los bienes y las erogaciones del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El exfuncionario se encuentra imputado en una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El informe técnico, que consta de 620 páginas, fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. El documento responde a cerca de 80 puntos de pericia solicitados por la justicia y contó con la intervención de especialistas de la organización no gubernamental Poder Ciudadano —que actúa como querellante en el expediente— y de los peritos designados por las defensas de los acusados.

Desfase entre sueldos y viajes al extranjero

De acuerdo con las conclusiones de los expertos, Martín Insaurralde no puede justificar con sus ingresos declarados los viajes realizados al exterior entre los años 2010 y 2023.

 

El análisis determinó que, a partir del año 2021, las erogaciones destinadas a traslados internacionales no guardan una relación razonable con las remuneraciones percibidas estrictamente por el ejercicio de la función pública.

El informe detalla cifras específicas sobre el descalce financiero del exfuncionario:

• Año 2021: El imputado gastó el 80% de su sueldo en viajes al exterior.
• Año 2022: Registró ingresos por $4.726.243,65 pesos, mientras que sus gastos en viajes superaron los $16 millones de pesos.
• Año 2023: Percibió un salario total de $8.335.799,67 pesos, pero sus erogaciones por traslados fuera del país ascendieron a más de $34 millones de pesos.

Los especialistas aclararon que estos cálculos se realizaron de forma restrictiva, es decir, sin computar los gastos de vida cotidianos en Argentina, el mantenimiento de sus bienes ni los consumos realizados durante las estadías en el extranjero.

Bajo la lupa: La donación de Jesica Cirio y el viaje a Marbella

El peritaje analizó también el polémico viaje que Martín Insaurralde realizó al Mar Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici a bordo del yate "Bandido" en Marbella, España, acontecimiento que dio origen a la denuncia judicial. Los peritos señalaron que solo se localizaron comprobantes parciales de alojamiento y que, según la información disponible, los gastos relevados fueron abonados en efectivo.

Respecto a si el exintendente poseía los fondos para afrontar dicha travesía, los expertos indicaron que, a diciembre de 2022, el patrimonio de Insaurralde arrojaba un saldo negativo de $19.647.220,14 pesos.

Sin embargo, esta situación financiera se revirtió en 2023 gracias a una donación de 250.000 dólares realizada por su exesposa, la conductora y modelo Jesica Cirio. El informe concluye que, contablemente, ese aporte le otorgó un saldo positivo de $1.167.015,50 pesos al cierre del ejercicio, permitiéndole contar con el dinero para el viaje.

A pesar de esto, los peritos de la Corte Suprema y de la PROCELAC advirtieron serias inconsistencias en dicha donación de enero de 2023. Si bien el movimiento de fondos está acreditado, se detectaron dudas sobre cómo fue declarada la operación y se constató que no se pagaron los impuestos correspondientes, por lo que el origen del dinero permanece bajo sospecha.

Próximos pasos en la causa penal

La presentación de este informe técnico constituye el paso previo para que la Justicia defina la situación procesal de los investigados. Los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco solicitaron formalmente la declaración indagatoria de Martín Insaurralde, de su exesposa Jesica Cirio y de un grupo de familiares directos, entre ellos sus hijos, bajo la sospecha de actuar como presuntos testaferros.

La imputación contra Cirio se amplió tras la reciente difusión de un registro audiovisual en el que se la observa contabilizando millones de dólares —distribuidos en bolsas, cajas y una valija— en un vestidor de propiedades masculinas. La fiscalía busca determinar la fecha exacta, el lugar de la filmación y si dichos fondos guardan relación directa con el exintendente.

El peritaje presentado ante el juez Luis Armella no se considera definitivo, dado que aún restan establecer las tasaciones de diversos bienes inmuebles y resolver observaciones pendientes de las partes.

No obstante, la resolución de las indagatorias coincide con una etapa de transición en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. El Senado de la Nación aprobó el pliego de Juan Tomás Rodríguez Ponte como nuevo titular de dicha dependencia judicial. La asunción formal del magistrado quedó supeditada a los trámites administrativos de rigor, que incluyen la publicación del decreto en el Boletín Oficial y el correspondiente juramento en el cargo.

Investigan presuntos beneficios del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde a una empresa vinculada al entorno familiar de Jésica Cirio

La Justicia avanza en una nueva línea de investigación orientada a determinar el origen de la fortuna de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y exintendente del municipio de Lomas de Zamora. 

Los procedimientos judiciales buscan precisar el rol de Priscila Ferrante, sobrina de la modelo Jésica Cirio -exesposa del dirigente político-, quien se encuentra bajo investigación como presunta testaferro en un entramado patrimonial que incluye setenta propiedades y más de doscientos vehículos. 

Este nuevo foco surge tras la difusión pública de un video que registraba un vestidor con cajones contenedores de fajos de dólares estadounidenses en efectivo, lo que incrementó las sospechas sobre inconsistencias en el patrimonio del exfuncionario público.

Las sospechas en torno a la actividad laboral y el incremento patrimonial de Priscila Ferrante se agudizaron al detectarse su vinculación con el sector de la seguridad vial. 

De acuerdo con documentación periodística provista por el programa televisivo ¿La Ves? de la señal TN, Ferrante trabajó en relación de dependencia entre los años 2016 y 2018 para la firma All Ways Group S.A. 

Esta compañía está registrada oficialmente dentro del rubro tecnológico y se dedica de forma específica al desarrollo, fabricación y provisión de equipos de radares y cámaras de video para la detección de infracciones de tránsito, un mercado de fotomultas que es objeto de recurrentes auditorías judiciales por presuntas irregularidades contractuales y corrupción en diversas comunas y dependencias del gobierno provincial administrado por Axel Kicillof.

La cronología de los registros oficiales expone coincidencias temporales que despertaron las alarmas de las autoridades a cargo de la causa. 

La empresa All Ways Group S.A. obtuvo su inscripción formal como proveedora del Estado del Gobierno de la provincia de Buenos Aires el 1 de octubre de 2021, una fecha que coincide de manera directa con los diez días posteriores a la asunción de Martín Insaurralde en la Jefatura de Gabinete bonaerense, ocurrida el 20 de septiembre de ese mismo año. 

