Contratación de tobilleras electrónicas: adjudicación a SURELY S.A. bajo análisis por posibles restricciones y vínculos

En el marco del Informe N° 145 presentado por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados, las preguntas 29 y 30 elaboradas por la Coalición Cívica abordaron las contrataciones específicas vinculadas al suministro y monitoreo de tobilleras electrónicas adjudicadas a la firma SURELY S.A.. En la pregunta 29, se solicitó información sobre la adjudicación y la eventual intervención de organismos de control, mientras que la pregunta 30 se centró en el encuadre normativo y los mecanismos aplicados en el proceso.

Según la respuesta oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Alejandra Monteoliva, indicó que la contratación se realizó mediante licitación pública, respetando principios de publicidad, concurrencia e igualdad de trato, y que los requisitos técnicos del pliego tuvieron como finalidad garantizar la idoneidad de un servicio crítico vinculado al monitoreo electrónico. Asimismo, se señaló que se recibieron consultas de potenciales oferentes, respondidas mediante los canales formales y circulares aclaratorias, y que el costo del servicio fue fijado en USD 14,50 por día. También se destacó la falta de parámetros homogéneos para comparar precios a nivel internacional.

En relación con la pregunta 30, se informó que el procedimiento se ajustó al régimen general de contrataciones de la Administración Nacional, el cual no exige intervención previa de la autoridad de defensa de la competencia. No obstante, se dio participación a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que emitió un precio testigo mediante una nota oficial en 2025. No se detalló en la respuesta el volumen exacto de dispositivos contratados, lo que constituye un dato relevante para dimensionar el alcance del contrato.

La empresa adjudicataria, SURELY S.A, está presidida por Carlos Omar Ruda y cuenta como director suplente con Octavio Marcelo Acosta Mavrich, quien habría formado parte del escalafón de comunicaciones de la Policía Federal Argentina. Este dato adquiere relevancia en función de que la operatoria del sistema de monitoreo se articula con áreas técnicas de dicha fuerza, particularmente a través del sistema 911 federal, en coordinación con el Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, el sistema de vigilancia electrónica implica tareas de geolocalización, monitoreo en tiempo real y respuesta ante alertas, lo que refuerza el carácter estratégico del servicio. En este contexto, la posible participación de exintegrantes de estructuras operativas en empresas proveedoras plantea interrogantes sobre eventuales conflictos de interés o incompatibilidades.

En paralelo, información publicada por La Nación señaló antecedentes de contrataciones estatales vinculadas a empresas con relaciones familiares con funcionarios públicos. En particular, se mencionó la contratación de una empresa vinculada a Fernanda Raverta —entonces titular de la ANSES— a través de su entorno familiar, específicamente su padre Mario Raverta, lo que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la transparencia en la asignación de contratos públicos.

Por su parte, el medio MDZ Online informó sobre la adjudicación a SURELY S.A. del servicio de monitoreo de personas privadas de libertad, destacando el volumen económico del contrato y su relevancia dentro del sistema de seguridad. Estas publicaciones también hacen referencia a la estructura empresarial y a la necesidad de analizar los vínculos entre directivos, otras sociedades y el Estado, a fin de descartar posibles relaciones que pudieran afectar la competencia.

A partir de estos elementos, uno de los aspectos clave a evaluar es el diseño de los pliegos licitatorios. Requisitos técnicos excesivamente restrictivos pueden limitar la concurrencia real de oferentes, generando condiciones que favorezcan indirectamente a determinadas empresas. Si bien el Ministerio justificó estas exigencias en la necesidad de asegurar estándares técnicos adecuados, su proporcionalidad y razonabilidad deben ser objeto de análisis en auditorías independientes.

Finalmente, la convergencia de factores —como la ausencia de intervención obligatoria de organismos de defensa de la competencia, la existencia de vínculos personales o institucionales entre actores del sector público y privado, y antecedentes de relaciones empresariales con funcionarios— configura un escenario que requiere controles rigurosos. La transparencia en los procesos, la trazabilidad de las relaciones societarias y la supervisión efectiva por parte de organismos de control resultan fundamentales para prevenir posibles irregularidades en contrataciones públicas de alto impacto económico y operativo.

