El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos ha iniciado una investigación penal formal para desarticular un presunto esquema de recaudación ilegal que operaría dentro de la Policía de Entre Ríos, específicamente en la División 911 y Videovigilancia de la ciudad de Paraná. La causa, que ha sido caratulada por la querella como la de los "Adicionales Truchos", se originó a partir de una denuncia presentada por un grupo de efectivos policiales en actividad, quienes han aportado testimonios sobre una red organizada destinada a la malversación de fondos públicos derivados de los servicios de policía adicional. Ante la magnitud de las acusaciones y el riesgo de coacción, la Justicia ha dispuesto medidas cautelares para resguardar la identidad de los denunciantes y prevenir represalias internas dentro de la fuerza de seguridad.
La denuncia penal, que cuenta con el patrocinio letrado del abogado Rubén Pagliotto, apunta directamente contra la cúpula de la División 911. Entre los oficiales jefes señalados como responsables de estas maniobras se encuentran el Comisario Inspector Juan Manuel Zunino, actual jefe de la División 911 y Videovigilancia, así como los funcionarios policiales Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez. Según el escrito judicial, Zunino poseería un nivel de influencia y ascendencia institucional que trasciende la estructura policial, manteniendo vínculos con esferas del Ministerio de Seguridad y Justicia, lo que —según los denunciantes— habría facilitado la consolidación de un sistema de recaudación espurio con capacidad de autosustentarse y encubrirse a través del tiempo.
El jueves 30 de abril, el fiscal Gonzalo Badano, a cargo de la instrucción de la causa, encabezó la primera medida de prueba de relevancia institucional al ordenar el secuestro de abundante documentación en soporte papel y dispositivos digitales en la sede central de la División 911 en Paraná. Los delitos que se investigan, y que podrían configurar una asociación ilícita, incluyen peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, abuso de autoridad, coacción, falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento. La hipótesis fiscal sugiere que no se trata de irregularidades administrativas aisladas, sino de un mecanismo aceitado de desvío de fondos que deberían haber sido destinados al personal que efectivamente cumple las tareas de vigilancia adicional, pero que habrían sido captados por los mandos superiores.
Este caso presenta paralelismos significativos con la histórica denuncia del suboficial Miguel Ángel Montiel dentro de la Policía Federal Argentina (PFA), quien puso al descubierto una red de corrupción en la Superintendencia de Transporte Federal. Al igual que en la actual investigación contra la cúpula del 911 en Entre Ríos, Montiel denunció la existencia de "planillas fantasmas", un sistema mediante el cual se facturaban servicios adicionales inexistentes o se desviaban los pagos de los efectivos hacia los mandos superiores, señalando directamente al entonces comisario mayor Omar Farías. En ambos escenarios, el modus operandi describe una estructura jerárquica que utiliza su autoridad para institucionalizar el fraude, donde el personal subalterno es coaccionado para convalidar las maniobras. La comparación refuerza la hipótesis del abogado Pagliotto sobre un sistema de "recaudación ilegal" organizado, sugiriendo que, al igual que ocurrió en la Federal, estas prácticas de "adicionales truchos" suelen requerir de una logística interna compleja que solo puede sostenerse con la anuencia o participación de los altos mandos y la manipulación de los registros oficiales de servicio.
La gravedad institucional del caso ha provocado reacciones en los niveles más altos del Poder Ejecutivo provincial. Mientras el abogado Pagliotto sostiene que se trata de un "saqueo de fondos públicos" que requiere la intervención directa del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, la cúpula policial mantiene una postura de cautela. El Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, ha evitado realizar declaraciones pormenorizadas sobre el fondo de la acusación, limitándose a manifestar que la institución aguardará las resoluciones y los dictámenes que emita la Justicia. La causa se encuentra actualmente en su etapa de producción de prueba, mientras se analiza el material informático incautado para determinar el alcance total de la defraudación y la posible implicación de otras áreas de la fuerza.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná condenó este lunes al contador Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia de Entre Ríos, a tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 360.000 pesos, tras hallarlo culpable de delitos de corrupción vinculados a contrataciones estatales. La sentencia fue dictada por el juez Juan Malvasio, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado en el que el propio imputado reconoció su participación en los hechos.
Según el fallo, Erbes fue responsable de cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la administración pública, en una maniobra orientada a beneficiar a la empresa Relevamientos Catastrales S.A. en licitaciones de software impulsadas por el gobierno provincial durante la gestión de Sergio Daniel Urribarri.
Una trama de corrupción estructurada
La investigación, encabezada por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, determinó que Erbes integró una denominada “mesa de negociaciones” conformada por funcionarios del gobierno provincial. Este grupo, según la acusación, tenía como objetivo direccionar procesos licitatorios, entre ellos la Licitación Pública 01/08, para favorecer al empresario Diego Armando Cardona Herreros, con quien mantenían vínculos estrechos.
El mecanismo consistía en la adjudicación de contratos con sobreprecios cercanos al 25%. Ese excedente era identificado internamente bajo la sigla “PLM” y posteriormente distribuido entre los funcionarios involucrados como retorno económico por facilitar las contrataciones.
Pruebas documentales y circuito de pagos
Durante la investigación se secuestraron correos electrónicos y planillas de Excel que documentaban con precisión el esquema de pagos ilegales. En uno de esos registros se detallaba la asignación de montos bajo la denominación “PLM”, incluyendo una partida superior a 191.000 pesos destinada a las siglas “ZUR RUS”, identificadas como referencia a Humberto Flores y al propio Erbes.
Asimismo, se comprobó que Erbes percibía pagos mensuales fijos de 7.000 y 20.000 pesos, dependiendo del contrato en curso. A cambio, utilizaba su posición para agilizar pagos a la empresa contratista y brindar información privilegiada sobre pliegos licitatorios, lo que garantizaba ventajas competitivas indebidas.
Un patrón repetido dentro de la gestión
Con esta condena, Erbes se convirtió en el cuarto exfuncionario vinculado al urribarrismo en admitir el cobro de coimas. Previamente lo habían hecho Guillermo Smaldone, Miguel Ángel Ulrich y Humberto Flores, todos integrantes de la estructura administrativa durante la gobernación de Urribarri.
En tanto, la causa principal continuará en juicio oral para el exgobernador Sergio Daniel Urribarri, su socio Diego Armando Cardona Herreros y el entonces director de Informática Carlos Haidar, quienes enfrentan la posibilidad de penas de prisión efectiva.
Sanciones y condiciones impuestas
Además de la pena condicional y la inhabilitación perpetua, el tribunal dispuso que Erbes deberá cumplir durante tres años una serie de reglas de conducta: fijar domicilio en Paraná, realizar 96 horas anuales de trabajo no remunerado en una institución de bien público y abstenerse de realizar actos molestos hacia testigos del proceso.