Posteriormente, durante el ejercicio de sus funciones públicas en 2022, el propio Insaurralde rubricó con su firma la homologación técnica de los dispositivos de control vial de dicha firma, un requisito administrativo y legal indispensable para habilitar a la compañía a comercializar y operar sus sistemas tanto con la administración provincial como con múltiples gobiernos municipales, incluido el de Lomas de Zamora, donde rige un sistema de fotomultas que emplea estos artefactos.

La documentación recolectada que detalla estos movimientos administrativos será remitida a los magistrados intervinientes con el propósito de constatar si existieron contrataciones directas o direccionamientos de licitaciones públicas en favor de All Ways Group S.A. por parte de la gobernación provincial y de municipios del conurbano bonaerense durante el período de influencia política de Insaurralde. 

Entre las localidades identificadas que registran a esta firma como proveedora activa figura el municipio de Almirante Brown, conducido por el dirigente de la coalición kirchnerista Unión por la Patria, Mariano Cascallares, quien gobernó de forma ininterrumpida entre 2015 y 2021, reasumió entre 2023 y 2025, y ejerce actualmente sus funciones como diputado provincial manteniendo una histórica y estrecha alianza política con el exjefe de Gabinete lomense.

El alcance de las pesquisas judiciales sobre All Ways Group S.A. excede los lazos familiares de Jésica Cirio y Priscila Ferrante, extendiéndose también a los antecedentes penales de sus allegados. Cabe destacar que Ferrante es expareja de Heber Russo, un empresario que se encuentra procesado por la Justicia bajo cargos de fraude fiscal, lavado de dinero y emisión de facturas apócrifas. 

Asimismo, las verificaciones de los registros corporativos demuestran que tanto el domicilio legal como las identidades de los miembros del directorio de All Ways Group S.A. presentan coincidencias directas con firmas involucradas en el denominado escándalo de las fotomultas. 

Esta causa de corrupción penal preexistente provocó en el año 2024 la destitución y el consecuente procesamiento del entonces ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, dirigente vinculado al Frente Renovador que permanece bajo investigación formal por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública debido a severas anomalías en los contratos con los proveedores de radares de velocidad y los centros de Verificación Técnica Vehicular.

Investigan una presunta estafa piramidal millonaria: un abogado fue detenido y otro permanece prófugo

La Justicia investiga una presunta estafa piramidal que habría sido llevada adelante por dos abogados en el partido bonaerense de Ituzaingó. 

La causa, que se inició a partir de la denuncia de cinco personas que aseguran haber sido engañadas mediante falsas inversiones financieras, derivó en la detención de uno de los sospechosos y en un pedido de captura para el otro. 

 

Ambos están acusados de ofrecer supuestas oportunidades de inversión con elevados rendimientos en dólares que, según la investigación, nunca estuvieron respaldadas por operaciones reales.

Los imputados fueron identificados como Ángel Elías Gómez, de 45 años, y Juan Ignacio Lombardo, de 35. Gómez fue detenido durante un allanamiento judicial, mientras que Lombardo permanece prófugo y es intensamente buscado por las autoridades. 

De acuerdo con la investigación, ambos operaban desde una oficina comercial ubicada en el complejo Thays de Villa Udaondo, en Parque Leloir, donde se presentaban como "socio y dueño" de una firma denominada Avalon Capital Futures Investments, dedicada supuestamente a inversiones financieras.

Según la causa judicial, el mecanismo utilizado consistía en captar inversores mediante la promesa de obtener importantes ganancias en dólares a través de operaciones en criptomonedas y en los mercados bursátiles. 

Para generar confianza, los acusados aseguraban pertenecer a la Cámara de Comercio de Argentina y exhibían contratos de inversión que establecían rendimientos mensuales de entre el 2,5 % y el 5 %, además de garantizar la devolución del capital invertido en plazos previamente acordados.

Los investigadores sostienen que el esquema respondía al funcionamiento característico de una presunta estafa piramidal. De acuerdo con voceros de la fiscalía, durante los primeros meses los imputados abonaban a los clientes los intereses prometidos con el objetivo de consolidar la confianza de las víctimas e incentivarlas a realizar nuevas inversiones por montos cada vez mayores. 

Sin embargo, una vez obtenidos nuevos desembolsos, cesaban los pagos y dejaban de responder a los reclamos. 

Uno de los denunciantes declaró haber entregado 100.000 dólares en mayo de 2025 mediante la firma de un contrato de comisión para operaciones en el mercado de futuros. 

El acuerdo establecía la devolución del capital en un plazo mínimo de 180 días corridos, junto con un interés mensual del 3 %. Antes de cumplirse ese plazo, los acusados lograron convencerlo de realizar un segundo aporte de 30.000 dólares. 

Tras esa nueva inversión, el denunciante afirmó que dejó de percibir los pagos comprometidos y perdió todo contacto con los responsables.

Otra de las víctimas manifestó haber conocido la empresa a través de una publicidad difundida en redes sociales, en la que Avalon Capital Futures Investments se promocionaba como una firma especializada en inversiones en diversas actividades financieras. 

Según la denuncia, entregó un capital inicial de 350.000 dólares con la promesa de obtener una rentabilidad superior a la ofrecida por el mercado financiero tradicional. 

El contrato contemplaba una devolución con un interés mensual del 2,5 % en la misma moneda, aunque aseguró que únicamente recibió pagos durante los tres primeros meses y por montos considerablemente inferiores a los pactados.

Las restantes tres denuncias incorporadas al expediente corresponden a personas que habrían entregado 50.000, 250.000 y 64.400 dólares, respectivamente. 

En todos los casos, la modalidad denunciada fue similar: firma de contratos con promesas de elevados intereses mensuales, pago inicial de algunas cuotas para fortalecer la confianza de los inversores y posterior interrupción de los desembolsos.

La investigación está a cargo del fiscal Lucio Rivero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N.º 2 de Ituzaingó. En el marco de la causa se realizaron diversos allanamientos. 

En una vivienda ubicada sobre la calle Rodríguez Flores al 300, en Ituzaingó, fue detenido Gómez. Durante ese procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, una computadora portátil, carpetas vinculadas a Avalon Capital Futures Investments, un dispositivo de almacenamiento USB y dinero en efectivo.

Además, la Justicia incautó un automóvil Mercedes-Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper de color gris y una camioneta Dodge RAM 1500 de color blanco, todos ellos puestos a disposición del expediente judicial.

