Dos jóvenes fueron asesinados a tiros en Florencio Varela y un tercero permanece internado en estado crítico

Dos jóvenes fueron asesinados a tiros y un tercero resultó gravemente herido durante un ataque ocurrido el jueves por la noche en el barrio San Francisco, en Florencio Varela. La investigación busca determinar quiénes fueron los autores del ataque y cuál fue el motivo del tiroteo. Una de las hipótesis mencionadas por vecinos sostiene que los agresores podrían haber buscado atacar otra vivienda y que las víctimas fueron alcanzadas por una presunta confusión, aunque esta versión todavía no fue confirmada por la Justicia.

El hecho ocurrió antes de las 21 en la calle 1325, entre 1344 y 1348. De acuerdo con la información difundida por medios locales, entre ellos Infosur, tres jóvenes se encontraban frente a una vivienda cuando una Volkswagen Suran de color gris se detuvo en el lugar. Al menos uno de los ocupantes habría descendido o extraído un arma y efectuado varios disparos contra el grupo, para luego escapar del lugar.

 

Una de las víctimas fue Ariel Machi, de 28 años, quien recibió impactos de bala en la pierna izquierda y el abdomen. Cuando efectivos policiales llegaron tras un llamado al 911 por las detonaciones y la presencia de personas heridas, encontraron a Machi fallecido en el lugar.

El segundo fallecido fue Franco Javier Herrera, de 23 años, propietario de la vivienda frente a la cual se produjo el ataque. Herrera sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y la espalda. Su padre lo trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital Mi Pueblo, junto con otro de los jóvenes heridos. Herrera murió al día siguiente como consecuencia de las lesiones.

El tercer herido fue identificado como Sebastián Ortiz, de 25 años. Según la información difundida sobre el caso, recibió disparos en la espalda y el abdomen y fue intervenido quirúrgicamente. Al momento de los últimos reportes permanecía internado en estado crítico.

La principal hipótesis mencionada por habitantes del barrio sostiene que los atacantes podrían haber tenido como objetivo otra vivienda de la misma cuadra, que algunos vecinos señalan informalmente como un supuesto lugar de venta de estupefacientes. Sin embargo, no existe hasta el momento una confirmación judicial de que esa vivienda funcionara como un punto de venta de drogas, ni una imputación oficial contra sus ocupantes por una actividad de esa naturaleza. Tampoco está acreditado que Machi, Herrera u Ortiz tuvieran vínculos con el narcotráfico.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ N.º 6, con intervención del Grupo de Trabajo Operativo de las comisarías y conocimiento del jefe de la Sub DDI de Florencio Varela. Hasta el momento no se habían informado detenidos. Los investigadores procuran identificar a los ocupantes de la Volkswagen Suran, establecer su participación en el ataque y determinar el móvil del doble homicidio.

La tensión en el barrio aumentó dos días después del ataque. Durante la tarde y la noche del sábado, un grupo de vecinos se concentró frente a una vivienda ubicada a pocos metros del lugar del tiroteo, a la que señalaban informalmente como un supuesto “kiosco narco”. Parte de los presentes prendió fuego el inmueble, que terminó destruido por las llamas. La Policía intervino para dispersar a las personas que permanecían en el lugar.

La existencia de una actividad vinculada con la venta de estupefacientes en esa vivienda tampoco fue confirmada oficialmente hasta el momento. De igual manera, no se había informado sobre detenidos o imputados por el incendio. La investigación deberá determinar si existe alguna relación entre ese inmueble, el ataque contra los tres jóvenes y la hipótesis de una posible confusión de domicilio.

Mientras continúa la pesquisa, el doble homicidio permanece sin detenidos y con varias cuestiones por esclarecer: quiénes fueron los autores materiales, cuál era el verdadero objetivo del ataque, si existió efectivamente una confusión de vivienda y qué relación, si alguna, pudo existir con la presunta actividad de venta de drogas mencionada por vecinos. La información disponible hasta ahora no permite confirmar esa hipótesis como móvil del crimen.