En su resolución, el juez Malvasio calificó la evidencia como “irrefutable” y subrayó que el accionar del exfuncionario provocó un perjuicio patrimonial concreto al Estado, además de vulnerar los principios de transparencia en la administración pública.
Cómo fue posible la maniobra
El caso expone una combinación de factores estructurales que facilitaron la corrupción:
Concentración de poder en procesos licitatorios, con escasos controles cruzados.
Falta de trazabilidad pública en la elaboración de pliegos, lo que permitió introducir condiciones a medida.
Débil control interno y externo, tanto administrativo como político.
Relaciones personales entre funcionarios y empresarios, que erosionaron la imparcialidad.
Uso de sistemas informáticos sin auditorías independientes, lo que facilitó manipular información y ocultar irregularidades.
La existencia de registros internos como el “PLM” evidencia incluso un grado de normalización del circuito de retornos, operando con lógica casi administrativa dentro de la estructura estatal.
Cómo prevenir hechos similares
Especialistas en administración pública y transparencia coinciden en que este tipo de maniobras puede reducirse mediante medidas concretas:
Digitalización completa y abierta de licitaciones, con acceso público en tiempo real a pliegos, ofertas y adjudicaciones.
Auditorías externas independientes y periódicas, tanto técnicas como financieras.
Sistemas de alertas tempranas que detecten sobreprecios o patrones de adjudicación repetitivos.
Protección efectiva a denunciantes (whistleblowers) dentro del Estado.
Rotación de funcionarios en áreas sensibles, para evitar redes estables de connivencia.
Participación de organismos de control y sociedad civil en procesos clave.
El caso Erbes no sólo marca un nuevo avance judicial en la investigación de la corrupción durante la gestión de Urribarri, sino que también deja al descubierto fallas sistémicas que, de no ser corregidas, pueden reproducir esquemas similares en distintos niveles del Estado.
La situación laboral de la policía de Entre Ríos ha sido objeto de debate público y preocupación, con un enfoque particular en las precarias condiciones salariales y el impacto directo que estas tienen en la salud mental de los agentes. Según se desprende de un reciente informe, el propio Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, ha reconocido la gravedad de la situación, admitiendo que los sueldos de los efectivos son insuficientes.
La realidad salarial obliga a muchos oficiales a buscar trabajos adicionales (situación similar que sucede en las fuerza federales conducidas por Patricia Bullrich) para complementar sus ingresos y poder sostener a sus familias. Esta doble jornada laboral, sumada a la naturaleza exigente y estresante del trabajo policial, está generando una presión significativa en la salud mental de la fuerza.
Las discusiones y testimonios de la comunidad, incluyendo a los propios agentes, revelan una cruda realidad:
Estrés y Precariedad: El estrés es una constante en la vida de estos trabajadores. Las largas jornadas, la exposición a situaciones de riesgo y la presión económica se combinan para crear un ambiente de vulnerabilidad psicológica.
Sin Derecho a Huelga: La prohibición de realizar huelgas o paros, inherente a la profesión, deja a los oficiales sin una herramienta fundamental para negociar mejoras en sus condiciones laborales, aumentando su sensación de indefensión.
Problemas Familiares: La inestabilidad financiera afecta no solo a los agentes, sino también a sus familias. La incapacidad de cubrir necesidades básicas genera conflictos y una carga emocional adicional.
La situación resalta la urgente necesidad de una revisión de las políticas salariales y de bienestar dentro de la fuerza policial, con el objetivo de garantizar no solo la estabilidad económica de los agentes, sino también su salud mental, un pilar fundamental para el correcto desempeño de sus funciones al servicio de la comunidad.
La contaminación del río Uruguay ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente debido a la presencia de bacterias fecales provenientes de viviendas sociales que carecen de tratamiento adecuado de cloacas. Este problema no solo afecta la calidad del agua, sino también la salud de las comunidades ribereñas y el ecosistema en general.
Aumento de Bacterias Fecales
De las 14 playas argentinas analizadas sobre el río Uruguay, 12 superan el nivel máximo de enterococos, y en cinco la Escherichia coli es mayor al límite permitido. Estos indicadores de contaminación fecal permiten valorar la calidad sanitaria del agua, destinada al consumo humano, la agricultura, la industria y la recreación.
La contaminación fecal puede ser de origen humano y animal, proveniente de los pobladores asentados en las orillas del río, así como de efluentes y residuos arrojados en dichos cursos de agua. La presencia de enterococos en cuencas hídricas tiene importancia epidemiológica debido a su posible origen en el tracto intestinal y su capacidad para desarrollar resistencia antimicrobiana.
Monitoreo y Resultados
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) realiza monitoreos semanales en varias playas del río Uruguay para medir la calidad del agua. Los resultados más recientes indican que en 12 de las 14 playas argentinas, la presencia de enterococos supera el máximo establecido, e incluso en algunos lugares es siete veces mayor. Además, cinco registros fueron superiores al límite de E. coli, y otros tantos quedaron cerca del máximo.
Las playas y balnearios de Chajarí, Federación, Salto Grande, Concordia, Puerto Yeruá, San José, Colón y Concepción del Uruguay presentan los niveles más altos de contaminación. En estos lugares, la calidad del agua se ve seriamente comprometida, afectando tanto a los bañistas como a la fauna local.
Impacto en la Salud y el Medio Ambiente
La contaminación del río Uruguay no solo afecta la calidad del agua, sino también la salud de las comunidades ribereñas. La presencia de bacterias fecales puede causar enfermedades gastrointestinales, infecciones de la piel y otros problemas de salud. Además, la contaminación afecta la biodiversidad del río, poniendo en riesgo a especies acuáticas y alterando el equilibrio del ecosistema.
Reclamos Ambientalistas
Ambientalistas y comunidades ribereñas han expresado su preocupación por la contaminación del río Uruguay. Grupos como Brote Nativo han presentado solicitudes formales al municipio, invocando leyes de acceso a la información pública, para conocer las políticas ambientales relacionadas con el fenómeno. Se busca detalles sobre la regulación de agrotóxicos, el tratamiento de efluentes cloacales y la contaminación industrial, principales factores que contribuyen al crecimiento de las cianobacterias.
Medidas Necesarias
Para mitigar esta problemática, es crucial implementar políticas activas que aborden la contaminación del río Uruguay. Esto incluye mejorar el tratamiento de efluentes cloacales, regular el uso de agrotóxicos y controlar la contaminación industrial. Además, es necesario promover prácticas sostenibles entre las comunidades ribereñas y fomentar la educación ambiental para prevenir la contaminación.
La contaminación del río Uruguay es un problema complejo que requiere la colaboración de gobiernos, comunidades y organizaciones ambientales. Solo a través de un enfoque integral y sostenible se podrá garantizar la salud del río y de las comunidades que dependen de él.
En los últimos días, salieron a la luz serias denuncias que comprometen la gestión del comisario mayor Marcelo Horacio Gómez, director de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos. Estas denuncias apuntan a un conjunto de irregularidades vinculadas al procedimiento de emisión de multas por parte de la Dirección, lo que genera preocupación entre los ciudadanos y transportistas de la provincia.
