Videos con dólares reavivan la investigación sobre Martín Insaurralde y Jésica Cirio

La investigación judicial que involucra al exintendente de Martín Insaurralde y a su exesposa, Jésica Cirio, sumó un nuevo elemento de interés tras la difusión de una serie de videos en los que se observan importantes cantidades de dólares almacenados en una vivienda que ambos compartieron durante su matrimonio.

Según la información difundida por el diario La Nación, el material audiovisual consta de siete videos en los que Cirio aparece registrando imágenes dentro de un vestidor. En las grabaciones se observan fajos de dólares guardados en bolsas transparentes y distribuidos en cajones y estanterías de un espacio originalmente destinado al almacenamiento de ropa y calzado.

De acuerdo con la publicación, las imágenes habrían sido registradas en 2023 en la residencia que el entonces matrimonio poseía en el barrio privado Fincas de San Vicente, ubicado en el sur del Gran Buenos Aires. La propiedad contaba con amplios espacios residenciales, incluyendo varias habitaciones, baños, cocina, comedor diario, gimnasio, lavadero y dependencias de servicio. En la planta alta se encontraba el dormitorio principal utilizado por la pareja, sector donde habría sido grabado el material.

La vivienda también disponía de un parque con piscina decorada con el escudo del Club Atlético Banfield, además de quincho, cancha de fútbol, cocheras cubiertas y paneles de energía solar instalados en el techo. Según la descripción difundida, el vestidor de Insaurralde se extendía como un pasillo con espacios de guardado a ambos lados y terminaba en un espejo donde puede observarse el reflejo de Cirio durante la filmación.

Insaurralde y Cirio contrajeron matrimonio en diciembre de 2014. La separación se produjo en noviembre de 2022, mientras que el divorcio fue formalizado en julio de 2023. Meses después se produjo el denominado “yategate”, episodio que adquirió gran repercusión pública luego de que se difundieran imágenes de Insaurralde navegando en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici.

La controversia se originó a partir de fotografías publicadas en redes sociales donde se observaba al exfuncionario disfrutando de un viaje en el Mediterráneo a bordo del yate denominado Bandido. Las publicaciones también mostraban artículos de lujo exhibidos por Clerici, entre ellos relojes, carteras y joyas. La difusión de esas imágenes derivó en denuncias e investigaciones vinculadas a presuntos hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Consultada sobre la aparición de los videos, Cirio respondió a través de su abogado, Claudio Caffarello. El letrado sostuvo que su representada viene denunciando desde hace aproximadamente un año y medio una situación de presunta extorsión relacionada con la existencia de ese material audiovisual. Según explicó, existe una denuncia radicada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 58 bajo el expediente 36.588/2025, además de documentación notarial destinada a acreditar la fecha en que comenzaron las amenazas.

Caffarello afirmó que, en caso de que los videos correspondan efectivamente a imágenes de Cirio junto a dólares, el dinero podría pertenecer legítimamente a la conductora y estar respaldado por sus declaraciones impositivas y por los ingresos obtenidos en su actividad privada. También señaló que en el expediente ya consta que, al momento de la separación, Cirio habría entregado 250.000 dólares a su exesposo, circunstancia que, según la defensa, demostraría que disponía de fondos propios.

Por su parte, no trascendieron declaraciones públicas de Insaurralde respecto del contenido de los videos. La difusión del material se produce mientras continúan abiertas distintas investigaciones judiciales sobre el patrimonio del exintendente y de personas vinculadas a su entorno.

En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, Clerici y Cirio en el marco de una causa donde se investigan presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La medida fue adoptada mientras avanzaban distintas diligencias destinadas a determinar el origen de bienes, movimientos patrimoniales y operaciones financieras vinculadas a los investigados.

Otro aspecto mencionado en la información difundida se relaciona con la vida personal de Cirio tras su divorcio. En mayo de 2024 contrajo matrimonio con el empresario Elías David Piccirillo. Según la publicación periodística, días antes de la boda, Piccirillo le cedió gratuitamente los derechos sobre una propiedad valuada en aproximadamente 2,8 millones de dólares ubicada en la zona de Nordelta.

