Revelaciones en el diario La Nación, por parte de Camila Dolabjian muestran un deficiente esquema de seguridad y la sustracción de equipos estratégicos del Estado nacional actuaron como el detonante de una compleja investigación judicial que expuso una presunta red de cartelización, sobornos y lavado de activos.
El epicentro del escándalo involucra a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) y a la firma privada Argentina Logistic Services S.A. (ALS), y ya ha provocado la detención de un exfuncionario de primera línea.
El 4 de enero de 2024, personal técnico de Arsat acudió a un depósito ubicado en la localidad bonaerense de San Fernando, operado por la contratista ALS.
Al inspeccionar el lugar, descubrieron que quince contenedores habían sido violentados. Faltaban flejes de cobre y componentes internos vitales correspondientes a los equipos de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), la megaestructura troncal del Estado diseñada para proveer conectividad y banda ancha a todo el territorio nacional.
Las condiciones del predio expusieron negligencias severas: el cerco eléctrico perimetral se encontraba inoperativo desde la gestión de un inquilino anterior, y el sistema de videovigilancia no funcionaba. Fernando Paredes, presidente de ALS, justificó posteriormente que las cámaras sufrieron una falla de firmware exactamente entre el 21 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024, período en el cual la empresa no solicitó ningún tipo de soporte técnico ni mantenimiento.
Para llevar a cabo el saqueo en unidades específicas como el shelter N° 361 —donde la Gendarmería Nacional documentó soportes arrancados y cables dañados— los delincuentes requirieron escaleras, herramientas de corte de alta precisión y varias jornadas de trabajo a plena luz del día, según el testimonio aportado a la causa por Marcelo Garozzo, integrante del área de Infraestructura de la empresa estatal.
Intervención judicial y el allanamiento clave
El suceso originó el expediente FSM1924/2024, instruido por el fiscal federal Fernando Domínguez y el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. Junto con la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de esa jurisdicción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la pesquisa viró rápidamente del simple robo a la investigación de las condiciones de contratación del galpón.
Las medidas de prueba y el análisis de dispositivos móviles desencadenaron múltiples allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Mendoza, así como en las oficinas de ALS y la sede central de Arsat. El operativo más resonante tuvo lugar en el departamento del barrio porteño de Palermo perteneciente a Facundo Leal, quien se desempeñó como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), fue presidente de Arsat y continuaba siendo empleado de la compañía.
En su domicilio, la Policía Federal Argentina incautó drogas sintéticas, cocaína, ketamina y US$ 650.000 en efectivo, además de divisas de otros seis países. Simultáneamente, en una propiedad suya ubicada en la provincia de Mendoza, los efectivos hallaron cerca de US$ 1.700.000. Leal quedó inmediatamente detenido.
Licitaciones a medida y vínculos societarios
La reconstrucción documental evidenció un direccionamiento sistemático de los fondos públicos hacia la empresa ALS. El 14 de mayo de 2021, ALS alquiló el predio de San Fernando a su propietario, Marcos Sued, por un canon de US$ 20.000 mensuales en un contrato de 36 meses. Apenas 39 días después, el 29 de junio de 2021, el subgerente de Administración y Finanzas de Arsat, Juan Andrés Navarro, emitió un memorándum sugiriendo contratar de manera directa a ALS para ese exacto depósito, amparándose en el inciso m) del Reglamento de Compras.
El dictamen jurídico interno avaló los aspectos formales, pero se desligó de auditar la justificación económica o técnica. El 3 de septiembre se abrió un llamado a cotizar. El nivel de connivencia quedó registrado en los horarios de ingreso de las ofertas el día 10 de septiembre:
| Empresa Oferente | Hora de Ingreso | Vínculo Oculto |
| Argentina Logistic Services (ALS) | 14:41 hs. | Adjudicataria predefinida. |
| Transportes Padilla | 15:09 hs. | El vicepresidente de esta firma es padre de Diego Padilla, vicepresidente de ALS. |
| Tradelog | 15:24 hs. | Gastón Walter Padilla era director suplente en ALS y empleado en relación de dependencia aquí. |
La orden de compra inicial (OC-00010632) por US$ 766.099 para el primer año de servicio fue autorizada por Gerardo Boschin, entonces subgerente de Compras y Contrataciones de Arsat (y quien hasta enero de este año presidió Trenes Argentinos).
