Investigan presuntos beneficios del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde a una empresa vinculada al entorno familiar de Jésica Cirio

La Justicia avanza en una nueva línea de investigación orientada a determinar el origen de la fortuna de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y exintendente del municipio de Lomas de Zamora. 

Los procedimientos judiciales buscan precisar el rol de Priscila Ferrante, sobrina de la modelo Jésica Cirio -exesposa del dirigente político-, quien se encuentra bajo investigación como presunta testaferro en un entramado patrimonial que incluye setenta propiedades y más de doscientos vehículos. 

Este nuevo foco surge tras la difusión pública de un video que registraba un vestidor con cajones contenedores de fajos de dólares estadounidenses en efectivo, lo que incrementó las sospechas sobre inconsistencias en el patrimonio del exfuncionario público.

Las sospechas en torno a la actividad laboral y el incremento patrimonial de Priscila Ferrante se agudizaron al detectarse su vinculación con el sector de la seguridad vial. 

De acuerdo con documentación periodística provista por el programa televisivo ¿La Ves? de la señal TN, Ferrante trabajó en relación de dependencia entre los años 2016 y 2018 para la firma All Ways Group S.A. 

Esta compañía está registrada oficialmente dentro del rubro tecnológico y se dedica de forma específica al desarrollo, fabricación y provisión de equipos de radares y cámaras de video para la detección de infracciones de tránsito, un mercado de fotomultas que es objeto de recurrentes auditorías judiciales por presuntas irregularidades contractuales y corrupción en diversas comunas y dependencias del gobierno provincial administrado por Axel Kicillof.

La cronología de los registros oficiales expone coincidencias temporales que despertaron las alarmas de las autoridades a cargo de la causa. 

La empresa All Ways Group S.A. obtuvo su inscripción formal como proveedora del Estado del Gobierno de la provincia de Buenos Aires el 1 de octubre de 2021, una fecha que coincide de manera directa con los diez días posteriores a la asunción de Martín Insaurralde en la Jefatura de Gabinete bonaerense, ocurrida el 20 de septiembre de ese mismo año. 

Posteriormente, durante el ejercicio de sus funciones públicas en 2022, el propio Insaurralde rubricó con su firma la homologación técnica de los dispositivos de control vial de dicha firma, un requisito administrativo y legal indispensable para habilitar a la compañía a comercializar y operar sus sistemas tanto con la administración provincial como con múltiples gobiernos municipales, incluido el de Lomas de Zamora, donde rige un sistema de fotomultas que emplea estos artefactos.

La documentación recolectada que detalla estos movimientos administrativos será remitida a los magistrados intervinientes con el propósito de constatar si existieron contrataciones directas o direccionamientos de licitaciones públicas en favor de All Ways Group S.A. por parte de la gobernación provincial y de municipios del conurbano bonaerense durante el período de influencia política de Insaurralde. 

Entre las localidades identificadas que registran a esta firma como proveedora activa figura el municipio de Almirante Brown, conducido por el dirigente de la coalición kirchnerista Unión por la Patria, Mariano Cascallares, quien gobernó de forma ininterrumpida entre 2015 y 2021, reasumió entre 2023 y 2025, y ejerce actualmente sus funciones como diputado provincial manteniendo una histórica y estrecha alianza política con el exjefe de Gabinete lomense.

El alcance de las pesquisas judiciales sobre All Ways Group S.A. excede los lazos familiares de Jésica Cirio y Priscila Ferrante, extendiéndose también a los antecedentes penales de sus allegados. Cabe destacar que Ferrante es expareja de Heber Russo, un empresario que se encuentra procesado por la Justicia bajo cargos de fraude fiscal, lavado de dinero y emisión de facturas apócrifas. 

Asimismo, las verificaciones de los registros corporativos demuestran que tanto el domicilio legal como las identidades de los miembros del directorio de All Ways Group S.A. presentan coincidencias directas con firmas involucradas en el denominado escándalo de las fotomultas. 

Esta causa de corrupción penal preexistente provocó en el año 2024 la destitución y el consecuente procesamiento del entonces ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, dirigente vinculado al Frente Renovador que permanece bajo investigación formal por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública debido a severas anomalías en los contratos con los proveedores de radares de velocidad y los centros de Verificación Técnica Vehicular.

Investigan una presunta estafa piramidal millonaria: un abogado fue detenido y otro permanece prófugo

La Justicia investiga una presunta estafa piramidal que habría sido llevada adelante por dos abogados en el partido bonaerense de Ituzaingó. 

La causa, que se inició a partir de la denuncia de cinco personas que aseguran haber sido engañadas mediante falsas inversiones financieras, derivó en la detención de uno de los sospechosos y en un pedido de captura para el otro. 

 

Ambos están acusados de ofrecer supuestas oportunidades de inversión con elevados rendimientos en dólares que, según la investigación, nunca estuvieron respaldadas por operaciones reales.

Los imputados fueron identificados como Ángel Elías Gómez, de 45 años, y Juan Ignacio Lombardo, de 35. Gómez fue detenido durante un allanamiento judicial, mientras que Lombardo permanece prófugo y es intensamente buscado por las autoridades. 

De acuerdo con la investigación, ambos operaban desde una oficina comercial ubicada en el complejo Thays de Villa Udaondo, en Parque Leloir, donde se presentaban como "socio y dueño" de una firma denominada Avalon Capital Futures Investments, dedicada supuestamente a inversiones financieras.

Según la causa judicial, el mecanismo utilizado consistía en captar inversores mediante la promesa de obtener importantes ganancias en dólares a través de operaciones en criptomonedas y en los mercados bursátiles. 

Para generar confianza, los acusados aseguraban pertenecer a la Cámara de Comercio de Argentina y exhibían contratos de inversión que establecían rendimientos mensuales de entre el 2,5 % y el 5 %, además de garantizar la devolución del capital invertido en plazos previamente acordados.

Los investigadores sostienen que el esquema respondía al funcionamiento característico de una presunta estafa piramidal. De acuerdo con voceros de la fiscalía, durante los primeros meses los imputados abonaban a los clientes los intereses prometidos con el objetivo de consolidar la confianza de las víctimas e incentivarlas a realizar nuevas inversiones por montos cada vez mayores. 

Sin embargo, una vez obtenidos nuevos desembolsos, cesaban los pagos y dejaban de responder a los reclamos. 

Uno de los denunciantes declaró haber entregado 100.000 dólares en mayo de 2025 mediante la firma de un contrato de comisión para operaciones en el mercado de futuros. 

El acuerdo establecía la devolución del capital en un plazo mínimo de 180 días corridos, junto con un interés mensual del 3 %. Antes de cumplirse ese plazo, los acusados lograron convencerlo de realizar un segundo aporte de 30.000 dólares. 

Tras esa nueva inversión, el denunciante afirmó que dejó de percibir los pagos comprometidos y perdió todo contacto con los responsables.

Otra de las víctimas manifestó haber conocido la empresa a través de una publicidad difundida en redes sociales, en la que Avalon Capital Futures Investments se promocionaba como una firma especializada en inversiones en diversas actividades financieras. 

Según la denuncia, entregó un capital inicial de 350.000 dólares con la promesa de obtener una rentabilidad superior a la ofrecida por el mercado financiero tradicional. 

El contrato contemplaba una devolución con un interés mensual del 2,5 % en la misma moneda, aunque aseguró que únicamente recibió pagos durante los tres primeros meses y por montos considerablemente inferiores a los pactados.

Las restantes tres denuncias incorporadas al expediente corresponden a personas que habrían entregado 50.000, 250.000 y 64.400 dólares, respectivamente. 

En todos los casos, la modalidad denunciada fue similar: firma de contratos con promesas de elevados intereses mensuales, pago inicial de algunas cuotas para fortalecer la confianza de los inversores y posterior interrupción de los desembolsos.

La investigación está a cargo del fiscal Lucio Rivero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N.º 2 de Ituzaingó. En el marco de la causa se realizaron diversos allanamientos. 

En una vivienda ubicada sobre la calle Rodríguez Flores al 300, en Ituzaingó, fue detenido Gómez. Durante ese procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, una computadora portátil, carpetas vinculadas a Avalon Capital Futures Investments, un dispositivo de almacenamiento USB y dinero en efectivo.