Dos explosiones cerca del hotel donde se alojaba Emmanuel Macron dejaron al menos 18 heridos durante su visita oficial a Siria

Dos artefactos explosivos de fabricación casera detonaron este martes en las inmediaciones del hotel Four Seasons, en el centro de Damasco, donde se hospedaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita oficial a Siria. Según informaron las autoridades sirias, las explosiones dejaron al menos 18 personas heridas, entre ellas cuatro efectivos policiales. El mandatario francés no se encontraba en el lugar al momento de las detonaciones, ya que había partido previamente hacia el palacio presidencial para cumplir con su agenda oficial, circunstancia que fue confirmada por la Presidencia de Francia.

De acuerdo con el Ministerio del Interior sirio, los explosivos se encontraban ocultos en un vehículo y en un contenedor de residuos, separados por aproximadamente 200 metros. Ambos dispositivos eran de fabricación casera y explotaron mientras equipos especializados desarrollaban tareas destinadas a neutralizarlos, en el marco del operativo de seguridad desplegado en la zona.

Las explosiones motivaron un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y ambulancias. Las autoridades procedieron a evacuar el área, establecer perímetros de seguridad y restringir el tránsito en las calles aledañas. Testigos presenciales informaron que varias personas resultaron heridas durante las detonaciones, mientras que periodistas presentes en el lugar observaron daños materiales en edificios cercanos, entre ellos el Ministerio de Turismo, ubicado frente al hotel, además de fragmentos metálicos y otros restos compatibles con la explosión de los artefactos.

Horas antes de los hechos, Macron había mantenido una reunión con representantes de organizaciones de la sociedad civil en el mismo hotel donde posteriormente ocurrieron las detonaciones. El convoy oficial francés ya se encontraba en desplazamiento hacia el palacio presidencial cuando se produjeron las explosiones, por lo que la delegación continuó con el programa previsto.

La visita oficial constituye un hecho de relevancia diplomática, al tratarse del primer viaje de un jefe de Estado de una potencia occidental a Siria desde la caída del gobierno de Bashar al Assad y la conformación, a finales de 2024, de un nuevo gobierno encabezado por una coalición islamista. Durante su estadía, Macron tenía previsto mantener reuniones con el presidente sirio Ahmed al Sharaa para abordar cuestiones vinculadas al proceso de reconstrucción del país, la estabilidad institucional, la unidad nacional y el fortalecimiento del pluralismo en el período de transición.

La delegación francesa estuvo integrada además por representantes del sector empresarial, entre ellos Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies. En el marco de la visita se analizaron también perspectivas de cooperación económica, especialmente en materia energética e infraestructura, considerando la posición estratégica de Siria como corredor de tránsito entre Irak y el mar Mediterráneo.

El incidente ocurre en un contexto de seguridad aún inestable. Siria atraviesa un complejo proceso de reconstrucción y transición política tras más de trece años de conflicto armado interno, mientras persisten desafíos vinculados a la seguridad y a la presencia de grupos armados. En los últimos días, otro atentado con explosivos registrado en un café del centro de Damasco había causado la muerte de diez personas, reflejando la continuidad de episodios de violencia pese a los esfuerzos orientados a la estabilización del país.

Homicidio de una mujer durante un robo en una vivienda de Ezpeleta

Una mujer de 44 años, identificada como Zoraida Angélica Suárez Medrano, fue asesinada de un disparo en su vivienda de la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes, luego de que un grupo de delincuentes ingresara a la propiedad con fines de robo y sustrajera una bicicleta junto con dos teléfonos celulares. El episodio delictivo ocurrió pasada la medianoche en un domicilio ubicado sobre la calle Baradero al 4500, lugar donde la víctima residía y se encontraba acompañada por sus familiares en el momento en que se registró la letal irrupción armada.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones e investigaciones policiales, el grupo criminal, compuesto por al menos cuatro individuos que vestían prendas oscuras y chalecos similares a los utilizados en el rubro del transporte o la logística, accedió al terreno por la parte trasera de la propiedad. Al ingresar formalmente al inmueble, los asaltantes simularon de forma falsa un procedimiento policial de allanamiento y redujeron con extrema violencia a una de las hijas menores de edad de la víctima, exigiéndole la entrega inmediata de sumas de dinero en efectivo mediante amenazas de muerte con armas de fuego.

Ante la agresión física y las reiteradas amenazas dirigidas hacia la menor, Suárez Medrano intervino en su defensa, lo que desencadenó un forcejeo directo contra uno de los atacantes en el interior de la finca. En medio de la confrontación, el delincuente efectuó un disparo a corta distancia con un arma de fuego de fabricación casera que impactó de forma directa en la zona de la axila izquierda de la mujer, provocándole severas heridas internas y una hemorragia masiva.