El origen de los videos también quedó envuelto en controversia. Según trascendió, el periodista Diego Suárez sostuvo que habría tenido acceso al material a través de Piccirillo. Actualmente, el empresario se encuentra bajo arresto domiciliario en una causa en la que se lo acusa de haber intentado perjudicar judicialmente a un exsocio. Asimismo, es investigado en otros expedientes relacionados con presuntas maniobras financieras vinculadas al mercado informal de divisas durante las restricciones cambiarias vigentes en años anteriores.

La aparición de los videos incorpora un nuevo elemento a una causa que desde 2023 concentra atención política, judicial y mediática. Mientras continúan las investigaciones, el contenido de las grabaciones podría convertirse en un factor relevante para determinar si existen o no elementos de interés penal vinculados con el origen, la titularidad y la trazabilidad de los fondos observados en las imágenes.

Avances en la investigación por la clínica ilegal en La Matanza: seis detenidos y sospechas de estafas a instituciones educativas

La investigación judicial sobre el funcionamiento de la clínica clandestina "Argentina Salud", la cual operaba de manera ilegal en distintas localidades del partido de La Matanza, ha sumado nuevas declaraciones médicas y denuncias particulares en el transcurso del último mes. 

La causa penal se inició formalmente el pasado 20 de mayo, luego de que una médica esteticista denunciara la falsificación de su sello profesional en la sede de González Catán, ubicada sobre la Ruta Nacional 3 (Juan Manuel de Rosas 14.921). A partir de este hecho, se constató la adulteración de al menos 49 sellos pertenecientes a profesionales de la salud, lo que derivó en la clausura inmediata de todas las sedes del establecimiento y en la detención de seis personas imputadas por los delitos de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, venta ilegal de medicamentos y usurpación de títulos.

El contexto en el que operaba la organización delictiva expone una grave desatención y fallas estructurales en los mecanismos de control e inspección correspondientes tanto al ámbito municipal de La Matanza como al provincial, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Los establecimientos médicos funcionaban de manera abierta al público desde hacía al menos cinco años —habiendo iniciado sus actividades en Virrey del Pino antes de expandirse— sin contar con ningún tipo de habilitación oficial de las carteras sanitarias ni del colegio médico local. 

La red delictiva incluía el despliegue de cinco ambulancias no autorizadas destinadas a traslados de alta complejidad y atención domiciliaria, cobraba consultas espontáneas con valores aproximados de 40.000 pesos y aplicaba una metodología de registro analógica basada exclusivamente en recetas de papel y la omisión de sistemas informáticos para evitar dejar rastros digitales de las consultas de los pacientes. Asimismo, se reportó la entrega directa de medicamentos almacenados en los escritorios.

La ramificación del caso ha alcanzado al sistema educativo de la región, estimándose en cerca de 30 las escuelas e instituciones damnificadas que mantenían convenios de cobertura de emergencias médicas con el centro clandestino. 

Las autoridades judiciales han comenzado a citar a personal directivo de dichos establecimientos para determinar el origen de los fondos utilizados para el pago de las prestaciones y establecer si provenían de las cooperadoras escolares o del Consejo Escolar de La Matanza. Según consta en el expediente, los hijos del principal investigado eran los encargados de la firma de estos contratos de servicios médicos con los colegios de la zona.

En el plano penal, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada N° 1 de Gregorio de Laferrere evalúa incorporar cargos más graves a los seis detenidos actuales, entre los que se encuentran el propietario de la firma, personas con antecedentes penales previos y miembros de su núcleo familiar directo. Las medidas de prueba se concentran actualmente en el peritaje de las historias clínicas secuestradas en los allanamientos para determinar el alcance y validez del resto de las matrículas utilizadas. 

Además, la fiscalía analiza las denuncias por mala praxis, centradas principalmente en el fallecimiento de un paciente que fue enviado a su hogar con analgésicos tras no detectársele un cuadro de preinfarto en un estudio cardiológico. Los representantes legales de la familia damnificada han solicitado que el hecho sea tipificado bajo la figura de homicidio con dolo eventual una vez concluidas las pericias médicas que determinen el nexo causal de las prestaciones brindadas por el centro irregular.