Además, la Justicia incautó un automóvil Mercedes-Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper de color gris y una camioneta Dodge RAM 1500 de color blanco, todos ellos puestos a disposición del expediente judicial.

En paralelo, los investigadores allanaron el domicilio de Lombardo, ubicado en el barrio privado Buenos Aires Golf Club, en la localidad de Bella Vista, partido de San Miguel. 

Al momento del procedimiento el sospechoso no se encontraba en el inmueble, por lo que la Justicia libró un pedido de captura para lograr su detención.

También fue inspeccionada la oficina del complejo Thays desde donde presuntamente operaban los acusados. 

Allí los efectivos secuestraron una importante cantidad de contratos de inversión y documentación comercial que será analizada como parte de la investigación. Los pesquisas consideran que la cantidad de damnificados podría ser superior a las cinco personas que hasta el momento formalizaron sus denuncias.

La causa continúa en etapa de investigación y ambos abogados enfrentan cargos por presunta estafa reiterada en al menos cinco hechos, considerados en concurso real. 

Como medida cautelar, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes de Gómez y Lombardo mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar el alcance económico de las maniobras denunciadas y la eventual existencia de nuevas víctimas.

Dos explosiones cerca del hotel donde se alojaba Emmanuel Macron dejaron al menos 18 heridos durante su visita oficial a Siria

Dos artefactos explosivos de fabricación casera detonaron este martes en las inmediaciones del hotel Four Seasons, en el centro de Damasco, donde se hospedaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita oficial a Siria. Según informaron las autoridades sirias, las explosiones dejaron al menos 18 personas heridas, entre ellas cuatro efectivos policiales. El mandatario francés no se encontraba en el lugar al momento de las detonaciones, ya que había partido previamente hacia el palacio presidencial para cumplir con su agenda oficial, circunstancia que fue confirmada por la Presidencia de Francia.

De acuerdo con el Ministerio del Interior sirio, los explosivos se encontraban ocultos en un vehículo y en un contenedor de residuos, separados por aproximadamente 200 metros. Ambos dispositivos eran de fabricación casera y explotaron mientras equipos especializados desarrollaban tareas destinadas a neutralizarlos, en el marco del operativo de seguridad desplegado en la zona.

Las explosiones motivaron un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y ambulancias. Las autoridades procedieron a evacuar el área, establecer perímetros de seguridad y restringir el tránsito en las calles aledañas. Testigos presenciales informaron que varias personas resultaron heridas durante las detonaciones, mientras que periodistas presentes en el lugar observaron daños materiales en edificios cercanos, entre ellos el Ministerio de Turismo, ubicado frente al hotel, además de fragmentos metálicos y otros restos compatibles con la explosión de los artefactos.

Horas antes de los hechos, Macron había mantenido una reunión con representantes de organizaciones de la sociedad civil en el mismo hotel donde posteriormente ocurrieron las detonaciones. El convoy oficial francés ya se encontraba en desplazamiento hacia el palacio presidencial cuando se produjeron las explosiones, por lo que la delegación continuó con el programa previsto.

La visita oficial constituye un hecho de relevancia diplomática, al tratarse del primer viaje de un jefe de Estado de una potencia occidental a Siria desde la caída del gobierno de Bashar al Assad y la conformación, a finales de 2024, de un nuevo gobierno encabezado por una coalición islamista. Durante su estadía, Macron tenía previsto mantener reuniones con el presidente sirio Ahmed al Sharaa para abordar cuestiones vinculadas al proceso de reconstrucción del país, la estabilidad institucional, la unidad nacional y el fortalecimiento del pluralismo en el período de transición.

La delegación francesa estuvo integrada además por representantes del sector empresarial, entre ellos Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies. En el marco de la visita se analizaron también perspectivas de cooperación económica, especialmente en materia energética e infraestructura, considerando la posición estratégica de Siria como corredor de tránsito entre Irak y el mar Mediterráneo.

El incidente ocurre en un contexto de seguridad aún inestable. Siria atraviesa un complejo proceso de reconstrucción y transición política tras más de trece años de conflicto armado interno, mientras persisten desafíos vinculados a la seguridad y a la presencia de grupos armados. En los últimos días, otro atentado con explosivos registrado en un café del centro de Damasco había causado la muerte de diez personas, reflejando la continuidad de episodios de violencia pese a los esfuerzos orientados a la estabilización del país.

Comienza el juicio oral contra Heber Russo y la Justicia avanza sobre el entorno patrimonial de Martín Insaurralde y Jesica Cirio

El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata dará inicio en las próximas semanas al juicio oral y público contra el empresario Ariel Heber Russo, acusado de liderar una compleja asociación ilícita fiscal dedicada a la comercialización de facturas apócrifas, contrabando, tenencia ilegal de armas de guerra y lavado de activos provenientes de la corrupción. 

Según la acusación formulada por la fiscal Silvia Cavallo, la organización criminal operó de manera sistemática mediante la creación de sociedades fantasmas que carecían de capacidad operativa y financiera, con el único propósito de emitir comprobantes falsificados para beneficiar a más de 3.500 contribuyentes y empresas de todo el país. 

De acuerdo con las estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la evasión fiscal perpetrada a través de esta denominada usina de facturación alcanza los 4.077 millones de pesos, equivalentes a un fraude de aproximadamente 200 millones de dólares. 

El debate oral promete reactivar las derivaciones políticas del caso, ya que las pruebas recolectadas durante la instrucción exponen una densa trama de negocios, vínculos personales y presuntos desvíos de fondos públicos que conectan directamente al principal imputado con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su exesposa, la conductora televisiva Jesica Cirio.  

Los nexos de proximidad entre los involucrados exceden el plano comercial y se consolidaron a través de relaciones del entorno familiar íntimo. 

Heber Russo mantuvo durante años un noviazgo formal con Priscila Daiana Ferrante, de 33 años, quien es identificada en los expedientes judiciales como sobrina o prima de Jesica Cirio, e incluso fue designada como madrina de la hija del exmatrimonio. 

La propia Ferrante asumió un rol protagónico en el plano social al haber sido la organizadora de la boda entre el político y la modelo en el año 2014, ocasión en la que declaró públicamente ser la responsable directa de haber presentado a la pareja debido a la vecindad y los círculos comunes que compartían en la localidad de Lomas de Zamora. 

A pesar de que la mujer fue inicialmente sobreseída en una etapa previa del proceso penal por la usina de facturas, su situación jurídica dio un giro determinante al quedar bajo una exhaustiva investigación patrimonial sustanciada por el magistrado federal Luis Armella, a instancias de un requerimiento efectuado por el fiscal Sergio Mola. 

En este nuevo legajo, la Justicia federal ha puesto la mira sobre un impactante e injustificado patrimonio que figura registrado a nombre de Priscila Ferrante como titular o cotitular, el cual guarda una simetría exacta con los bienes que la AFIP adjudica a la estructura de lavado de su expareja, Heber Russo. 

 

La pesquisa patrimonial abarca un total de 77 propiedades inmuebles distribuidas en territorio nacional y en el exterior, entre las que se destacan lotes de campos, chalets de veraneo en Pinamar, departamentos de alta gama en el barrio porteño de Puerto Madero y dos unidades habitacionales ubicadas sobre Biscayne Boulevard en Miami, Estados Unidos, estas últimas adquiridas formalmente a través de la firma extranjera El Principito 1003 LLC. 

La flota bajo sospecha bajo la titularidad de Ferrante se compone de más de 200 vehículos—que incluyen automóviles particulares, camiones comerciales y motocicletas—, además de ocho embarcaciones náuticas, joyas de valor y sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera. 

Asimismo, las autoridades detectaron la vinculación de la joven con otra sociedad offshore radicada en Londres, denominada Muriel LLP.  

Dentro del conjunto de bienes inmuebles auditados, el juzgado federal concentra su atención en una lujosa residencia de Banfield Oeste, situada sobre la calle José María Penna al 1700. 

La propiedad cuenta con una superficie cubierta de 750 metros cuadrados distribuidos en ocho ambientes, cinco baños, parque, piscina, quincho con instalaciones de barras, hidromasaje y una habitación blindada antipánico con estrictas especificaciones de seguridad. 

Si bien el inmueble se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires a nombre de Priscila Ferrante y de su padre, el empresario Andrés Ferrante —quien posee antecedentes por una condena penal dictada en 2016—, la hipótesis principal de los investigadores sostiene que la adquisición habría sido financiada de forma encubierta por el propio Martín Insaurralde por un monto aproximado de 1,8 millones de dólares, operando los familiares de Cirio como aparentes testaferros del dirigente político.  