En paralelo, los investigadores allanaron el domicilio de Lombardo, ubicado en el barrio privado Buenos Aires Golf Club, en la localidad de Bella Vista, partido de San Miguel. 

Al momento del procedimiento el sospechoso no se encontraba en el inmueble, por lo que la Justicia libró un pedido de captura para lograr su detención.

También fue inspeccionada la oficina del complejo Thays desde donde presuntamente operaban los acusados. 

Allí los efectivos secuestraron una importante cantidad de contratos de inversión y documentación comercial que será analizada como parte de la investigación. Los pesquisas consideran que la cantidad de damnificados podría ser superior a las cinco personas que hasta el momento formalizaron sus denuncias.

La causa continúa en etapa de investigación y ambos abogados enfrentan cargos por presunta estafa reiterada en al menos cinco hechos, considerados en concurso real. 

Como medida cautelar, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes de Gómez y Lombardo mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar el alcance económico de las maniobras denunciadas y la eventual existencia de nuevas víctimas.

Dos explosiones cerca del hotel donde se alojaba Emmanuel Macron dejaron al menos 18 heridos durante su visita oficial a Siria

Dos artefactos explosivos de fabricación casera detonaron este martes en las inmediaciones del hotel Four Seasons, en el centro de Damasco, donde se hospedaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita oficial a Siria. Según informaron las autoridades sirias, las explosiones dejaron al menos 18 personas heridas, entre ellas cuatro efectivos policiales. El mandatario francés no se encontraba en el lugar al momento de las detonaciones, ya que había partido previamente hacia el palacio presidencial para cumplir con su agenda oficial, circunstancia que fue confirmada por la Presidencia de Francia.

De acuerdo con el Ministerio del Interior sirio, los explosivos se encontraban ocultos en un vehículo y en un contenedor de residuos, separados por aproximadamente 200 metros. Ambos dispositivos eran de fabricación casera y explotaron mientras equipos especializados desarrollaban tareas destinadas a neutralizarlos, en el marco del operativo de seguridad desplegado en la zona.

Las explosiones motivaron un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y ambulancias. Las autoridades procedieron a evacuar el área, establecer perímetros de seguridad y restringir el tránsito en las calles aledañas. Testigos presenciales informaron que varias personas resultaron heridas durante las detonaciones, mientras que periodistas presentes en el lugar observaron daños materiales en edificios cercanos, entre ellos el Ministerio de Turismo, ubicado frente al hotel, además de fragmentos metálicos y otros restos compatibles con la explosión de los artefactos.

Horas antes de los hechos, Macron había mantenido una reunión con representantes de organizaciones de la sociedad civil en el mismo hotel donde posteriormente ocurrieron las detonaciones. El convoy oficial francés ya se encontraba en desplazamiento hacia el palacio presidencial cuando se produjeron las explosiones, por lo que la delegación continuó con el programa previsto.

La visita oficial constituye un hecho de relevancia diplomática, al tratarse del primer viaje de un jefe de Estado de una potencia occidental a Siria desde la caída del gobierno de Bashar al Assad y la conformación, a finales de 2024, de un nuevo gobierno encabezado por una coalición islamista. Durante su estadía, Macron tenía previsto mantener reuniones con el presidente sirio Ahmed al Sharaa para abordar cuestiones vinculadas al proceso de reconstrucción del país, la estabilidad institucional, la unidad nacional y el fortalecimiento del pluralismo en el período de transición.

La delegación francesa estuvo integrada además por representantes del sector empresarial, entre ellos Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies. En el marco de la visita se analizaron también perspectivas de cooperación económica, especialmente en materia energética e infraestructura, considerando la posición estratégica de Siria como corredor de tránsito entre Irak y el mar Mediterráneo.

El incidente ocurre en un contexto de seguridad aún inestable. Siria atraviesa un complejo proceso de reconstrucción y transición política tras más de trece años de conflicto armado interno, mientras persisten desafíos vinculados a la seguridad y a la presencia de grupos armados. En los últimos días, otro atentado con explosivos registrado en un café del centro de Damasco había causado la muerte de diez personas, reflejando la continuidad de episodios de violencia pese a los esfuerzos orientados a la estabilización del país.

Comienza el juicio oral contra Heber Russo y la Justicia avanza sobre el entorno patrimonial de Martín Insaurralde y Jesica Cirio

El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata dará inicio en las próximas semanas al juicio oral y público contra el empresario Ariel Heber Russo, acusado de liderar una compleja asociación ilícita fiscal dedicada a la comercialización de facturas apócrifas, contrabando, tenencia ilegal de armas de guerra y lavado de activos provenientes de la corrupción. 

Según la acusación formulada por la fiscal Silvia Cavallo, la organización criminal operó de manera sistemática mediante la creación de sociedades fantasmas que carecían de capacidad operativa y financiera, con el único propósito de emitir comprobantes falsificados para beneficiar a más de 3.500 contribuyentes y empresas de todo el país. 

De acuerdo con las estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la evasión fiscal perpetrada a través de esta denominada usina de facturación alcanza los 4.077 millones de pesos, equivalentes a un fraude de aproximadamente 200 millones de dólares. 

El debate oral promete reactivar las derivaciones políticas del caso, ya que las pruebas recolectadas durante la instrucción exponen una densa trama de negocios, vínculos personales y presuntos desvíos de fondos públicos que conectan directamente al principal imputado con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su exesposa, la conductora televisiva Jesica Cirio.  

Los nexos de proximidad entre los involucrados exceden el plano comercial y se consolidaron a través de relaciones del entorno familiar íntimo. 

Heber Russo mantuvo durante años un noviazgo formal con Priscila Daiana Ferrante, de 33 años, quien es identificada en los expedientes judiciales como sobrina o prima de Jesica Cirio, e incluso fue designada como madrina de la hija del exmatrimonio. 

La propia Ferrante asumió un rol protagónico en el plano social al haber sido la organizadora de la boda entre el político y la modelo en el año 2014, ocasión en la que declaró públicamente ser la responsable directa de haber presentado a la pareja debido a la vecindad y los círculos comunes que compartían en la localidad de Lomas de Zamora. 

A pesar de que la mujer fue inicialmente sobreseída en una etapa previa del proceso penal por la usina de facturas, su situación jurídica dio un giro determinante al quedar bajo una exhaustiva investigación patrimonial sustanciada por el magistrado federal Luis Armella, a instancias de un requerimiento efectuado por el fiscal Sergio Mola. 