La Cámara Federal ratifica intimación de pago a la Policía Federal: El Estado no podrá diferir deudas ya presupuestadas

La Cámara Contencioso Administrativo Federal ha emitido una resolución determinante en el expediente "Valle Ibarra, Ever Ernesto y otros" (CAF 013118/2020/CA002), la cual expone las falencias en la gestión administrativa y financiera del Estado Nacional, específicamente a través de la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad Nacional. 

El fallo, firmado por los magistrados Liliana María Heiland y Rodolfo Facio, con la asistencia del secretario Hernán Gerding, rechaza los intentos de la fuerza de seguridad por postergar el cumplimiento de una deuda judicial que cuenta con una liquidación aprobada desde mayo de 2024.

La justicia determinó que las autoridades de la Policía Federal Argentina no lograron acreditar de manera fehaciente el agotamiento de las partidas presupuestarias que invocaron como excusa para dilatar el pago hacia ejercicios futuros.

La estrategia de defensa, respaldada por informes de la Superintendencia de Administración de la Policía Federal Argentina, pretendía ampararse en leyes de presupuesto y en la prerrogativa estatal de diferir pagos por única vez. 

Sin embargo, el tribunal consideró que esta postura resulta improcedente dado que la propia fuerza había notificado previamente que los fondos ya estaban previstos para el ejercicio del año 2025.

Al no hacerse efectivo el depósito en los plazos legales, se genera un conflicto que evidencia una falta de coordinación entre el Ministerio de Seguridad (Alejandra Monteoliva) y sus organismos dependientes, afectando la previsibilidad jurídica y obligando a los acreedores a iniciar procesos de ejecución para percibir montos ya reconocidos por el propio Estado.

Este accionar de la Policía Federal Argentina, a cargo de Luis Alejandro Rollé, no solo vulnera los derechos de los ciudadanos involucrados, sino que representa un gasto innecesario de recursos públicos y humanos. Algo totalmente perjudicial a la política del gobierno de Javier Milei en la cual se alega, al menos en lo discursivo, de "la motosierra" y de que "no hay plata".

Al judicializar deudas firmes y obligar a la intervención de las máximas instancias de la Cámara Federal, se satura el sistema judicial con litigios que carecen de sustento fáctico probado, según señalaron los jueces al confirmar la intimación de pago. 

En última instancia, la insistencia de los funcionarios en dilatar estos compromisos financieros termina incrementando la carga económica sobre el erario nacional debido a la acumulación de intereses y al despliegue de la maquinaria legal del Estado en causas destinadas al rechazo, confirmando una gestión deficiente en la administración de las sentencias judiciales contra la fuerza.

El entramado de la familia Menem en el Estado: cargos, vínculos y cuestionamientos por nepotismo

 La presencia de integrantes de la familia Menem en distintos niveles del Estado nacional y provincial volvió a instalar el debate sobre el nepotismo y los mecanismos de acceso a la función pública en la Argentina. Al menos 17 personas vinculadas al denominado “clan Menem” ocupan cargos en la administración nacional, el Congreso, organismos de control y el gobierno de La Rioja, en un contexto político marcado por la cercanía entre el presidente Javier Milei y sectores de esta familia histórica del peronismo.

El actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es una de las figuras centrales de este entramado. Asumió el cargo en diciembre de 2023 y desde entonces incorporó a personas de su confianza, entre ellas su sobrino segundo, Federico Sharif Menem, designado como Director General de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara baja. Sharif Menem es hijo de Gabriel Menem, hermano de Eduardo “Lule” Menem.

Eduardo 'Lule' Menem fue nombrado en febrero de 2024 como subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, área conducida por Karina Milei. Considerado un hombre de extrema confianza del entorno presidencial, su figura también quedó expuesta en investigaciones judiciales vinculadas a presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, hechos que él negó y que continúan bajo análisis judicial.