 

La conexión material entre la banda de piratería del asfalto y el patrimonio de los investigados ya registraba un hito clave originado en marzo de 2018, tras el robo de un camión de logística que transportaba cargamento de mercadería alimenticia de la firma Natura en la zona del Acceso Oeste. 

El posterior allanamiento policial de un galpón ubicado en la calle General Pico al 3300 de la localidad de Lanús, predio que era utilizado de manera irregular por dependencias de la municipalidad local para el acopio de vehículos judicializados, permitió el hallazgo no solo del cargamento sustraído, sino también de una serie de vehículos de lujo ocultos que se encontraban con documentación a nombre de miembros de la banda de Russo. 

Entre dichos rodados, las fuerzas de seguridad secuestraron un automóvil Audi A1 que figuraba a nombre de Jesica Wanda Judith Cirio, vehículo que de acuerdo con testimonios brindados por el mecánico del taller pertenecía a allegados con problemas judiciales y que, según declaraciones del testigo Osvaldo Pascual Galasso, habría constituido un obsequio de bodas efectuado directamente por Heber Russo al matrimonio Insaurralde-Cirio en virtud de su estrecha relación personal y de negocios en el municipio. 

Ante estas versiones, los voceros de la defensa alegaron en su momento que el rodado pertenecía a la modelo de forma previa al inicio del noviazgo y que su abandono obedecía a inconvenientes administrativos con el formulario de transferencia correspondiente.  

El avance de las investigaciones judiciales ha derivado en la adopción de severas restricciones procesales dictadas en las últimas horas por los tribunales federales, las cuales disponen la prohibición formal de salida del territorio nacional para Martín Insaurralde, Jesica Cirio y la modelo Sofía Clerici, junto a otros cuatro imputados de la causa. 

La medida restrictiva impone de igual modo la prohibición de alejarse a una distancia mayor a 50 kilómetros de sus respectivos domicilios constituidos sin previa autorización expresa del juzgado, así como la obligación accesoria de reportar formalmente cualquier tipo de desplazamiento interno que supere las 24 horas de duración. 

En paralelo a estas determinaciones, la defensa técnica del exjefe de Gabinete bonaerense articuló un planteo formal para requerir la exclusión probatoria de un material audiovisual obtenido en el vestidor de una propiedad del country Fincas de San Vicente, en el cual se observa a Cirio manipulando fajos de dólares. 

Los letrados argumentan que la prueba carece de validez legal por provenir de un presunto hackeo informático y sustracción indebida de dispositivos electrónicos, lo que a su criterio alteraría la cadena de custodia y la autenticidad de las imágenes. 

No obstante, el juzgado federal convalidó la realización de peritajes técnicos sobre el video y ordenó inspecciones oculares y allanamientos en los inmuebles involucrados a fin de certificar las evidencias patrimoniales en la antesala del juicio oral.  

Exigen justicia por el atentado al comedor de la Policía Federal en un acto por el cincuentenario del hecho

En el marco de la conmemoración del cincuentenario del cruento atentado perpetrado por la organización Montoneros en el comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Argentina, diversos sectores civiles, legisladores y familiares de las víctimas se congregaron en un acto frente al edificio ubicado en Moreno 1417, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reclamar el avance definitivo de las causas judiciales y la condena de los máximos responsables de la masacre. 

Durante el encuentro, convocado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita), la Unión de Promociones y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), se denunció la impunidad prolongada por medio siglo que rodea al segundo hecho terrorista más sangriento en la historia del país, el cual provocó la muerte de 24 personas y causó heridas o mutilaciones a otras 120 el 2 de julio de 1976.

Los oradores principales del acto concentraron sus reclamos en la reactivación penal contra los imputados que continúan con vida, solicitando que la Cámara Federal de Casación Penal ratifique la resolución dictada en diciembre de 2024 por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones. 

 

Aquel fallo había revocado la prescripción dictaminada previamente por la jueza federal María Servini de Cubría, ordenando la declaración indagatoria de Mario Firmenich y anulando los sobreseimientos de Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Lila Pastoriza y Norma Walsh. 

Los manifestantes señalaron que el proceso judicial se encuentra demorado debido a los recursos interpuestos por el propio Mario Firmenich, Patricia Walsh y el resto de los procesados, lo que ha dilatado una resolución definitiva e impedido la comparecencia de los acusados ante los tribunales.

En el plano político e institucional, se criticó con dureza el accionar del Poder Judicial y el desinterés de la dirigencia política, argumentando la existencia de una profunda asimetría y falta de imparcialidad en el tratamiento de la violencia de la década de 1970. 

El doctor Emilio Hardoy, en representación de la asociación Justicia y la Concordia, manifestó que los magistrados han carecido de voluntad y coraje para enjuiciar a los miembros de las organizaciones subversivas, contrastando dicha dilación con la celeridad aplicada para perseguir a los agentes estatales de la época. 

Asimismo, Hardoy acusó a las sucesivas gestiones de enaltecer el terrorismo, poniendo como principal ejemplo la imposición del nombre de Rodolfo Walsh, señalado en el acto como presunto autor intelectual del atentado, a la estación de subterráneo más cercana al lugar de la tragedia, calificando el hecho como una afrenta directa hacia la memoria de los caídos y sus familiares.

El acto contó con la presencia de figuras públicas como el diputado Guillermo Montenegro, la legisladora porteña Rebeca Fleitas —quien impulsó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para remover la denominación de Rodolfo Walsh de la red de transporte público, actualmente paralizado— y el escritor y cineasta Diego Recalde. 

Los testimonios de los sobrevivientes y familiares aportaron detalles sobre el impacto humano de la detonación de la denominada bomba vietnamita. Julio César Renzacci, sobreviviente del ataque tras sufrir el seccionamiento de su arteria femoral, relató las circunstancias de su evacuación hacia el hospital Rawson y criticó el temor actual de dirigentes como Mario Firmenich, Horacio Verbitsky, Fernando Vaca Narvaja y Patricia Walsh a declarar ante los tribunales. 

Por su parte, Gabriel Cepeda, hijo de la víctima fatal Josefina Melucci de Cepeda, lamentó la exclusión sistemática de los familiares dentro del proceso penal, mientras que Victoria Matienzo evocó la memoria de su hermano, el joven agente Ernesto Osvaldo Matienzo, reafirmando el compromiso familiar de sostener el reclamo activo de justicia frente a la inacción judicial.

Procesan y embargan por 20.000 millones de pesos al excuñado de Martín Insaurralde en una causa por corrupción en la obra pública

El juez federal Luis Armella dictó el procesamiento, un embargo de 20.000 millones de pesos y la prohibición de salida del país para el empresario Víctor Mariano Donadio, excuñado del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. 

La medida judicial responde a una investigación por irregularidades, desvíos de fondos y sobreprecios estimados en un 50% durante la licitación y construcción de la Ruta Provincial Nº 16, una obra pública vial que quedó destruida a los pocos meses de su inauguración.

La resolución judicial se enmarca en una estructura que vincula la contratación pública con el patrimonio privado de exfuncionarios. 

El fiscal Sergio Mola y el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, investigan de forma paralela si el patrimonio de Martín Insaurralde se financió mediante el direccionamiento de contratos en beneficio de la empresa Doio S.A. (originalmente Doio S.R.L.), propiedad de Donadio, y si dicha firma facilitó maniobras de lavado de dinero para el exjefe comunal.

Los lazos comerciales e inmobiliarios bajo la lupa judicial comenzaron en el año 2006, con una cesión de derechos suscripta entre Carolina Álvarez, primera esposa de Martín Insaurralde, y la firma Doio S.A. sobre un terreno en el barrio privado Fincas de San Vicente – Club de Chacras. 

Ese predio, donde posteriormente se edificó la mansión donde el exintendente convivió con su exesposa Jesica Cirio, fue transferido en 2011 a SASAXA LIBERO SA, una sociedad controlada por Insaurralde a través de su entorno familiar. Doio S.A. operaba simultáneamente como contratista de Lomas de Zamora, ejecutando obras firmadas por el propio Insaurralde, tales como la Estación de Transferencia de Banfield, el Honorable Concejo Deliberante y el Hogar de Mujeres Fátima Catán.

