lunes, 23 de marzo de 2026

El nexo offshore que une al dirigente de AFA Julio Larroca con la trama $LIBRA

Una misma familia de prestanombres con sociedades en Miami conecta la megacausa de contrabando de aceite que salpica a funcionarios de Entre Ríos con el escándalo de la criptomoneda que promocionó Javier Milei

El entramado societario que vincula al vicepresidente del Consejo Federal de la AFA, Julio César Larrocca, con la investigación por la criptomoneda $LIBRA tiene como eje central a una familia de prestanombres radicada en Argentina con ramificaciones en Estados Unidos y Europa: los Mellino. Las causas judiciales que involucran al dirigente futbolístico y al ex asesor letrado del municipio de Puerto Yeruá por presunta corrupción inmobiliaria se conectan con el escándalo financiero que sacude al Gobierno nacional a través de una misma estructura de empresas offshore utilizadas para triangular fondos millonarios y evadir controles cambiarios.

La conexión documentada surge de dos expedientes judiciales que comparten un mismo modus operandi: la utilización de testaferros y sociedades pantalla radicadas en Miami para canalizar dinero proveniente de maniobras irregulares. En el centro de ambas investigaciones aparece la firma Modo Domo LLC, una sociedad constituida en 2019 en el estado de Florida que figura a nombre de Susana Beatriz Georges y su hijo Diego Hernán Mellino, quiropráctico de profesión. Esta empresa fue detectada por la Justicia como una de las pantallas utilizadas para triangular las operaciones de exportación de aceite de soja subfacturado que habrían defraudado al fisco argentino por más de 200 millones de dólares.

La investigación por contrabando de aceite, que tramita en el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, involucra a MADEL S.A., una empresa entrerriana que tuvo como presidenta a Carolina Mabel Geier, de Urdinarrain, y como vicepresidente a un integrante de la familia Tommasi, reconocidos productores de la zona sur de la provincia. Esta firma figuraba como una de las exportadoras que declaraban ácido oleico (oleína) a un precio muy inferior al del aceite de soja que realmente comercializaban, evadiendo así el pago de retenciones.

En la cadena de triangulación, Modo Domo LLC actuó como intermediaria en al menos 33 operaciones registradas entre febrero y agosto de 2021. La estructura permitía que la mercadería saliera de la Aduana de Campana con una facturación a nombre de distintas sociedades por precios muy por debajo del mercado, para luego ser refacturada en Chile a los importadores reales a un valor hasta tres veces superior. La diferencia de dinero, según la sospecha fiscal, quedaba depositada en cuentas del exterior fuera del alcance del fisco argentino.

El expediente por contrabando de aceite tiene conexión directa con la provincia de Entre Ríos, donde se desempeñaba Julio Larrocca como asesor letrado del municipio de Puerto Yeruá y donde operaban varias de las empresas y personas investigadas. Los allanamientos realizados el pasado mes de febrero en cuatro ciudades entrerrianas —Urdinarrain, Gualeguaychú, Chajarí y Federación— secuestraron documentación, computadoras y celulares vinculados a la firma MADEL S.A. y a los hermanos Tommasi, cuyos domicilios particulares y empresas fueron allanados.

La conexión con la causa $LIBRA surge a través del patriarca de la familia Mellino, Orlando Rodolfo Mellino, padre de Diego y esposo de Susana. Orlando, un jubilado radicado en Tigre, recibió el 30 de enero de 2025 una transferencia por más de un millón de dólares en criptomonedas proveniente de Hayden Mark Davis, el creador de $LIBRA. La operación fue detectada por el fiscal Eduardo Taiano en el marco de la investigación por presunto lavado de activos vinculado a la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei.

La estructura societaria de los Mellino se extiende más allá de Modo Domo LLC. Según documentos registrales, la familia conformó un entramado internacional con sociedades en Miami, Málaga, Madrid y Argentina. En algunas de estas empresas figuran como titulares Orlando y Diego; en otras, Diego y Susana; y en al menos una aparecen los tres juntos. En febrero de 2023, Orlando Mellino se convirtió en accionista mayoritario de Logística Latinoamericana S.R.L. , luego de que sus anteriores dueños —identificados como Eric Feldsztejn, Guido Alejandro Levin, Jonathan David Romano y Darío Gabriel Rozental— le cedieran el 90 por ciento de las acciones. Esta sociedad figura como titular de varios vehículos de alta gama que conducen los miembros de la familia.