El entramado de los sobresueldos: la opacidad salarial que debilita la estructura estatal y quiebra la confianza pública

El debate en torno a la transparencia en la administración pública nacional ha cobrado un nuevo y complejo impulso tras una serie de revelaciones y cuestionamientos sobre los denominados "sobresueldos" o pagos informales dentro de la estructura estatal. 

Esta problemática, profundamente arraigada en diversos organismos, expone una seria debilidad institucional del Estado argentino para diferenciar sueldos y establecer escalas salariales jerarquizadas de manera transparente y legal.

 

Recientemente, el politólogo, profesor e investigador de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud, encendió las alarmas públicas durante una entrevista en el programa radial After Office Now de la emisora Now 97.9 FM. 

En dicha intervención, el especialista aseguró de forma tajante que los cuestionados ingresos de altos funcionarios de la administración nacional provienen de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y de los entes cooperadores del sector público.

De acuerdo con las precisiones brindadas por Malamud, figuras de alto nivel de la gestión presidencial encabezada por Javier Milei, entre ellas el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, se encuentran en el centro de las sospechas por percibir compensaciones económicas de procedencia opaca. 

Según el analista, este tipo de retribuciones paralelas surge cuando los gobiernos carecen de la capacidad técnica para jerarquizar salarios oficiales y deciden de forma irregular abonar más dinero a quienes consideran indispensables mediante canales financieros ilegales.

La generación de estos sobresueldos se articula fundamentalmente a través de dos mecanismos: el uso discrecional de fondos reservados de la inteligencia estatal y el funcionamiento autónomo de los entes cooperadores. 

Estos últimos operan como organismos paraoficiales o paraestatales que están exentos de cumplir con las estrictas reglas de la contratación pública y las licitaciones oficiales, lo cual facilita desvíos y distribuciones de dinero ajenas al control directo del presupuesto.

El propio Malamud ejemplificó el modus operandi de este entramado recurriendo a su experiencia laboral en gestiones pasadas, relatando que percibía un porcentaje oficial minoritario con recibo de sueldo tradicional y una porción paralela mayoritaria. 

Este segundo cobro se realizaba de manera informal portando una fotocopia emitida por el ente cooperador "La Ley", donde constaba su nombre pero el efectivo era entregado de forma directa en las dependencias de dicha entidad paraoficial.

Esta práctica nociva posee una larga continuidad histórica dentro de la burocracia argentina, habiendo atravesado de manera transversal a múltiples administraciones precedentes. 

En el transcurso de los 40 años de democracia, el volumen de estos entes cooperadores se incrementó de forma notable, con registros que se remontan a las remuneraciones extraordinarias que pagaba el exministro de Economía Domingo Cavallo o los cuatro mil empleados heredados del mandato de Carlos Menem en el Ministerio de Justicia. 

Aunque durante la presidencia de Fernando de la Rúa se intentó mitigar el impacto reduciendo estos sobresueldos a un tercio de su valor original, la matriz estructural no fue totalmente desmantelada.

Además de los fondos de inteligencia y los entes cooperadores, existen múltiples atajos administrativos y financieros en otras dependencias del Estado para generar sumas complementarias. 

El entramado burocrático recurre habitualmente a figuras legales desnaturalizadas como "recargos de servicio", "unidades retributivas", "horas extras" y "suplementos particulares" en los recibos de haberes ordinarios. 

En el ámbito de las fuerzas federales de seguridad, por ejemplo, estos complementos suelen otorgarse de manera generalizada para compensar salarios bajos, lo que a su vez alimenta una prolongada litigiosidad laboral conocida como la "industria del juicio".

Esta estructural opacidad en la liquidación de salarios y el pago sistemático de sumas no remunerativas ha desencadenado una avalancha judicial masiva contra el Estado Nacional. 

Al intentar parchar los déficits salariales otorgando pagos irregulares que no tributan a las cajas de retiro ni a las obras sociales, las distintas administraciones han empujado a los empleados públicos y a los uniformados a recurrir a los tribunales para reclamar lo adeudado. 

En la actualidad, los juicios por diferencias salariales concentran más de 145.000 expedientes, lo que representa más del 40% de toda la litigiosidad registrada en la administración central.  