Tras consumar la agresión armada y apoderarse de los dispositivos móviles de comunicación y del vehículo particular, los autores del crimen arrastraron a la víctima herida hacia el exterior de la casa y se dieron a la fuga de inmediato. Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes arribaron al sitio tras recibir un llamado de alerta mediante el servicio de emergencias 911, constatando la gravedad de la situación e iniciando el traslado de urgencia de la mujer hacia el centro de salud asistencial más cercano.

La víctima ingresó en un estado crítico y casi inconsciente al Hospital General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte de Quilmes, donde el personal médico de guardia implementó las maniobras pertinentes de estabilización. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico del establecimiento para salvar la vida de la paciente, las gravísimas lesiones internas ocasionadas por el proyectil determinaron su deceso pocas horas más tarde en las instalaciones del centro hospitalario.

La investigación del caso penal quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Número 4 del Departamento Judicial de Quilmes, dependencia que caratuló formalmente el expediente bajo la calificación legal de homicidio en ocasión de robo. Asimismo, las autoridades fiscales intervinientes ordenaron el despliegue técnico de peritos pertenecientes a la Policía Científica en la escena del crimen para recolectar evidencia forense y dispusieron el correspondiente traslado del cuerpo para la realización de la autopsia reglamentaria, mientras las fuerzas de seguridad continúan con los operativos correspondientes para dar con el paradero de los sospechosos, quienes permanecen prófugos de la justicia.

Avances en la investigación por la clínica ilegal en La Matanza: seis detenidos y sospechas de estafas a instituciones educativas

La investigación judicial sobre el funcionamiento de la clínica clandestina "Argentina Salud", la cual operaba de manera ilegal en distintas localidades del partido de La Matanza, ha sumado nuevas declaraciones médicas y denuncias particulares en el transcurso del último mes. 

La causa penal se inició formalmente el pasado 20 de mayo, luego de que una médica esteticista denunciara la falsificación de su sello profesional en la sede de González Catán, ubicada sobre la Ruta Nacional 3 (Juan Manuel de Rosas 14.921). A partir de este hecho, se constató la adulteración de al menos 49 sellos pertenecientes a profesionales de la salud, lo que derivó en la clausura inmediata de todas las sedes del establecimiento y en la detención de seis personas imputadas por los delitos de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, venta ilegal de medicamentos y usurpación de títulos.

El contexto en el que operaba la organización delictiva expone una grave desatención y fallas estructurales en los mecanismos de control e inspección correspondientes tanto al ámbito municipal de La Matanza como al provincial, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Los establecimientos médicos funcionaban de manera abierta al público desde hacía al menos cinco años —habiendo iniciado sus actividades en Virrey del Pino antes de expandirse— sin contar con ningún tipo de habilitación oficial de las carteras sanitarias ni del colegio médico local. 

La red delictiva incluía el despliegue de cinco ambulancias no autorizadas destinadas a traslados de alta complejidad y atención domiciliaria, cobraba consultas espontáneas con valores aproximados de 40.000 pesos y aplicaba una metodología de registro analógica basada exclusivamente en recetas de papel y la omisión de sistemas informáticos para evitar dejar rastros digitales de las consultas de los pacientes. Asimismo, se reportó la entrega directa de medicamentos almacenados en los escritorios.

La ramificación del caso ha alcanzado al sistema educativo de la región, estimándose en cerca de 30 las escuelas e instituciones damnificadas que mantenían convenios de cobertura de emergencias médicas con el centro clandestino. 

Las autoridades judiciales han comenzado a citar a personal directivo de dichos establecimientos para determinar el origen de los fondos utilizados para el pago de las prestaciones y establecer si provenían de las cooperadoras escolares o del Consejo Escolar de La Matanza. Según consta en el expediente, los hijos del principal investigado eran los encargados de la firma de estos contratos de servicios médicos con los colegios de la zona.

En el plano penal, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada N° 1 de Gregorio de Laferrere evalúa incorporar cargos más graves a los seis detenidos actuales, entre los que se encuentran el propietario de la firma, personas con antecedentes penales previos y miembros de su núcleo familiar directo. Las medidas de prueba se concentran actualmente en el peritaje de las historias clínicas secuestradas en los allanamientos para determinar el alcance y validez del resto de las matrículas utilizadas. 