En este nuevo legajo, la Justicia federal ha puesto la mira sobre un impactante e injustificado patrimonio que figura registrado a nombre de Priscila Ferrante como titular o cotitular, el cual guarda una simetría exacta con los bienes que la AFIP adjudica a la estructura de lavado de su expareja, Heber Russo. 

 

La pesquisa patrimonial abarca un total de 77 propiedades inmuebles distribuidas en territorio nacional y en el exterior, entre las que se destacan lotes de campos, chalets de veraneo en Pinamar, departamentos de alta gama en el barrio porteño de Puerto Madero y dos unidades habitacionales ubicadas sobre Biscayne Boulevard en Miami, Estados Unidos, estas últimas adquiridas formalmente a través de la firma extranjera El Principito 1003 LLC. 

La flota bajo sospecha bajo la titularidad de Ferrante se compone de más de 200 vehículos—que incluyen automóviles particulares, camiones comerciales y motocicletas—, además de ocho embarcaciones náuticas, joyas de valor y sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera. 

Asimismo, las autoridades detectaron la vinculación de la joven con otra sociedad offshore radicada en Londres, denominada Muriel LLP.  

Dentro del conjunto de bienes inmuebles auditados, el juzgado federal concentra su atención en una lujosa residencia de Banfield Oeste, situada sobre la calle José María Penna al 1700. 

La propiedad cuenta con una superficie cubierta de 750 metros cuadrados distribuidos en ocho ambientes, cinco baños, parque, piscina, quincho con instalaciones de barras, hidromasaje y una habitación blindada antipánico con estrictas especificaciones de seguridad. 

Si bien el inmueble se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires a nombre de Priscila Ferrante y de su padre, el empresario Andrés Ferrante —quien posee antecedentes por una condena penal dictada en 2016—, la hipótesis principal de los investigadores sostiene que la adquisición habría sido financiada de forma encubierta por el propio Martín Insaurralde por un monto aproximado de 1,8 millones de dólares, operando los familiares de Cirio como aparentes testaferros del dirigente político.  

 

La conexión material entre la banda de piratería del asfalto y el patrimonio de los investigados ya registraba un hito clave originado en marzo de 2018, tras el robo de un camión de logística que transportaba cargamento de mercadería alimenticia de la firma Natura en la zona del Acceso Oeste. 

El posterior allanamiento policial de un galpón ubicado en la calle General Pico al 3300 de la localidad de Lanús, predio que era utilizado de manera irregular por dependencias de la municipalidad local para el acopio de vehículos judicializados, permitió el hallazgo no solo del cargamento sustraído, sino también de una serie de vehículos de lujo ocultos que se encontraban con documentación a nombre de miembros de la banda de Russo. 

Entre dichos rodados, las fuerzas de seguridad secuestraron un automóvil Audi A1 que figuraba a nombre de Jesica Wanda Judith Cirio, vehículo que de acuerdo con testimonios brindados por el mecánico del taller pertenecía a allegados con problemas judiciales y que, según declaraciones del testigo Osvaldo Pascual Galasso, habría constituido un obsequio de bodas efectuado directamente por Heber Russo al matrimonio Insaurralde-Cirio en virtud de su estrecha relación personal y de negocios en el municipio. 

Ante estas versiones, los voceros de la defensa alegaron en su momento que el rodado pertenecía a la modelo de forma previa al inicio del noviazgo y que su abandono obedecía a inconvenientes administrativos con el formulario de transferencia correspondiente.  

El avance de las investigaciones judiciales ha derivado en la adopción de severas restricciones procesales dictadas en las últimas horas por los tribunales federales, las cuales disponen la prohibición formal de salida del territorio nacional para Martín Insaurralde, Jesica Cirio y la modelo Sofía Clerici, junto a otros cuatro imputados de la causa. 

La medida restrictiva impone de igual modo la prohibición de alejarse a una distancia mayor a 50 kilómetros de sus respectivos domicilios constituidos sin previa autorización expresa del juzgado, así como la obligación accesoria de reportar formalmente cualquier tipo de desplazamiento interno que supere las 24 horas de duración. 

En paralelo a estas determinaciones, la defensa técnica del exjefe de Gabinete bonaerense articuló un planteo formal para requerir la exclusión probatoria de un material audiovisual obtenido en el vestidor de una propiedad del country Fincas de San Vicente, en el cual se observa a Cirio manipulando fajos de dólares. 

Los letrados argumentan que la prueba carece de validez legal por provenir de un presunto hackeo informático y sustracción indebida de dispositivos electrónicos, lo que a su criterio alteraría la cadena de custodia y la autenticidad de las imágenes. 

No obstante, el juzgado federal convalidó la realización de peritajes técnicos sobre el video y ordenó inspecciones oculares y allanamientos en los inmuebles involucrados a fin de certificar las evidencias patrimoniales en la antesala del juicio oral.  

Exigen justicia por el atentado al comedor de la Policía Federal en un acto por el cincuentenario del hecho

En el marco de la conmemoración del cincuentenario del cruento atentado perpetrado por la organización Montoneros en el comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Argentina, diversos sectores civiles, legisladores y familiares de las víctimas se congregaron en un acto frente al edificio ubicado en Moreno 1417, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reclamar el avance definitivo de las causas judiciales y la condena de los máximos responsables de la masacre. 

Durante el encuentro, convocado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita), la Unión de Promociones y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), se denunció la impunidad prolongada por medio siglo que rodea al segundo hecho terrorista más sangriento en la historia del país, el cual provocó la muerte de 24 personas y causó heridas o mutilaciones a otras 120 el 2 de julio de 1976.

Los oradores principales del acto concentraron sus reclamos en la reactivación penal contra los imputados que continúan con vida, solicitando que la Cámara Federal de Casación Penal ratifique la resolución dictada en diciembre de 2024 por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones. 

 

Aquel fallo había revocado la prescripción dictaminada previamente por la jueza federal María Servini de Cubría, ordenando la declaración indagatoria de Mario Firmenich y anulando los sobreseimientos de Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Lila Pastoriza y Norma Walsh. 

