Pericias contables y de ingeniería vial reavivan demandas de productores contra municipios bonaerenses

La discusión por el cobro de las tasas viales y el destino de los fondos que pagan los productores entró en una etapa clave en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Dos informes periciales incorporados a causas judiciales en Tapalqué y Bolívar aportaron nuevos elementos para determinar cuánto recaudan las comunas, qué parte de esos recursos se vincula con el mantenimiento de los caminos y cuál es el estado concreto de los caminos rurales.

En Tapalqué, una pericia contable analizó los ejercicios 2024 y 2025 y determinó que por la Tasa por Conservación de la Red Vial Rural y los Servicios de Guías de Traslado ingresaron $1905 millones en 2024 y $2336 millones en 2025. En ese mismo período, el gasto devengado directamente en el programa de mantenimiento de caminos rurales fue de $1203 millones y $1610 millones, respectivamente.

Según el análisis de la pericia, la diferencia acumulada supera los $1400 millones: $701,9 millones en 2024 y $725,6 millones en 2025 entre la recaudación sectorial y el gasto directamente devengado en caminos. En total, la tasa vial y las guías de traslado superaron los $4241 millones, mientras que las partidas directamente imputadas al programa específico de caminos rurales ubicaron el gasto devengado en unos $2814 millones.

La pericia también analizó qué sucede con el dinero una vez que ingresa al municipio. Los fondos de la Tasa Vial y de las Guías ingresan a una cuenta recaudadora única y pasan a formar parte de Rentas Generales, lo que dificulta seguir su trazabilidad específica. Además, las compras de gasoil y lubricantes se centralizan junto con otros servicios municipales y no existen partes diarios de salida de combustible ni registros de odómetro u horómetro que permitan determinar cuánto se utilizó específicamente en los caminos rurales.

En Bolívar, la prueba avanzó por el lado de la ingeniería vial. El peritaje revisó la capacidad operativa del municipio y el estado de una red rural de aproximadamente 2400 kilómetros, además de analizar cotas, hidráulica, alcantarillado y costos de conservación, según parámetros de Carbap.

El relevamiento encontró que, aunque en los registros municipales figuraban unas 12 motoniveladoras, durante la inspección había maquinaria parada, rota o desarmada. El perito estimó que el municipio necesita alrededor de un 30% más de unidades para cubrir con solvencia toda la red rural y fortalecer los obradores alejados.

La situación de los caminos rurales también quedó reflejada en números. Entre el 60% y el 70% de los caminos relevados presentaban problemas de mantenimiento, falta de cunetas o perfiles transversales deficientes. A su vez, entre 600 y 900 kilómetros —el 30% al 40% de la red— se encuentran por debajo de la cota natural de inundabilidad. Entre el 70% y el 80% de la red carecería de alteos estructurales y gálibos reglamentarios.

Jorge Moroni, abogado que representa a productores en estas causas, explicó que la importancia de estas pruebas está en cruzar la información contable con el estado de los caminos. Dijo que las pericias fueron llevadas a cabo por peritos oficiales de la Corte, designados por sorteo por el magistrado a cargo de los juicios de Tapalqué en su original y sus dos ampliaciones, y de Bolívar. Según Moroni, la pericia administrativa realizada en Tapalqué expuso una “nebulosa contable” en torno al destino de los fondos recaudados.

Moroni destacó que el objetivo no es simplemente acceder a la información de los municipios. “Nosotros vamos al fondo del tema. Con la pericia contable y la de ingeniería de caminos realizada en Tapalqué, cruzamos la información para determinar el destino de los fondos y establecer si hubo desvíos, de manera que sea el juez quien resuelva”, señaló. Las acciones están planteadas como juicios declarativos de certeza constitucional, donde se busca determinar si existe el servicio que justifica el cobro de la tasa.

En esa estrategia, las dos pericias cumplen funciones diferentes: mientras el contador reconstruye el circuito de los recursos, el ingeniero recorre los caminos y analiza su estado. “El perito ingeniero va a los caminos rurales, los examina, los mide”, describió Moroni. Agregó que el hecho imponible, como lo ha dicho la Corte en los últimos fallos y lo viene diciendo históricamente, es la efectiva contraprestación del servicio directo como contraprestación de la tasa.