La judicialización constante de estas resoluciones arbitrarias consolida una industria del juicio que erosiona severamente las arcas públicas, cuyo sostenimiento depende de los impuestos aportados por los ciudadanos. 

El costo real de estas políticas de pago informal resulta incalculable, ya que más de 183.000 demandas tramitadas contra el Estado carecen de una cifra cuantificada, operando como una inmensa deuda flotante que acumula años de intereses, actualizaciones y honorarios. 

Especialistas del ámbito legal advierten que estos litigios masivos no son accidentes, sino el producto de un mecanismo donde el Estado, considerado el mayor infractor de la legislación laboral del país, incumple sus obligaciones de forma generalizada.  

Lejos de resolver el conflicto de fondo, la burocracia estatal fomenta este ciclo judicial al denegar los reclamos administrativos iniciales, prefiriendo que la carga financiera de los juicios recaiga sobre los gobiernos futuros. 

Esta dinámica perversa permite que el Estado se financie a sí mismo mediante la dilatación procesal, ya que cuando un empleado finalmente cobra su juicio tras una década de litigio, la inflación y las tasas judiciales aplicadas terminan licuando el valor real de su compensación a apenas un 22% de su capacidad de compra original. 

Así, la maquinaria de pleitos salariales, que mantiene activas más de 339.000 demandas solo en la administración central, evidencia cómo la persistencia de los pagos irregulares no solo destruye el ordenamiento jurídico, sino que devasta el erario público.  

Otra faceta alarmante de esta opacidad presupuestaria fue visibilizada por las denuncias del policía federal Miguel Ángel Montiel. Montiel describió la confección de "planillas fantasmas" operadas dentro de la órbita de la Superintendencia de Transporte Federal, evidenciando cómo se desvían de forma encubierta asignaciones presupuestarias destinadas al funcionamiento operativo hacia destinos completamente discrecionales.

Las tensiones políticas escalaron sensiblemente a raíz de este conflicto cuando un grupo de periodistas acreditados interpeló a los principales ministros del Ejecutivo nacional durante una reciente comparecencia pública. 

En una conferencia de prensa celebrada en la Casa Rosada el 8 de mayo de 2026, de la que participaron Manuel Adorni junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se consultó explícitamente a los funcionarios si percibían sobresueldos en su gestión. 

Los ministros reaccionaron manifestando visible malestar, evadiendo dar una respuesta negativa categórica y dando por concluida la rueda de prensa de manera abrupta ante las incómodas preguntas institucionales.

Un ejemplo emblemático del uso de estas estructuras complementarias de pago se localiza en la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). 

Dicho organismo paraestatal ha funcionado tradicionalmente contratando personal destinado a prestar servicios directos en el Ministerio de Justicia de la Nación, permitiendo que ciertos agentes estatales accedan a un doble salario: uno oficial y otro paralelo financiado por la recaudación de la entidad automotriz. 

Si bien el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había manifestado públicamente su intención de erradicar esta cuestionada "caja millonaria", abandonó su cargo gubernamental antes de concretar la medida.

De este modo, coexisten dos realidades salariales sumamente asimétricas en el seno de la administración pública: por un lado, un sueldo formal "en blanco" destinado a la masa de empleados públicos comunes que carecen de influencias; por el otro, un ingreso "en negro" reservado a la cúpula que detenta cercanía, lazos de poder o favores políticos recíprocos. 

Para los analistas, esta dualidad salarial no constituye una mera desprolijidad de gestión, sino que califica formalmente como un acto de corrupción estructural que ningún gobierno decide resolver definitivamente.

Las implicancias institucionales de mantener este esquema erosionan de manera severa e irreversible la confianza de la sociedad en los gobernantes y en la transparencia democrática. Cuando la ciudadanía advierte que los funcionarios encargados de administrar los recursos tributarios colectan haberes por vías espurias u opacas, se quiebra el pacto de ejemplaridad pública. 

En términos estrictamente políticos, la inacción frente a este problema estructural revela una profunda contradicción ética, consolidando la percepción pública de que la corrupción es un elemento arraigado e ineludible en el ejercicio del gobierno nacional.