Los manifestantes señalaron que el proceso judicial se encuentra demorado debido a los recursos interpuestos por el propio Mario Firmenich, Patricia Walsh y el resto de los procesados, lo que ha dilatado una resolución definitiva e impedido la comparecencia de los acusados ante los tribunales.

En el plano político e institucional, se criticó con dureza el accionar del Poder Judicial y el desinterés de la dirigencia política, argumentando la existencia de una profunda asimetría y falta de imparcialidad en el tratamiento de la violencia de la década de 1970. 

El doctor Emilio Hardoy, en representación de la asociación Justicia y la Concordia, manifestó que los magistrados han carecido de voluntad y coraje para enjuiciar a los miembros de las organizaciones subversivas, contrastando dicha dilación con la celeridad aplicada para perseguir a los agentes estatales de la época. 

Asimismo, Hardoy acusó a las sucesivas gestiones de enaltecer el terrorismo, poniendo como principal ejemplo la imposición del nombre de Rodolfo Walsh, señalado en el acto como presunto autor intelectual del atentado, a la estación de subterráneo más cercana al lugar de la tragedia, calificando el hecho como una afrenta directa hacia la memoria de los caídos y sus familiares.

El acto contó con la presencia de figuras públicas como el diputado Guillermo Montenegro, la legisladora porteña Rebeca Fleitas —quien impulsó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para remover la denominación de Rodolfo Walsh de la red de transporte público, actualmente paralizado— y el escritor y cineasta Diego Recalde. 

Los testimonios de los sobrevivientes y familiares aportaron detalles sobre el impacto humano de la detonación de la denominada bomba vietnamita. Julio César Renzacci, sobreviviente del ataque tras sufrir el seccionamiento de su arteria femoral, relató las circunstancias de su evacuación hacia el hospital Rawson y criticó el temor actual de dirigentes como Mario Firmenich, Horacio Verbitsky, Fernando Vaca Narvaja y Patricia Walsh a declarar ante los tribunales. 

Por su parte, Gabriel Cepeda, hijo de la víctima fatal Josefina Melucci de Cepeda, lamentó la exclusión sistemática de los familiares dentro del proceso penal, mientras que Victoria Matienzo evocó la memoria de su hermano, el joven agente Ernesto Osvaldo Matienzo, reafirmando el compromiso familiar de sostener el reclamo activo de justicia frente a la inacción judicial.

Procesan y embargan por 20.000 millones de pesos al excuñado de Martín Insaurralde en una causa por corrupción en la obra pública

El juez federal Luis Armella dictó el procesamiento, un embargo de 20.000 millones de pesos y la prohibición de salida del país para el empresario Víctor Mariano Donadio, excuñado del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. 

La medida judicial responde a una investigación por irregularidades, desvíos de fondos y sobreprecios estimados en un 50% durante la licitación y construcción de la Ruta Provincial Nº 16, una obra pública vial que quedó destruida a los pocos meses de su inauguración.

La resolución judicial se enmarca en una estructura que vincula la contratación pública con el patrimonio privado de exfuncionarios. 

El fiscal Sergio Mola y el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, investigan de forma paralela si el patrimonio de Martín Insaurralde se financió mediante el direccionamiento de contratos en beneficio de la empresa Doio S.A. (originalmente Doio S.R.L.), propiedad de Donadio, y si dicha firma facilitó maniobras de lavado de dinero para el exjefe comunal.

Los lazos comerciales e inmobiliarios bajo la lupa judicial comenzaron en el año 2006, con una cesión de derechos suscripta entre Carolina Álvarez, primera esposa de Martín Insaurralde, y la firma Doio S.A. sobre un terreno en el barrio privado Fincas de San Vicente – Club de Chacras. 

Ese predio, donde posteriormente se edificó la mansión donde el exintendente convivió con su exesposa Jesica Cirio, fue transferido en 2011 a SASAXA LIBERO SA, una sociedad controlada por Insaurralde a través de su entorno familiar. Doio S.A. operaba simultáneamente como contratista de Lomas de Zamora, ejecutando obras firmadas por el propio Insaurralde, tales como la Estación de Transferencia de Banfield, el Honorable Concejo Deliberante y el Hogar de Mujeres Fátima Catán.

La investigación expone además una red de conexiones con el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, a través del contador Andrés Galera, miembro de la Cámara de la Construcción y titular de la firma Revilier SA. 

Esta última sociedad figuraba como dueña del departamento de lujo en el edificio Aleph Residence de Puerto Madero, donde residieron Insaurralde y Cirio en 2014. A su vez, Donadio recomendó a su socio en Doio S.A., el arquitecto Federico Alberto Curcio, para dirigir la construcción de la casa de Insaurralde y para asistir a José López en la edificación de su vivienda en Dique Luján.

El expediente específico de la Ruta Provincial Nº 16, conocida como "Camino de las Latas", detalla que el tramo de 12 kilómetros que une las rutas 58 y 210 —atravesando los municipios de Presidente Perón, Esteban Echeverría y Almirante Brown— fue adjudicado a Doio S.R.L. a pesar de que su capacidad técnica era de 13,4 millones de pesos, un tercio de lo exigido. 

Aunque el presupuesto original de la licitación de 2009 era de 36.500.000 pesos financiados por el Estado Nacional, sucesivas redeterminaciones elevaron el costo final a 57.641.065,23 pesos, registrándose sobreprecios del 43% según peritajes oficiales, pagos por movimientos de suelo inexistentes y el uso de materiales deficientes que obligaron a una repavimentación total posterior.

Por estas maniobras en la obra vial, la justicia procesó junto a Donadio al exintendente de Presidente Perón, Alfonso Aníbal Regueiro, quien autorizó los decretos y pagos, y a los exfuncionarios municipales Julio César Oneri (Obras Públicas) y Fernando Pablo Ortega (Hacienda).  

La medida alcanzó también a los miembros de la Comisión de Preadjudicación, Miguel Dahbar, Rosa Miño y Rosana Ruiz, al arquitecto Curcio en su rol de representante técnico, y a Gustavo Marcelo Gentili, exdirector del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), encargado de garantizar el flujo de los fondos federales.

La causa penal llega a esta instancia tras un prolongado letargo institucional bajo la instrucción del juez Federico Villena, quien comandó la investigación durante ocho años y dictó la falta de mérito de los acusados en abril de 2025 de manera arbitraria. 