A partir de las primeras causas, la estrategia comenzó a replicarse en otros distritos. Según Moroni, ya existen acciones declarativas de certeza en Azul, Daireaux, Bolívar, 25 de Mayo, Bragado, Brandsen, Pila, Ayacucho, Carlos Tejedor, Tapalqué y Trenque Lauquen. Mencionó aproximadamente 40 productores en Tapalqué, 40 en Ayacucho, 15 en Pila, 90 en Brandsen, 40 en 25 de Mayo y unos 40 en Bragado. Algunas causas ya tienen pericia contable, otras avanzaron con la de ingeniería y otras cuentan con ambas.

El planteo de los productores, remarcó Moroni, no consiste necesariamente en dejar de pagar. “Los productores no buscan que el juez diga que no tienen que pagar nada más de tasas: al contrario, pagaría más, pero si los caminos se encontraran en buen estado”, afirmó. La discusión pasa por establecer si el monto cobrado guarda relación con el costo real del servicio y si los recursos vuelven a la red vial. Moroni mencionó además Tandil y Benito Juárez, donde existen consorcios con participación de productores, ingenieros y contadores, y sostuvo que “los productores, donde están interviniendo junto con la municipalidad en un consorcio o en una cooperativa de caminos, no tienen problemas”. También se discute la tasa de traslado de hacienda, las guías, cuando la guía electrónica se hace por Senasa y se nacionalizó. Mientras las causas avanzan, el reclamo se extiende por Guido, Saavedra y Tornquist. La pregunta que atraviesa los expedientes es concreta: cuánto se cobra por los caminos rurales, cuánto se utiliza efectivamente para mantenerlos y qué servicio recibe, a cambio, quien paga la tasa.

Todos los caminos conducen a Scioli: vínculos llamativos y contrataciones millonarias

Una serie de contrataciones del Estado nacional quedó bajo la lupa periodística a partir de revelaciones que vinculan a empresas, exfuncionarios y dirigentes con el exgobernador bonaerense Daniel Scioli. La información, firmada por Nicolás Sanz y publicada el 2 de octubre de 2026, reúne datos difundidos por los medios Diagonales y Tribuna de Periodistas sobre adjudicaciones millonarias en dependencias del actual Gobierno nacional.

El caso de mayor magnitud mencionado en el texto es el de la empresa Grub SA, que acaba de quedarse con un contrato por $690 millones para mantener los espacios verdes de Casa Rosada y la Quinta de Olivos. La contratación fue impulsada por la Secretaría General de Presidencia, que conduce Karina Milei, según la publicación.

Grub SA tiene como presidente a Gustavo Vides, quien fue director de Compras y Recaudación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible durante la gestión de Daniel Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el texto, Vides ocupa hoy un cargo en Trenes Argentinos bajo el Gobierno del presidente Javier Milei, mientras Scioli ejerce como secretario de Deporte, Ambiente y Turismo.

La revelación sobre Grub SA fue realizada este viernes por el medio Diagonales y, según la nota, volvió a poner bajo la lupa la presencia de empresarios y exfuncionarios ligados al sciolismo en negocios millonarios del actual Gobierno. El artículo presentado por Tribuna de Periodistas retoma ese caso y lo conecta con otros antecedentes.

Otro de los antecedentes citados es el de ITS International Travel Services SA, la sociedad detrás de Pezzati Viajes. Según Tribuna de Periodistas, esa empresa obtuvo una contratación de más de $70 millones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante una licitación privada que terminó con un único oferente. La información había sido publicada dos semanas antes por el mismo medio.

En ese caso, el vínculo con el exgobernador bonaerense aparece a través de la familia Pezzati. Nolberto Pezzati, vicepresidente y socio fundador de ITS, es hermano de Eduardo Pezzati, dirigente de Acción Marplatense que en 2007 fue designado por Scioli al frente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. Eduardo Pezzati condujo ese organismo hasta su fallecimiento, en 2012.