Además, la fiscalía analiza las denuncias por mala praxis, centradas principalmente en el fallecimiento de un paciente que fue enviado a su hogar con analgésicos tras no detectársele un cuadro de preinfarto en un estudio cardiológico. Los representantes legales de la familia damnificada han solicitado que el hecho sea tipificado bajo la figura de homicidio con dolo eventual una vez concluidas las pericias médicas que determinen el nexo causal de las prestaciones brindadas por el centro irregular.

El trágico saldo de la improvisación operacional en el Plan Bandera de Rosario

El violento episodio registrado la noche del pasado 11 de junio de 2026 en el asentamiento conocido como Villa Banana, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, ha vuelto a encender las alarmas sobre la efectividad real de los despliegues federales en el territorio. 

El hecho, que culminó con el asesinato del agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Rodolfo Manfredi y con heridas de extrema gravedad para el cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe, expone de manera dramática las falencias operativas y la falta de planificación estratégica en las intervenciones conjuntas coordinadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación bajo el denominado Plan Bandera.

De acuerdo con diversas informaciones, el suceso tuvo lugar aproximadamente a las 22:00 horas en la intersección de las calles 27 de Febrero y Gutenberg. En ese punto, tres efectivos a bordo de un móvil identificable de la fuerza federal se aproximaron al acceso de uno de los pasillos más conflictivos del asentamiento. Mientras el conductor del vehículo —debidamente uniformado— permaneció apostado dentro de la unidad, Manfredi y Gómez Villafañe descendieron con vestimenta de civil y cubiertos apenas por camperones institucionales, adentrándose en el pasillo con la supuesta directiva de realizar tareas de identificación de personas y patrullaje preventivo.

La reconstrucción del hecho revela que, al internarse unos metros en el pasaje, los dos efectivos se toparon de frente con un grupo de aproximadamente quince personas apostadas en las inmediaciones de un búnker de venta de estupefacientes. Sin mediar palabra y ante la evidente vulnerabilidad de los uniformados, varios de los sospechosos abrieron fuego a mansalva. El agente Manfredi fue acribillado de once disparos en diversas partes del cuerpo, falleciendo de forma casi instantánea en el lugar, tras lo cual sus agresores le sustrajeron el arma reglamentaria antes de darse a la fuga entre los intrincados pasadizos del barrio.

Por su parte, el cabo Gómez Villafañe recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en la zona abdominal, logrando sobrevivir inicialmente gracias a que fue evacuado de urgencia por sus propios compañeros hacia el Hospital Italiano. Allí fue sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad y permanece internado bajo pronóstico reservado en la Unidad de Terapia Intensiva. Durante el mismo enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes, identificado como Luis Miguel M., resultó herido en el tórax y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) por su hermano, Juan Carlos M., quien posteriormente quedó aprehendido por orden de las autoridades policiales santafesinas.

Este trágico desenlace pone de relieve severos interrogantes respecto de la gestión del Ministerio de Seguridad Nacional, evidenciando graves problemas de conducción, control y diseño táctico. Existiendo cuestionamientos con dureza la decisión de enviar a personal de tan baja jerarquía y escasa experiencia territorial a realizar tareas de saturación de civil en zonas de altísima peligrosidad. 

Mandar a un agente que obtuvo el alta institucional recién en el año 2024 y a un cabo trasladado provisionalmente desde la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Santiago del Estero a uno de los búnkeres más hostiles del país refleja una alarmante desconexión operativa por parte de las cadenas de mando.

Los problemas de control se hacen patentes al constatar que las víctimas ingresaron a un pasillo dominado por el narcotráfico organizado sin portar los chalecos antibalas provistos para operaciones de alto riesgo. 

La falta de supervisión directa en el terreno permitió que se ejecutara un procedimiento improvisado, carente de cobertura táctica periférica o de un anillo de seguridad que resguardara la vida de los suboficiales.

La conducción institucional parece priorizar el cumplimiento formal de cuadrículas de patrullaje asignadas para sostener la narrativa estadística de la cartera de seguridad, descuidando los protocolos mínimos de preservación de la integridad del personal.