El patrón de funcionamiento se repite en los tres expedientes: personas sin capacidad económica aparente figuran como titulares de empresas o como destinatarias de millonarias transferencias. En la causa de Puerto Yeruá, los beneficiarios de las tierras fiscales vendidas a precio vil fueron funcionarios municipales y sus parientes, incluido Marcelo Alcides Larrocca, hijo adoptivo del dirigente de AFA. En la causa de contrabando de aceite, aparecen exportadores insolventes que recién tramitaron su matrícula comercial luego de realizar operaciones millonarias. En la causa $LIBRA, un jubilado sin domicilio real —el domicilio declarado por Orlando Mellino en Tigre resultó ser una casa de hamburguesas— recibió y transfirió más de 5,8 millones de dólares en operaciones que abarcan desde marzo de 2024 hasta febrero de 2025.

La Justicia ya ha tomado medidas cautelares en ambos frentes. Diego Hernán Mellino y Susana Beatriz Georges tienen prohibida la salida del país desde julio de 2024, con una inhibición general de bienes que la Cámara de San Martín ratificó al rechazar un ofrecimiento de embargo por considerarlo insuficiente. Orlando Rodolfo Mellino, por su parte, fue alcanzado por una medida de congelamiento de bienes y activos financieros dictada el 11 de noviembre de 2025 por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa $LIBRA.

La triangulación a través de sociedades offshore radicadas en Miami constituye el mecanismo instrumental que une las tres causas. Modo Domo LLC, creada por Susana Georges y luego administrada por su hijo Diego, operaba desde una dirección en el noroeste de Miami con un agente registrado en San Petersburgo, Florida. Esta estructura permitía canalizar fondos hacia el exterior sin pasar por el circuito financiero formal argentino, dificultando el rastreo por parte de los organismos de control.

El fiscal de la causa de Puerto Yeruá, José Arias, describió el esquema de apropiación de tierras fiscales como una operatoria en la que los funcionarios “se pusieron de acuerdo para quedarse con lotes de 1.200 a 1.700 metros cuadrados, en lugares hermosos, aprovechándose de una serie de normas pensadas para adjudicar sin licitación pequeños terrenos a gente muy humilde”. En ese caso, el instrumento documental fueron las escrituras de compraventa simuladas que no reflejaban el valor real de los inmuebles ni el efectivo ingreso del dinero a las arcas municipales.

En la causa de contrabando de aceite, los instrumentos utilizados fueron facturas truchas y declaraciones aduaneras falsas que permitían subfacturar las exportaciones. La Justicia detectó las maniobras al comparar los registros de la Aduana Argentina con los de la Aduana de Chile, donde se detallaba la importación del producto real por montos muy superiores a los declarados en origen.

En la causa $LIBRA, el instrumento de triangulación fueron las transferencias en criptomonedas a través de billeteras virtuales, utilizando a un jubilado como “rampa de salida” para convertir dinero virtual en efectivo sin dejar rastro documental claro.

El entrecruzamiento de causas muestra un mismo entramado de fondo: la utilización de personas interpuestas y sociedades offshore para ocultar el origen de fondos y evadir controles. La familia Mellino, con sus diez sociedades constituidas antes de 2023, aparece como el nexo documentado entre la megacausa de contrabando de aceite que involucra a empresas y funcionarios de Entre Ríos y la investigación por la criptomoneda $LIBRA que salpica al entorno del Presidente.

Una investigación federal reveló una presunta pista clandestina y un entramado societario vinculado a Pablo Toviggino

Una investigación judicial iniciada a fines de 2017 por la Justicia federal expuso una compleja trama que vincula al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, con una presunta organización dedicada al narcotráfico, la usurpación de tierras y el uso de pistas clandestinas en la provincia de Santiago del Estero.