A ese antecedente se suma el caso de la empresa Provedent SRL, creada por Gustavo Ferrari, quien fue Asesor General de Gobierno durante la gestión bonaerense de Scioli. Según la publicación, Ferrari volvió a recibir un contrato del Estado nacional, lo que amplía la lista de firmas y personas vinculadas al sciolismo que aparecen en contrataciones del Gobierno de Milei.

La nueva adjudicación a Provedent SRL alcanzó los $671,8 millones y elevó a casi $1.800 millones el monto acumulado por la firma en tres grandes contrataciones realizadas durante la gestión de Milei. El texto atribuye esas contrataciones a la órbita de Manuel Adorni, Adrián Ravier y Karina Milei.

El artículo también menciona que, según los documentos a los que accedió Tribuna de Periodistas, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) adjudicó a ITS International Travel Services SA un nuevo contrato por $305.536.000. Ese contrato tiene como objeto brindar el servicio integral de traslados aéreos, terrestres y alojamiento en tránsito durante el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Para la publicación, ITS volvió a recibir un contrato millonario pese a las conexiones con un secretario del Gobierno de Milei que, según la nota, también aparecen en los casos de Ferrari y Vides. El texto sostiene que se repite un patrón de adjudicaciones a empresas y personas con antecedentes en la gestión sciolista.

El artículo concluye con la frase “En todo caso, todos los caminos conducen a Scioli” y está firmado por Nicolás Sanz, secretario general de Redacción de Tribuna de Periodistas. La fecha consignada en la publicación es el 2 de octubre de 2026, dentro de la sección de Investigación.

Hasta el cierre del texto publicado, no se consignan declaraciones ni respuestas de Daniel Scioli, Gustavo Vides, Gustavo Ferrari, Grub SA, Provedent SRL, ITS International Travel Services SA, Pezzati Viajes ni de las dependencias mencionadas. La nota tampoco afirma que exista una condena penal o una imputación judicial, sino que expone contrataciones, montos, empresas, funcionarios y vínculos bajo la lupa periodística.

ATE denuncia fraude millonario: un funcionario cobró $109,7 millones de indemnización del Enacom y al día siguiente asumió un cargo gerencial en el INTA

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un presunto fraude contra la Administración Pública Nacional que involucra al contador Daniel Alfredo Neira, quien dejó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el 31 de julio de 2026 con una liquidación final neta de $109.781.999,73 y, sin registrar un solo día de desocupación, fue designado el 1° de agosto como Gerente de Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó el episodio como “el robo del siglo en el Estado” y sostuvo que se trata de “un fraude sin precedentes” promovido por la Dirección General de Administración del INTA. “La inmoralidad y la corrupción de los funcionarios del Gobierno no tienen límites. Se trata de maniobras dolosas mediante las cuales se apoderan de los recursos públicos”, afirmó el dirigente sindical.

Según la documentación difundida, la liquidación percibida por Neira incluyó $73.067.618,10 por antigüedad, $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas y $9.742.349,08 en concepto de preaviso. La desvinculación fue encuadrada como despido sin causa en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pese a que el propio funcionario ya tenía avanzados los trámites para su incorporación al INTA.

La cronología del caso resulta central en la denuncia. Los trámites para designar a Neira en el INTA se iniciaron el 1° de julio de 2026, es decir, 23 días antes de que el Enacom le notificara formalmente la rescisión de su contrato el 24 de julio. El 28 de julio quedó habilitado para cobrar la indemnización, el 31 de julio se concretó su baja formal del organismo de comunicaciones y el 1 de agosto ya estaba nuevamente en la nómina estatal.

Fuentes cercanas al Enacom señalaron que Neira “simuló su despido” cuando desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca lo convocaron para asumir en el INTA, y remarcaron que debería haber solicitado un traslado o presentado su renuncia, mecanismos que no habrían disparado el pago millonario. “Fue un fraude orquestado con los directivos”, indicaron trabajadores del organismo a medios nacionales.

El sindicato APINTA, que también se pronunció sobre el caso, pidió la remoción inmediata del funcionario y calificó la maniobra como una “empleomanía clientelar de alta gama”, advirtiendo que “el perjuicio fiscal ocasionado por el ardid no es menor a los 110 millones de pesos”.