Analizan posibles conflictos de interés en la red corporativa de Belgrano Cargas

Tras revelarse el intrincado mapa, de fuentes oficiales, de relaciones que une al directorio de Belgrano Cargas y Logística S.A. con decenas de firmas públicas y privadas, especialistas en transparencia y derecho administrativo han comenzado a poner la lupa sobre potenciales incompatibilidades de funciones y conflictos de interés. La condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) de la mayoría de sus directores, sumada a su presencia simultánea en empresas competidoras, proveedores estratégicos y entidades de control financiero, enciende las alarmas de los reguladores.

El marco normativo argentino —regido principalmente por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (N° 25.188) y la Ley de Sociedades Comerciales (N° 19.550)— establece límites estrictos para evitar que los intereses privados u otros roles públicos colisionen con el beneficio de la empresa estatal ferroviaria. Un análisis detallado del entramado de datos permite identificar tres focos críticos de vulnerabilidad regulatoria que exigen una revisión inmediata por parte de las autoridades de control.

Uno de los puntos que genera mayor fricción normativa es la presencia de directores que operan simultáneamente en la estructura de Belgrano Cargas y Logística S.A. y en operadoras ferroviarias privadas o concesiones concurrentes. El artículo 273 de la Ley de Sociedades Comerciales prohíbe taxativamente a los directores participar en actividades en competencia con la firma que administran, salvo autorización expresa de la asamblea de accionistas.

Casos como el de Ricardo Guillermo Tonet y Ernesto Sothmann, quienes figuran con roles directivos en el nodo estatal pero también en Ferroexpreso Pampeano S.A. y Nuevo Central Argentino, representan una encrucijada de compliance. Ambas firmas privadas compiten por cuotas de mercado del transporte de granos y materias primas en los mismos corredores del país. Administrar los recursos del Estado (vías, locomotoras, subsidios) mientras se tiene voz y voto en los directorios de competidores privados plantea una incompatibilidad ética y operativa evidente.

Otra línea de vulnerabilidad se detecta en el sector de la infraestructura y el financiamiento público. Diversos directores ocupan sillones a ambos lados del mostrador, interviniendo de manera simultánea en las etapas de ejecución de obras, provisión de servicios y control de los fondos presupuestarios.

Perfiles como el de Celia Elena Yannuzzi entrelazan a Belgrano Cargas con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSE) y el BICE (Leasing y Factoring). La contradicción radica en que ADIFSE es la encargada de licitar las obras de las vías que luego utiliza Belgrano Cargas, mientras que las entidades financieras públicas aprueban las líneas de crédito y el leasing de maquinaria. Si un mismo directivo influye en la planificación ferroviaria, en la aprobación del presupuesto y en el posterior financiamiento, los mecanismos de pesos y contrapesos institucionales se diluyen.

Mismos actores con diversas conexiones entre empresas con participación estatal

El tercer foco crítico de incompatibilidad potencial radica en la interacción con el sector privado comercial y la cadena de suministros. El entramado expone que el director Juan José Avellaneda Figueroa extiende sus lazos hacia industrias energéticas y tecnológicas como Petroquímica Cuyo S.A.I.C., Metrored Holdings y Tem Technologies.

Desde la perspectiva de las contrataciones públicas, las empresas ferroviarias estatales son compradoras masivas de combustibles, lubricantes y tecnología de telecomunicaciones para el control de tráfico de trenes. Si un director posee intereses comerciales o cargos de decisión en proveedores de este tipo de insumos, la Ley 25.188 exige su automática abstención en cualquier proceso de licitación para evitar sospechas de direccionamiento de contratos públicos.

Para los expertos en transparencia, este nivel de interconexión no implica necesariamente la comisión de un delito, pero sí configura una matriz de alto riesgo operativo y reputacional. La acumulación de cargos en empresas con intereses cruzados —financieros, gremiales y comerciales— obliga a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a aplicar auditorías más severas.

En un contexto donde el Estado busca optimizar el rendimiento y la transparencia de sus unidades logísticas, la delimitación clara de funciones se vuelve prioritaria. Las declaraciones juradas de intereses de estos funcionarios deberán ser revisadas con lupa para garantizar que las decisiones estratégicas de Belgrano Cargas respondan únicamente al beneficio del interés público y no a agendas corporativas particulares.