Tras la apelación del Ministerio Público Fiscal, la Cámara Federal de La Plata anuló dicha resolución, denunció la inacción judicial y apartó a Villena, derivando las actuaciones al juzgado de Luis Armella, quien dispuso los procesamientos definitivos. 

Actualmente, el fiscal Sergio Mola mantiene un litigio con el juzgado para agilizar la ejecución efectiva de los embargos preventivos y evitar que los imputados despatrimonien sus bienes.

Homicidio de una mujer durante un robo en una vivienda de Ezpeleta

Una mujer de 44 años, identificada como Zoraida Angélica Suárez Medrano, fue asesinada de un disparo en su vivienda de la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes, luego de que un grupo de delincuentes ingresara a la propiedad con fines de robo y sustrajera una bicicleta junto con dos teléfonos celulares. El episodio delictivo ocurrió pasada la medianoche en un domicilio ubicado sobre la calle Baradero al 4500, lugar donde la víctima residía y se encontraba acompañada por sus familiares en el momento en que se registró la letal irrupción armada.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones e investigaciones policiales, el grupo criminal, compuesto por al menos cuatro individuos que vestían prendas oscuras y chalecos similares a los utilizados en el rubro del transporte o la logística, accedió al terreno por la parte trasera de la propiedad. Al ingresar formalmente al inmueble, los asaltantes simularon de forma falsa un procedimiento policial de allanamiento y redujeron con extrema violencia a una de las hijas menores de edad de la víctima, exigiéndole la entrega inmediata de sumas de dinero en efectivo mediante amenazas de muerte con armas de fuego.

Ante la agresión física y las reiteradas amenazas dirigidas hacia la menor, Suárez Medrano intervino en su defensa, lo que desencadenó un forcejeo directo contra uno de los atacantes en el interior de la finca. En medio de la confrontación, el delincuente efectuó un disparo a corta distancia con un arma de fuego de fabricación casera que impactó de forma directa en la zona de la axila izquierda de la mujer, provocándole severas heridas internas y una hemorragia masiva.

Tras consumar la agresión armada y apoderarse de los dispositivos móviles de comunicación y del vehículo particular, los autores del crimen arrastraron a la víctima herida hacia el exterior de la casa y se dieron a la fuga de inmediato. Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes arribaron al sitio tras recibir un llamado de alerta mediante el servicio de emergencias 911, constatando la gravedad de la situación e iniciando el traslado de urgencia de la mujer hacia el centro de salud asistencial más cercano.

La víctima ingresó en un estado crítico y casi inconsciente al Hospital General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte de Quilmes, donde el personal médico de guardia implementó las maniobras pertinentes de estabilización. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico del establecimiento para salvar la vida de la paciente, las gravísimas lesiones internas ocasionadas por el proyectil determinaron su deceso pocas horas más tarde en las instalaciones del centro hospitalario.

La investigación del caso penal quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Número 4 del Departamento Judicial de Quilmes, dependencia que caratuló formalmente el expediente bajo la calificación legal de homicidio en ocasión de robo. Asimismo, las autoridades fiscales intervinientes ordenaron el despliegue técnico de peritos pertenecientes a la Policía Científica en la escena del crimen para recolectar evidencia forense y dispusieron el correspondiente traslado del cuerpo para la realización de la autopsia reglamentaria, mientras las fuerzas de seguridad continúan con los operativos correspondientes para dar con el paradero de los sospechosos, quienes permanecen prófugos de la justicia.

A 50 años del atentado a Coordinación Federal: familiares piden justicia, mientras el Ministerio de Seguridad Nacional contrata empresas de ex-terroristas

A medio siglo de uno de los capítulos más sangrientos de la violencia política en la Argentina, el brutal atentado de la organización terrorista Montoneros contra el comedor de la Superintendencia de Coordinación Federal, los lazos entre el pasado y el presente económico del país vuelven a cruzarse de forma polémica.

A pesar de los constantes reclamos de justicia y memoria por parte de los familiares de las víctimas directas de aquel ataque, el Estado nacional continúa canalizando millonarias sumas de dinero público hacia empresas íntimamente vinculadas con antiguos miembros de esa cúpula terrorista.

La controversia se sitúa hoy en el corazón de las carteras de orden público, donde la en su momento ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y la actual ministra Alejandra Monteoliva se encuentran señaladas por convalidar millonarios negocios con quienes formaron parte activa de las estructuras terroristas y que nunca fueron investigados ni condenados.

El eje central de esta trama económica y política se focaliza en la firma Surely S.A., una compañía tecnológica que ostenta un virtual monopolio en el suministro y monitoreo de tobilleras electrónicas para detenidos en todo el territorio nacional.

Al frente de esta corporación se encuentra Mario Montoto, un hombre cuya biografía se remonta a los años setenta como un integrante clave del grupo armado Montoneros, habiéndose desempeñado formalmente como la mano derecha y secretario del máximo líder de la organización, Mario Firmenich.

Décadas después de aquella escalada violenta que marcó al país, el perfil de Montoto experimentó una metamorfosis comercial que lo transformó en el principal proveedor de alta tecnología de vigilancia, compartiendo además una amistad histórica con Patricia Bullrich desde los años 70.

La red de influencias e interconexiones de Surely S.A. se extiende de manera ramificada a través de sus estructuras corporativas y registros oficiales.

Su entramado de directores y socios incluye nombres clave del ámbito empresarial y de la seguridad, tales como Rafael Antonio Salamanca, Roberto Orlando Juárez, Gabriel Marcelo Perrone, Raúl Alberto Tesone, Florencia L. Spezzano, Silvina María del Valle Marchiori, Carlos Omar Ruda y Antonio Brunet.

De manera sumamente comprometedora, dentro de la mesa de directores de la empresa del exmontonero figura Octavio Marcelo Acosta Mavrich, quien ostenta la condición de Persona Expuesta Políticamente debido a su cargo como Subcomisario de la Policía Federal Argentina, actualmente retirado.

Estas relaciones se entrelazan de forma institucional con otras personas jurídicas del mercado local. Los directores Rafael Antonio Salamanca y Gabriel Marcelo Perrone extienden su control directo hacia la firma General Industries Argentina Sociedad Anónima.

Asimismo, Gabriel Marcelo Perrone conecta los intereses de Surely S.A. al desempeñarse como director en Sinectis S.A. y como socio y director en prestigiosas consultoras como Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PWC Business Advisory Services Argentina.