Dentro del Congreso Nacional también se desempeñan otros familiares directos. Amalia Menem, hermana de “Lule”, trabaja como asistente principal en la Presidencia de la Cámara de Diputados, mientras que Carola Menem, otra hermana, se desempeña como asesora del senador Juan Carlos Pagotto. En tanto, Nazarena Menem, hija de Gabriel Menem, integra la planta de la Auditoría General de la Nación.

En la administración pública nacional también aparecen Lara Menem, empleada administrativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y su padre, Jorge Horacio Menem, quien ocupa el cargo de Director de Reingeniería de Procesos Aduaneros en el mismo organismo. Por su parte, Amado Omar Menem, tío de Martín Menem, fue designado titular de una Unidad de Gestión Local del PAMI en La Rioja tras una extensa trayectoria como abogado.

Otros miembros del grupo familiar no ocupan cargos directos en la administración, pero mantienen posiciones estratégicas vinculadas al Estado. Marcela Fátima Menem es titular de un Registro de la Propiedad Automotor en la Ciudad de Buenos Aires desde 1991, mientras que Laila Herminia del Carmen Siman Menem encabeza otro registro en la provincia de Neuquén desde 1994, áreas históricamente señaladas por su manejo discrecional y autonomía administrativa.

En el ámbito provincial, una rama de la familia mantiene vínculos con el gobierno de Ricardo Quintela. Alfredo Menem, yerno del mandatario, se desempeña como ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, mientras que su hermano Yamil Menem dirige la Agencia de Espacios Públicos y Eventos. También integran la administración riojana Roberto Carlos Menem, secretario de Gestión Administrativa; Marcelo Menem, director de Relaciones Interinstitucionales en el Ministerio de Salud; Jorge Omar Nicolás Menem, titular del Tribunal de Cuentas; y Silvia Pedernera Menem, quien trabaja en ese mismo organismo. A su vez, Ana Carla Menem ocupa un cargo en el Poder Judicial provincial como jueza en el fuero civil, comercial y de minas.

El entramado se extiende al sector privado con vínculos contractuales con el Estado. La empresa Tech Security SRL, dedicada a servicios de seguridad, tiene entre sus socios a Fernando y Adrián Menem, hermanos de Martín Menem. Esta firma obtuvo en 2024 una licitación millonaria del Banco Nación para la prestación de servicios de vigilancia, luego de que el titular de la Cámara de Diputados cediera su participación accionaria. Asimismo, Jorge Ángel Menem Hilal figura como proveedor del Estado provincial a través de su participación en la empresa Altaufi SA.

Este conjunto de designaciones y relaciones comerciales reaviva cuestionamientos sobre el cumplimiento del artículo 16 de la Constitución Nacional Argentina, que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley y que el acceso a los empleos públicos debe basarse en la idoneidad. La reiterada designación de familiares en cargos estratégicos sin procesos abiertos de selección o concursos públicos plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en la administración estatal.

Especialistas en administración pública advierten que el nepotismo no solo afecta la percepción de integridad institucional, sino que también puede impactar en la eficiencia del Estado al priorizar vínculos personales por sobre criterios técnicos. La concentración de familiares en distintas áreas, sumada a la participación en estructuras paralelas como registros automotores o empresas proveedoras, configura un esquema que amplía la influencia de un mismo grupo en la toma de decisiones públicas.

En este contexto, el caso del “clan Menem” expone una problemática estructural de la política argentina: la persistencia de redes familiares en el Estado y la tensión entre la confianza política y los principios de mérito, transparencia y rendición de cuentas que establece el marco constitucional.

Con información de nota de La Nación "Uno por uno: quiénes son los 17 integrantes del clan Menem que ocupan cargos en el Estado ", (Abigail Contreiras Martínez y Bautista Otero, con la colaboración de Gabriela Origlia).

Auditoría del PAMI revela un esquema nacional de fraude en prestaciones oftalmológicas con impacto millonario

Una auditoría interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) detectó un esquema sistemático de fraude en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintas provincias del país, con maniobras de sobrefacturación, prestaciones inexistentes, conflictos de interés y cobros indebidos a afiliados. El informe, al que accedió el periodista Andrés Klipphan y publicado el 2 de mayo de 2026, detalla que los desvíos afectan tanto a jubilados como a las finanzas del organismo, en un contexto donde la actual gestión ya recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos considerados políticos o innecesarios.