 

La causa fue impulsada por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, junto al fiscal subrogante de Campana, Manuel Matilla. El expediente quedó bajo la órbita del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó una serie de medidas probatorias a partir de testimonios y elementos de inteligencia recolectados por fuerzas de seguridad.

Testimonios y origen de la causa

El expediente se inició con las declaraciones de dos testigos protegidos que, bajo reserva de identidad, coincidieron en señalar a Toviggino como presunto líder de una organización que habría usurpado campos rurales para utilizarlos con fines vinculados al narcotráfico.

Ambos testimonios ubicaron el foco de las actividades en una finca situada en el paraje “Ahí Veremos”, en el departamento Alberdi de Santiago del Estero. En ese predio, específicamente en un sector conocido como “Picada YPF”, se habría acondicionado una pista clandestina utilizada por avionetas que presuntamente transportaban cocaína.

 

Intervención de Gendarmería y verificación en terreno

Para corroborar las denuncias, la Justicia encomendó tareas de inteligencia a la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de la Gendarmería Nacional. El operativo fue encabezado por el Primer Alférez Norberto Omar Ghighlione, quien posteriormente declaró ante el juez.

Según su testimonio, se logró confirmar mediante el uso de drones la existencia de un espacio apto para el aterrizaje de aeronaves livianas. Además, agentes encubiertos ingresaron al predio bajo una maniobra autorizada por ley, donde constataron la presencia de personas que no realizaban tareas rurales convencionales, pero sí disponían de equipos de comunicación VHF.

Ghighlione vinculó directamente a Toviggino con el campo investigado y mencionó la presencia de dos colaboradores: Fernando “Polo” Figueroa y Gabriel Gorosito. Ambos fueron identificados como integrantes de una red empresarial relacionada con el dirigente deportivo.

Empresas bajo investigación

Uno de los ejes centrales de la investigación fue el entramado societario vinculado a Toviggino. En particular, se destacó el rol de HT SRL, empresa en la que también figuró como directivo Gabriel Gorosito. Según informes de inteligencia, esta firma habría tenido control sobre el campo del paraje “Ahí Veremos”.

Además de HT SRL, el fiscal Iglesias solicitó información a la Inspección General de Justicia sobre otras sociedades: Malte SRL, IMA SRL, SOMA SRL y BORI SRL. Estas compañías forman parte de un conjunto de estructuras empresariales que, según la investigación, podrían haber sido utilizadas para administrar activos, canalizar operaciones o eventualmente ocultar patrimonio.

HT SRL, en particular, posee relevancia económica en la provincia, ya que controlaría, entre otros activos, un hotel de alto nivel en Santiago del Estero utilizado por la AFA para alojar delegaciones que compiten en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Denuncias por usurpación de tierras

El control del campo investigado también fue objeto de denuncias previas. El abogado Edgardo Taboada afirmó que esas tierras pertenecían históricamente a su familia y que habrían sido usurpadas mediante maniobras irregulares, incluyendo la supuesta falsificación de documentación por parte de una escribana local.

Según sus declaraciones, Toviggino habría contado con respaldo político en la provincia, donde el poder institucional ha estado históricamente influenciado por el exgobernador Gerardo Zamora.

Tráfico aéreo irregular y evidencia técnica

Como parte de la investigación, los fiscales solicitaron datos al sistema de Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI), que reportó la detección de 37 vuelos sospechosos en la zona entre 2012 y 2018. Asimismo, un grupo especializado de la Gendarmería identificó 14 vuelos irregulares durante 2017 con destino al área investigada.

Los testimonios recogidos también indicaron que los habitantes de la región observaban con frecuencia operaciones aéreas nocturnas, incluyendo descargas de estupefacientes y reabastecimiento de combustible.

Derivación a Catamarca y conexión internacional

Con el avance del expediente, la causa fue remitida a la provincia de Catamarca, donde surgieron elementos que vinculaban la logística del presunto tráfico con redes internacionales.

En ese contexto apareció la figura de Eva Portillo de Quiñones, conocida como “La Tía”, señalada como proveedora de estupefacientes y nexo con organizaciones de países como Bolivia, Perú, Chile y Brasil. La mujer fue detenida en un control policial y su expediente incluyó referencias a contactos en Santiago del Estero, entre ellos Fernando Figueroa.