Multas Arbitrarias y Procedimientos Cuestionables
Uno de los principales puntos de la denuncia refiere a la imposición de multas por exceso de velocidad a camiones que, según lo constatado, cuentan con sistemas de limitación de velocidad inferior al límite permitido. En estas infracciones, figura la firma del Cabo 1° Auxiliar Ruhl Gonzalo Sebastián, lo que pone en tela de juicio la legitimidad del procedimiento.
A mi intentaron robarme en Entre Ríos con sus radares truchos, haciéndome una multa por ir supuestamente a 97 km por hora cuando el camión está limitado en 80! No solo te roban descaradamente, también ponen en juego tu reputación y tu empleo por su falta de profesionalismo. pic.twitter.com/FW0AFoHMIG
Además, las respuestas oficiales ante los reclamos presentados por los afectados han sido catalogadas como genéricas, sin abordar el fondo de las situaciones planteadas. En muchos casos, los denunciantes afirman haber recibido advertencias intimidatorias, incluyendo amenazas de iniciar acciones legales contra ellos si intentan apelar las multas, dificultando de facto cualquier intento de recurrir las sanciones.
Uso de Plataformas y Correos Electrónicos No Oficiales
Otra de las irregularidades detectadas es la solicitud, en las notificaciones de multas, de contacto a través de un correo electrónico de Gmail y de un dominio genérico, monitoreovialentrerios.info, que no pertenece al dominio oficial del gobierno argentino (gob.ar). Según investigaciones, dicho dominio está alojado en DonWeb (Dattatec) y cuenta con capas de privacidad que impiden conocer quiénes son sus propietarios reales, generando dudas sobre su autenticidad y su relación oficial con la Policía de Entre Ríos.
Un Contexto de Arbitrariedad y Falta de Transparencia
Las denuncias no solo comprometen al comisario mayor Marcelo Horacio Gómez, sino que también extienden la responsabilidad hacia la conducción general de la Policía de Entre Ríos, encabezada por el comisario general Claudio Omar González, jefe de la fuerza, y el comisario general Juan Marcelo Ceferino Claucich, subjefe. Este contexto pone en evidencia la falta de controles internos y transparencia en los procedimientos realizados por la Dirección de Prevención y Seguridad Vial.
Repercusiones y Requerimientos
Ante estas serias irregularidades, las autoridades provinciales deberán tomar medidas inmediatas para investigar y esclarecer los hechos, así como garantizar que los ciudadanos afectados puedan acceder a procesos justos y transparentes. La utilización de canales no oficiales, las intimidaciones a quienes cuestionan las multas y las evidencias de procedimientos arbitrarios son aspectos que deben abordarse con la máxima prioridad para restablecer la confianza en las instituciones.
El caso genera un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en las fuerzas policiales, especialmente en áreas clave como la seguridad vial, que afectan de manera directa a miles de ciudadanos y transportistas en la provincia de Entre Ríos.
En un fallo reciente emitido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Entre Ríos, el Poder Judicial rechazó una demanda presentada por Alfredo Fabián Basin, un numerario retirado de la policía provincial, evidenciando la limitación que enfrenta el personal policial para ejercer sus derechos de expresión y reclamo laboral. Este fallo resalta la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de los policías, incluso en situación de retiro, quienes se ven imposibilitados de ejercer plenamente sus garantías constitucionales.
A su vez las actuales autoridades de la Policía de Entre Ríos que pueden dar respuestas a estas acciones que menoscaban la libertad de expresión y niegan el legítimo derecho de ejercer derechos constitucionales son: JEFE DE POLICIA Crio. General GONZALEZ CLAUDIO OMAR, SUB JEFE DE POLICIA Crio. General HORMACHEA CRISTIAN ALEJANDRO, Director Crio. General Echaniz Carlos Fernando, Jefe De División Division Asesoría Letrada Crio. Mayor Masset Sergio Raul, Director Crio. General Sosa Jorge Andres, Director Crio. General Cabello Del Campo Miriam Alejandra.
El caso: la cesantía de Alfredo Fabián Basin
Alfredo Fabián Basin fue cesanteado de su cargo en la Policía de Entre Ríos tras participar en manifestaciones organizadas por la Asociación Profesional Policial y Penitenciaria de Entre Ríos (APROPOLER). En dichas marchas, realizadas en noviembre de 2020, se exigían mejores condiciones laborales, el reconocimiento de APROPOLER como sindicato y la renuncia del Jefe de la Policía de Entre Ríos y de la Ministra de Gobierno provincial.
La resolución de cesantía se fundamentó en que la participación de Basin en estas actividades violaba disposiciones disciplinarias internas, las cuales establecen que los policías, incluso en retiro, deben respetar ciertos principios jerárquicos y disciplinarios. Durante el proceso administrativo y judicial, se le reprochó haber hecho declaraciones públicas y convocado a las movilizaciones, argumentando que estas acciones afectaban la disciplina policial.
Derechos constitucionales y de jerarquía constitucional vulnerados
Este caso plantea cuestiones fundamentales sobre los derechos que el personal policial tiene reconocidos en el marco de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
1. Derecho a la libertad de expresión (Artículo 14 de la Constitución Nacional y Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) El fallo plantea una limitación severa al derecho a la libertad de expresión del personal policial retirado. La libertad de expresión es un derecho fundamental garantizado tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales que Argentina ha ratificado. En este caso, Basin fue sancionado por expresar públicamente su descontento con la gestión policial y por participar en manifestaciones en las que se criticaban las condiciones laborales de la policía y se pedía la renuncia de autoridades.
Aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que puede haber restricciones a la libertad de expresión para asegurar el orden público y la seguridad, estas limitaciones deben ser razonables y proporcionales. En este sentido, el fallo judicial ha sido cuestionado por no haber aplicado una interpretación favorable a los derechos humanos, conocida como el principio pro homine, que exige que en situaciones de conflicto entre derechos, se elija la interpretación más favorable a la persona.
2. Derecho a la sindicalización y protesta (Artículo 14 bis de la Constitución Nacional) La Constitución Nacional reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse y realizar reclamos colectivos. Sin embargo, la legislación argentina excluye a los policías de la posibilidad de formar sindicatos, lo que ha sido objeto de debate en instancias judiciales nacionales e internacionales. En el caso de Basin, el argumento central del Estado fue que su participación en una asociación que lucha por los derechos laborales de los policías y su reclamo público constituían una violación a las normas de disciplina interna de la policía.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva N° 27 de 2021, ha reconocido que los miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos los policías, tienen derecho a organizarse y a expresar pacíficamente sus demandas laborales, aunque este derecho esté sujeto a restricciones debido a la naturaleza de su función. La Corte subraya que el personal policial cumple una función básicamente civil y, como tal, debe gozar de ciertos derechos laborales, incluyendo el derecho a organizarse y expresarse en temas que afectan sus condiciones de trabajo.