El relevamiento se basó en cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, lo que permitió identificar patrones repetidos en provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja, así como en ciudades específicas como Concordia. Los auditores detectaron concentraciones anómalas de recetas en determinados profesionales y cientos de casos por prestador, evidenciando que no se trata de hechos aislados sino de un circuito organizado.

Entre las principales modalidades detectadas se encuentra la sobrefacturación de anteojos: se prescribían lentes de baja graduación (módulos de $4.941) pero se facturaban como de alta graduación (hasta $27.204), generando diferencias económicas significativas. Otra práctica fue la emisión de prestaciones fantasma, incluyendo consultas sin historia clínica y estudios no realizados; en algunos casos, hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo médico. También se registró manipulación de códigos de facturación, donde primeras consultas se declaraban como de seguimiento para aumentar el valor cobrado.

El informe describe además circuitos cerrados con conflicto de interés, en los que médicos derivaban sistemáticamente a una única óptica —en ocasiones con vínculos familiares directos— y esquemas de cobro indebido a afiliados. En este último caso, se ofrecían lentes supuestamente “mejores” fuera de cobertura, cobrando al paciente montos elevados mientras simultáneamente se facturaba al PAMI por un producto de menor calidad. Se documentaron casos donde los afiliados pagaron hasta USD 1.500 más $353.500 por prestaciones que debían ser gratuitas.

La auditoría incluyó casos testigo. En Santiago del Estero, una óptica identificada como “M” y la firma “O SRL” registraron 606 casos de sobrefacturación, con un perjuicio de $10,4 millones y un 95% de derivaciones concentradas en el mismo prestador. En Mar del Plata, un centro oftalmológico asociado combinó cobros indebidos a afiliados con 58 prestaciones sin historia clínica. En Entre Ríos, una óptica vinculada a una mutual sindical mostró 613 casos de sobrefacturación, 151 consultas sin respaldo y 16 recetas sin dioptrías, consideradas médicamente inválidas. También se identificaron patrones similares en La Rioja y en Concordia, donde un solo médico concentró 830 casos.

Estas irregularidades se inscriben en una investigación más amplia sobre el sistema OME, que previamente detectó simulación de consultas, falsificación documental y uso indebido de datos personales. Actualmente existen al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el organismo y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal.

Uno de los expedientes más avanzados tramita en la Justicia Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe. El fiscal federal Jorge Gustavo Onel solicitó la elevación a juicio contra un médico de 72 años (A. J. M.) y la farmacéutica G. V. B., acusados de emitir 636 recetas apócrifas a nombre de 78 jubilados. La investigación determinó, mediante rastreo de direcciones IP, que las prescripciones se generaban desde computadoras ubicadas en la farmacia involucrada. El juez subrogante Aurelio Cuello Murúa interviene en la causa, que incluye imputaciones por defraudación contra la administración pública.

Las auditorías también detectaron volúmenes de prestaciones incompatibles con la capacidad operativa real. En gastroenterología, se registraron 283 prácticas en 95 pacientes en cinco horas, mientras que en cardiología se emitieron 689 órdenes en un día, lo que implicaría jornadas de hasta 108,7 horas si se consideraran tiempos normales de atención. Asimismo, se identificaron turnos superpuestos asignados a un mismo profesional para distintas prácticas simultáneas.

El proceso de auditoría se inició tras la asunción del director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, en diciembre de 2023. La nueva gestión encontró un déficit que pasó de 6.000 millones de pesos en marzo de 2024 a 92.000 millones en noviembre del mismo año, además de problemas como la venta de recetas falsas y un hackeo que comprometió datos de más de 5 millones de afiliados. En respuesta, se implementaron reformas estructurales: reducción del 75% de las secretarías, eliminación del 33% de gerencias y centralización de compras, junto con cambios en la provisión de insumos que permitirán ahorrar unos $5.000 millones anuales.

