La inseguridad y el deterioro del espacio público constituyen problemas persistentes en La Matanza. Una recorrida realizada por LA NACION y publicada el 20 de septiembre de 2026 volvió a documentar situaciones que, según el medio, ya habían sido observadas en recorridas anteriores: calles bloqueadas por basura y escombros, escasa presencia preventiva, episodios violentos, circulación de armas y sectores en los que los vecinos manifiestan vivir bajo una situación permanente de temor.
El problema no puede reducirse exclusivamente a la existencia de delitos. La cuestión también involucra las condiciones urbanas que favorecen la inseguridad, la capacidad de prevención, el mantenimiento de los espacios públicos, la respuesta ante los reclamos vecinales y, fundamentalmente, la responsabilidad política de quienes ejercen el gobierno local.
Una situación que se repite
Uno de los ejemplos más significativos aparece en la esquina de Cristianía y Gaboto. Allí, según la investigación periodística, permanece una acumulación de basura y escombros utilizada para bloquear la circulación. El lugar había sido registrado en 2023, nuevamente en 2025 y otra vez en septiembre de 2026, sin que la situación hubiera sido resuelta.
La persistencia de una situación de estas características durante varios años resulta relevante porque transforma un problema puntual de limpieza urbana en un indicador de continuidad de la falta de respuesta estatal.
La misma investigación describe una recorrida nocturna de aproximadamente 80 kilómetros, desde la avenida General Paz hasta Virrey del Pino, durante la cual se observaron distintos niveles de presencia policial y situaciones de deterioro urbano. El relevamiento señala que, de 16 móviles contabilizados, seis permanecían en puestos fijos y no realizaban patrullaje dinámico.
Según las estadísticas citadas por LA NACION, hasta el 30 de junio de 2026 el Departamento Judicial La Matanza concentraba el 20% de las denuncias por robo del Gran Buenos Aires. El mismo informe señala que durante 2025 la tasa de homicidios del distrito fue de 8,02 casos cada 100.000 habitantes, frente a 4,6 cada 100.000 para la provincia.
Estos datos no permiten atribuir cada delito a una deficiencia municipal concreta, pero sí describen la magnitud de un problema que exige respuestas sostenidas de todos los niveles del Estado.
La responsabilidad municipal
La seguridad pública no es una competencia exclusiva del municipio. La Policía de la Provincia de Buenos Aires depende de la estructura provincial y las investigaciones penales corresponden al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial. Por lo tanto, no sería correcto atribuir al intendente responsabilidad directa por cada robo, homicidio o investigación criminal.
Sin embargo, esa delimitación de competencias tampoco elimina la responsabilidad política del gobierno municipal.
El propio Municipio de La Matanza reconoce formalmente un papel activo en materia de prevención. Su estructura incluye una Secretaría General de Protección Ciudadana y una Guardia Urbana, a la que asigna funciones de patrullaje preventivo, asistencia y trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad.
Además, la documentación presupuestaria municipal establece entre los objetivos de la Secretaría de Protección Ciudadana el incremento de la presencia estatal en la vía pública, la prevención del delito, la coordinación con la Policía Provincial y Gendarmería, la instalación de cámaras y alarmas y otras medidas vinculadas con la seguridad ciudadana.
Por esa razón, la discusión política no debería plantearse únicamente en términos de cuántos policías existen. También debe analizarse si las políticas municipales de prevención, vigilancia, mantenimiento urbano, iluminación, control del espacio público y atención de reclamos producen resultados concretos y sostenidos.
Espinoza y la continuidad de la gestión
Fernando Espinoza ocupa un lugar central en esta discusión debido a la extensión temporal de su presencia al frente del municipio. Según la información oficial, asumió la Intendencia en 2005 y posteriormente fue elegido nuevamente para ejercer el cargo. Entre 2015 y 2019 la Intendencia estuvo a cargo de Verónica Magario.
Esto significa que, con esa interrupción, el actual jefe comunal ha tenido una participación prolongada en la conducción política del distrito.
La cuestión adquiere mayor relevancia cuando se contrastan los anuncios oficiales con la persistencia de problemas documentados en el territorio.
El municipio sostiene actualmente que cuenta con más de 5.000 cámaras, más de 1.200 paradas seguras, más de 15.000 alarmas vecinales, centros de monitoreo, anillo digital, patrulleros y otros dispositivos destinados a la prevención.
También informa que durante 2026 se acordó con el Ministerio de Seguridad bonaerense aumentar a 200 las zonas de patrullaje y reforzar los operativos preventivos.
Por lo tanto, el debate político no consiste en determinar si el municipio posee o no herramientas de seguridad. Las propias autoridades reconocen que esas herramientas existen. La cuestión central es evaluar su cobertura efectiva, su funcionamiento y sus resultados en los barrios donde los vecinos continúan denunciando problemas graves.
Cuando el abandono se convierte en un problema de seguridad
La acumulación de residuos y escombros, las calles bloqueadas, la falta de iluminación o la ausencia de mantenimiento no constituyen por sí mismas delitos. Sin embargo, pueden afectar las condiciones de seguridad y limitar la circulación de vecinos, vehículos de emergencia y fuerzas de prevención.