El impacto humano de esta desatención en la gestión ministerial se traduce en la pérdida de una vida joven y el desamparo de una familia. El agente Manfredi, de tan solo 30 años de edad y oriundo del barrio porteño de Villa Lugano, era padre de dos niños de 5 y 9 años. 

De forma paralela a las deficiencias logísticas, el personal de las fuerzas de seguridad convive con una severa depreciación salarial que ha deteriorado su calidad de vida.

Esta situación económica precaria ha desencadenado una preocupante crisis psicosocial entre los efectivos, quienes acumulan deudas insostenibles para afrontar necesidades cotidianas mientras padecen el virtual colapso de los servicios de salud y de las obras sociales institucionales.

La complejidad del teatro de operaciones donde se dispuso el envío de los efectivos subalternos no era un elemento desconocido para la inteligencia criminal. Villa Banana, una de las zonas más populosas y complejas de Rosario, se encuentra atravesada por una histórica disputa territorial entre clanes narco. 

El búnker específico donde ocurrió el ataque es manejado por los denominados hermanos Muñoz, quienes operan como un eslabón local conectado con estructuras de mayor envergadura, tales como las organizaciones comandadas por Francisco Riquelme, el ciudadano peruano Julio Rodríguez Granthon y, fundamentalmente, la facción de Leonardo Dalmacio Saravia, alias "Leo Rey", un engranaje clave del violento clan de "Los Monos".

Asimismo, las investigaciones judiciales dirigidas ahora por la Justicia Federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a cargo del fiscal Matías Scilabra, señalan que el sector ha experimentado una escalada de violencia en las últimas semanas debido a la irrupción de segundones que responden a Nelson "Pandu" Aguirre. Este último, un exaliado de Los Monos que cumple una condena de 14 años en el penal de Piñero, mantiene su influencia en la comercialización de estupefacientes en la zona oeste. 

La total subestimación de estas variables de riesgo criminal al momento de ordenar el patrullaje preventivo ratifica las críticas hacia una gestión ministerial que delega el control territorial en el eslabón más débil de la jerarquía policial.

En el plano laboral e institucional, la precariedad material y el ahogo financiero minan de forma invisible la moral de los efectivos que son enviados a la primera línea de combate contra el delito. 

La falta de cobertura médica de calidad y el estrés derivado de salarios desfasados configuran un cuadro de vulnerabilidad latente que las autoridades políticas evitan sistemáticamente discutir en sus apariciones públicas. En este contexto de fragilidad estructural, la exigencia de cumplir misiones de alto impacto en territorios hostiles sin el equipamiento logístico básico o la contención financiera mínima se percibe internamente como un desamparo absoluto del Estado hacia sus propios funcionarios.

En respuesta al homicidio, el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, se trasladó de urgencia a Rosario para coordinar acciones con las autoridades provinciales y emitir un mensaje de firmeza institucional, ratificando la continuidad de las directivas del Plan Bandera junto a la ministra Alejandra Monteoliva.  

Sin embargo, las declaraciones oficiales que catalogaron a los agentes como "héroes" y afirmaron apresuradamente que contaban con "todos los elementos de seguridad provistos" generaron cortocircuitos con los datos recabados en la escena por los peritos de la Comisaría 19na y la fiscalía provincial originaria de María Laura Riccardo, los cuales confirmaron la ausencia de chalecos antibalas y el uso de vestimenta civiles.

Para muchos sectores de la comunidad y analistas especializados, las estrategias de saturación implementadas por el Ministerio de Seguridad nacional adolecen de un sesgo que prioriza la imagen política y el impacto mediático por sobre la eficacia táctica real. 

La urgencia de mostrar presencia federal en los barrios vulnerables suele derivar en órdenes de servicio genéricas que exponen a los de menor rango a emboscadas previsibles. Los trágicos resultados en Villa Banana exigen una profunda revisión interna de los mecanismos de comando que evite que el marketing político se financie con la vida de los cuadros policiales.

La paradoja de la jornada se profundizó al constatarse que los hechos sangrientos coincidieron cronológicamente con la visita a Rosario del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien se encontraba reunido con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, evaluando las políticas de seguridad locales. Mientras en los despachos oficiales se elogiaba el "liderazgo, decisión y compromiso" de la gestión gubernamental, las calles de la zona oeste daban cuenta de una realidad inconexa, sumando además esa misma noche el homicidio de un joven de 24 años, Alexis Juan Pablo Yniguez, acribillado por sicarios en moto a pocas cuadras de distancia del búnker de los Muñoz.

