El Disenso denunció que el buscador oficial de proyectos de la Cámara de Diputados dejó de estar disponible para el público desde Internet. Según el relevamiento, el portal ahora indica que la sección sólo puede consultarse desde un equipo conectado a la red interna del Congreso. La restricción también alcanzaría a Leyes Abiertas y APyM.
El medio sostuvo que el buscador de proyectos exige conectarse desde la red institucional y que ello impide el acceso remoto de ciudadanos, periodistas e investigadores. Según el texto difundido, la medida fue detectada esta mañana y afecta información parlamentaria que hasta ahora era pública.
La restricción no se limitaría al buscador de proyectos. El Disenso reportó inconvenientes también en el portal Leyes Abiertas y en el sistema de consulta de diputados de APyM. En Leyes Abiertas aparecería un bloqueo de firewall para el tráfico web externo.
La información afectada comprende proyectos presentados, leyes aprobadas, autores de iniciativas y el avance de la actividad parlamentaria. Hasta antes del cambio, esos datos podían consultarse desde cualquier computadora con acceso a Internet, sin pertenecer a la red interna del Congreso.
El Disenso afirmó que la medida incumple la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que alcanza al Poder Legislativo. La norma impone obligaciones de transparencia activa y exige publicar información en los sitios oficiales con criterios que faciliten su consulta y remuevan barreras de acceso.
La denuncia también invoca el principio republicano de gobierno del artículo 1° de la Constitución Nacional. Según esa lectura, la publicidad de los actos de las autoridades y el deber de rendir cuentas son exigencias estructurales del sistema constitucional, no concesiones discrecionales del funcionario de turno.
En el plano administrativo, el artículo 18 de la Ley 27.275 prevé falta grave para el funcionario que obstruya arbitrariamente el acceso a información pública o dificulte el cumplimiento de la ley. Esa norma aclara que ello es sin perjuicio de responsabilidades civiles y penales.
El texto también advierte que no puede descartarse el encuadre en otros delitos contra la administración pública. Cualquier calificación, no obstante, dependerá de la investigación sobre la decisión, sus autores, su instrumentación y sus efectos concretos.
Hasta el cierre de esta nota no se difundió una explicación oficial sobre las razones de la restricción. Tampoco se informó si responde a una política de seguridad informática, a un cambio de infraestructura o a una decisión de limitar el acceso externo. La pregunta pública a Martín Menem no habría obtenido respuesta.
El Disenso concluyó que la transparencia del Congreso no puede quedar limitada a quienes tienen acceso a su red interna. Sostuvo que la publicidad de los actos legislativos se garantiza permitiendo que la ciudadanía consulte la información, no sólo manteniéndola dentro de un servidor.
El caso involucra a Martín Menem en su carácter de presidente de la Cámara de Diputados. Las posibles responsabilidades administrativas y penales deberán ser evaluadas por los organismos competentes, conforme a la prueba sobre la decisión adoptada y sus consecuencias sobre el acceso público a la información.
domingo, 22 de noviembre de 2026
Denuncian que Martín Menem cerró el acceso público a leyes y proyectos del Congreso
Polémica en la UBA: Ciencias Sociales declara de interés institucional un homenaje a Santucho, fundador de una agrupación terrorista
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó una resolución que declara de “interés institucional” un homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una estructura militar clandestina que operó al margen de la ley y atentó contra las instituciones de la República Argentina durante la década de 1970.
La decisión, formalizada mediante la resolución RESCD-2026-524-E-UBA-DCT_FSOC, dispone la colocación de una escultura donada por el Colectivo Cultural Contramuro en el patio interno “Indio Solari” de la sede Federico Schuster y fija el acto de homenaje para el jueves 10 de diciembre de 2026, fecha en que se conmemora el retorno a la democracia tras la dictadura cívico-militar. La iniciativa fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, con el respaldo de las agrupaciones estudiantiles La Mella y el Espacio Unidad de los Revolucionarios.
La resolución fundamenta la distinción en “el recorrido de Mario Roberto Santucho como actor político” y sostiene que la Facultad “tiene un compromiso inclaudicable con una construcción activa y plural de la memoria, verdad y justicia en materia de derechos humanos”. El texto añade que Santucho “encarnó de manera ejemplar el compromiso con la transformación social” y que “reivindicar las banderas y las trayectorias de quienes entregaron su vida por una sociedad más justa constituye un deber ético”.
Sin embargo, el reconocimiento institucional genera una profunda objeción: Santucho no fue un perseguido político ni una víctima pasiva del terrorismo de Estado, sino el conductor de una organización que planificó y ejecutó acciones armadas que incluyeron secuestros, atentados y la muerte de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. El ERP se constituyó como un ejército clandestino paralelo, con estructura militar, jerarquías y una cadena de mandos que respondía a la dirección del PRT, y cuyo objetivo declarado era la toma del poder por la vía armada, en abierta confrontación con el orden constitucional.
Entre las acciones atribuidas a la organización bajo el mando de Santucho se encuentra el secuestro y asesinato de Oberdán Sallustro, director general de Fiat-Concord, en 1972. El ERP sometió a Sallustro a un “juicio” de un tribunal guerrillero, lo declaró culpable de “maniobras monopolistas” y lo condenó a “pena de muerte”, ejecutándolo el 10 de abril de 1972. Este procedimiento, propio de una estructura que se arroga funciones jurisdiccionales y penales fuera de todo marco legal, ilustra la naturaleza de la organización que se pretende homenajear.
El accionar del ERP también incluyó el asalto al Comando de Sanidad del Ejército (1973), el ataque a la guarnición militar de Azul (1974) y el intento de copamiento del Batallón de Arsenales de Monte Chingolo (diciembre de 1975). Este último operativo derivó en una de las jornadas más sangrientas de la violencia política de los setenta: las estimaciones indican que murieron decenas de guerrilleros, pero también civiles que habitaban la zona y miembros de las fuerzas de seguridad, lo que evidencia que las acciones del ERP no distinguían entre objetivos militares y población civil.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia expresó públicamente su rechazo al homenaje y recordó que “uno de los crímenes más resonantes del ERP que comandaba Santucho fue el secuestro y asesinato de Oberdán Sallustro”. La entidad cuestionó que una institución universitaria distinga a un líder guerrillero cuya organización llevó adelante un accionar armado clandestino que dejó un saldo de víctimas y que operó como una estructura militar paralela, en desafío directo a las instituciones del Estado.
La connotación negativa del homenaje reside, precisamente, en que la Facultad no distingue a un académico, a un dirigente político legal o a un defensor de derechos humanos, sino a quien condujo un aparato armado ilegal. La resolución omite deliberadamente el hecho de que el ERP fue una organización que se propuso sustituir por la fuerza el orden institucional, y que en ese derrotero recurrió a métodos —como el secuestro extorsivo, el “juicio popular” con pena de muerte y los atentados— que son incompatibles con los principios del Estado de derecho que la propia universidad pública invoca.
La figura de Santucho murió el 19 de julio de 1976 en un enfrentamiento con el Ejército en Villa Martelli, cuatro meses después del golpe de Estado. La resolución califica ese hecho como “desaparición forzada”, una categoría jurídica reservada a las víctimas del terrorismo de Estado, lo que suscita un nuevo punto de controversia: Santucho murió en un combate, no fue detenido-desaparecido, y la aplicación de esa categoría a un líder guerrillero fallecido en un enfrentamiento armado relativiza el sentido específico que ese concepto tiene para las miles de víctimas de la dictadura. Sus hijas recibieron una indemnización por parte del estado, calificado por muchas personas como un fraude.
El Consejo Directivo que aprobó la resolución está presidido por la decana Ana Josefina Arias y el vicedecano Diego de Charras, y lo integran los secretarios de Gestión Institucional (Diego Bráncoli), Hacienda y Administración (Natalia Calcagno), Académica (Hugo Lewin), Extensión Universitaria (Ianina Lois), Estudios Avanzados (Julián Rebón) y Géneros y Derechos Humanos (Malena Magnasco), además de las subsecretarías y direcciones de carrera que conforman la estructura de conducción de la facultad. La decisión fue adoptada por ese cuerpo colegiado en su conjunto.