Evolución judicial y estado actual

A pesar del volumen de pruebas acumuladas, la causa fue trasladándose entre distintas jurisdicciones: se inició en Buenos Aires, pasó por Campana y Zárate, continuó en Catamarca y finalmente llegó a Santiago del Estero.

Según fuentes judiciales, con el paso del tiempo Toviggino dejó de figurar como objetivo central en estas investigaciones. No obstante, el expediente original mantiene relevancia como antecedente en causas más recientes que analizan posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas a su red de sociedades.

El desarrollo del caso también pone de relieve las dificultades estructurales que enfrentan investigaciones judiciales en determinadas jurisdicciones, donde, según diversas fuentes, los expedientes que involucran a figuras de poder político o económico suelen avanzar con lentitud o quedar inconclusos.

La investigación, aunque fragmentada en distintas etapas y territorios, dejó documentada una serie de elementos —testimonios, informes de inteligencia, registros aéreos y vínculos societarios— que continúan siendo objeto de análisis en el ámbito judicial.

Tensa sesión en Quilmes: la concejal Albasetti denunció amenazas de Madres de Plaza de Mayo y defendió la verdad histórica

La concejal de Quilmes por La Libertad Avanza, Estefanía Albasetti, protagonizó un fuerte cruce político en el recinto del Concejo Deliberante tras denunciar públicamente haber recibido amenazas por parte de agrupaciones vinculadas a Madres de Plaza de Mayo. La edil utilizó sus redes sociales y su discurso en el cuerpo legislativo para amplificar su denuncia, en medio de un creciente clima de polarización en torno a la interpretación histórica de la violencia en Argentina.

“A pesar de las AMENAZAS y VIOLENCIA de las abuelas y madres de los montoneros, en Quilmes contamos la historia completa”, escribió Albasetti en su cuenta oficial de X, junto a fragmentos de su intervención. En su exposición, la concejal describió que un grupo de manifestantes la intimidó, entre los que se repetía la frase “a donde vayan los iremos a buscar”, una expresión que no se puede interpretar de otra forma que no sea como de un amedrentamiento directo.

Durante su discurso, Albasetti realizó un racconto de atentados cometidos por organizaciones armadas en la década de 1970, mencionando casos concretos de víctimas fatales. Mencionó a María Cristina Viola, de 3 años, muerta por una bomba atribuida al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) bajo la conducción de Mario Roberto Santucho; a Gladys Medina, de 13 años, y a su madre, asesinadas en un ataque de Montoneros; y a Juan Eduardo Barrios, un niño de 3 años que murió por un disparo en un atentado al Banco Provincia. “Qué sangrientos y qué crueles resultaron ser los jóvenes idealistas”, sostuvo la concejal en referencia a calificativos que, según dijo, algunos sectores utilizan para encubrir la violencia terrorista.


La concejal enfatizó que su objetivo es “contar la historia completa” y advirtió que no permitirá que “sigan manipulando la historia”. Afirmó: “Nosotros no defendemos dictadores, señora Presidenta. Por eso celebramos junto al pueblo venezolano la caída del dictador Maduro. Ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo vamos a justificar a los violentos”.

El hecho se inscribe en un contexto de creciente disputa discursiva en diversos ámbitos institucionales sobre el abordaje de la violencia política de los años setenta y el rol de las organizaciones armadas que combatieron las subversión tal las ordenes del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, mediante los "decretos de aniquilamiento", firmados por esta.

domingo, 22 de marzo de 2026

El peritaje a los bienes de Insaurralde, Cirio y Clerici ya está en marcha en la causa por el viaje a Marbella

La justicia federal ha comenzado el peritaje sobre los bienes del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; su ex esposa, la conductora de televisión Jésica Cirio; y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El expediente tuvo su origen en octubre de 2023, cuando se hizo público el viaje de lujo que Insaurralde realizó a Marbella, España, junto a Clerici, en medio de la campaña por las elecciones presidenciales de ese año.