3. Derecho a un debido proceso (Artículo 18 de la Constitución Nacional) Otro derecho potencialmente vulnerado en este caso es el derecho al debido proceso. Basin argumentó que las normativas aplicadas en su contra no debieron extenderse a su situación de retirado, ya que su conducta no encuadraba dentro de las infracciones que afectan a los policías en servicio activo. El hecho de que se le sancionara por acciones realizadas fuera de su servicio y durante su retiro plantea serias dudas sobre si se respetó plenamente su derecho a la defensa y a un juicio justo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en múltiples fallos que toda sanción disciplinaria debe estar fundamentada en hechos y normas claras y que el personal debe tener la posibilidad de defenderse adecuadamente.
Interpretaciones conflictivas: el principio de obediencia vs. los derechos fundamentales
La esencia del conflicto reside en el choque entre los principios de disciplina y obediencia que rigen las fuerzas policiales y los derechos fundamentales de los individuos, incluso en retiro. El fallo judicial sostiene que el personal policial retirado sigue sujeto a las normativas de disciplina de la fuerza y que las declaraciones públicas de Basin, pidiendo la renuncia de autoridades y denunciando mal manejo en la gestión, atentaban contra el principio de obediencia jerárquica.
Sin embargo, este argumento debe evaluarse a la luz de los principios internacionales de derechos humanos, que reconocen que la libertad de expresión y el derecho a organizarse son esenciales para cualquier ciudadano, incluidos los policías. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda limitación a los derechos fundamentales debe ser excepcional, estar claramente justificada y ser proporcional al objetivo buscado, en este caso, la preservación del orden público.
Conclusión: La necesidad de una revisión constitucional
El caso de Alfredo Fabián Basin pone de relieve la necesidad de revisar el marco normativo que regula los derechos del personal policial, particularmente en relación con sus derechos laborales y de expresión. A nivel internacional, las restricciones a los derechos de los policías, como las impuestas en este caso, son cada vez más cuestionadas por organismos de derechos humanos, que insisten en que cualquier limitación debe ser proporcional y justificada.
El desafío radica en encontrar un equilibrio adecuado entre los principios de orden y disciplina que rigen las fuerzas policiales y los derechos fundamentales de los individuos que, como todos los ciudadanos, deben poder gozar de las garantías constitucionales y de los derechos humanos.
"Fue investigado por Cecilia Goyeneche, la fiscal anticorrupción destituida que llevó el juicio contra el ex gobernador Sergio Urribarri. Intervino en un caso prácticamente idéntico, que tuvo como punto de partida el retiro de fondos de un cajero automático.
El caso de Julio "Chocolate" Rigau y las 48 tarjetas de débito de empleados legislativos dejó al descubierto lo que parece ser la punta de un iceberg de la corrupción. Pero este presunto entramado de extracción de fondos de la Legislatura de Buenos Aires tiene un caso calcado casi a la perfección. Es que Entre Ríos, la Justicia, elevó a juicio una causa que se inició cuando un policía notó que tres personas acudían periódicamente a un cajero a retirar dinero. Es decir, de la misma manera en la que detuvieron al puntero del PJ en La Plata.
En Entre Ríos el caso fue un escándalo y se lo conoció públicamente como la causa Contratos. Trascendió en parte a nivel nacional cuando la fiscal que lo investigaba, Cecilia Goyeneche, fue denunciada y destituida de su cargo tras descubrir junto a su equipo un impresionante entramado de corrupción.
El día antes de que la Cámara de Apelaciones de La Plata decidiera hacer lugar a un hábeas corpus y liberara a Rigau además de suspender la investigación por las 48 tarjetas de débito, se cumplió un aniversario del caso gemelo de Entre Ríos.
Es que el 20 de septiembre de 2018, cinco años antes, Flavia Beckman, María Victoria Álvarez y Esteban Scialocomo fueron encontrados mientras retiraban dinero de tarjetas de débito de empleados legislativos en un cajero del Banco Entre Ríos ubicado en la avenida Ramírez y Pasteur de Paraná."
En la provincia de Entre Ríos, Argentina, ha surgido recientemente un caso que ha generado una gran controversia en torno a la actuación policial y la respuesta de las autoridades. El sargento primero Miguel Ángel Campagnoni Romero ha levantado la voz para plantear problemas graves dentro de la institución policial, pero las respuestas que ha recibido del Jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, han dejado mucho que desear.
Un Sumario Interno sin Resoluciones Satisfactorias
En este caso, el sargento Campagnoni Romero ha expuesto sus preocupaciones sobre la situación dentro de la Comisaría 8ª de Paraná y ha solicitado que se aborden los problemas que ha identificado. En respuesta, se llevó a cabo un sumario interno tanto contra él como contra el jefe de la comisaría en cuestión. Sin embargo, las conclusiones de este sumario interno parecen haber eludido las preocupaciones reales planteadas por el sargento.
Gustavo Maslein, Jefe de Policía de Entre Ríos, se ha limitado a ofrecer respuestas genéricas y abstractas que no abordan adecuadamente los problemas planteados. Afirmaciones como "no tomó el camino adecuado" o "ingresamos para prestar un servicio, que es continuo, las 24 horas, a la sociedad" pueden parecer evasivas y desvinculadas de las cuestiones reales que enfrenta el personal policial.
¿Derechos Laborales o Vocación de Servicio?
Uno de los puntos más preocupantes es la apelación a la "vocación de servicio" como justificación para negar los derechos laborales. Esta retórica es común en situaciones similares en todo el mundo y a menudo se utiliza para justificar condiciones laborales deficientes y la falta de protección de los trabajadores públicos.
Es fundamental recordar que los funcionarios públicos, incluidos los policías, tienen derechos laborales y deben ser tratados con dignidad y respeto en su lugar de trabajo. La "vocación de servicio" no debe utilizarse como una excusa para negar estos derechos.
Alegaciones de Vínculos Inapropiados
Además de las respuestas insatisfactorias a las preocupaciones planteadas por Campagnoni Romero, el Jefe de Policía, Gustavo Maslein, ha hecho alegaciones sobre posibles vínculos del sargento con ciertos sectores. Estas acusaciones pueden tener consecuencias graves, ya que podrían limitar la capacidad del personal policial para relacionarse con diversas personas y comunidades en el cumplimiento de su deber.
Riesgos Profesionales y Factores Psicosociales
Es importante tener en cuenta que los funcionarios públicos, incluidos los policías, enfrentan riesgos profesionales y condiciones laborales que pueden tener un impacto significativo en su salud mental y bienestar. Los factores psicosociales, como la falta de apoyo, la exposición a situaciones traumáticas y la falta de resolución de problemas, pueden generar un daño severo a los funcionarios públicos y socavar su capacidad para servir a la comunidad de manera efectiva.