El caso de Cristianía y Gaboto resulta particularmente significativo porque, según el relevamiento periodístico, la misma obstrucción permaneció durante varios años.
La responsabilidad política aparece entonces en una dimensión diferente de la estrictamente policial: un gobierno municipal debe ser capaz de detectar un problema, recibir reclamos, intervenir mediante sus áreas correspondientes y verificar que la solución se mantenga en el tiempo.
Si una situación es conocida, registrada reiteradamente y continúa sin solución, resulta legítimo exigir explicaciones a las autoridades responsables de las áreas municipales correspondientes.
La diferencia entre responsabilidad municipal y responsabilidad provincial
También es necesario evitar una simplificación frecuente: atribuir toda la inseguridad de La Matanza al intendente.
La propia Municipalidad distingue entre sus políticas de "protección ciudadana" y la responsabilidad de la Provincia en materia de seguridad policial. En una comunicación oficial, Espinoza explicó que el municipio trabaja en materia de protección ciudadana mientras que la seguridad corresponde al gobierno provincial.
La Provincia, por su parte, continúa siendo responsable de la conducción de la Policía Bonaerense y de buena parte de la política de seguridad pública. En agosto de 2026, el gobernador Axel Kicillof participó junto con Espinoza de la entrega de 40 patrulleros y 10 motos destinados a reforzar la seguridad en La Matanza.
Por ello, una evaluación seria debe distribuir responsabilidades según las competencias: Provincia en materia policial; Justicia en la investigación y persecución penal; Nación cuando intervienen fuerzas federales; y Municipio en las áreas que efectivamente se encuentran bajo su conducción, incluyendo prevención local, Guardia Urbana, monitoreo, espacio público, higiene urbana, iluminación y coordinación territorial.
El problema de la falta de resultados visibles
La existencia de programas, cámaras, patrulleros, centros de monitoreo o anuncios de inversión constituye información relevante, pero no resulta suficiente para evaluar una política pública.
La pregunta fundamental es qué sucede en el territorio.
Si después de varios años continúan registrándose lugares donde los vecinos denuncian falta de patrullaje, calles bloqueadas por residuos, presencia de estructuras vinculadas con economías delictivas y temor para circular, las autoridades deben explicar por qué las medidas implementadas no lograron resolver determinadas situaciones.
La propia Municipalidad afirma que su Guardia Urbana realiza patrullaje preventivo y trabaja coordinadamente con las fuerzas de seguridad. También sostiene que dispone de una extensa infraestructura tecnológica y de numerosos recursos destinados a la prevención.
En consecuencia, la persistencia de problemas básicos de seguridad y mantenimiento plantea una cuestión de gestión: no solamente qué recursos fueron anunciados o adquiridos, sino dónde están desplegados, cómo se utilizan, qué resultados producen y quién controla su funcionamiento.
Una responsabilidad política que debe ser explicada
La responsabilidad política no equivale a responsabilidad penal. Tampoco significa que el intendente pueda controlar directamente a cada policía, fiscal o juez.
Significa, en cambio, que quienes gobiernan un territorio deben rendir cuentas por aquello que está bajo su órbita de decisión y explicar públicamente aquello que no pueden resolver por depender de otras jurisdicciones.
En el caso de La Matanza, la prolongada permanencia de determinadas autoridades municipales hace que la exigencia de explicaciones sea particularmente relevante. El propio gobierno local reconoce que la seguridad ciudadana constituye una política prioritaria y dispone de una estructura específica para intervenir en ella.
Por eso, frente a situaciones que aparecen documentadas durante varios años, la respuesta institucional no debería limitarse a nuevos anuncios de inversión o nuevos operativos. Debería incluir información verificable sobre los problemas detectados, las medidas adoptadas, los responsables de ejecutarlas, los plazos establecidos y los resultados obtenidos.
Una deuda con los vecinos
La Matanza enfrenta un problema que excede a una gestión individual y que tampoco puede resolverse exclusivamente mediante patrulleros o cámaras. La inseguridad se encuentra vinculada con factores policiales, judiciales, urbanos, sociales y territoriales que involucran a distintos niveles del Estado.
Pero precisamente por tratarse de un problema complejo, la ausencia de resultados sostenidos no puede convertirse en una justificación permanente.
Los vecinos tienen derecho a conocer qué corresponde hacer al Municipio, qué corresponde a la Provincia y qué corresponde a la Justicia. También tienen derecho a saber qué medidas fueron adoptadas, cuáles funcionaron y cuáles fracasaron.
En última instancia, la responsabilidad política de Fernando Espinoza y de las demás autoridades municipales no consiste en responder por cada hecho delictivo ocurrido en La Matanza. Consiste en responder por la gestión de las competencias que sí están bajo su autoridad y, frente a los problemas persistentes, explicar por qué después de años de anuncios, inversiones y programas todavía existen lugares donde las condiciones denunciadas por los vecinos continúan prácticamente sin cambios.
La distancia entre los anuncios oficiales y la realidad observada en determinados sectores del distrito constituye, por sí misma, un asunto que merece explicación pública. Y esa explicación no debería depender de una nueva recorrida periodística, sino de mecanismos permanentes de control, información y rendición de cuentas.
