Caso Seguros: la Justicia procesó a compañías aseguradoras y al exintendente de Olivos por negociaciones incompatibles

El juez federal Sebastián Casanello procesó a un conjunto de empresas de seguros acusadas de haberse beneficiado con contratos irregulares con el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández, quien ya se encontraba procesado en esta causa desde el año pasado.

La decisión judicial se enmarca en la investigación conocida como “Caso Seguros”, que analiza presuntas irregularidades en la contratación de pólizas para organismos públicos nacionales durante la gestión presidencial de Alberto Fernández.

Además de las compañías, Casanello procesó a Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta Presidencial de Olivos, por su presunta participación en los hechos investigados.

Rodríguez había sido designado en ese cargo por Alberto Fernández y mantenía una relación previa con Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers de seguros centrales en la causa.

Antes de la asunción presidencial de Fernández, Rodríguez ya realizaba tareas para él, las cuales eran abonadas por Martínez Sosa, amigo personal del entonces mandatario.

El juez procesó a Rodríguez como partícipe secundario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Entre los fundamentos, Casanello señaló que Rodríguez colaboró en la facilitación de encuentros entre Héctor Martínez Sosa y Alberto Fernández, incluyendo el ingreso del broker a la Quinta de Olivos sin dejar registros formales.

Las empresas procesadas fueron Héctor Martínez Sosa y Cía SA, Bachellier SA, BRI Broker SA, TG Broker SA, San Ignacio SA, San Germán Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.

Si bien los representantes y operadores de estas compañías ya habían sido procesados con anterioridad, el juez avanzó ahora contra las personas jurídicas en aplicación de la ley 27.401, vigente desde el 1° de diciembre de 2017.

Dicha normativa establece la responsabilidad penal de las empresas cuando se demuestra que obtuvieron beneficios mediante delitos cometidos en su ámbito de actuación.

En su resolución, Casanello sostuvo que las compañías presentaron una “organización defectuosa” que no solo no previno riesgos, sino que facilitó o aceptó la comisión de delitos en su beneficio.

El magistrado realizó una distinción respecto de San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, al señalar que contaba con normas y procedimientos éticos previos a los hechos investigados.

No obstante, indicó que esas normas fallaron en su implementación efectiva, por lo que la empresa no queda exenta de responsabilidad, aunque podría enfrentar una sanción menor en caso de condena.

La causa investiga irregularidades en contratos de seguros de entidades públicas durante el gobierno de Alberto Fernández, quien había sido Superintendente de Seguros durante la presidencia de Carlos Menem.

Según la investigación, las firmas procesadas se habrían beneficiado económicamente sin implementar mecanismos adecuados para prevenir hechos de corrupción.

El procesamiento de Alberto Fernández, confirmado por la Cámara Federal, fue dictado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que prevé penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

Para Casanello, está acreditado que Fernández intervino para favorecer los negocios de Héctor Martínez Sosa, integrante de su círculo íntimo y antiguo cliente durante el período 2010-2019, cuando actuaba como abogado y lobista.

En ese entramado también tuvo participación María Cantero, esposa de Martínez Sosa, quien fue designada secretaria privada del presidente al inicio de su mandato.

Durante el gobierno de Fernández, las comisiones percibidas por el grupo de Martínez Sosa ascendieron a $2.252 millones, equivalentes a casi el 60% del total abonado por Nación Seguros.

Finalmente, el juez ordenó embargos contra las empresas procesadas, destacándose el de Bachellier SA por $9.669.697.257,25, firma que mantuvo contratos con Gendarmería Nacional Argentina, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina.