Polémica por la carpa VIP en la misa del papa León XIV en Palermo

 La misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles, Palermo, el 9 de noviembre de 2026, generó indignación por una carpa VIP con catering, aire acondicionado y baños para políticos, jueces, empresarios y famosos, mientras miles de fieles, monjas, sacerdotes y adultos mayores quedaron lejos o sentados en el piso.

La carpa midió 30x40 metros, capacidad para 250 personas, con alfombra, baños especiales y catering de bebidas frías y calientes. Los pliegos preveían 3.500 personas en el sector VIP y hasta 250 en la carpa especial. El contraste con voluntarios y religiosos a la intemperie desató reclamos.

El montaje estuvo a cargo de DF Entertainment SA, propiedad de Diego Finkelstein, adjudicataria por contratación directa (expediente 79-0012-CDI26) de la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Diego Santilli. El Gobierno pagó $8.690 millones por la producción integral del evento, que incluyó la vigilia de los jóvenes.

Las invitaciones a famosos fueron cursadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según una "Guía para invitados" de la Dirección de Protocolo y Ceremonial. Jorge Macri y su esposa Belén Ludueña firmaron invitaciones, según Yanina Latorre. Gonzalo Prado sostuvo que la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería enviaban los listados a la productora para emitir los QR. Mara Gorini estaba al frente de la organización de la Casa Rosada.

Estuvieron Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz (Corte Suprema); Jorge Macri, Clara Muzzio, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti, Esteban Bullrich, Victoria Villarruel, Soledad Martínez, Jorge Telerman, Aníbal Ibarra, Silvia Lospennato, Laura Alonso, Waldo Wolff, Fernando de Andreis, Fernán Quirós, Pablo Bereciartua, Gabino Tapia e Inés Weinberg. Mauricio Macri no asistió.

Empresarios: Nicolás Caputo, Hugo Sigman, Aldo Roggio, Adelmo Gabbi, Luis Galli, Daniel Vila, Eduardo Eurnekian, Marcos y Alejandro Bulgheroni, José Luis Manzano, Víctor Santa María y Andrés Kogovsek. No se confirmó que usaran los espacios VIP ni que sus aportes financiaran específicamente esos sectores.

Famosos: Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Carolina "Pampita" Ardohain, Marcela Tinayre, Yanina Latorre, Flor de la V, Pablo Goycochea, Analía Franchín, Rocío Marengo, Alejandra Maglietti, Angie Landaburu, Eduardo Feinmann, Zulemita Menem, Zulema Yoma, Claudia Villafañe, Nicolás Francella, Juan Cruz Ávila, Gabriel Lage, Robertito Funes Ugarte y Estefanía Novillo.

El periodista Nacho Otero criticó: "Qué falta de respeto haber armado un corralito VIP para 'celebridades'... y haber dejado sentadas en el piso a monjas, sacerdotes y adultos mayores". También se cuestionó por qué esos lugares no fueron para sacerdotes y religiosas que evangelizan en zonas inhóspitas. Jorge Macri dijo que "las medialunas y los budines estuvieron de más" pero "no fue un lujo descomunal".

La Conferencia Episcopal pidió que las carpas estuvieran lo más alejadas posible del altar, según fuentes religiosas. El Episcopado manifestó incomodidad. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes a Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) y Pablo Quirno (canciller) sobre invitados, gastos y financiamiento.

Paulón preguntó "¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?" y solicitó listado completo de invitados, criterios de selección, costos totales, proveedores, procedimientos de adjudicación y fuentes de financiamiento. También pidió analizar posibles conflictos de intereses.

Versiones atribuidas a fuentes de la Conferencia Episcopal señalaron aportes de Daniel Vila, Eduardo Eurnekian, los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni y José Luis Manzano. La periodista Camila Dolabjian había advertido en octubre sobre la contratación directa de DF Entertainment. El costo total del evento superó los $20 mil millones.

Asistentes criticaron la velocidad del Papamóvil: la Dirección General de Tránsito porteña había asegurado 5 km/h, pero numerosos fieles manifestaron que fue más rápido. La "Guía para invitados" indicaba ingreso entre 6.30 y 8.30, misa a las 11.30, acceso por Plaza Italia con QR de Quentro y DNI, pulsera "sector GCBA", y recomendaba protector solar, gorra y agua.

Voluntarios que trabajaron horas cuestionaron que invitados accedieran a ubicaciones cercanas al altar. Chequeado consultó al secretario de Comunicación y Medios de la Nación, Fabián Fernández, sobre la selección de invitados, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

Los textos de Leonardo Coscia, Denise Chmois y José Giménez consignaron la paradoja: mientras el Evangelio recordaba a Jesús expulsando a los mercaderes del templo, a pocos metros del altar había una carpa VIP. Jorge Rial calificó la situación como "vergüenza" y "escándalo". Maxi Ferraro escribió: "VIP y catering... Fariseos de esta época".

Allanamientos en propiedades de Lázaro Báez por narcotráfico y lavado de dinero

La Justicia de Santa Cruz dispuso más de veinte allanamientos en propiedades de Lázaro Báez en Santa Cruz y Buenos Aires, en una causa por narcotráfico y lavado de dinero. La medida alcanza al empresario, a su pareja Claudia Insaurralde y a otras personas.

La orden fue del juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la PROCELAC.

El magistrado dispuso más de veinte allanamientos, embargos, requisas y secuestros de vehículos en dos causas relacionadas, donde se investigan dos organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos.

También se ordenó el allanamiento de la celda de Báez, quien cumple diez años de condena por lavado de activos agravados en la causa “Ruta del Dinero K” y por administración fraudulenta en “Vialidad”.

En una de las causas se investiga una supuesta organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista, al menos desde diciembre de 2025.

Según la investigación, la distribución estaría a cargo de dos hombres; uno de ellos sería encargado de un lavadero, lugar donde se realizarían las entregas del material.

Como desprendimiento de ese caso, se investiga una posible organización encabezada por Báez, detenido, que administraría, explotaría y pondría en circulación activos de origen ilícito.

Esos activos habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre el empresario, según la línea de investigación reseñada por fuentes judiciales.

La investigación indica que uno de los posibles integrantes de esa organización sería, a su vez, líder de la banda dedicada al tráfico de estupefacientes en Santa Cruz.

Los procedimientos se realizaron entre el lunes y este martes principalmente en Río Gallegos, El Calafate, estancias de Santa Cruz y Buenos Aires.

Participaron personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

Como resultado, se secuestraron estupefacientes, documentación y vehículos vinculados con los imputados en ambas causas, entre otros elementos de interés.

Además, se ordenaron medidas cautelares patrimoniales y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, conforme al requerimiento de los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco.

Estefanía Monzón: hallan su cuerpo en General Rodríguez y detienen a su expareja por femicidio

Estefanía Crystal Monzón, de 30 años y madre de tres niñas de 6, 11 y 13 años, fue asesinada en General Rodríguez, partido bonaerense. Su cuerpo fue encontrado oculto en la vivienda que compartía con su expareja, Iván Lencina, quien quedó detenido y acusado de femicidio.

La mujer desapareció un lunes tras salir de su casa para llevar a su hija menor a la Escuela Primaria N° 9. Al no presentarse nadie a retirar a la niña, las autoridades del establecimiento se comunicaron con la familia. La madre de la víctima realizó la denuncia por desaparición el martes por la mañana.

El cuerpo fue hallado en una propiedad de la calle Rafael Obligado al 100, en el barrio Los Perales. El texto indica que fue encontrado tres días después de la desaparición y que el miércoles perros entrenados para localizar restos humanos marcaron un sector; allí, debajo de basura y chapas, se encontró el cuerpo.

Lencina había mantenido una relación de aproximadamente un año con Estefanía. Aunque estaban separados, ambos continuaban viviendo bajo el mismo techo. Según el testimonio de una amiga de la víctima, el hombre permanecía allí porque no tenía otro lugar donde instalarse.

La ruptura, de acuerdo con ese relato, había estado atravesada por episodios de violencia. La amiga aseguró que en distintas oportunidades había visto moretones en los brazos de Estefanía y aportó información sobre las situaciones que atravesaba durante la convivencia.

La investigación incorporó las declaraciones de las tres hijas de la víctima, entrevistadas mediante el sistema de Cámara Gesell. Según trascendió, las niñas describieron situaciones de violencia que habría sufrido su madre. Sus testimonios fueron considerados relevantes para avanzar en la hipótesis de femicidio y orientar las medidas judiciales.

En los primeros procedimientos, los investigadores encontraron en la casa pertenencias de la mujer: su bicicleta, auriculares, cartera y billetera. Su teléfono celular era el único elemento que no estaba en el lugar. Además, la Policía Científica detectó manchas de sangre en el interior del inmueble.

Lencina quedó detenido e imputado por homicidio agravado por el vínculo. La fiscal Alejandra Rodríguez, de la UFI N° 9 de Moreno-General Rodríguez, ordenó la autopsia para determinar las circunstancias de la muerte. El artículo lo identifica como expareja de la víctima.

El caso se enmarca en la investigación de un femicidio en General Rodríguez. La información disponible no detalla la causa exacta de la muerte ni el resultado de la autopsia; tampoco permite afirmar otras circunstancias sobre el hecho.

Un violento enfrentamiento entre bandas narco dejó dos muertos y cuatro heridos en Fuerte Apache

Un feroz tiroteo registrado durante la madrugada del sábado en el complejo habitacional Barrio Ejército de los Andes, popularmente conocido como Fuerte Apache, en la localidad bonaerense de Ciudadela, dejó como saldo dos personas fallecidas y otras cuatro heridas. La principal hipótesis de la Justicia orienta el ataque hacia un ajuste de cuentas y una disputa por el control territorial para la venta de estupefacientes en la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones y los reportes de las fuerzas de seguridad, el episodio de violencia extrema tuvo lugar en las inmediaciones de los nudos 3 y 6, en cercanías del tanque de agua comunitario del predio. Vecinos de los monobloques registraron los violentos momentos mediante grabaciones telefónicas, donde se escuchan ráfagas que superarían los 50 disparos de armas de fuego ejecutados durante el violento altercado.

Hipótesis judicial y el saldo fatal del tiroteo

Las víctimas fatales fueron identificadas como Tiziano Gauna, de 17 años de edad, y R. Quispe, de 36 años. Ambos perdieron la vida como consecuencia directa de los múltiples impactos de bala recibidos durante la balacera. Tras los primeros auxilios de emergencia, Gauna fue trasladado en motocicleta hacia el Hospital Dr. Ramón Carrillo de la zona, mientras que el cuerpo de Quispe fue hallado sin vida entre las pasarelas del complejo.

En cuanto a los cuatro heridos que ingresaron al nosocomio local, las autoridades precisaron que se trata de un joven de 20 años con impactos de bala en brazo y pierna, un adolescente de 17 lesionado en un miembro inferior y una joven de 18 años herida a la altura del tobillo. Por su parte, la identidad y el estado de salud del cuarto herido se mantienen bajo reserva oficial mientras continúan las evaluaciones médicas de urgencia.

Según el testimonio brindado por testigos presenciales a las autoridades policiales, el ataque comenzó cuando un grupo de personas fuertemente armadas arribó al sector a bordo de un vehículo. De forma imprevista y ensañada, los ocupantes del automóvil abrieron fuego de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban agrupadas en el playón central, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido por las arterias linderas.

Las líneas de investigación policial y judicial apuntan a que el sangriento hecho responde a un cruce armado por el dominio territorial entre dos facciones antagónicas identificadas en el barrio como "Villa Matienzo" y "Los Fiolos". Registros del Centro de Procesamiento y Análisis de Información Delictiva (CEPAID) del Ministerio de Seguridad provincial confirmaron además que al menos dos de los involucrados contaban con antecedentes penales previos.

Operativos de seguridad y búsqueda de los sospechosos

La instrucción criminal y las actuaciones sumariales quedaron radicadas en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial de San Martín, bajo la conducción de la fiscal Fabiana Ruiz. La representante del Ministerio Público Fiscal caratuló inicialmente la causa bajo los cargos de averiguación de causales de muerte y averiguación de ilícito, disponiendo de inmediato la realización de las pericias balísticas pertinentes.

Como consecuencia de la gravedad institucional y social del episodio, la Policía de la Provincia de Buenos Aires dispuso un refuerzo inmediato en la presencia de efectivos dentro del barrio. Asimismo, se implementaron patrullajes perimetrales continuos y controles vehiculares estratégicos en los accesos al complejo habitacional con el objetivo primordial de resguardar la seguridad de los vecinos y evitar represalias o nuevos episodios violentos.

A la fecha, el equipo de investigadores abocado al caso trabaja intensamente en la recolección, descarga y análisis del material obtenido a través de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector. Dichas diligencias buscan reconstruir la ruta de escape empleada por el vehículo sospechoso e identificar fehacientemente a los autores materiales e intelectuales del ataque, sobre quienes por el momento no pesan órdenes de detención ejecutadas.

Causa $LIBRA: la Justicia sobreseyó a los Milei en un fallo que cerró el caso sin indagar a nadie

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó este viernes a Javier Milei, a su hermana Karina y a otras nueve personas en la causa $LIBRA. Fue a pedido del fiscal Eduardo Taiano y con un fundamento: los hechos denunciados «no encuadran en una figura legal» (art. 336, inc. 3, CPPN). El sobreseimiento cierra el proceso para los once.

La investigación nació del tuit presidencial del 14 de febrero de 2025. El token pasó de 0,01 a casi 5 dólares, se desplomó en horas y unas pocas billeteras extrajeron unos 100 millones de dólares; más de 40.000 compradores quedaron con pérdidas. Esa secuencia es el dato más contundente del expediente.

El fallo, de 60 páginas, examina cuatro figuras: estafa (art. 172), tráfico de influencias (256 bis), abuso de autoridad (248) y negociaciones incompatibles (265). Ninguna se tuvo por configurada. Pero la carátula dice «cohecho»: el cohecho del artículo 256, invocado en la denuncia original, nunca fue analizado.