El caso del sargento Campagnoni Romero en Entre Ríos es un recordatorio de la importancia de abordar de manera adecuada las preocupaciones del personal policial y garantizar que se respeten sus derechos laborales. Las respuestas genéricas y las acusaciones infundadas no son suficientes para resolver los problemas reales que enfrenta la institución policial. Es fundamental que las autoridades asuman la responsabilidad de abordar estas cuestiones de manera seria y transparente, en beneficio de la comunidad y el personal policial por igual.
"Es el peronista Ángel Constantino, jefe comunal de Gilbert que está de licencia. La Justicia dio por comprobados múltiples ataques de abuso sexual.
La Cámara de Casación de Concordia resolvió este lunes confirmar la condena contra Ángel Fabián Constantino, intendente en uso de licencia de la localidad de Gilbert, en Entre Ríos, a 14 años y seis meses de prisión, a hallarlo culpable de abuso sexual contra tres empleadas municipales que sufrieron múltiples violaciones por parte del jefe comunal que responde al Partido Justicialista.
En marzo pasado, un tribunal de Gualeguaychú había condenado a Constantino por tres hechos de "abuso sexual simple y con acceso carnal, y abuso sexual con acceso carnal en la tercera denuncia reiterados, en concurso real", y lo benefició con prisión domiciliaria en su vivienda, donde el intendente abrió una pollería y, hasta ahora, permanece con custodia policial y tobillera electrónica.
Ahora la instancia superior analizó numerosas pruebas y archivos, y repasó cerca de 80 testimonios, entre ellos, los de las víctimas, peritos, testigos de las situaciones y psicólogos. Y así, el tribunal concluyó que se cometieron múltiples abusos al menos entre 2018 y junio del 2021.
Gilbert es una localidad de no más de 1.500 habitantes, ubicada a unos 75 kilómetros de Gualeguaychú, en el sureste de Entre Ríos. Según le dijo a la agencia Télam la fiscal del caso, Martina Cedrés, "existió miedo" para declarar, al tratarse de un pueblo "chico, con pocas fuentes de trabajo". La querella, en primera instancia había pedido una condena de 22 años de cárcel.
"Hay otras personas mayores de edad pero no quisieron radicar (la denuncia) porque es un pueblo y hay un miedo subjetivo de un juicio de valor, pero toda víctima tiene su tiempo", explicó.
La fiscal precisó que el intendente también realizó actos de exhibicionismo, aunque no se pueden iniciar causas judiciales ya que no está tipificado como delito en el Código Penal.
Todo eso, consideró Cedrés, "da un panorama de su forma de manejarse con las mujeres: conductas sexuales sucesivas, intimidación y acoso".
Mientras avanzaba la investigación en su contra y pesaban sobre él las medidas restrictivas, Constantino se acercó a las víctimas en varias oportunidades, por lo que permaneció un día detenido el 26 de agosto de 2021 y llegó a juicio con prisión domiciliaria.
El ex intendente pidió licencia con goce de sueldo recién luego de que el gobernador Gustavo Bordet enviara a la Legislatura un pedido de intervención del municipio; y, tras la condena, la solicitó sin haberes."
"Bueno gente, ¿cómo les va? No sé por dónde empezar. Este, bueno, diciéndoles mi nombre. Solamente algunos que me van a ver, ahora me van a conocer. Mi nombre es Miguel Ángel Campanelli Romero. Soy Sargento primero de la policía Entre Ríos. Ya va a ser 15 años este. Estoy informado porque recién llego a trabajar. Son aproximadamente las 9 de la mañana. Salí de guardia a las 7, pero unas cuestiones, unas demoras, recién llego a casa. Amén de esto, vengo realmente muy enojado, muy humillado ella está a pesar de esto vos.
O sea, que ustedes saben que venía pensando de caminos y hacer este video o no, pero realmente me veo en la necesidad porque creo que han estado en la policía, creo que han sido muchos años de humillación hablando acerca del tema de las licencias que nos corresponden como cualquier otro trabajador. Este a esta altura del año, ya la verdad que me siento un poco cansado, la verdad que me gustaría tener unos días libres. El día de ayer se lo planteé a mis superiores mientras tuve guardia y como era de esperarse, negativas o respuestas como nosotros trabajamos más que ustedes, arriba no van a querer utilizar de la licencia.
Generalmente, la licencia se la toman ustedes después de que pasan las fiestas. Porque ni siquiera tenemos posibilidad de elegir en qué época del año queremos tomar la licencia. A nosotros nos autorizan solamente la licencia después de que pasen las fiestas, o sea después del primero de enero, cuando arranca el año. Recién ahí nos empiezan a actualizar las licencias y sólo nos autorizan 10 días hábiles. A todos esto es de común conocimiento y solamente te autorizan 10 días hábiles por cuestiones de servicio para no perjudicar el servicio.
Obviamente que algo totalmente injusto, porque ya después de muchos años en la policía, ya crees que tener tu licencia completa, querés que te dé lo que te mereces, o sea por tantos años de trabajar, tu licencia la que te corresponde, no solamente diez días, y cuando ellos se les ocurre darte la licencia y algo totalmente injusto.
Yo sin ir más lejos estos días, justamente el día de ayer, cuando planteé que quería mi licencia, aunque sea quería cinco días, porque necesito simplemente descansar, estar en mi casa por unos días, no va a ser adicionales. Y la verdad que fui a pedir eso, pero ya sabía en el fondo que cuál yo sé la respuesta. Tengo cinco días autorizados licencia 2017, tengo dos licencia 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, la licencia estéreo también. Por qué tantas licencias acumuladas se preguntarán, bueno, justamente después del sistema en el que nuestros superiores solamente nos dan 10 días hábiles al año, nada más. Hoy presenté una nota para que utilizaran los cinco días, mi jefe no me la firmó porque no me los autorizó y tampoco, encima con tono burlesco, riéndose en mi cara. Porque la realidad, se abrió mi cara, quién era la forma de pedir las cosas.
Si estoy haciendo una nota, estoy pidiendo cinco días que tengo autorizados para poder descansar un poco. Ya lo que me dice que que lo vea, que a veces me puedo arreglar con otro compañero para que me cubra, que no me puede autorizar que los superiores no me van a autorizar la licencia para que salga, y me decía todo esto también a su vez. Me decía que soy muy funcionario, este a lo que le digo yo no necesito elogios. Necesito que se respeten mis derechos y mi derecho a sacar mis vacaciones, lo que me corresponde. A lo que me dice que bueno que es un tema a ver que si es un derecho. Yo la verdad que quedó estupefacto, digamos, porque es mi derecho, me lo gané, pero estamos tan tardeados en este trabajo que a veces vos pensás. Hay muchos funcionarios, por ejemplo, que sacan depresivos. Hay mucho personal, mucho funcionario con depresivo y se los entiende, se los entiende perfectamente.