Por su parte, Roberto Orlando Juárez vincula operativamente a la compañía al figurar como socio en la asociación civil Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción y en la influyente Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (C.A.S.E.L.), donde también ocupa un rol directivo.

Finalmente, Raúl Alberto Tesone completa este esquema corporativo desempeñando funciones de dirección en la empresa Crown Plastic Closures Argentina.

La dimensión política de la familia Montoto se expande además a través de su hija, Fernanda Raverta —fruto de su relación con María Inés Raverta, desaparecida en 1977—, quien fuera titular de la ANSES y fundadora de HIJOS Mar del Plata, lo que añade un lazo directo con las cúpulas del kirchnerismo.

La indignación de los sectores que aún exigen el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la agrupación terrorista convive de manera directa con las fuertes sospechas de corrupción y licitaciones amañadas en los procesos de contratación del Estado.

Las recientes licitaciones tramitadas por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad de la Nación han encendido las alarmas de competidores internacionales y legisladores de la oposición, quienes denuncian que los pliegos han sido sistemáticamente direccionados para favorecer de forma exclusiva a la firma de Montoto.

 

Empresas globales como la brasileña Synergye y la suiza Geostatis han impugnado formalmente estos procesos ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, argumentando la existencia de una grave situación de irregularidad basada en requisitos de cumplimiento imposible.

Entre las anomalías técnicas detectadas, se destaca la exigencia restrictiva de poseer experiencia previa y local en monitoreo en Argentina, lo que anula de forma deliberada la participación de oferentes extranjeros que operan exitosamente en decenas de países del mundo.

Del mismo modo, se denunciaron pliegos con condiciones tecnológicas obsoletas orientadas a favorecer el sistema basado en la tecnología israelí Attenti que utiliza Surely S.A., la cual opera mediante radiofrecuencia inferior a 1 GHz conectada a un dispositivo intermedio.

Este esquema arcaico deja de lado herramientas modernas utilizadas globalmente como el GPS integrado, sistemas operativos universales como Android o iOS y el reconocimiento biométrico, encareciendo y precarizando el control penitenciario, tal como ocurre con la propia tobillera de monitoreo que porta Cristina Kirchner.

Sumado a las trabas técnicas, las barreras financieras impuestas resultan prohibitivas; un ejemplo de ello es la garantía de impugnación exigida por el Ministerio de Justicia, que ascendió a la exorbitante cifra de 3.501.720 dólares, bloqueando cualquier reclamo de los competidores.

La diputada nacional Mónica Frade, perteneciente a la Coalición Cívica, documentó formalmente ante la Ley N.º 27.442 cómo Surely S.A. ha monopolizado las adjudicaciones desde el año 2002, acumulando millonarios contratos estatales a lo largo del tiempo.

Entre el historial de contrataciones recopilado por Frade se detallan adjudicaciones en Río Negro por 5 millones de pesos en 2015, en la Provincia de Buenos Aires por 112 millones en 2017, y contratos con el Estado Nacional en 2018 por un total de 903 millones de pesos.

La progresión continuó en 2019 con un contrato en la Ciudad de Buenos Aires por 1.476 millones de dólares y otro a nivel nacional por 4.298 millones de pesos; seguidos por adjudicaciones en Mendoza de 1.506 millones de dólares en 2021 y 4 millones de dólares en 2024.

A nivel nacional, en el año 2022 se convalidó un contrato por 3.723 millones de pesos para tres mil servicios diarios, escalando en 2025 a un proceso de contratación por 110.970.000 dólares en el Ministerio de Justicia para once mil servicios diarios, superando ampliamente todos los valores de referencia esperados.

En sintonía con este patrón de beneficios, el Ministerio de Seguridad Nacional adjudicó de forma directa el 22 de julio de 2025 una orden de compra abierta a favor de Surely S.A. por la monumental cifra de 63.510.000 dólares.

Este esquema de sobreprecios se hace evidente al contrastar la realidad local con el mercado internacional: mientras que en Colombia el servicio similar cuesta cerca de 5 dólares diarios y en Portugal ronda los 7 euros, la oferta argentina de la firma de Montoto ascendió a 20,25 dólares diarios.

La persistencia de estos vínculos y beneficios comerciales ha llevado a la firma Synergye a anunciar una denuncia penal inminente, mientras la Oficina Anticorrupción enfrenta crecientes presiones para auditar y desmantelar un monopolio que encarece la justicia y compromete la ética pública del país.

Operación Tango: La "Lavandería" Transnacional del Entorno de Daniel Muñoz a Juicio Oral

El Ministerio Público Fiscal ha dado por cerrada la etapa de instrucción y formalizó el requerimiento de elevación a juicio de una de las mayores redes de lavado de dinero de la historia penal argentina. 

La investigación judicial detalla con precisión quirúrgica cómo una estructura criminal integrada por coautores, testaferros y asesores profesionales montó un entramado corporativo global con un único objetivo: reintroducir al circuito legal decenas de millones de dólares originados en la masiva red de recaudación ilegal adjudicada al fallecido secretario presidencial, Héctor Daniel Muñoz. 

 

Según el dictamen fiscal, la banda operó sin interrupciones desde el año 2010 mediante maniobras financieras coordinadas en más de seis países.

El motor económico de este esquema delictivo dependía del dinero en efectivo que Muñoz recolectaba de forma semanal en la Ciudad de Buenos Aires, montos que oscilaban entre los 500.000 y el millón de dólares. 

Este dinero negro era acopiado temporalmente en las oficinas de la firma Madaco S.A., ubicadas sobre la calle Pedro Ignacio Rivera, lugar que contaba con estrictas medidas de seguridad, cajas fuertes y hasta máquinas trituradoras de papel. 

Desde esa base logística, la organización coordinaba con cuevas financieras y casas de cambio locales de Mar del Plata el envío del dinero hacia el exterior mediante canales marginales de transferencia de divisas.  

La primera fase de la internacionalización de los fondos estuvo a cargo del matrimonio marplatense compuesto por Sergio Esteban Todisco y Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy, titulares de la tradicional inmobiliaria Ortiz Lizmar.

Con la asistencia inicial del agente inmobiliario Osvaldo Fabián Parolari y el letrado Marcelo Gustavo Danza, la pareja constituyó las firmas matrices Gold Black Limited y Old Wolf Limited en las Islas Vírgenes Británicas. 

