"Los ataques fueron hechos en redes sociales desde junio de 2020 hasta mediados del mes pasado; en su declaración indagatoria, el acusado pidió disculpas y dijo sentirse avergonzado
Entre junio de 2020 y el 13 del mes pasado, Estanislao Fernández, el hijo del presidente Alberto Fernández, y un amigo fueron amenazados de muerte en redes sociales y por correo electrónico. En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva al supuesto autor de los ataques y le trabó un embargó sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $2.000.000. El sospechoso, al ser indagado, pidió disculpas y explicó que lo hizo en un “momento de aburrimiento”.
El acusado, solo identificado por sus iniciales A. D., tiene 36 años y hasta su detención vivía en la localidad de Eduardo Castex, en La Pampa. La investigación se inició el 13 de julio pasado tras una denuncia presentada en la dependencia que la Policía Federal Argentina (PFA) tiene en la quinta presidencial de Olivos.
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Las tareas de campo estuvieron a cargo de detectives de la División Investigación de Delitos Tecnológicos de la PFA, quienes lograron identificar la dirección IP desde donde se hacían las amenazas.
Bajo investigación también está L. M. D., el hermano del sospechoso procesado. El juez Casanello le dictó la falta de mérito por el delito de amenazas y le encomendó a los expertos tecnológicos de la PFA “la profundización de los peritajes sobre la notebook secuestrada [en el operativo hecho en la casa de los imputados] para intentar determinar si también era utilizada por él”.
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Según dijo Casanello en el auto de procesamiento, “de la información obtenida en la notebook [aparato secuestrado en el allanamiento en la casa de los sospechosos], presuntamente parte de las amenazas fueron generadas desde esa máquina, debido a que se efectuaron conexiones en perfiles que realizaron las maniobras investigadas. También, desde esa computadora se efectuaron búsquedas en distintas plataformas sobre los perfiles de la red social Instagram utilizados por las víctimas”.
Además, en el allanamiento hecho por la PFA en el domicilio de los dos hermanos bajo sospecha, en el interior de un Fork Ka, los uniformados secuestraron un revólver calibre 32.
A. D. y L. M. D. fueron procesados por el delito de tenencia ilegítima de arma civil. Personal de la División Balística de la PFA determinó que el revólver secuestrado era apto para producir disparos y de “funcionamiento normal”."
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