La causa judicial ha quedado formalmente bajo la órbita de la Justicia Federal de Rosario debido a la naturaleza de las funciones de las víctimas y las características de las organizaciones criminales involucradas. Los operativos de saturación posteriores y los allanamientos ordenados en la madrugada permitieron asegurar la escena para los peritajes del comisario inspector Pablo Germán Sánchez, jefe del Departamento Investigaciones Federales Rosario. 

No obstante, el esclarecimiento de las responsabilidades materiales no exime a la conducción política de dar explicaciones precisas sobre las severas fallas de control y el desamparo estratégico al que permanecen expuestos los hombres y mujeres de las fuerzas federales en el territorio.

Investigan un posible femicidio tras el hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer dentro de un automóvil en San Miguel de Tucumán

El cuerpo calcinado de una mujer de 41 años fue hallado en el interior de un automóvil incendiado durante la madrugada de este sábado 13 de junio en la capital de la provincia de Tucumán. Si bien las autoridades policiales y judiciales mantienen abiertas distintas líneas de investigación sobre el hecho, la principal hipótesis de los encargados del caso apunta a que se trataría de un presunto femicidio.

La víctima fue identificada formalmente como Cinthia Verónica Lazarte, una mujer que se encontraba en situación de calle y que era conocida por los residentes de la zona bajo el apodo de "Piba". El macabro descubrimiento se produjo a la 1:30 de la mañana, en un sector ubicado sobre la calle Francia al 1.100, en el sector este de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El procedimiento se inició a partir de las alertas emitidas por los propios vecinos del barrio, quienes se comunicaron con el servicio de emergencias al percatarse de que el vehículo en cuestión estaba siendo consumido por las llamas. Ante la denuncia, personal policial se trasladó de inmediato hasta el sitio señalado para controlar el siniestro y proceder con las tareas correspondientes.

Una vez que los efectivos de seguridad lograron sofocar el fuego por completo, procedieron a revisar el habitáculo del transporte afectado. Fue en ese momento cuando descubrieron los restos calcinados de la víctima en el asiento interior, lo que derivó en la inmediata intervención de los organismos judiciales competentes de la jurisdicción.

A raíz del hallazgo, se desplegó un operativo en el lugar del hecho que incluyó la participación de peritos criminalísticos y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Estos equipos técnicos centraron sus esfuerzos iniciales en la preservación del perímetro para evitar la alteración de rastros y recolectar las primeras evidencias materiales.

De acuerdo con lo informado por el medio local El Tucumano, los especialistas judiciales señalaron de forma preliminar que el cuerpo presentaba indicios de haber sufrido un ataque físico previo al momento en que ingresó o fue colocada dentro del vehículo. Este dato resulta clave para los investigadores a la hora de reconstruir la secuencia temporal del suceso.

Entre los elementos materiales más alarmantes incorporados a la causa penal en estas primeras horas, las autoridades detectaron que la víctima tenía un cable atado alrededor de su cuello. Esta circunstancia específica robustece la teoría de una muerte violenta y se convirtió en uno de los ejes centrales de las indagaciones.

Los indicios balísticos, biológicos y mecánicos recolectados en la calle Francia serán analizados en profundidad junto con los resultados que arrojen las pericias forenses obligatorias. La autopsia del cuerpo será determinante para establecer con precisión científica la causa del deceso y constatar si la mujer aún se encontraba con vida al iniciarse el foco ígneo.

Asimismo, los peritajes del cuerpo de bomberos y de los peritos del área automotriz buscarán esclarecer si el coche fue incendiado de manera intencional antes o después de que se produjera el fallecimiento de la mujer. Determinar este orden cronológico permitirá a la fiscalía tipificar adecuadamente el delito.

La investigación judicial quedó formalmente bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I de la provincia. El caso es coordinado directamente por el fiscal Pedro Gallo y la investigadora judicial Sylvina Ojeda, quienes lideran los requerimientos institucionales y las órdenes de inspección correspondientes.

Actualmente, las autoridades ministeriales y los cuerpos de seguridad se concentran en tomar declaraciones testimoniales a los vecinos del barrio y revisar cámaras de seguridad de la zona. El objetivo primordial del Ministerio Público Fiscal en esta etapa es comprender de forma integral el contexto social y personal de la víctima para esclarecer el fatal desenlace.