La investigación expone además una red de conexiones con el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, a través del contador Andrés Galera, miembro de la Cámara de la Construcción y titular de la firma Revilier SA. 

Esta última sociedad figuraba como dueña del departamento de lujo en el edificio Aleph Residence de Puerto Madero, donde residieron Insaurralde y Cirio en 2014. A su vez, Donadio recomendó a su socio en Doio S.A., el arquitecto Federico Alberto Curcio, para dirigir la construcción de la casa de Insaurralde y para asistir a José López en la edificación de su vivienda en Dique Luján.

El expediente específico de la Ruta Provincial Nº 16, conocida como "Camino de las Latas", detalla que el tramo de 12 kilómetros que une las rutas 58 y 210 —atravesando los municipios de Presidente Perón, Esteban Echeverría y Almirante Brown— fue adjudicado a Doio S.R.L. a pesar de que su capacidad técnica era de 13,4 millones de pesos, un tercio de lo exigido. 

Aunque el presupuesto original de la licitación de 2009 era de 36.500.000 pesos financiados por el Estado Nacional, sucesivas redeterminaciones elevaron el costo final a 57.641.065,23 pesos, registrándose sobreprecios del 43% según peritajes oficiales, pagos por movimientos de suelo inexistentes y el uso de materiales deficientes que obligaron a una repavimentación total posterior.

Por estas maniobras en la obra vial, la justicia procesó junto a Donadio al exintendente de Presidente Perón, Alfonso Aníbal Regueiro, quien autorizó los decretos y pagos, y a los exfuncionarios municipales Julio César Oneri (Obras Públicas) y Fernando Pablo Ortega (Hacienda).  

La medida alcanzó también a los miembros de la Comisión de Preadjudicación, Miguel Dahbar, Rosa Miño y Rosana Ruiz, al arquitecto Curcio en su rol de representante técnico, y a Gustavo Marcelo Gentili, exdirector del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), encargado de garantizar el flujo de los fondos federales.

La causa penal llega a esta instancia tras un prolongado letargo institucional bajo la instrucción del juez Federico Villena, quien comandó la investigación durante ocho años y dictó la falta de mérito de los acusados en abril de 2025 de manera arbitraria. 

Tras la apelación del Ministerio Público Fiscal, la Cámara Federal de La Plata anuló dicha resolución, denunció la inacción judicial y apartó a Villena, derivando las actuaciones al juzgado de Luis Armella, quien dispuso los procesamientos definitivos. 

Actualmente, el fiscal Sergio Mola mantiene un litigio con el juzgado para agilizar la ejecución efectiva de los embargos preventivos y evitar que los imputados despatrimonien sus bienes.

Homicidio de una mujer durante un robo en una vivienda de Ezpeleta

Una mujer de 44 años, identificada como Zoraida Angélica Suárez Medrano, fue asesinada de un disparo en su vivienda de la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes, luego de que un grupo de delincuentes ingresara a la propiedad con fines de robo y sustrajera una bicicleta junto con dos teléfonos celulares. El episodio delictivo ocurrió pasada la medianoche en un domicilio ubicado sobre la calle Baradero al 4500, lugar donde la víctima residía y se encontraba acompañada por sus familiares en el momento en que se registró la letal irrupción armada.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones e investigaciones policiales, el grupo criminal, compuesto por al menos cuatro individuos que vestían prendas oscuras y chalecos similares a los utilizados en el rubro del transporte o la logística, accedió al terreno por la parte trasera de la propiedad. Al ingresar formalmente al inmueble, los asaltantes simularon de forma falsa un procedimiento policial de allanamiento y redujeron con extrema violencia a una de las hijas menores de edad de la víctima, exigiéndole la entrega inmediata de sumas de dinero en efectivo mediante amenazas de muerte con armas de fuego.

Ante la agresión física y las reiteradas amenazas dirigidas hacia la menor, Suárez Medrano intervino en su defensa, lo que desencadenó un forcejeo directo contra uno de los atacantes en el interior de la finca. En medio de la confrontación, el delincuente efectuó un disparo a corta distancia con un arma de fuego de fabricación casera que impactó de forma directa en la zona de la axila izquierda de la mujer, provocándole severas heridas internas y una hemorragia masiva.

Tras consumar la agresión armada y apoderarse de los dispositivos móviles de comunicación y del vehículo particular, los autores del crimen arrastraron a la víctima herida hacia el exterior de la casa y se dieron a la fuga de inmediato. Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes arribaron al sitio tras recibir un llamado de alerta mediante el servicio de emergencias 911, constatando la gravedad de la situación e iniciando el traslado de urgencia de la mujer hacia el centro de salud asistencial más cercano.

La víctima ingresó en un estado crítico y casi inconsciente al Hospital General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte de Quilmes, donde el personal médico de guardia implementó las maniobras pertinentes de estabilización. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico del establecimiento para salvar la vida de la paciente, las gravísimas lesiones internas ocasionadas por el proyectil determinaron su deceso pocas horas más tarde en las instalaciones del centro hospitalario.

La investigación del caso penal quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Número 4 del Departamento Judicial de Quilmes, dependencia que caratuló formalmente el expediente bajo la calificación legal de homicidio en ocasión de robo. Asimismo, las autoridades fiscales intervinientes ordenaron el despliegue técnico de peritos pertenecientes a la Policía Científica en la escena del crimen para recolectar evidencia forense y dispusieron el correspondiente traslado del cuerpo para la realización de la autopsia reglamentaria, mientras las fuerzas de seguridad continúan con los operativos correspondientes para dar con el paradero de los sospechosos, quienes permanecen prófugos de la justicia.

A 50 años del atentado a Coordinación Federal: familiares piden justicia, mientras el Ministerio de Seguridad Nacional contrata empresas de ex-terroristas

A medio siglo de uno de los capítulos más sangrientos de la violencia política en la Argentina, el brutal atentado de la organización terrorista Montoneros contra el comedor de la Superintendencia de Coordinación Federal, los lazos entre el pasado y el presente económico del país vuelven a cruzarse de forma polémica.

A pesar de los constantes reclamos de justicia y memoria por parte de los familiares de las víctimas directas de aquel ataque, el Estado nacional continúa canalizando millonarias sumas de dinero público hacia empresas íntimamente vinculadas con antiguos miembros de esa cúpula terrorista.

La controversia se sitúa hoy en el corazón de las carteras de orden público, donde la en su momento ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y la actual ministra Alejandra Monteoliva se encuentran señaladas por convalidar millonarios negocios con quienes formaron parte activa de las estructuras terroristas y que nunca fueron investigados ni condenados.

El eje central de esta trama económica y política se focaliza en la firma Surely S.A., una compañía tecnológica que ostenta un virtual monopolio en el suministro y monitoreo de tobilleras electrónicas para detenidos en todo el territorio nacional.

Al frente de esta corporación se encuentra Mario Montoto, un hombre cuya biografía se remonta a los años setenta como un integrante clave del grupo armado Montoneros, habiéndose desempeñado formalmente como la mano derecha y secretario del máximo líder de la organización, Mario Firmenich.

Décadas después de aquella escalada violenta que marcó al país, el perfil de Montoto experimentó una metamorfosis comercial que lo transformó en el principal proveedor de alta tecnología de vigilancia, compartiendo además una amistad histórica con Patricia Bullrich desde los años 70.

La red de influencias e interconexiones de Surely S.A. se extiende de manera ramificada a través de sus estructuras corporativas y registros oficiales.

Su entramado de directores y socios incluye nombres clave del ámbito empresarial y de la seguridad, tales como Rafael Antonio Salamanca, Roberto Orlando Juárez, Gabriel Marcelo Perrone, Raúl Alberto Tesone, Florencia L. Spezzano, Silvina María del Valle Marchiori, Carlos Omar Ruda y Antonio Brunet.

De manera sumamente comprometedora, dentro de la mesa de directores de la empresa del exmontonero figura Octavio Marcelo Acosta Mavrich, quien ostenta la condición de Persona Expuesta Políticamente debido a su cargo como Subcomisario de la Policía Federal Argentina, actualmente retirado.

Estas relaciones se entrelazan de forma institucional con otras personas jurídicas del mercado local. Los directores Rafael Antonio Salamanca y Gabriel Marcelo Perrone extienden su control directo hacia la firma General Industries Argentina Sociedad Anónima.