Neira, contador egresado de la Universidad de Buenos Aires, ingresó en enero de 2012 a la antigua Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), entidad que luego derivó en la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y posteriormente en el Enacom. En 2017 fue nombrado subgerente del Área de Contabilidad, Presupuesto y Liquidaciones, y en 2025 ascendió a subdirector de Contabilidad y Finanzas, un cargo categoría A que representa la máxima jerarquía escalafonaria y cotiza entre los sueldos técnicos más altos de la planta permanente.

En su nuevo rol en el INTA, Neira percibe un sueldo cercano a los $5 millones mensuales, en un contexto donde, según ATE, los salarios netos promedio del organismo oscilan entre $800.000 y $1.500.000. La designación fue aprobada con carácter transitorio por 180 días mediante una resolución del Consejo Directivo del INTA con efecto retroactivo al 1 de agosto.

El Consejo Directivo del INTA trató el expediente en una reunión cerrada y consultó a su área Jurídica, que sostuvo que un despido sin causa no impide reingresar al sector público y que no se violó la Ley de Ética Pública. Según una fuente oficial del organismo, “en ninguna norma está escrito que alguien despedido sin causa no pueda ser incorporado a otro organismo”, aunque el Consejo podría revisar la contratación antes del vencimiento del plazo.

La Procuración del Tesoro de la Nación considera al Estado como un único empleador en sentido amplio o “bloque estatal”, criterio que, según especialistas, refuerza la irregularidad de la maniobra. El abogado especialista en derecho administrativo Carlos Fernández advirtió que “no se puede percibir del Estado una compensación por la ‘pérdida del empleo’ y simultáneamente continuar recibiendo ingresos del Estado bajo otra designación política o de conducción”, y señaló que el funcionario se expone a demandas por repetición de pago que implicarían la devolución del dinero por parte del fisco.

ATE reclama al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, la urgente convocatoria a comisión directiva para anular la designación, y advirtió sobre la presunta violación de los artículos 4 y 8 de la Ley de Empleo Público, el Decreto reglamentario 1421/2002, la normativa de la Ley de Procedimiento Administrativo por simulación y el artículo 174 del Código Penal por fraude a la Administración Pública. El gremio advirtió además que, si no se adopta “una medida ejemplificadora”, no descarta avanzar con una medida de fuerza.

El ENACOM está a cargo del interventor Juan Martín Ozores, el Jefe de Gabinete es Diego Brunelli, el Director General de Administración es Joaquín Peire, el Director General de Asuntos Jurídicos es Silvio Daniel De Diego, el director General de Recursos Humanos es Alberto Baduan.

El presidente del INTA es Nicolás Bronzovich , el vicepresidente Carlos Alberto Antonio Vera, el Director General de Administración es Gustavo Javier Abaurrea y el Coordinación Nacional de Recursos Humanos y Organización es Sebastián Lucas Ibarra. 

Un empresario declaró en el juicio de los Cuadernos de las Coimas que para cobrar certificados atrasados había que “poner” y apuntó contra Ernesto Clarens

En la jornada del 29 de septiembre de 2026, Fernando Palluchini, representante de la firma Mapal, declaró como testigo en el juicio oral por la causa conocida como Cuadernos de las Coimas. En su testimonio sostuvo que existía una “camarita” y que había “obras con retorno”, aunque negó haber pagado coimas.

Palluchini afirmó que, para destrabar certificados de obra atrasados, debía “hacer los aportes que había que hacer”. Según su relato, esa era la vía para obtener el cobro de trabajos que el Estado no pagaba en los plazos correspondientes.

El empresario ingresó a la causa porque, según indicó, apareció en un amplio listado de empresas que habrían pagado sobornos. Ese listado fue aportado a la Justicia por Ernesto Clarens, el financista vinculado a los Kirchner que mantenía contacto con el empresariado. Palluchini contradijo esa versión, aunque habló del supuesto rol de Clarens.

“Clarens era quien nos podía destrabar”, recordó Palluchini durante su declaración. En ese marco relató problemas de su empresa Mapal y señaló: “Llegamos a tener hasta 200 días sin cobrar”. Sus quejas apuntaban a los atrasos sobre los certificados de obra que no tenían pagos por parte del Estado.
 