Causa ARSAT-ORSNA: La declaración del chofer de Facundo Leal complica la situación de los exfuncionarios imputados por corrupción y lavado de dinero

Según revelaciones de La Nación, en el marco de la investigación judicial por presuntos sobornos, contrataciones irregulares y lavado de activos que involucra a la empresa estatal ARSAT y al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la reciente declaración testimonial de quien fuera el chofer personal de Facundo Leal durante más de seis años se ha convertido en una pieza doctrinaria fundamental para el expediente.

El testigo, que prestó servicios ininterrumpidos para el exfuncionario desde enero de 2020 hasta el momento de su captura el pasado 28 de mayo, aportó precisiones cronológicas, logísticas y operativas que permiten a la fiscalía interconectar el origen de los fondos ilícitos con las maniobras de resguardo patrimonial ejecutadas por la organización criminal bajo sospecha.

De acuerdo con las constancias incorporadas formalmente al expediente judicial, el testigo reconoció de manera taxativa una valija que le fuera exhibida mediante registros fotográficos de los allanamientos, admitiendo haberla trasladado personalmente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la provincia de Mendoza en febrero del corriente año, coincidiendo con el período en que Leal presentó su dimisión al ORSNA. 

Dicho equipaje fue el mismo secuestrado por las fuerzas de seguridad en un departamento ubicado sobre la avenida Boulogne Sur Mer, en territorio mendocino, en cuyo interior las autoridades fiscales contabilizaron una suma aproximada de 1,7 millones de dólares estadounidenses, los cuales forman parte del total de 2,6 millones de dólares e importantes cantidades de sustancias estupefacientes incautadas durante el operativo inicial en el barrio porteño de Palermo.

Asimismo, el deponente describió ante las autoridades judiciales una serie de patrones de conducta que calificó como inusuales dentro de la rutina diaria del exdirector, detallando el uso recurrente de "mochilas raras" que eran depositadas y mantenidas en el baúl del vehículo oficial durante lapsos de dos a tres días para luego ser selectivamente reemplazadas tras reuniones de carácter reservado.

El chofer precisó eventos específicos, tales como el ingreso de Leal a un edificio de la zona céntrica portando dos mochilas de manera simultánea, un modus operandi que, si bien el testigo no pudo asociar de forma directa con la visualización de dinero en efectivo por razones de compartimentación, coincide con la hipótesis fiscal sobre el transporte capilar de divisas espurias provenientes de retornos contractuales.

El testimonio también ratificó la existencia de un vínculo de extrema confianza y habitualidad entre Facundo Leal y Santiago Pando, sindicado formalmente en la causa como el nexo operativo con la firma prestataria Argentina Logistic Services (ALS), empresa beneficiaria de las contrataciones objetadas.

Según el relato de la fianza, las interacciones entre ambos sospechosos excedían las Oficinas de ARSAT situadas en la localidad bonaerense de Benavídez y el edificio conocido como “el Rulero” en Retiro, registrándose frecuentes traslados hacia el sector de la Recova, en el centro de la Capital Federal, donde Pando y Leal mantenían encuentros periódicos que denotaban una relación de amistad y coordinación previa que trasciende los carriles institucionales normativos.

Finalmente, la comparecencia brindó a los investigadores un mapa detallado de las locaciones utilizadas para las deliberaciones de la red, identificando una ruta gastronómica estable de encuentros entre los imputados que convalida las intervenciones telefónicas obrantes en la causa.

El chofer identificó al expresidente de Trenes Argentinos, Gerardo Boschin, esperando en las mesas exteriores del café Havanna de la Recova, así como reuniones en el restaurante Piegari de la calle Posadas y traslados hacia el local Tostado de Nordelta durante el período pandémico, ámbitos en los cuales se constató la presencia reiterada de Boschin y de Leonardo Comperatore junto a Carlos Martínez, este último ya procesado por anomalías en el Mercado Central, consolidando la hipótesis de una matriz de corrupción de alcance interorganismos.