Vínculos empresariales, contratos públicos y una muerte dudosa: el complejo escenario entorno a Martín Menem

El entramado político y empresarial que rodea al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se encuentra bajo un intenso escrutinio público tras la confluencia de denuncias por presuntos conflictos de interés y la reciente apertura de una investigación penal por la muerte de su principal socio comercial. Daniel Antonio Osorio Peñaloza, un contador público de 46 años y nacionalidad venezolana que se desempeñaba como gerente general de la firma de suplementos deportivos GenTech Argentina SA, fue hallado sin vida el pasado domingo en su departamento del barrio porteño de Almagro.

 

El deceso de Osorio Peñaloza, calificado inicialmente como "muerte dudosa", quedó bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, liderada por Eduardo Cubría (mencionado también como Marcelo Cubría), con la supervisión del Juzgado Nacional N° 40 a cargo de la jueza Paula González. El hallazgo del cuerpo ocurrió en un inmueble del octavo piso sobre la avenida Díaz Vélez, movilizando de inmediato al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), a la Policía de la Ciudad y al propio Menem, quien se trasladó al lugar tras ser notificado del hecho.

Paralelamente a la conmoción por el fallecimiento del ejecutivo, la firma GenTech —fundada en 2011 por Martín Menem y su hermano Adrián— arrastra cuestionamientos éticos vinculados a la adjudicación de fondos públicos dentro del Congreso de la Nación.  

Investigaciones periodísticas previas expusieron un presunto esquema de contrataciones que vincula la estructura privada del legislador con proveedores de la Cámara baja, abriendo un debate sobre el cumplimiento de las normativas de ética pública.

El Conflicto de Intereses: GenTech Argentina SA y La Bizantina

De acuerdo con registros oficiales, Martín Menem mantiene un rol central y un paquete accionario mayoritario en G.E.N. Tech Argentina SA, una compañía dedicada a la comercialización de suplementos nutricionales y proveedora oficial de la Selección Argentina de fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario arrojan discrepancias sobre su participación exacta: mientras registros iniciales de su ingreso a la función pública valuaban el 62% de sus acciones en 172 millones de pesos, su presentación posterior ante la Oficina Anticorrupción tasó su participación en un 80,83% por un valor de 907,6 millones de pesos, declarando además una deudas con la firma por 128 millones de pesos. Aunque la dirección formal de la empresa habría sido delegada en su hermano Adrián al asumir su cargo legislativo, documentos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile revelan que Menem continuó gestionando trámites de registro de marca internacional de manera activa durante la actual gestión en 2024.

La controversia ética se desató tras la contratación de la empresa La Bizantina S.G. S.A. para encargarse del servicio de limpieza en la Cámara de Diputados. Martín Menem, en su carácter de presidente del cuerpo legislativo, firmó personalmente la adjudicación de un contrato multimillonario por un monto exacto de $694.782.000 a favor de dicha compañía.

La Bizantina S.G. S.A. está vinculada operativamente al grupo empresarial de Nicolás Hazaff, aunque en los papeles figura a nombre de su cuñado, Claudio Marcelo Oberst. El punto crítico del presunto conflicto de intereses radica en que Hazaff es el esposo de la licenciada Lucía Díaz García, quien se desempeña como la nutricionista institucional oficial de GenTech Argentina SA, la empresa privada de Menem. Esta triangulación directa infringe potencialmente la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la cual prohíbe taxativamente la intervención de funcionarios en asuntos donde existan intereses particulares o de allegados.

Cronología de las Últimas Horas de Daniel Osorio Peñaloza

La reconstrucción que realizan las autoridades judiciales sobre los movimientos previos al fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza detalla una secuencia precisa de eventos entre el viernes y el domingo:

• Viernes por la noche: Osorio Peñaloza participó de una cena en la residencia particular de Martín Menem junto al diputado y otro alto ejecutivo de GenTech que ejerce como gerente de Finanzas.

• Sábado, de 00:00 a 06:00 horas: Al finalizar la cena, Osorio Peñaloza y el gerente financiero (de nacionalidad colombiana) continuaron la noche en un bar de la zona de Palermo. A la salida, ambos se separaron y abordaron vehículos de la plataforma Uber hacia sus respectivos domicilios.