El trabajo de peritaje contable comenzó el pasado 3 de marzo y se estima que tendrá una duración aproximada de cuatro meses, según informaron fuentes judiciales al diario Clarín. La tarea está a cargo de peritos contadores designados por la Corte Suprema de Justicia, y en ella intervienen también profesionales que representan a la Fiscalía, a la querella ejercida por la asociación civil Poder Ciudadano y a los propios acusados en la causa.

El objeto de la pericia es analizar el patrimonio de Martín Insaurralde para determinar si sus ingresos como funcionario público justifican los bienes y los gastos de alto nivel que se le atribuyen. Los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco ya han sostenido que esa justificación no existe, y por ello han solicitado su indagatoria, junto con la de otras cinco personas señaladas como presuntos testaferros del exfuncionario.

El peritaje abarca cerca de 80 puntos de pericia, que fueron acordados entre las partes en una audiencia celebrada el mes pasado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien tiene a su cargo el caso. Sin embargo, los fiscales Mola y Velasco objetaron que se excluyeron medidas que habían sido previamente aprobadas. Entre los puntos suprimidos se encuentran los vinculados a Carolina Álvarez, ex esposa de Insaurralde, y a los hijos del ex intendente. El juez Armella justificó su decisión argumentando que Álvarez no está formalmente imputada en la causa y que, en su rol de magistrado, tiene la facultad de determinar las medidas de prueba. Los fiscales apelaron esa resolución para que intervenga la Cámara Federal de La Plata.

El caso se desencadenó tras la difusión de imágenes en las que se veía a Insaurralde, entonces jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, y a Clerici a bordo del yate "Bandido" en Marbella. La investigación fiscal determinó que el costo total del viaje ascendió a 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares, desglosados en pasajes de avión, alojamiento y el alquiler de la embarcación. La exposición pública del caso llevó a Insaurralde a renunciar a su cargo.

La investigación también reveló un desfasaje significativo entre los ingresos declarados y los gastos del exfuncionario. Según la Fiscalía, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, Insaurralde gastó aproximadamente 78.000 dólares en pasajes de avión, mientras que sus ingresos en ese mismo período fueron de 33.000 dólares. El peritaje en curso examinará esos viajes al exterior, así como la compra, las refacciones y los gastos de su vivienda en el complejo "Fincas de San Vicente Club de Chacras", un inmueble de 841 metros cuadrados. También se analizarán los vehículos registrados a su nombre y aquellos en los que figura con autorización para conducir.

Otro de los puntos centrales del peritaje es el origen de los 600.000 dólares que fueron secuestrados en la vivienda de Sofía Clerici, ubicada en el barrio privado de Nordelta, al inicio de la investigación. La modelo declaró que ese dinero provenía de su trabajo como acompañante y que no lo había declarado ante el fisco porque, según sostuvo, no existe una categoría impositiva que contemple esa actividad.

Por su parte, la defensa de Martín Insaurralde ha planteado que no hubo enriquecimiento ilícito, argumentando que su nivel de vida se justifica con los ingresos que generaba Jésica Cirio, su ex esposa, quien además le habría realizado una donación de 200.000 dólares. En consecuencia, el peritaje también investigará los detalles de esa donación y analizará el patrimonio de la conductora de televisión.

Crisis en las Fuerzas Armadas y de Seguridad: Deterioro Salarial y Degradación Profesional

La situación salarial de los integrantes de las Fuerzas Armadas, y de Seguridad y Policial Federales en Argentina ha alcanzado un punto crítico que amenaza la estabilidad institucional de las organizaciones. Diversos testimonios y reportes técnicos indican que el poder adquisitivo de los efectivos, tanto en actividad como en retiro, ha sufrido una caída sin precedentes frente a la inflación y el costo de vida. Esta realidad ha derivado en una crisis humanitaria y profesional que afecta la moral de quienes tienen a su cargo la defensa y seguridad del país.

Recientemente, el testimonio del Suboficial Principal retirado Julio Francisco Monge, del Arma de Ingenieros, visibilizó el malestar generalizado tras 30 años de servicio. Monge denunció públicamente que los haberes de retiro no permiten cubrir las necesidades básicas, lo que obliga a buscar alternativas de supervivencia en el sector informal. Su caso es representativo de miles de uniformados que se sienten desprotegidos por la institución a la que dedicaron su vida laboral.