Porque el abuso que hay dentro de la institución no tiene límites, por nombrar una de las pocas cosas. El tema de las licencias cuando un funcionario antiguo se está antes de jubilarse, qué hace. Empieza a sacar las licencias acumuladas y se le hace más o menos un año, a veces o más depende la cantidad de licencia que tenga y lo más chistoso de todo es que se están tomando sus licencias en una época de su vida, a esa altura de tu edad no sé 50, 55, 60 años y qué vas a hacer quédate en tu casa a descansar, de tu casa no sé, yo quiero disfrutar mi licencia. Ahora que soy joven, me quiero ir a por ahí, a viajar o tener simplemente unos días libres para descansar en mi casa.
No tomarme mi licencia cuando tengas 60 años y como les decía entiendo perfectamente cuando hay funcionarios que sacan depresivo que sacan parte de enfermos que saca cuidado familiar, se los entiende sí los entiende perfectamente. Y vos, ¿y por qué llegar a ese punto? Por qué llegar a ese punto, o sea no podés simplemente autorizar la licencia que le corresponde a la persona, no podés hacer simplemente eso. Sí yo estoy acostumbrado solamente a sacar 10 días por año y por eso tengo tantas licencias acumuladas ya por mi jerarquía por cantidad de años que tengo. Yo no sé si ya me corresponden 20 días hábiles de vacaciones y la única esperanza y lo único que pensamos nosotros a veces el policía es bueno no sé por lo menos se me acumulan las vacaciones para antes de jubilarme.
Qué sentido tiene eso, qué sentido tiene eso, la verdad que estoy muy enojado, muy enojado y esto por nombrar una de las pocas cosas, otras cosas también que son graves. Tampoco te podés enfermar, vos sacas un certificado de parte de enfermo, 106 un formulario 106, tenés un médico tuyo suponente que te da no sé cuatro días, tres días, pero ese certificado tiene que ser visado
por el médico policial y el médico policial si mal no recuerdo poniéndote ya él te pone cinco o seis días mal lo recuerdo y ya con esa cantidad de días por una resolución interna que hay ya te sacan el arma y al sacarse el arma perdés los códigos, pero es un par de códigos y perder plata. O sea que vos no te podés ni siquiera enfermar porque perdés unos códigos y creo que perdías alrededor de 40 mil, 50 mil pesos. O sea que tenemos que ser robots, tenemos que ser perfectos, no te puedes enfermar. Y creo que eso ha llevado también a que muchos compañeros ya se han suicidado porque este trabajo es muy, te consume, de consume, no sé si por lo menos dijera que estás trabajando a full, todo lo que vos quieras, que en Paraná pasa así. Pero si por lo menos te dieran la licencia que te corresponde.
Sería mucho más llevadero, sería mucho más llevadero, creo que no habría tanto parte enfermo, no habría tanto cuidado familiar, otra cosa también muy injusta de la que quiero hablar es hace muchos años, creo que en convenio con la municipalidad llamada también este. Pero bueno, por otro lado, también la policía por su parte de Soler, también él hace el tema del control de vehículos, más precisamente retención de motobículos y nosotros en los operativos durante las guardias, sino hacemos retención de moto vehículos por cualquier infracción x, si no lo tenemos motor vehículo nos recargan.
O sea que hemos salido de tu guardia a las 7, con suerte y ese mismo día a la medianoche, te recargan desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana para ir a trabajar a otro comisaría. Como si fuera poco, ya las 24 horas, o sea nos absorben de una manera tan descarada y a veces nosotros estamos tan acostumbrados a eso que pensamos que lo normal, y no no es lo normal, no debería ser así.
Mucho por ahí piensan: "Métete de policía, el trabajo de policía, o si no te gusta hacer nada, sé policía", pero no es así, lo hacen muchas cosas. Es un trabajo muy exigido, yo le hablo del corazón sinceramente. Yo me metí a la policía por una oportunidad laboral, no algo, no es que me gustaba ni ni siempre soñé con meterme en la policía, nada muy lejos la realidad. De chico me acuerdo que quería ser médico y bueno el destino me llevó para este lado.
Y la verdad que nada te pone triste esta situación, me enoja mucho, me enoja muchísimo. Y a veces creo que el común, el común de todos los policías a veces pensamos en algún momento, esto cambiará, cambiará o seguirá igual. Los nuestros derechos vulnerados, este la verdad que a veces no sé, a veces estoy pensando. No sé si sugiero otra oportunidad laboral, mi día, pero da la situación económica del país, es realmente el único sostén que tengo.
Tampoco me iría para quedar en la lona y después tenés que estar molestando a mi familia, por ejemplo, nada por ahí tal vez muchos pensarán. "Se está quejando de lleno otra vez", apoyo pero realmente es cansador y cansador. Yo realmente le dije a mi jefe, le digo: ya cuando vi todas las trabas, todas las negativas, todos los peros habidos y por haber para tomarme cinco días de licencia que es mi derecho, me regañé, me desgané la verdad. Yo está bien, está bien le digo o sea.
Ya está, ya está, no no quiero discutir más, más de esto no quiero seguir perdiendo el tiempo porque ya llevaba dos horas más hay una comisaría y sabía que no iba a obtener nada, ningún resultado positivo seguramente, seguramente si subo este video a las redes sociales o luego o lo hago de conocimiento público, seguramente alguna sanción me va a caer porque toda una policía tiene que estar, todo tiene que ser secreto, nada tiene que salir.
Pero por qué, para que no se conozca el abuso, para que no se conozca el abuso que hay. Bueno, este video solamente para desahogarme un poco y que la gente conozca, conozca y sepa cómo estamos trabajando nosotros y que no somos simplemente un número más en una fuerza, somos personas, somos personas con nuestros derechos y nuestras obligaciones como cualquier otra persona, inclusive nosotros más todavía. Nada, espero que por ahí cuando vean algún policía en una esquina o algo y dos días de mucho calor, por lo menos les acerquen un vaso de agua o un poco de agua caliente, no sé, en invierno que hace frío para tomarnos mate, un café.
No es lindo estar parado en la calle en las inclemencias del tiempo, pero bien como dicen muchos y es la realidad, es lo que elegimos nosotros. Si bien es lo que elegimos, no aceptamos o por lo menos yo no acepto esto. Esto del abuso continuo de la fuerza de los superiores contra nosotros como algo constante, algo constante, algo de. Yo realmente, como les contaba, entré a la institución por una cuestión laboral. Necesitaba el trabajo, no algo, no es que me gustaba ni ni siempre soñé con meterme en la policía, nada muy lejos de la realidad.
De chico me acuerdo que quería ser médico y bueno, el destino me llevó para este lado. Y la verdad que nada te pone triste, esta situación me enoja mucho, me enoja muchísimo. Y a veces creo que el común, el común de todos los policías a veces pensamos en algún momento, esto cambiará, cambiará o seguirá igual. Los nuestros derechos vulnerados, este la verdad que a veces no sé, a veces estoy pensando.