Asimismo, Gabriel Marcelo Perrone conecta los intereses de Surely S.A. al desempeñarse como director en Sinectis S.A. y como socio y director en prestigiosas consultoras como Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PWC Business Advisory Services Argentina.

Por su parte, Roberto Orlando Juárez vincula operativamente a la compañía al figurar como socio en la asociación civil Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción y en la influyente Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (C.A.S.E.L.), donde también ocupa un rol directivo.

Finalmente, Raúl Alberto Tesone completa este esquema corporativo desempeñando funciones de dirección en la empresa Crown Plastic Closures Argentina.

La dimensión política de la familia Montoto se expande además a través de su hija, Fernanda Raverta —fruto de su relación con María Inés Raverta, desaparecida en 1977—, quien fuera titular de la ANSES y fundadora de HIJOS Mar del Plata, lo que añade un lazo directo con las cúpulas del kirchnerismo.

La indignación de los sectores que aún exigen el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la agrupación terrorista convive de manera directa con las fuertes sospechas de corrupción y licitaciones amañadas en los procesos de contratación del Estado.

Las recientes licitaciones tramitadas por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad de la Nación han encendido las alarmas de competidores internacionales y legisladores de la oposición, quienes denuncian que los pliegos han sido sistemáticamente direccionados para favorecer de forma exclusiva a la firma de Montoto.

 

Empresas globales como la brasileña Synergye y la suiza Geostatis han impugnado formalmente estos procesos ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, argumentando la existencia de una grave situación de irregularidad basada en requisitos de cumplimiento imposible.

Entre las anomalías técnicas detectadas, se destaca la exigencia restrictiva de poseer experiencia previa y local en monitoreo en Argentina, lo que anula de forma deliberada la participación de oferentes extranjeros que operan exitosamente en decenas de países del mundo.

Del mismo modo, se denunciaron pliegos con condiciones tecnológicas obsoletas orientadas a favorecer el sistema basado en la tecnología israelí Attenti que utiliza Surely S.A., la cual opera mediante radiofrecuencia inferior a 1 GHz conectada a un dispositivo intermedio.

Este esquema arcaico deja de lado herramientas modernas utilizadas globalmente como el GPS integrado, sistemas operativos universales como Android o iOS y el reconocimiento biométrico, encareciendo y precarizando el control penitenciario, tal como ocurre con la propia tobillera de monitoreo que porta Cristina Kirchner.

Sumado a las trabas técnicas, las barreras financieras impuestas resultan prohibitivas; un ejemplo de ello es la garantía de impugnación exigida por el Ministerio de Justicia, que ascendió a la exorbitante cifra de 3.501.720 dólares, bloqueando cualquier reclamo de los competidores.

La diputada nacional Mónica Frade, perteneciente a la Coalición Cívica, documentó formalmente ante la Ley N.º 27.442 cómo Surely S.A. ha monopolizado las adjudicaciones desde el año 2002, acumulando millonarios contratos estatales a lo largo del tiempo.

Entre el historial de contrataciones recopilado por Frade se detallan adjudicaciones en Río Negro por 5 millones de pesos en 2015, en la Provincia de Buenos Aires por 112 millones en 2017, y contratos con el Estado Nacional en 2018 por un total de 903 millones de pesos.

La progresión continuó en 2019 con un contrato en la Ciudad de Buenos Aires por 1.476 millones de dólares y otro a nivel nacional por 4.298 millones de pesos; seguidos por adjudicaciones en Mendoza de 1.506 millones de dólares en 2021 y 4 millones de dólares en 2024.

A nivel nacional, en el año 2022 se convalidó un contrato por 3.723 millones de pesos para tres mil servicios diarios, escalando en 2025 a un proceso de contratación por 110.970.000 dólares en el Ministerio de Justicia para once mil servicios diarios, superando ampliamente todos los valores de referencia esperados.

En sintonía con este patrón de beneficios, el Ministerio de Seguridad Nacional adjudicó de forma directa el 22 de julio de 2025 una orden de compra abierta a favor de Surely S.A. por la monumental cifra de 63.510.000 dólares.

Este esquema de sobreprecios se hace evidente al contrastar la realidad local con el mercado internacional: mientras que en Colombia el servicio similar cuesta cerca de 5 dólares diarios y en Portugal ronda los 7 euros, la oferta argentina de la firma de Montoto ascendió a 20,25 dólares diarios.

La persistencia de estos vínculos y beneficios comerciales ha llevado a la firma Synergye a anunciar una denuncia penal inminente, mientras la Oficina Anticorrupción enfrenta crecientes presiones para auditar y desmantelar un monopolio que encarece la justicia y compromete la ética pública del país.

Operación Tango: La "Lavandería" Transnacional del Entorno de Daniel Muñoz a Juicio Oral

El Ministerio Público Fiscal ha dado por cerrada la etapa de instrucción y formalizó el requerimiento de elevación a juicio de una de las mayores redes de lavado de dinero de la historia penal argentina. 

La investigación judicial detalla con precisión quirúrgica cómo una estructura criminal integrada por coautores, testaferros y asesores profesionales montó un entramado corporativo global con un único objetivo: reintroducir al circuito legal decenas de millones de dólares originados en la masiva red de recaudación ilegal adjudicada al fallecido secretario presidencial, Héctor Daniel Muñoz. 

 

Según el dictamen fiscal, la banda operó sin interrupciones desde el año 2010 mediante maniobras financieras coordinadas en más de seis países.

El motor económico de este esquema delictivo dependía del dinero en efectivo que Muñoz recolectaba de forma semanal en la Ciudad de Buenos Aires, montos que oscilaban entre los 500.000 y el millón de dólares. 

Este dinero negro era acopiado temporalmente en las oficinas de la firma Madaco S.A., ubicadas sobre la calle Pedro Ignacio Rivera, lugar que contaba con estrictas medidas de seguridad, cajas fuertes y hasta máquinas trituradoras de papel. 

Desde esa base logística, la organización coordinaba con cuevas financieras y casas de cambio locales de Mar del Plata el envío del dinero hacia el exterior mediante canales marginales de transferencia de divisas.  

La primera fase de la internacionalización de los fondos estuvo a cargo del matrimonio marplatense compuesto por Sergio Esteban Todisco y Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy, titulares de la tradicional inmobiliaria Ortiz Lizmar.

Con la asistencia inicial del agente inmobiliario Osvaldo Fabián Parolari y el letrado Marcelo Gustavo Danza, la pareja constituyó las firmas matrices Gold Black Limited y Old Wolf Limited en las Islas Vírgenes Británicas. 

A partir de estas corporaciones offshore, desplegaron una docena de subsidiarias en el estado de Florida, Estados Unidos, tales como Free Experience Inc. y Harbor Golden Inc., diseñadas para actuar como las compradoras formales de bienes raíces de altísimo valor.

El dinero espurio, una vez situado fuera de la Argentina, se consolidaba en cuentas internacionales abiertas en la Banca Privada de Andorra y en entidades financieras de Suiza. 

Desde estas plazas, Todisco y el empresario patagónico Carlos Temístocles Cortez ordenaban giros millonarios dirigidos a cuentas de fideicomisos (Trust Funds) controladas por estudios jurídicos estadounidenses, como el del abogado Iñaki Saizarbitoria en Miami. 

Este sofisticado circuito bancario permitía que los fondos figuraran como adelantos legítimos para transacciones comerciales e inmobiliarias en el mercado formal de los Estados Unidos.

La magnitud de las adquisiciones materiales de la organización incluye activos inmobiliarios icónicos: la Unidad 1608 del célebre The Plaza Hotel en Nueva York, adquirida por 1.850.000 dólares, y el fastuoso condominio del complejo Regalia en Miami, valuado en 10.700.000 dólares. 

Asimismo, la firma Mother Queen Inc. desembolsó 12.120.000 dólares en efectivo por un local comercial estratégico sobre la calle SW 8 St. en Miami. De acuerdo con las confesiones recogidas en el expediente, la banda prefería los locales comerciales porque aseguraban rentas estables a largo plazo mediante contratos con grandes cadenas norteamericanas, lo que dotaba al dinero ilícito de un flujo constante de legalidad.

Sin embargo, el engranaje perfecto de la organización sufrió dos fisuras severas entre 2015 y 2016. 