La fiscal del juicio, Fabiana León, le solicitó al testigo que recordara su experiencia con las obras de la Dirección Nacional de Vialidad. A partir de esa pregunta, Palluchini comenzó a narrar los inconvenientes que tenía para cobrar por esas obras.

“La forma de cobrarlo era que te pongas con lo que te tenías que poner”, indicó. De esa manera ubicó su relato en un contexto de “empresarios ahorcados”, debido a lo que describió como una situación que casi llevó a la quiebra a su empresa por obra pública realizada en San Juan y que no recibía el pago correspondiente.

El testigo describió que durante los años investigados se desempeñó como presidente de la firma Mapal. Esta empresa se dedicaba a obras civiles, ya sean caminos o barrios de viviendas, entre otras tareas.

Según aseguró Palluchini, su empresa no participó de “ningún club o camarita”. Dijo que sabía que existía a raíz de comentarios de su gestor que estaba en la Ciudad de Buenos Aires y por conversaciones telefónicas de su hermano con Clarens. “Siempre surgía el tema de entrar a la camarita”, recordó.

Ante una consulta del abogado defensor de Clarens, Pedro Migliore, el empresario dijo que su hermano se comunicaba con el financista para “reclamarle por atrasos de cobros”. Esa referencia se sumó a las conversaciones que vinculaban a Mapal con la gestión de pagos pendientes.

La “camarita” hace referencia a la supuesta cartelización de la obra pública entre empresas miembro de la Cámara de la Construcción entre 2003 y 2015. Palluchini señaló que su empresa se retiró de la organización empresarial en 2006. “Sabíamos que eran obras con retorno”, mencionó cuando explicaba los motivos de dicha decisión.

El empresario sanjuanino apuntó contra Clarens cada vez que se refirió a los certificados de obra impagos y a las posibilidades que tenía para destrabarlos. Pese a eso, no identificó ni explicó puntualmente qué personas se encargaban del presunto mecanismo de pagos espurios. En paralelo, cuestionó algunas declaraciones como “arrepentidos” dentro de la causa.

Clarens prestó declaración como arrepentido o imputado colaborador en los inicios de la causa de los Cuadernos. Uno de sus aportes a la Justicia fue el listado de empresas donde apareció Mapal. Por este motivo, Palluchini ingresó al expediente: primero fue imputado, prestó declaración indagatoria por escrito, posteriormente fue sobreseído y ahora, durante la etapa de juicio oral, participa del proceso como testigo.

Informes oficiales revelan desvíos de hasta 1972% y productos no adjudicados en compras de la exAndis durante la gestión de Spagnuolo

El exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, remitió a la Justicia una serie de informes técnicos que documentan presuntos desvíos en las compras realizadas por el organismo durante la gestión de Diego Spagnuolo. 

Los documentos, firmados el 15 de octubre de 2025 y el 10 de abril de 2026, fueron elaborados por el Ministerio de Salud y la intervención de la exAndis, y en ellos se alude a "desvíos que resultan técnicamente indefendibles". Los informes fueron incorporados a la investigación judicial y analizan compras de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas, neuroestimuladores e insumos ortopédicos, entre otros.

El primer informe, fechado el 15 de octubre de 2025, menos de dos meses después de que comenzara "el caso Andis", se concentró en compras puntuales de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y neuroestimuladores. El segundo escrito, firmado el 10 de abril de 2026, incluyó insumos ortopédicos, referencias de mercado seleccionadas por quienes analizaron las facturas en Discapacidad y presuntos errores administrativos. Vilches explicó que la intervención encaraba un análisis de la documentación, los expedientes y los procedimientos "orientado a la detección de hechos relevantes y/o irregularidades", e incluyó múltiples observaciones que "podrían configurar apartamientos a las normas".

Uno de los casos más graves documentados en los informes ocurrió en Río Negro, donde un paciente necesitaba una prótesis para amputación. Según los papeles, el documento indicaba que la prótesis había sido entregada, pero un informe oficial constató que eso era falso. "Se ha constatado la existencia de un remito de entrega debidamente suscripto por la madre del beneficiario. No obstante, mediante el relevamiento directo con los particulares, se ha determinado que dicha rúbrica fue obtenida bajo inducción a error al momento de la toma de medidas, no representando en modo alguno la recepción material del bien", detalló el reporte, que calificó la situación como de "gravedad".