Un dato procesal define al caso: ninguna de las once personas investigadas fue citada a declaración indagatoria. El juez lo admite y lo justifica con jurisprudencia. El resultado llama la atención: se cerró una causa penal sin que ningún imputado haya explicado jamás, bajo acusación formal, las pruebas que lo comprometían.

Los argumentos del cierre

Para la estafa, la resolución exige un «engaño penalmente relevante» y concluye que nadie identificó la falsedad concreta que impulsó las compras. El juez reconoce que la investidura presidencial dio al token «una repercusión y una visibilidad particulares», pero sostiene que eso no basta para configurar un ardid defraudatorio.

Sobre Karina Milei pesan tres datos: autorizó el ingreso a Casa de Gobierno de Davis y Lipinski el 16 de julio de 2024, no asistió al Tech Forum y los empresarios Casares y Hoskinson no la señalaron entre quienes pedían dinero por reuniones. «Facilitar un contacto no equivale, sin más, a vender influencia», resume el fallo. 

Para Javier Milei fue decisiva la Oficina Anticorrupción: el tuit fue un acto «de comunicación individual o privada», sin recursos públicos ni actos administrativos. La Presidencia, por su parte, informó que no existe acuerdo confidencial con Hayden Davis. La publicación, núcleo del caso, quedó así fuera de toda función pública.

El fallo se apoya en Estados Unidos: el Departamento de Justicia cerró el pedido de asistencia por insuficiencia de elementos y el tribunal federal de Manhattan desestimó el 29 de septiembre la demanda Hurlock c. Kelsier Labs, rechazando incluso una versión ampliada que sumaba los tokens $MELANIA, $ENRON y $TRUST.

Libertades conceptuales y pruebas incompletas

Primera tensión conceptual: el sobreseimiento se dicta por atipicidad, los hechos «no encuadran en una figura legal», pero la motivación repite fórmulas como «no se ha logrado acreditar» o «no se encontró evidencia». El estándar aplicado parece ser la insuficiencia probatoria, no la ausencia de delito.

Esa insuficiencia fue, en parte, autoproducida. La UFECI no completó los estudios de trazabilidad «por falta de herramientas técnicas bajo licencia», y la propia resolución admite que los informes de la DATIP perdieron valor por un acceso indebido a documentación reservada que luego trascendió a la prensa (sumario MPF 769/2026).

El teléfono de Mauricio Novelli contenía una nota que aludía a un acuerdo «as discussed with H.» y a una suma de dinero para Javier y Karina Milei, más dos conversaciones borradas con el contacto «Karina Milei RRPP». El fallo descarta el hallazgo porque no pudo probarse que la nota se hubiera enviado a alguien.

El escollo, sin embargo, era probatorio y no típico: los peritos confirmaron que la nota existió y que Novelli interactuó con ella. De probarse su envío y contenido, la conducta podría encuadrar. Ante esa duda, se declaró atípico lo que en realidad no llegó a probarse; nadie fue indagado para explicarlo.

Otra libertad: usar decisiones extranjeras como respaldo. La desestimación de Manhattan se apoyó en razones procesales, jurisdicción personal, continuidad RICO, identificación de demandados, y su estándar civil no mide tipos penales argentinos. Lo mismo ocurre con el cierre del trámite de asistencia del Departamento de Justicia.

Similar suerte corrió la ampliación de Mónica Frade sobre las declaraciones de Nadia Beller: el fiscal la consideró carente de los recaudos mínimos de los arts. 174 y 176 del CPPN, y lo único verificado, una declaración en Bolivia bajo protección, se redujo a preguntar si Beller mencionó $LIBRA. Respondido que no, se archivó.

El tuit que nunca se contrastó

Quizás el punto más débil: el contenido del tuit nunca fue contrastado con los hechos. «Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos», escribió Milei. El fallo debate la volatilidad de las memecoins, pero no si esa afirmación fue verdadera.

El criterio aceptado exige «acto administrativo formal, expresión institucional o recursos públicos» para ver función pública en juego. Y queda una tensión sin resolver: la resolución admite que la investidura presidencial pudo incidir «en la confianza» de los adquirentes y, a la vez, que publicó «en carácter de ciudadano».

Errores materiales y diseño del cierre

Los descuidos materiales también llaman la atención: el mismo imputado figura como «Favio Camilo», «Flavio Camilo» y solo «Camilo Rodríguez Blanco»; la causa acumulada se nombra como «4254/26», «4254/2026» y «4254/25»; y un informe oficial citado menciona el criptoactivo «SLIBRA», denominación ausente del resto del expediente.

El cierre tiene, además, un diseño que dificulta su revisión: los querellantes fueron excluidos en julio y la Cámara lo confirmó el 4 de septiembre, de modo que solo el fiscal,autor del pedido, podría apelar. Milei celebró en X preguntando quién lo indemnizaría «por un año, ocho meses y nueve días de calumnias».