La primera fue interna y de índole civil: el conflictivo divorcio de Todisco y Ortiz Municoy, lo que obligó al apartamiento de Todisco y a una reconfiguración de los directorios. Ante este escenario, Carolina Pochetti y Daniel Muñoz recurrieron a su círculo familiar de confianza, delegando el mando formal de la estructura en Carlos Adolfo Gellert (primo hermano de Pochetti) y su esposa, la ciudadana mexicana Perla Aydee Puente Resendez. 

El segundo impacto, de carácter definitivo, fue la filtración internacional de los denominados Panama Papers en abril de 2016, que expuso públicamente a la firma matriz Gold Black Limited.

La revelación periodística desató un pánico total en la banda, acelerado además por el agravamiento de la salud de Muñoz, quien fallecería pocas semanas después. Es en este punto crítico donde el requerimiento judicial ubica la intervención del "escudo profesional" de la organización, comandado por el abogado Miguel Ángel Plo, su hija María Jesús Plo y el letrado Federico Zupicich. 

 

Este equipo legal abandonó las estrategias de retención de activos y ordenó una desinversión masiva y apresurada (panic selling) de todo el porfolio inmobiliario en los Estados Unidos para borrar cualquier rastro judicial.

Las maniobras de liquidación de activos se ejecutaron mediante transacciones relámpago a precios subvaluados o en operaciones de "pase" ficticio. 

Un ejemplo paradigmático recogido por los investigadores es el del inmueble comercial de Harbor Golden Inc. en Miami Shores: fue vendido en marzo de 2017 a la firma Greentree Holdings LLC por 4.800.000 dólares, la cual, apenas seis días después, lo revendió exactamente por el mismo valor a Miami 9005 LLC, una cáscara societaria constituida apenas 24 horas antes en el opaco estado de Delaware. 

Idéntica velocidad tuvo el desarme del departamento de Regalia, traspasado a una firma que lo volvió a vender a las 72 horas perdiendo más de un millón de dólares en el camino.

Para terminar de asegurar la impunidad y alejar los capitales del alcance de la justicia federal argentina, la organización criminal requirió el asesoramiento técnico de operadores financieros de alto vuelo institucional. 

Según la acusación, Jorge Isidro Baltazar Bounine convocó al contador Juan Manuel Campillo, exministro de Hacienda santacruceño, para coordinar la ingeniería financiera de fuga final. 

Por estas gestiones de desarme corporativo, Campillo recibió la suma de 200.000 euros en efectivo directamente de manos de Bounine en una propiedad residencial de Tigre.

Los fondos remanentes de las masivas ventas en Estados Unidos no regresaron jamás a la Argentina, sino que fueron atomizados y distribuidos geográficamente en una tercera fase de lavado. 

Millones de dólares salieron de las cuentas del Bank of America del grupo criminal hacia empresas de logística, electrónica y computación en Delaware y California, tales como Cono Sur Logistics Corporation y Three Trees International Inc.. 

Simultáneamente, otra porción sustancial de la fortuna fue reconducida a cuentas del Banco Mercantil del Norte en México, ligadas a corporaciones aztecas como Xangar Negocios S.A. de C.V..

En paralelo a la ruta norteamericana y mexicana, se probó la existencia de ramificaciones de inversión en Sudamérica y Oceanía. 

El empresario Carlos Temístocles Cortez, socio histórico de los hermanos Leonardo y Rubén Llaneza en el negocio farmacéutico de Santa Cruz, combinó su patrimonio formal con los dividendos de Muñoz. Cortez adquirió de forma directa la lujosa residencia "Lobo Viejo" en Punta Ballena, Uruguay, que pertenecía originariamente a Muñoz y Pochetti. 

Además, la justicia detectó que este grupo empresario ramificó sus inversiones ocultas mediante fideicomisos en Nueva Zelanda (Orion Trust) y en las Islas Turks y Caicos (Woodhaven Limited).  

El requerimiento de elevación a juicio presentado ante los tribunales federales se sostiene sobre un volumen probatorio abrumador e inédito. 

El expediente cuenta con documentación bancaria y societaria provista de forma directa por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos bajo la denominada "Operación Tango", los registros de flujos de la ex Banca Privada de Andorra, exhortos de México y Uruguay, y los cruces de llamadas de la Policía Federal Argentina. 

Con los principales acusados embargados por sumas multimillonarias y bajo prisión preventiva, la causa entra en su recta final, marcando un hito en la persecución penal del lavado de dinero transnacional de origen político. 

Justicia federal investiga al titular de la ARCA por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Según informa La Nación, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi libró exhortos internacionales a los Estados Unidos con el objetivo de avanzar en la investigación criminal que involucra al actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez. 

La medida judicial busca determinar de manera fehaciente si el funcionario es el propietario real de tres inmuebles ubicados en el estado de Florida, los cuales no habrían sido incluidos en sus declaraciones juradas patrimoniales.

 La resolución del magistrado atiende de forma directa al requerimiento formulado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

El fiscal general propuso una serie de medidas de prueba adicionales para profundizar la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión fiscal.

Asimismo, la PIA considera que el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal ya cuenta con evidencias suficientes para indagar a Vázquez por el delito de omisión maliciosa de datos.

El entramado de sociedades y los bienes en Florida

De acuerdo con la reconstrucción patrimonial efectuada por los organismos de investigación, los departamentos situados en la ciudad de Miami fueron adquiridos entre los años 2013 y 2015. Las operaciones se realizaron a través de dos firmas constituidas en Panamá: Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. 

Ambas estructuras jurídicas pasaron en 2016 al control de Galanthus Capital Limited, una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas en cuyos registros Andrés Gerardo Vázquez figura expresamente como beneficiario final. Adicionalmente, se constató que desde el año 2021 las hijas mellizas del funcionario ejercen los cargos de secretaria y tesorera en las dos sociedades panameñas.

La Procuraduría reunió diversos indicios comerciales y fácticos para sostener que Vázquez es el verdadero titular de los bienes, valuados en más de dos millones de dólares:

• Pago de tributos: El funcionario y su exesposa, Silvia Ivone Rodríguez (quien también se desempeña como funcionaria de la ARCA), abonaron de forma particular tasas e impuestos municipales de los inmuebles en Florida por un monto aproximado de 136.000 dólares entre 2014 y 2018, recibiendo reembolsos a sus nombres.
• Uso familiar y domicilios: Las hijas del imputado residen desde 2022 en una unidad del complejo Sunny Isles vinculada a Pompeya Group Corp. Por otra parte, el domicilio particular de Vázquez en el barrio de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó registrado ante las autoridades de Florida como la sede oficial de Alcorta Corp.
• Inconsistencia financiera: El dictamen de la PIA expone una severa desproporción en el flujo de fondos. En el período previo a la adquisición de un departamento en el complejo Icon Brickell, el investigado declaró disponibilidades líquidas por 40.000 dólares, una cifra marcadamente inferior a los 1.100.000 dólares que demandaron las transacciones inmobiliarias de las firmas vinculadas.

Ramificaciones locales y el uso de sociedades pantalla

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal, donde también interviene el fiscal federal Guillermo Marijuan, extiende la sospecha hacia la firma Consultora San Andrés SA. Esta empresa, controlada en un 51% por Vázquez junto a su hermana, carece de empleados registrados pero llegó a registrar la titularidad de cuatro vehículos de forma simultánea. 

Según los investigadores, la firma habría otorgado un préstamo financiero al funcionario para la adquisición de su vivienda en Puerto Madero, una maniobra que la fiscalía encuadra en el posible uso de una "sociedad pantalla" para canalizar dinero no declarado.

Bajo la lupa judicial se encuentra además la compra, efectuada en 2018, de un departamento tríplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building (Faena Properties), también en Puerto Madero.

Dicha propiedad fue escriturada por un valor cercano a los 226.000 dólares, un monto que la PIA califica como un claro indicio de subvaluación, dado que unidades de idénticas características en la zona se comercializaban por más del doble de ese valor.

Requerimientos de información y plazos procesales

A fin de constatar el origen y destino de los fondos, el juez Martínez de Giorgi ordenó librar exhortos a las entidades bancarias estadounidenses Bank of America, PNC y Wells Fargo para acceder a los extractos financieros de Vázquez y su núcleo familiar, así como para verificar la existencia de cuentas operadas por Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.  

Del mismo modo, se solicitó formalmente a las autoridades de los Estados Unidos el registro detallado de los movimientos migratorios del grupo familiar. 