• Sábado, 07:30 horas: Se registró la última actividad y conexión en el teléfono celular de Osorio Peñaloza, momento a partir del cual el empresario interrumpió toda respuesta a mensajes y llamadas.

• Sábado por la tarde: Ante la falta de respuestas, Menem intentó comunicarse con él y consultó al gerente colombiano, quien sugirió que Osorio probablemente se encontraba durmiendo debido al horario de regreso de la salida nocturna.

• Domingo por la mañana: Debido a la persistencia del silencio por más de veinticuatro horas —una conducta calificada como inusual por su entorno—, Menem le solicitó al gerente financiero que fuera a verificar la situación al departamento de Almagro, ya que este poseía una copia de la llave de la propiedad.

• Domingo, hallazgo del cuerpo: El directivo ingresó a la vivienda de la avenida Díaz Vélez, en el piso 8, y encontró a Osorio Peñaloza sin vida sobre su cama, colocado boca abajo y semidesnudo. Inmediatamente dio aviso a las autoridades policiales, médicas y al propio Menem.

La Intervención en la Escena y las Hipótesis Judiciales

Tras el aviso al servicio de emergencias, efectivos de la Comisaría Vecinal 6A de la Policía de la Ciudad, personal médico del SAME y peritos criminalistas junto a un médico legista se desplegaron en el departamento para resguardar la escena y recolectar huellas y rastros biológicos. Martín Menem arribó al lugar cuando las fuerzas de seguridad ya se encontraban trabajando en el inmueble. Según las aclaraciones de su entorno y las actas de los investigadores, el titular de la Cámara de Diputados permaneció unos 40 minutos en los sectores comunes y el hall de entrada del edificio, pero nunca ingresó al departamento donde se hallaba el cuerpo.

La Fiscalía N° 22 ordenó el secuestro inmediato de los dispositivos electrónicos de la víctima y de las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas del edificio y de la zona aledaña, cercana al monumento al Cid Campeador, con el objetivo de identificar los movimientos de ingreso y egreso registrados durante el sábado.

Las líneas de investigación judicial contemplan actualmente dos hipótesis principales debido a las condiciones del hallazgo. Por un lado, los informes médicos preliminares evalúan la viabilidad de una muerte natural por edema pulmonar, dado que el primer examen médico consignó que el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia externa. Sin embargo, el expediente se mantiene estrictamente bajo la calificación de "muerte dudosa" ante la sospecha de que pudiera haber participado una tercera persona.

La hipótesis alternativa más severa apunta a determinar si el empresario fue víctima del accionar delictivo conocido como "viuda negra". Esta modalidad delictiva involucra el suministro de sustancias químicas para reducir la capacidad de reacción de la víctima con el fin de cometer un robo, razón por la cual los exámenes toxicológicos y los peritajes complementarios de la autopsia resultarán decisivos para el cierre de la causa.

GenTech Argentina SA comparte un lazo comercial con la Droguería Suizo Argentina —su principal distribuidora nacional—, firma beneficiada con un contrato directo de $27.000 millones de pesos por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Este organismo público era dirigido por Diego Spagnuolo, un abogado que fue procesado en febrero de 2026 en los tribunales de Comodoro Py por un millonario esquema de sobreprecios y desvío de fondos, causa federal

GenTech también levantó suspicacias al ser proveedora oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Vale recordar que AFA y su tesorero, Pablo Toviggino, enfrentan múltiples causas judiciales por presunta evasión, facturación falsa y administración infiel.

La Justicia investiga una red de desvíos financieros, viajes millonarios en aviones privados y vínculos con testaferros para justificar propiedades y autos de lujo

Además de GenTech, Osorio Peñaloza figuraba junto a Martín Menem en la composición societaria de Insulow SRL, otra firma del rubro nutricional que comparte el mismo entramado de distribución comercial y sedes operativas. 

La empresa GenTech Argentina SA emitió un comunicado oficial expresando su pesar por el fallecimiento de quien fuera clave en el desarrollo operativo de la firma desde su incorporación en 2012. El propio Martín Menem difundió un mensaje público donde calificó a Osorio como un amigo y compañero entrañable, instando formalmente a los medios de comunicación a evitar especulaciones infundadas mientras la Justicia determina las causas definitivas de la muerte.