El informe de octubre comenzó con el pago correspondiente a Farma Salud del 8 de julio de 2025, por 425 millones de pesos, por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. "A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central, adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA el mismo sistema por un valor unitario de 124.200.000 pesos", contrastó el documento. Farma Salud fue foco de otra comparación por la adquisición de endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible, donde la diferencia entre lo facturado a la exAndis y el precio de compra del PAMI a otros proveedores llegó al 711% en este último caso.

En el segmento de implantes cocleares, el informe detectó "una diferencia sustancial". Citó que "el precio promedio abonado por unidad a Droguería Floresta resultó de 62.613 dólares". Luego comparó la cifra con una adjudicación perfeccionada en septiembre, que "estableció un valor unitario de 12.125 dólares, contemplando la escala propia de una compra por volumen". La referencia de mercado se ubicaba alrededor de 16.975 dólares por unidad. "El incremento alcanza los 45.638 dólares por unidad, equivalente a un 269% por encima del precio estimado de mercado", detalló el escrito remitido a la Justicia.

Las diferencias de precios también se repitieron al analizar las facturas de la proveedora Indecomm, pero el informe destacó una irregularidad adicional. Se concentraron seis facturas emitidas a la exAndis en noviembre, y una de ellas, la B 00001-00000958, fue abonada en dos oportunidades, ambas por 28,7 millones de pesos. Este doble pago fue señalado como uno de los hallazgos más relevantes del informe, que documenta el mismo comprobante abonado dos veces por el organismo.

La compra de un neuroestimulador también ameritó el comentario de "brecha considerable en los valores abonados", por una diferencia del 219 por ciento. Los técnicos indicaron que Neurosalud recibió el pago de 132,4 millones de pesos en junio de 2025 mediante la Factura N° 00000128. En abril había sido adjudicada por un precio también de 132,4 millones de pesos. Sin embargo, un mes antes, el PAMI había adquirido un neuroestimulador implantable bilateral de batería no recargable a 41,5 millones de pesos por unidad.

El segundo informe, firmado en abril de 2026, consignó lo que definió como errores de categorización técnica. "Se facturaron unidades C01 a precios de entre 11 y 14,9 millones de pesos, cuando por su patología correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia son sustancialmente menores, oscilando entre 1,3 y 2,3 millones de pesos", señalaron los técnicos. Esta diferencia implicó que se pagaran precios muy superiores a los que correspondían según la categorización técnica de los productos.

Las observaciones de este segundo informe también cuestionaron la adquisición de productos importados. Indicaron que los requerimientos terapéuticos podían ser cubiertos con equipamiento nacional, que ofrece "superior durabilidad y ajuste anatómico", a menor precio. "La insistencia en el uso de módulos importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero", analizaron los técnicos.

Este informe de abril también incluyó una factura por un andador con un presunto sobreprecio del 4239%. Desde la Ortopedia Bernat indicaron a LA NACION que, al menos hasta mayo, la factura estaba impaga y relataron una situación puntual respecto a este insumo. "Se contempló algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado", explicaron desde la empresa proveedora.

En sus descargos ante la Justicia, dos de los representantes de Farma Salud negaron haber realizado pagos indebidos a funcionarios y apuntaron contra un tercer accionista de la firma. Los informes de Vilches fueron incorporados a la investigación judicial, al igual que un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que también había detectado diferencias de precios, incluso entre distintas licitaciones dentro de la propia Andis.

De ese material se nutrió el fiscal federal Franco Picardi para enfocar su acusación en un sistema de licitaciones presuntamente acotado, con menos oferentes, distinto al sistema de compulsas recomendado por las autoridades. La investigación judicial continúa en curso y los informes técnicos remitidos por Vilches constituyen el eje central de la acusación, que apunta a un esquema de sobreprecios y irregularidades administrativas sistemáticas durante la gestión de Spagnuolo al frente de la exAndis.