En el ámbito local, los pedidos de informes fueron dirigidos a la propia ARCA, al Colegio de Escribanos y al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py señalaron que los plazos de la causa supeditan su avance a la cooperación internacional de las autoridades norteamericanas, un trámite que puede demorar desde unos meses hasta más de dos años en caso de mediar pedidos de aclaración técnica. 

Por su parte, en el entorno del Poder Ejecutivo, Vázquez alegó de manera informal que las propiedades pertenecerían a un tercero cuya identidad no ha sido aportada ni ratificada formalmente en el expediente judicial. 

El reproche penal por la presunta omisión maliciosa abarca los períodos fiscales que van de 2012 a 2015, y el correspondiente al año 2023.

Sospechan que se creó un mecanismo para subvaluar los activos del Estado que Javier Milei busca privatizar

En el marco del programa de reforma del Estado y desregulación económica impulsado por la administración del presidente Javier Milei, se han presentado denuncias ante la justicia federal que advierten sobre presuntas irregularidades en los procesos de valuación de seis empresas públicas estratégicas sujetas a privatización: Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), Intercargo, Transener, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas de la región de Comahue. 

La sospecha central apunta al desplazamiento de los organismos técnicos competentes para habilitar tasaciones confidenciales y por debajo del valor de mercado.

La controversia comenzó tras la decisión unilateral del presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), el arquitecto Julio Roberto Villamonte —designado bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger—, de apartar al cuerpo colegiado de estas tasaciones.

Según constancias oficiales, Villamonte adujo facultades de representación institucional contempladas en la Resolución 72/2023 para omitir la intervención del plenario del tribunal, delegando de forma fáctica dicha responsabilidad en el sector bancario y financiero.

Modificaciones institucionales en el BICE

Ante el rechazo formal de los peritos técnicos del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina a realizar los peritajes debido a la falta de antecedentes específicos y el riesgo de contingencias legales, el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, derivó el procedimiento al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). 

Esta entidad modificó su estructura orgánica interna mediante el desplazamiento de su anterior conducción y la posterior designación de Maximiliano Voss como presidente y de Felipe Núñez como director.

Bajo la nueva conducción, el BICE constituyó formalmente en julio de 2025 una estructura denominada Unidad de Valuaciones, cuya creación quedó asentada en la Memoria Anual del ejercicio de ese año. 

A través de este departamento ad hoc, se procedió a calificar los informes patrimoniales y las proyecciones financieras bajo la condición de "información sensible", aplicando cláusulas de confidencialidad y secreto financiero. 

Dicha reserva documental fue ratificada mediante resoluciones de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), actualmente a cargo de Diego Chaher.

Estado de las operaciones y presentaciones judiciales

Las objeciones administrativas escalaron a sede judicial mediante la impugnación de los procedimientos licitatorios y de adjudicación, fundamentadas en la presunta violación de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, la cual exige publicidad, transparencia y la determinación de un presupuesto oficial sustentado técnicamente.

 

Centrales Hidroeléctricas de Comahue y Transener: Las centrales de Alicurá y Cerros Colorados fueron adjudicadas a la firma Edison, controlada por los empresarios Juan y Patricio Neuss. La Fundación Soberanía de Neuquén promovió una demanda penal ante el Juzgado Federal de General Roca, en la provincia de Río Negro, alegando la ausencia de un valor oficial regulado. Asimismo, la transferencia de las acciones estatales en Citelec (controladora de Transener) a la misma firma por un monto de 356 millones de dólares fue objetada debido a fallas técnicas registradas en la plataforma oficial CONTRAT.AR durante la apertura de ofertas, afectando la postulación de Central Puerto.

Intercargo: El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 aceptó como parte querellante a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). El tribunal libró órdenes de presentación de informes al Ministerio de Economía y al BICE para auditar los criterios técnicos aplicados. La denuncia gremial sostiene que se fijó un precio base de 45 millones de dólares, una cifra inferior a los activos financieros líquidos de la compañía, estimados en 55 millones de dólares, omitiendo el valor de la infraestructura física y los contratos de servicios vigentes en los aeropuertos.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA): Sectores técnicos de la prestataria señalaron que el valor real de los activos nucleares se ubica entre los 10.000 y 11.000 millones de dólares. Advirtieron que el esquema diseñado por el Poder Ejecutivo contempla la enajenación del 44% del paquete accionario por una suma proyectada de 1.000 millones de dólares, lo que implicaría una infracción a la Ley N° 21.126, que regula la tasación obligatoria de activos de generación nucleoeléctrica por parte de ingenieros especialistas calificados.

Tras estos hechos legisladores impulsaron pedido de informes.

Enviaron a juicio a 33 acusados por lavar USD 100 millones vinculados a Daniel Muñoz: el entramado societario y las reformas urgentes para evitar su repetición

En una resolución de profunda trascendencia institucional para el Servicio de Justicia, el Juzgado Federal 11 decretó de manera oficial el cierre de la etapa de instrucción y ordenó la elevación a juicio oral y público de 33 personas acusadas de integrar una compleja asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo. 

Las maniobras de blanqueo, que según los registros judiciales ascendieron a una suma aproximada de USD 100.000.000, tuvieron como principal beneficiario y organizador al fallecido exsecretario Daniel Muñoz. 

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía convalidada por el tribunal, Muñoz canalizó fondos millonarios provenientes de la corrupción pública ocurrida entre los años 2003 y 2015, reintroduciéndolos en el circuito legal formal a través de una red de sociedades comerciales, vehículos de alta gama, cuentas bancarias y bienes raíces distribuidos estratégicamente dentro del territorio de la República Argentina y en múltiples jurisdicciones internacionales.

La pieza jurídica emitida por la magistratura detalla el funcionamiento sistemático de una estructura financiera que operaba bajo una metodología delictiva coordinada. 

En esta porción de las maniobras analizadas, el dinero de origen ilegal era recolectado de manera principal por Roberto Baratta, en su carácter de subsecretario de Coordinación y Control de Gestión dependiente del Ministerio de Planificación Federal, con la participación activa de otros funcionarios públicos de la administración nacional.

Las pruebas colectadas determinaron de forma fehaciente que los caudales acumulados por Baratta fueron entregados de manera física a Daniel Muñoz en al menos 87 oportunidades documentadas, teniendo como escenarios de entrega domicilios particulares estrictamente vinculados al matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, así como la propia residencia presidencial de Olivos.

La Ruta de los Caudales: Del Bolso en el Automóvil a los Rascacielos de Manhattan

La presente causa penal funciona como una derivación jurídica directa de la matriz conocida como "Causa Cuadernos". Para entender la mecánica del caso, es necesario realizar una reconstrucción cronológica y narrativa del circuito del dinero. 

El relato criminal comienza en las calles de Buenos Aires, donde el chofer Oscar Centeno manejaba un vehículo particular encargado de transportar millones de pesos y dólares en efectivo.

 

Este dinero en efectivo representaba el cobro de sobreprecios y retornos ilícitos exigidos a empresas contratistas de obra pública, servicios públicos, transporte y concesiones viales. 

El dinero transportado por Centeno era recolectado formalmente por Roberto Baratta y sus colaboradores directos. Una vez consolidado el efectivo, Baratta se trasladaba hacia puntos neurálgicos de poder: los domicilios privados del matrimonio Kirchner y la Quinta Presidencial de Olivos. 

Allí, en un total de 87 ocasiones verificadas por las anotaciones y los cruces de antenas telefónicas, el efectivo era entregado a Daniel Muñoz, quien en ese entonces oficiaba como el secretario privado de la máxima magistratura de la Nación.

Una vez que Muñoz se encontraba en posesión de los fondos, comenzaba la segunda fase del plan de la organización: la mutación del dinero físico en activos estables y formalmente legales. 

A nivel nacional, la red criminal estructuró una serie de firmas comerciales que sirvieron como pantallas operativas y vehículos de inversión. 

El entramado local tuvo como ejes centrales a las sociedades comerciales denominadas MADACO, MM SERVICIOS, CAYUQUEO, MALABIA 1741 SA, VIAL SUR, PATAGON ADVENTURE SRL, PATAGON EXPERIENCE SRL y NEW WALL SA. A través de este bloque de empresas de fachada, la organización adquirió de manera masiva fondos de comercio, vehículos particulares y propiedades inmobiliarias. 