En términos metodológicos, la auditoría combinó análisis de big data sobre el sistema OME, verificación documental de historias clínicas, trazabilidad digital de prescripciones, entrevistas a afiliados y peritajes informáticos. Este enfoque permitió identificar patrones sistemáticos, reconstruir circuitos de fraude y establecer responsabilidades individuales y organizacionales.

Para prevenir nuevas irregularidades, el organismo implementó controles más estrictos: monitoreo permanente de umbrales prestacionales, uso obligatorio de calendario digital, auditorías continuas según capacidad declarada, cruces automatizados de datos, validación de identidad y penalizaciones automáticas ante desvíos. Estas medidas se complementan con sanciones administrativas y denuncias penales, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los más de cinco millones de afiliados del sistema, el mayor de América Latina.

Desde el organismo señalaron que el objetivo no es restringir prestaciones sino desarticular mecanismos de fraude. Con causas judiciales en curso, sumarios administrativos y nuevas auditorías en marcha, el PAMI avanza en la investigación de uno de los esquemas de irregularidades más extendidos detectados en su historia reciente.

Investigación judicial por presunta corrupción sistémica en la División 911 de la Policía de Entre Ríos

El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos ha iniciado una investigación penal formal para desarticular un presunto esquema de recaudación ilegal que operaría dentro de la Policía de Entre Ríos, específicamente en la División 911 y Videovigilancia de la ciudad de Paraná. La causa, que ha sido caratulada por la querella como la de los "Adicionales Truchos", se originó a partir de una denuncia presentada por un grupo de efectivos policiales en actividad, quienes han aportado testimonios sobre una red organizada destinada a la malversación de fondos públicos derivados de los servicios de policía adicional. Ante la magnitud de las acusaciones y el riesgo de coacción, la Justicia ha dispuesto medidas cautelares para resguardar la identidad de los denunciantes y prevenir represalias internas dentro de la fuerza de seguridad.

La denuncia penal, que cuenta con el patrocinio letrado del abogado Rubén Pagliotto, apunta directamente contra la cúpula de la División 911. Entre los oficiales jefes señalados como responsables de estas maniobras se encuentran el Comisario Inspector Juan Manuel Zunino, actual jefe de la División 911 y Videovigilancia, así como los funcionarios policiales Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez. Según el escrito judicial, Zunino poseería un nivel de influencia y ascendencia institucional que trasciende la estructura policial, manteniendo vínculos con esferas del Ministerio de Seguridad y Justicia, lo que —según los denunciantes— habría facilitado la consolidación de un sistema de recaudación espurio con capacidad de autosustentarse y encubrirse a través del tiempo.

El jueves 30 de abril, el fiscal Gonzalo Badano, a cargo de la instrucción de la causa, encabezó la primera medida de prueba de relevancia institucional al ordenar el secuestro de abundante documentación en soporte papel y dispositivos digitales en la sede central de la División 911 en Paraná. Los delitos que se investigan, y que podrían configurar una asociación ilícita, incluyen peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, abuso de autoridad, coacción, falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento. La hipótesis fiscal sugiere que no se trata de irregularidades administrativas aisladas, sino de un mecanismo aceitado de desvío de fondos que deberían haber sido destinados al personal que efectivamente cumple las tareas de vigilancia adicional, pero que habrían sido captados por los mandos superiores.

Este caso presenta paralelismos significativos con la histórica denuncia del suboficial Miguel Ángel Montiel dentro de la Policía Federal Argentina (PFA), quien puso al descubierto una red de corrupción en la Superintendencia de Transporte Federal. Al igual que en la actual investigación contra la cúpula del 911 en Entre Ríos, Montiel denunció la existencia de "planillas fantasmas", un sistema mediante el cual se facturaban servicios adicionales inexistentes o se desviaban los pagos de los efectivos hacia los mandos superiores, señalando directamente al entonces comisario mayor Omar Farías. En ambos escenarios, el modus operandi describe una estructura jerárquica que utiliza su autoridad para institucionalizar el fraude, donde el personal subalterno es coaccionado para convalidar las maniobras. La comparación refuerza la hipótesis del abogado Pagliotto sobre un sistema de "recaudación ilegal" organizado, sugiriendo que, al igual que ocurrió en la Federal, estas prácticas de "adicionales truchos" suelen requerir de una logística interna compleja que solo puede sostenerse con la anuencia o participación de los altos mandos y la manipulación de los registros oficiales de servicio.