Para evadir el control del Directorio —que por estatuto debía intervenir si el monto superaba los U$S 104.000. En total, las arcas del Estado desembolsaron de forma directa US$ 1.930.861 y $40.300.000 hacia la logística de ALS.
Retornos financieros y enriquecimiento ilícito
El cruce de comunicaciones vía WhatsApp y los registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) revelaron el circuito de retornos.
La fiscalía probó que los contactos iniciaron en noviembre de 2020, cuando Santiago Pando (socio de los Padilla) le exigió a Diego Padilla comunicarse con Boschin. Tras una reunión en Arsat el 21 de diciembre de 2020, Padilla le informó a Sofía Varela Vizgarra (gerenta general de ALS): "Viene todo perfecto. Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos".
Los pagos ilícitos quedaron documentados en mensajes de 2022. El 2 de marzo, Fernando Paredes le escribió a Padilla: "Dieguito vamos a tener disponible en lo de Mati [Matías Valent] US$15.000... Esto es para Pando por negocios ARSAT". Semanas después, el 16 de mayo, Paredes confirmó la entrega de sobornos a funcionarios: "El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo". En la lista de eslabones financieros de este circuito también figura un individuo identificado como Martín Mareco.
En paralelo, los patrimonios de los funcionarios de Arsat se multiplicaron drásticamente, coincidiendo con las fechas de adjudicación:
- Gerardo Boschin: Adquirió una camioneta VW Highline en noviembre de 2021.
- Facundo Leal: Compró una Ford F150 Lariat V8 4x4 (mayo 2021), una Volkswagen Amarok (julio 2022), y sumó una Ford Ranger Raptor y un vehículo Can-Am Maverick X3 (2023). Su esposa patentó una BMW X5 en junio de 2021.
- Pablo Gastón Pagani: Sus declaraciones juradas muestran un salto patrimonial de $1.997.362 en 2020 a $18.708.140 al cierre de 2023.
Frente a la contundencia de las pruebas, el Ministerio Público Fiscal solicitó levantar el secreto bancario, bursátil y de la Unidad de Información Financiera (UIF) de los implicados. Además, se requirió el llamado a indagatoria por los delitos de cohecho, malversación, defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública para once personas, entre ellos: Diego Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Walter Padilla, Sofía Varela Vizgarra, Santiago Pando, Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Facundo Leal, Juan Andrés Navarro y Juan Álvarez.
Análisis de las deficiencias de control interno y medidas correctivas
El vaciamiento patrimonial y la adjudicación irregular en Arsat exponen el colapso sistemático de las herramientas de compliance corporativo que deben regir en las empresas del Estado.
La principal falla de control radicó en la nula auditoría de debida diligencia (Due Diligence) sobre los oferentes, lo que permitió que empresas con relaciones de consanguinidad y lazos societarios directos simularan una compulsa de precios para justificar un monopolio en la licitación.
En segundo lugar, se vulneró el principio de segregación de funciones y los límites de autorizaciones financieras: la Gerencia General utilizó la fragmentación del contrato y la figura de las prórrogas anuales como un subterfugio administrativo para evadir el escrutinio obligatorio del Directorio.
Finalmente, quedó en evidencia una desconexión absoluta entre el área de Legales y el área Técnica; se aprobaron desembolsos millonarios sin que existieran inspecciones físicas cruzadas que certificaran el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), como la operatividad de cámaras y cercos perimetrales.
Para mitigar estos riesgos a futuro, las empresas de participación estatal deben implementar auditorías externas rotativas para cruzar las declaraciones juradas de proveedores, bloquear informáticamente la emisión de órdenes de compra fragmentadas que superen los topes estatutarios anuales, e instituir un comité de supervisión técnica independiente que certifique físicamente las prestaciones antes de autorizar las transferencias a la Tesorería.