Las transacciones se pagaban de forma total o parcial en efectivo, una metodología que no se correspondía en absoluto con la capacidad económica declarada por los intervinientes ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Para mantener el control sin figurar en los registros oficiales, los líderes de la organización otorgaban poderes generales amplios a familiares y allegados de extrema confianza, realizando reventas consecutivas que arrojaban diferencias abismales entre el precio de compra y el de enajenación. 

El dinero de la corrupción terminó financiando de este modo la compra de garajes comerciales, desarrollos inmobiliarios en expansión y empresas operativas dentro del rubro farmacéutico y de servicios de mantenimiento general en las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

La Expansión Internacional: Offshore e Inmuebles de Lujo

Sin embargo, el volumen del capital ilegal acumulado superó las capacidades de absorción del mercado interno argentino. 

Ante esta situación, Daniel Muñoz y sus asesores financieros diseñaron un entramado internacional de lavado que se extendió hacia los Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas y las islas Bahamas. 

El juzgado determinó la creación de al menos 16 sociedades de carácter offshore concebidas con el único fin de fragmentar el dinero y ocultar al verdadero beneficiario final. 

 

Entre las firmas internacionales identificadas formalmente en el expediente figuran: DREAM GOLDEN ENTERPRISES INC, FREE EXPERIENCE INC, HARBOR GOLDEN INC, MOTHER QUEEN INC, NORTH GOLDEN INC, SOUTH GOLDEN INC y OLD WOLF LTD.

Utilizando el velo corporativo de estas sociedades, la organización adquirió un patrimonio inmobiliario compuesto por al menos 16 propiedades de lujo: 14 ubicadas en zonas exclusivas de Miami y dos rascacielos residenciales y comerciales en la ciudad de Nueva York. 

El expediente penal detalla transacciones internacionales específicas de alto valor: la adquisición de una unidad residencial exclusiva dentro de las instalaciones de The Plaza Hotel en Nueva York por un monto total de USD 13,05 millones; la compra de una segunda unidad complementaria en el mismo establecimiento, The Plaza Hotel, por un valor de USD 1,85 millones; la compra de un inmueble en la exclusiva villa turística de Bal Harbour, en Miami, valuado en USD 4 millones; la adquisición de una propiedad de gran envergadura en la costa de Sunny Isles Beach por la suma de USD 10,7 millones; y una operación inmobiliaria corporativa sobre una locación comercial en Miami por un valor de USD 12,12 millones.

Este millonario imperio inmobiliario global comenzó a desmoronarse entre los años 2015 y 2017. La organización criminal se vio forzada a iniciar un proceso acelerado de liquidación, venta y desinversión de sus activos fijos. 

Dos acontecimientos externos e internos precipitaron el pánico de los acusados: en primer lugar, la filtración periodística global conocida como los "Panama Papers", que expuso las estructuras opacas del grupo; en segundo lugar, el fallecimiento del propio Daniel Muñoz en mayo de 2016. 

Las ventas apuradas de los inmuebles en los Estados Unidos buscaron borrar los rastros de la inversión y fugar el dinero hacia cuentas bancarias de otras jurisdicciones laxas.

Nómina Completa de los Imputados

La resolución definitiva dictada por el tribunal alcanza a 33 personas físicas que deberán responder ante un tribunal oral en calidad de coautores, partícipes o encubridores de la asociación ilícita. Entre los procesados enviados a juicio se encuentran de forma taxativa:

• Carolina Pochetti (viuda y heredera legal de Daniel Muñoz, señalada como pieza central en la continuidad de las inversiones externas).
• Víctor Alejandro Manzanares (histórico contador público de la familia presidencial, clave en el diseño contable de las empresas locales).
• Carlos Temístocles Cortez.
• Leonardo Daniel Llaneza y Rubén Horacio Llaneza.
• Los asesores legales Miguel Ángel Plo y María Jesús Plo (acusados de instrumentalizar estrategias jurídicas para ocultar el dinero).
• Federico Carlos Zupicich.
• Los intermediarios inmobiliarios Sergio Esteban Todisco y Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy (identificados como los operadores iniciales de las compras en Miami).
• Franco Daniel Muñoz y Fausto Alejandro Machado.
• Alejandrina Pochetti y Perla Aydee Puente Reséndez.
• Junto al resto de los componentes de la lista general de 33 involucrados que enfrentarán cargos bajo la Ley de Lavado de Activos

Medidas Institucionales para Prevenir la Recurrencia

El análisis pormenorizado del expediente expone las profundas debilidades regulatorias y las fallas en los sistemas de control que permitieron a una sola organización criminal movilizar, diversificar e integrar USD 100 millones de origen ilícito en la economía formal. 

Para neutralizar y evitar la repetición de estas maniobras de macrocorrupción y lavado de dinero público, la jurisprudencia y los organismos de auditoría recomiendan la adopción urgente de las siguientes medidas estructurales:

1. Creación de un Registro Federal Unificado de Beneficiarios Finales: El caso demuestra que el uso de firmas locales como MADACO o CAYUQUEO permitió ocultar la identidad real de los dueños del dinero. Es imperativo establecer un registro público, centralizado y obligatorio de beneficiarios finales de todas las sociedades constituidas en el país. 
   Las corporaciones no deben poder operar, abrir cuentas bancarias ni adquirir bienes registrables si no declaran, de forma transparente y bajo juramento, la identidad de las personas físicas que ostentan el control efectivo o más del 10% de las acciones de la compañía.
2. Automatización y Alertas Tempranas en Transacciones en Efectivo: Gran parte de las adquisiciones de garajes, farmacias e inmuebles en Santa Cruz, La Pampa y Buenos Aires se liquidaron mediante pagos físicos en efectivo. 
   Se requiere prohibir de manera absoluta el uso de papel moneda físico para transacciones inmobiliarias o de bienes registrables que superen montos mínimos de subsistencia. 
   Toda operación debe cursarse obligatoriamente a través de transferencias bancarias electrónicas reguladas, activando alertas automáticas e inmediatas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) si los montos no coinciden con el perfil fiscal declarado del comprador.
3. Fortalecimiento del Régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP): Daniel Muñoz operó durante años aprovechando su estatus cercano al poder formal sin recibir las auditorías rigurosas que corresponden a su nivel de riesgo. 
   Los regímenes de control sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) deben expandirse obligatoriamente hacia cónyuges, parientes consanguíneos y allegados directos (como es el caso de Carolina Pochetti, Franco Daniel Muñoz o Alejandrina Pochetti). 
   Estos sujetos deben quedar bajo un régimen de monitoreo patrimonial continuo, permanente e informatizado, con la obligación de presentar declaraciones juradas de bienes anuales auditadas de manera externa.
4. Reforma del Rol Fiscalizador de Escribanos, Contadores y Abogados: El procesamiento de profesionales de la contabilidad y el derecho como Víctor Alejandro Manzanares y Miguel Ángel Plo demuestra que la estructura requirió de asistencia técnica especializada. 
   Se deben endurecer de manera drástica las sanciones penales, administrativas y la quita de matrículas profesionales para aquellos denominados "facilitadores" o "sujetos obligados" que omitan denunciar operaciones sospechosas (ROS) o que colaboren activamente en el diseño de arquitecturas societarias orientadas a la evasión y al ocultamiento de fondos públicos.
5. Convenios de Cooperación Internacional e Intercambio Automático de Información: El desvío de capitales hacia firmas offshore en los Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas para la compra en The Plaza Hotel o Sunny Isles Beach expone la necesidad de perfeccionar la cooperación transfronteriza. 
   Argentina debe profundizar los tratados bilaterales y multilaterales de intercambio automático de información financiera, tributaria y de propiedad inmobiliaria con jurisdicciones de alta concentración de inversiones. 
   Esto garantizará que las autoridades judiciales locales conozcan en tiempo real las adquisiciones realizadas por ciudadanos argentinos en el exterior bajo estructuras societarias complejas.

Con la elevación formal de la causa a la etapa de juicio oral, el Servicio de Justicia no solo se enfrenta al desafío de juzgar y sancionar a los 33 imputados y recuperar los activos remanentes de la corrupción, sino también a la necesidad de impulsar estas reformas de carácter sistémico para salvaguardar la transparencia de las cuentas públicas y evitar la consolidación de nuevos canales de impunidad económica.