A partir de estas corporaciones offshore, desplegaron una docena de subsidiarias en el estado de Florida, Estados Unidos, tales como Free Experience Inc. y Harbor Golden Inc., diseñadas para actuar como las compradoras formales de bienes raíces de altísimo valor.

El dinero espurio, una vez situado fuera de la Argentina, se consolidaba en cuentas internacionales abiertas en la Banca Privada de Andorra y en entidades financieras de Suiza. 

Desde estas plazas, Todisco y el empresario patagónico Carlos Temístocles Cortez ordenaban giros millonarios dirigidos a cuentas de fideicomisos (Trust Funds) controladas por estudios jurídicos estadounidenses, como el del abogado Iñaki Saizarbitoria en Miami. 

Este sofisticado circuito bancario permitía que los fondos figuraran como adelantos legítimos para transacciones comerciales e inmobiliarias en el mercado formal de los Estados Unidos.

La magnitud de las adquisiciones materiales de la organización incluye activos inmobiliarios icónicos: la Unidad 1608 del célebre The Plaza Hotel en Nueva York, adquirida por 1.850.000 dólares, y el fastuoso condominio del complejo Regalia en Miami, valuado en 10.700.000 dólares. 

Asimismo, la firma Mother Queen Inc. desembolsó 12.120.000 dólares en efectivo por un local comercial estratégico sobre la calle SW 8 St. en Miami. De acuerdo con las confesiones recogidas en el expediente, la banda prefería los locales comerciales porque aseguraban rentas estables a largo plazo mediante contratos con grandes cadenas norteamericanas, lo que dotaba al dinero ilícito de un flujo constante de legalidad.

Sin embargo, el engranaje perfecto de la organización sufrió dos fisuras severas entre 2015 y 2016. 

La primera fue interna y de índole civil: el conflictivo divorcio de Todisco y Ortiz Municoy, lo que obligó al apartamiento de Todisco y a una reconfiguración de los directorios. Ante este escenario, Carolina Pochetti y Daniel Muñoz recurrieron a su círculo familiar de confianza, delegando el mando formal de la estructura en Carlos Adolfo Gellert (primo hermano de Pochetti) y su esposa, la ciudadana mexicana Perla Aydee Puente Resendez. 

El segundo impacto, de carácter definitivo, fue la filtración internacional de los denominados Panama Papers en abril de 2016, que expuso públicamente a la firma matriz Gold Black Limited.

La revelación periodística desató un pánico total en la banda, acelerado además por el agravamiento de la salud de Muñoz, quien fallecería pocas semanas después. Es en este punto crítico donde el requerimiento judicial ubica la intervención del "escudo profesional" de la organización, comandado por el abogado Miguel Ángel Plo, su hija María Jesús Plo y el letrado Federico Zupicich. 

 

Este equipo legal abandonó las estrategias de retención de activos y ordenó una desinversión masiva y apresurada (panic selling) de todo el porfolio inmobiliario en los Estados Unidos para borrar cualquier rastro judicial.

Las maniobras de liquidación de activos se ejecutaron mediante transacciones relámpago a precios subvaluados o en operaciones de "pase" ficticio. 

Un ejemplo paradigmático recogido por los investigadores es el del inmueble comercial de Harbor Golden Inc. en Miami Shores: fue vendido en marzo de 2017 a la firma Greentree Holdings LLC por 4.800.000 dólares, la cual, apenas seis días después, lo revendió exactamente por el mismo valor a Miami 9005 LLC, una cáscara societaria constituida apenas 24 horas antes en el opaco estado de Delaware. 

Idéntica velocidad tuvo el desarme del departamento de Regalia, traspasado a una firma que lo volvió a vender a las 72 horas perdiendo más de un millón de dólares en el camino.

Para terminar de asegurar la impunidad y alejar los capitales del alcance de la justicia federal argentina, la organización criminal requirió el asesoramiento técnico de operadores financieros de alto vuelo institucional. 

Según la acusación, Jorge Isidro Baltazar Bounine convocó al contador Juan Manuel Campillo, exministro de Hacienda santacruceño, para coordinar la ingeniería financiera de fuga final. 

Por estas gestiones de desarme corporativo, Campillo recibió la suma de 200.000 euros en efectivo directamente de manos de Bounine en una propiedad residencial de Tigre.

Los fondos remanentes de las masivas ventas en Estados Unidos no regresaron jamás a la Argentina, sino que fueron atomizados y distribuidos geográficamente en una tercera fase de lavado. 

Millones de dólares salieron de las cuentas del Bank of America del grupo criminal hacia empresas de logística, electrónica y computación en Delaware y California, tales como Cono Sur Logistics Corporation y Three Trees International Inc.. 

Simultáneamente, otra porción sustancial de la fortuna fue reconducida a cuentas del Banco Mercantil del Norte en México, ligadas a corporaciones aztecas como Xangar Negocios S.A. de C.V..

En paralelo a la ruta norteamericana y mexicana, se probó la existencia de ramificaciones de inversión en Sudamérica y Oceanía. 

El empresario Carlos Temístocles Cortez, socio histórico de los hermanos Leonardo y Rubén Llaneza en el negocio farmacéutico de Santa Cruz, combinó su patrimonio formal con los dividendos de Muñoz. Cortez adquirió de forma directa la lujosa residencia "Lobo Viejo" en Punta Ballena, Uruguay, que pertenecía originariamente a Muñoz y Pochetti. 

Además, la justicia detectó que este grupo empresario ramificó sus inversiones ocultas mediante fideicomisos en Nueva Zelanda (Orion Trust) y en las Islas Turks y Caicos (Woodhaven Limited).  

El requerimiento de elevación a juicio presentado ante los tribunales federales se sostiene sobre un volumen probatorio abrumador e inédito. 

El expediente cuenta con documentación bancaria y societaria provista de forma directa por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos bajo la denominada "Operación Tango", los registros de flujos de la ex Banca Privada de Andorra, exhortos de México y Uruguay, y los cruces de llamadas de la Policía Federal Argentina. 

Con los principales acusados embargados por sumas multimillonarias y bajo prisión preventiva, la causa entra en su recta final, marcando un hito en la persecución penal del lavado de dinero transnacional de origen político.