La gravedad institucional del caso ha provocado reacciones en los niveles más altos del Poder Ejecutivo provincial. Mientras el abogado Pagliotto sostiene que se trata de un "saqueo de fondos públicos" que requiere la intervención directa del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, la cúpula policial mantiene una postura de cautela. El Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, ha evitado realizar declaraciones pormenorizadas sobre el fondo de la acusación, limitándose a manifestar que la institución aguardará las resoluciones y los dictámenes que emita la Justicia. La causa se encuentra actualmente en su etapa de producción de prueba, mientras se analiza el material informático incautado para determinar el alcance total de la defraudación y la posible implicación de otras áreas de la fuerza.

¡Ay de los jueces que no hacen justicia!

"La aritmética judicial parece regirse a menudo por reglas propias, esto es, no con fundamento en las matemáticas, sino en meras ocurrencias, cuando no en groseros exabruptos.

Esa aritmética se potenció a través de los años con el cuento chino de la Política de Estado de Derechos Humanos.

Un ejemplo emblemático de lo afirmado es el  caso del cabo Julio Narciso Flores, quien en 1976 había cumplido apenas 18 años. Ocho meses antes había egresado como cabo en Mantenimiento de Aeronaves. Carecía de poder decisorio alguno, no mandaba. Era tan sólo un cabo mecánico, un técnico, que prestó servicios para la Fuerza Aérea apenas tres años.

Su superior absoluto en la cadena de mando, el brigadier Agosti, procesado como autor de delitos de lesa humanidad, recibió en su momento una condena de cuatro años y seis meses. El cabo Flores, con la misma tipificación, fue condenado a veinticinco años de prisión efectiva. Y el Tribunal de San Martín, que lo condenó, le acaba de denegar por enésima vez la prisión domiciliaria.

En estructuras jerárquicas las decisiones no nacen en los niveles más bajos. Salvo en este caso, en el cual quien ocupaba un rol técnico y subalterno, aparece soportando el peso mayor. La figura de un “cabo mecánico”, con ínfima antigüedad y mínima capacidad de decisión, contrasta con la desmesurada sanción impuesta.

Queda claro que la negativa a concederle tan siquiera un paliativo -como sería la reclusión en su casa- dice a los gritos, en su abominable parquedad, que el Cabo Flores debe morir donde se encuentra, esto es, en la cárcel.

Estos jueces tan obscenos como prevaricadores confirman lo que tantas veces hemos dicho. Sus sentencias no son el resultado de un análisis jurídico, sino lisa y llanamente la imposición de una dogmática ideológica.

Tampoco es un hecho aislado. El Tribunal de San Martín ha dado muestras abundantes de su perseverancia para sentenciar contra legem. ¿Quién puede olvidar, acaso, cuándo condenó a quien tuvo a su cargo la recuperación del Regimiento de La Tablada, bajo la siniestra mirada, audiencia tras audiencia, de los terroristas que intentaron coparlo?

Estos dramas, que sufren brutalmente los acusados de “lesa humanidad” y sus familias, contrastan con la indiferencia generalizada de la sociedad, que disfruta de una libertad que no ganó.

Quizás la historia pondrá las cosas en su lugar y bautizará a estos jueces con el mote que merecen: mercaderes de la ley, sicarios de una política de odio y venganza, perjuros, impostores, traidores.

Desde estas líneas, apenas una voz entre muchas, se intenta sostener algo de esa pálida y frágil llama de justicia, con la esperanza de que no llegue el día en que ya no queden justos a quienes salvar ni razones para librar una y otra vez el buen combate.

 Alberto Solanet

Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia."

Vía La Prensa.