A esta problemática se suma una medida que ha generado profunda indignación: la prohibición explícita de realizar actividades laborales complementarias. Según trascendió, la jefatura del Ejército, bajo órdenes del General Oscar Zarich, habría instruido a la oficialidad y suboficialidad la restricción de trabajar en aplicaciones de transporte o delivery como Uber, Rappi o Didi. Esta directiva impide que el personal pueda alcanzar un salario digno mediante el esfuerzo privado fuera de sus horarios de servicio.

La realidad operativa muestra que, ante la insuficiencia de los sueldos estatales, incluso oficiales con rango de Teniente en la Armada han recurrido a conducir vehículos de aplicaciones para sostener a sus familias. La prohibición de estas tareas, lejos de proteger la integridad del servicio, empuja a los efectivos a una situación de precariedad extrema, ya que el Estado no ofrece una remuneración que sea proporcional a la responsabilidad y el riesgo de sus funciones.

A pesar de la gravedad de los hechos, las carteras de Defensa y Seguridad no han brindado respuestas concretas ni planes de recomposición salarial que detengan la sangría económica del sector. La falta de diálogo y la ausencia de políticas de bienestar integral son interpretadas por los efectivos como una señal de abandono por parte de las autoridades políticas, quienes mantienen las estructuras salariales congeladas o con aumentos que no logran compensar el desfasaje acumulado.

La degradación profesional es otro de los efectos colaterales de esta política económica. Se ha reportado una preocupante pérdida de talento y de vocación, dado que el personal joven prefiere migrar hacia el sector privado o directamente abandonar las fuerzas ante la imposibilidad de proyectar un futuro económico estable. Esta situación erosiona la cadena de mandos y la eficiencia operativa de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la defensa nacional.

Un ejemplo que ilustra lo absurdo de la escala salarial actual es la comparación con otros servicios básicos del mercado. En debates mediáticos recientes, se expuso que el valor de la hora de trabajo de un agente de la Policía Federal en servicios adicionales puede ser significativamente inferior al costo de una niñera o personal doméstico. Esta distorsión salarial representa una falta de respeto a la formación académica y al compromiso institucional de los uniformados.

Esta política de ajuste es atribuida a las decisiones tomadas desde el Poder Ejecutivo Nacional por el presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Según diversos analistas, la gestión de los recursos destinados a las fuerzas se ha manejado de forma arbitraria y discrecional, priorizando el equilibrio fiscal sobre la subsistencia mínima y la dignidad de los trabajadores del sector público nacional.

Asimismo, la gestión del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha mantenido una línea que evita abordar la profundidad del deterioro salarial militar y policial. Esta falta de reconocimiento de la crisis por parte de la jefatura de gabinete contribuye a un clima de incertidumbre y malestar que se filtra en todas las jerarquías de las fuerzas federales, afectando la cohesión interna.

El impacto de este desfinanciamiento no se limita únicamente al sueldo neto, sino que ha golpeado severamente a los servicios de salud y bienestar. La degradación de las obras sociales y los sistemas de atención médica específicos para el personal de las fuerzas es una consecuencia directa de la falta de aportes y la desinversión generalizada. Los efectivos denuncian cada vez mayores dificultades para acceder a turnos médicos, medicamentos y prestaciones básicas.

La degradación social que sufren los uniformados es el resultado de años de desconsideración política. Al ser obligados a vivir bajo la línea de pobreza o a depender de trabajos informales prohibidos para subsistir, se rompe el contrato social que el Estado mantiene con quienes portan armas en su nombre. La falta de una lógica salarial coherente está destruyendo el prestigio de las fuerzas armadas y de seguridad frente a la sociedad civil.

En conclusión, la crisis salarial en las Fuerzas Armadas y federales ha dejado de ser un problema administrativo para convertirse en un conflicto de raíz política y social. Sin una respuesta inmediata que garantice salarios dignos y el respeto a la carrera profesional, las instituciones corren el riesgo de un vaciamiento operativo y moral de consecuencias imprevisibles para la seguridad del territorio nacional.

Entradas populares