No sé si sugiero otra oportunidad laboral, mi día, pero da la situación económica del país, es realmente el único sostén que tengo. Tampoco me iría para quedar en la lona y después tenés que estar molestando a mi familia, por ejemplo, nada por ahí tal vez muchos pensarán. "Se está quejando de lleno otra vez", apoyo pero realmente es cansador y cansador.
Yo realmente le dije a mi jefe, le digo: ya cuando vi todas las trabas, todas las negativas, todos los peros habidos y por haber para tomarme cinco días de licencia que es mi derecho, me regañé, me des
gané la verdad. Yo está bien, está bien le digo o sea. Ya está, ya está, no no quiero discutir más, más de esto no quiero seguir perdiendo el tiempo porque ya llevaba dos horas más hay una comisaría y sabía que no iba a obtener nada, ningún resultado posible.
Seguramente, seguramente si subo este video a las redes sociales o luego o lo hago de conocimiento público, seguramente alguna sanción me va a caer porque toda una policía tiene que estar, todo tiene que ser secreto, nada tiene que salir.
Pero por qué, para que no se conozca el abuso, para que no se conozca el abuso que hay. Bueno, este video solamente para desahogarme un poco y que la gente conozca, conozca y sepa cómo estamos trabajando nosotros y que no somos simplemente un número más en una fuerza, somos personas, somos personas con nuestros derechos y nuestras obligaciones como cualquier otra persona, inclusive nosotros más todavía.
Nada, espero que por ahí cuando vean algún policía en una esquina o algo y dos días de mucho calor, por lo menos les acerquen un vaso de agua o un poco de agua caliente, no sé, en invierno que hace frío para tomarnos mate, un café. No es lindo estar parado en la calle en las inclemencias del tiempo, pero bien como dicen muchos y es la realidad, es lo que elegimos nosotros.
Si bien es lo que elegimos, no aceptamos o por lo menos yo no acepto esto. Esto del abuso continuo de la fuerza de los superiores contra nosotros como algo constante, algo constante, algo de Yo realmente como les contaba entre la institución por una cuestión laboral, necesitaba el abuelo.
Sin embargo les digo que como la mayoría porque realmente la mayoría lo ha entrado por esto por tener un sueldo es la realidad, pero ya estando en el trabajo más allá de todas estas cosas malas que acabo de nombrar aprendes digamos aprendes a querer un poco el uniforme yo trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo me considero una persona responsable y que hace lo mejor que te a su alcance aunque a veces por ahí parece que no alcanza y nada Solo eso hacer que ustedes conozcan la realidad que vivimos y nada pedirle a la sociedad que nos apoya un poco más y conozca la problemática que atravesamos todos los policías gracias."
"“El sumario administrativo es para determinar si hubo alguna irregularidad tanto del personal de la comisaría como del funcionario que denunció esta cuestión en el video”, comunicaron desde Asuntos Internos a Elonce.
El jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, ordenó abrir un sumario interno al sargento primero Miguel Ángel Campagnoni Romero, quien se desempeña en la comisaría octava de Paraná, luego de que éste posteara un video en el que denunció situaciones de “humillación y maltrato” dentro de la fuerza.
“Desde el comando superior se ordenó que se inicie una investigación administrativa en torno al video que realizó este funcionario y en base a las expresiones realizadas se desarrolla una investigación para establecer qué se determina dentro del ámbito policial”, comunicó a Elonce el jefe de la dirección policial de Asuntos Internos, Marcelo Claucich.
En la oportunidad, el comisario dijo desconocer si el funcionario presentó o no el pedido de licencia “porque esa solicitud se realiza ante el jefe de dependencia y es éste quien evalúa de acuerdo a las necesidades del servicio y al cronograma que pueda llegar a tener diagramado para la administración optima de los recursos humanos con los que cuenta la dependencia para hacer frente a los servicios”.
“El sumario administrativo se inicia a los fines de determinar si hubo algún tipo de irregularidad tanto del personal de la comisaria como del funcionario que denunció esta cuestión en el video, que no es un canal normal o que prevé el ordenamiento policial”, aclaró Claucich.
La denuncia del sargento policial
Campagnoni Romero, en un video de 20 minutos, denunció la cuestión de los días de licencia de los policías, y el retaceo que, asevera, hay en la fuerza; también apuntó a la acumulación de licencias. "El abuso que hay dentro de la institución no tiene límites", apuntó el funcionario policial que ejerce en la ciudad de Paraná hace 15 años.
Además, el funcionario detalló una situación particular que consideró injusta: "Hace mucho tiempo se hizo un convenio con la Municipalidad para el control de motovehículos y, más precisamente, la retención de éstos. Si no hacemos retención de motovehículos por cualquier infracción en los operativos, nos recargan horas. Es decir, si salís de tu guardia a las siete de la mañana, con suerte, ese mismo día te recargan horas por la noche: desde las 00 hasta las seis de la mañana para ir a trabajar a otra comisaría, como si ya fueran poco las 24 horas de guardia".
“No somos un número más de la fuerza, somos personas con nuestros derechos y obligaciones. Esta es la realidad que elegimos nosotros, pero no acepto el abuso continuo de la fuerza, de los superiores a nosotros, como algo constante", indicó Campagnoni. "
" El accidente que se cobró la vida de Víctor “Chicha” Barreto puso en evidencia la tragedia humana, social y ambiental que se registra en las afueras de la ciudad capital de Entre Ríos
PARANÁ.- Cuando cae el sol los perros, caballos, ratas, hombres, mujeres, jóvenes y niños se abalanzan sobre las parvas de residuos, donde se disputan la comida en el basural que todos conocen con el nombre de Volcadero, que está entre dos lagunas, en el borde de la ciudad de Paraná, a 15 cuadras del centro. Es una carrera infernal por “los frescos”, como le llaman a la comida vencida y en mal estado que arrojan supermercados y comercios, y que servirá de cena.
Allí nada cambió desde que el domingo pasado Víctor Sebastián Barreto, de ocho años, murió aplastado por un camión, del que se había colgado cuando esa tarde iba a rumbo al Volcadero, el enorme basural de ocho hectáreas que sirve desde hace más de un siglo para descartar lo que después se transforma en el sustento y alimento de unas 200 familias, que sobreviven en casas precarias, construidas sobre el propio relleno sanitario en el barrio San Martín. Nadie mira hacia allí desde hace décadas. A modo de homenaje, los vecinos colocaron un pedazo de columna de mampostería en el lugar donde murió “Chicha”, que nadie toca, e incluso los camiones esquivan. "
" La frase del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, resumió el espíritu de la jornada. El mensaje del sector al Gobierno y también al resto de la clase política. Movilizaciones en diferentes lugares del país, con el epicentro en Entre Ríos
Desde Gualeguaychú, Entre Ríos - El campo realizó su cuarto paro nacional al Gobierno de Alberto Fernández, en el marco de la denominada “Jornada federal de demanda”. Se registraron movilizaciones en diferentes puntos del país, y con un mensaje que reiteró muchas veces: “Basta”. Y un reclamó que se repitió varias veces en boca de los productores y dirigentes: “Urgente cambio de rumbo”.
La actividad incluyó numerosas manifestaciones, volantadas, actos y actividades en plazas y al costa de las rutas en Chaco, Mendoza, Santa Fe, Formosa, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. El epicentro de la protesta estuvo en Entre Ríos, donde con la presencia de los integrantes de la Mesa de Enlace se realizó una caravana por la Ruta Nacional 14 desde el km 83 hasta el cruce con la RN 16, donde se llevó adelante una asamblea que contó con la presencia de más de 500 productores. "
" La Justicia de Entre Ríos revocó una sanción contra un agente policial que había reclamado en duros términos a sus superiores por las reiteradas postergaciones en ascensos y los puntajes asignados a sus méritos.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay revocó una sanción contra un agente policial que había reclamado en duros términos a sus superiores por las reiteradas postergaciones en ascensos y los puntajes asignados a sus méritos.
Se trata de una demanda contencioso administrativa contra el Poder Ejecutivo Provincial y/o Estado Provincial, con el objetivo de obtener la nulidad de la resolución de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos que dispuso la instrucción de un sumario administrativo contra el actor, quien se desempeñaba como comisario principal.
Desde el Estado entrerriano afirmaron que el actor optó por descalificar mediante la utilización de términos sumamente agraviantes la actuación de la Junta de Calificaciones nº 1. Según consta en la causa, el agente remarcó diferentes “errores” cometidos en el análisis objetivo de las calificaciones que lo perjudican y alegó “total de equidad, justicia y parcialidad”.
En este marco, los jueces María Fernanda Erramuspe y Mariano Alberto López destacaron que el agente policial “ejercitó sulibertad de expresiónque debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.
“Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática”, sostuvo el tribunal y añadió: “El funcionamiento de la democracia exige el mayor nivel posible de discusión pública sobre el funcionamiento de la sociedad y del Estado en todos sus aspectos, esto es, sobre los asuntos de interés público”.
E. S. R. C/ ESTADO PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (SENTENCIA.pdf) "
"Cecilia Goyeneche estaba al frente de los fiscales en el juicio que se le sigue al ex gobernador provincial y actual embajador en Israel por presuntos ilícitos. También le redujeron su sueldo en un 30%.
La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, fue suspendida este viernes en su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento, que además determinó que será sometida a un jury. La decisión se tomó una semana después de que se le abriera una investigación, y mientras lideraba un juicio en contra del ex gobernador Sergio Urribarri. Además, le redujeron su sueldo un 30%.
Al ex mandatario de Entre Ríos y actual embajador en Israel se lo acusa por corrupción en distintos expedientes judiciales. Goyeneche era quien coordinaba el cuerpo de fiscales que trabajaban en ese proceso contra Urribarri. Además, los apartaron del proceso y designaron en su lugar un conjuez.
En el juicio contra Urribarri y otros ex funcionarios entrerrianos se investiga el desvío de unos US$ 7,5 millones en pos de motorizar la campaña del entonces gobernador para presidente, en 2015. Se acusa a él, a su cuñado Juan Pablo Aguilera, a su pareja Luciana Almada y a miembros de dos empresas de publicidad de Paraná, que habrían sido prestanombres.
Según lo que dijo Goyeneche en una entrevista con el programa Cuestión de Fondo, de Canal 9 Litoral, los dos abogados que la denunciaron, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, mantenían vínculos estrechos y amistad con el que está denunciado como el "recaudador" de Urribarri, Alfredo Bilbao, apuntado en otro expediente, que investiga el denominado caso "contratos", con un fraude superior a los US$ 50 millones en 10 años."
"Detienen a cinco personas en Paraná y CABA de una banda dedicada al cibercrimen. Los acusan de robar $640.000 de una cuenta bancaria para desviarlos a otras
Cinco acusados de integrar una banda dedicada al hackeo informático, a la que se le atribuye haber robado más de medio millón de pesos de una cuenta bancaria y desviarlo a otras, fueron detenidos durante allanamientos realizados en ParanáCiudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La pesquisa y los operativos fueron realizados por agentes de la División Investigación de Delitos Tecnológicos, dependiente de la Dirección General de Lucha Contra el Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes comenzaron a trabajar en el caso en junio pasado.
Las fuentes detallaron que la investigación comenzó cuando desde la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Junín los federales fueron convocados para trabajar en un caso de hackeo informático del que había sido víctima un hombre, al que le robaron 640.000 pesos de su cuenta bancaria, que fueron desviados a otras cuentas."
"Es la peor situación hídrica detectada desde 1944
El río Paraná registra su mayor bajante en 77 años y desde el gobierno nacional pidieron limitar el consumo del agua en 7 provincias que son alcanzadas por esta importante vía fluvial. Ellas son Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
Este fin de semana, el Paraná descendió otros 13 centímetros frente al puerto de la capital entrerriana, que se mantiene en -33 centímetros (debajo del nivel del mar), lo que configura la peor situación hídrica detectada desde 1944.
Ante esta situación, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) pidió a las personas “ahorrar agua en el consumo diario” y “almacenar agua de lluvia y utilizarla para regar”, como también no realizar quemas de pastizales para evitar la propagación de amplios incendios como los sufridos el año pasado durante esta época."
"El Tribunal de Apelaciones de Paraná los procesó por defraudación y administración fraudulenta. En 2012, la entonces Presidenta se subió a una de esas “cosechadoras” en la explanada de Casa Rosada y anunció un plan de exportaciones.
El Tribunal de Apelaciones de Paraná procesó a ocho empresarios y exfuncionarios provinciales por el caso de la empresa entrerriana que iba a exportar 18 cosechadoras a Angola, según anunció en 2012 la entonces presidenta Cristina Kirchner en la explanada de Casa Rosada, pero que sólo logró exportar una y nunca funcionó.
Los jueces Elvio Garzón, José María Chemez y Rafael Cotorruelo revocaron los sobreseimientos de los ocho involucrados, gracias a la apelación del fiscal Pablo Zoff. Y procesaron a los exministros de Economía y Producción de Entre Ríos, Diego Valiero y Roberto Schunk, junto con otros dos exfuncionarios provinciales y cuatro empresarios del Grupo Senor por los delitos de defraudación a la administración pública.
Los exministros de Economía y Producción provinciales fueron muy activos para otorgar un préstamo de $6 millones al Grupo Senor durante la gestión del gobernador entrerriano Sergio Urribarri -actual embajador en Israel-, pese a que la empresa ya estaba en cesación de pagos y no demostraba cómo podía fabricar las cosechadoras. Los jueces incorporaron en el procesamiento de ambos exministros el delito de administración fraudulenta."