Las prácticas de adoctrinamiento se ven en distintas universidades públicas como el caso de "Barbijos con memoria" impulsado por la Universidad Nacional de La Pata en un taller a cargo de Catalina Curciarello, Lucía Abbattista y Pilar Medina se uso al personal de la promoción XXVIII del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA).
El homenaje se inscribe en un debate más amplio sobre los alcances de las políticas de memoria en las universidades nacionales. Quienes lo impulsan lo enmarcan en el compromiso con los derechos humanos y la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado; quienes lo objetan sostienen que homenajear a un comandante terrorista equivale a reivindicar la violencia política y a relativizar la condena a un accionar armado clandestino que, más allá de sus motivaciones ideológicas, produjo víctimas y erosionó las instituciones de la república.
jueves, 19 de noviembre de 2026
Filtración del Deutsche Bank: Wagner, De Achával y Bausili, los ejes argentinos de los documentos internos
La filtración Inside Deutsche Bank, integrada por unos 15 millones de documentos internos, fue coordinada por Barracuda Media con más de 200 periodistas y medios como LA NACION, CLIP, Der Spiegel, ZDF, The New York Times, Le Monde y Financial Times. Los archivos abordan control de delitos financieros, sanciones, auditorías y clientes de riesgo. Deutsche Bank dijo que son hechos antiguos y que hoy es “un banco diferente”.
Uno de los casos argentinos es Carlos Wagner, dueño de Esuco SA y acusado en la causa Cuadernos. Según LA NACION, los documentos indican que figuraba como beneficiario final de fondos por US$60 millones en 2018. Esuco insistió en que la suma nunca llegó a ese monto. Wagner afronta un juicio oral por asociación ilícita y pago de sobornos tras acogerse al régimen del arrepentido.
La cifra supera el embargo de $6176 millones dictado el 23-11-2023, unos US$16,5 millones de entonces. La Justicia argentina sabía de cuentas en Suiza por US$20 millones, un complejo turístico en Italia y un campo en Punta del Este. Deutsche Bank contactó a Esuco por informes y balance; al saber la imputación y el arrepentimiento, informó que no lo quería más como cliente.
Los correos internos mencionan una nota de LA NACION de 2016 sobre la compra de un hotel en Italia por US$3 millones en 2007, en el marco de Panama Papers. El director de Integridad, Stephan Niemand, escribió a Jan Wagener sobre la exposición de Wagner y el riesgo para el banco. La referencia a US$60 millones no precisa dónde estaban los activos ni su origen.
En otro eje aparece Federico De Achával, controlante de HAPSA, concesionaria del Hipódromo de Palermo. Deutsche Bank emitió tres Reportes de Operación Sospechosa ante autoridades alemanas por movimientos de decenas de millones de dólares calificados como “poco transparentes”. El primer ROS, 009943-13, se disparó en 2013 por una transferencia de US$4,3 millones desde Gidory SA a Silvina Bourgeois.
El empleado alemán anotó “Bourgeois, alto volumen de dinero” y advirtió que Gidory SA no aparecía en Google ni LexisNexis. Luego hubo una salida de US$1,6 millones. El cliente dijo que era devolución por compra de Estancia La Castellana; no aportó documentación. Deutsche Bank elevó el caso a la fiscalía de Hamburgo. De Achával negó ser dueño de Val de Loire LLC, sociedad de Nevada.
Los Panama Papers mostraron correos de Mossack Fonseca que señalaban a De Achával como beneficiario final de Val de Loire. LA NACION reconstruyó 61 préstamos de HAPSA a Val de Loire por US$69,2 millones entre 2007 y 2013. Enrique Vienni, director ejecutivo de HAPSA, firmaba cartas y aparecía como representante de una cuenta de Val de Loire en Deutsche Bank.
El circuito, según esos documentos, permitía sacar dinero de Argentina hacia cuentas en Deutsche Bank, Alemania, y PKB Privatebank, Suiza. Val de Loire, accionista de HAPSA, dejaba de recibir dividendos hasta cancelar la deuda. En 2013, Deutsche Bank elaboró un reporte por transferencias cruzadas de más de US$27 millones para “la compra de un casino en Miami”.
De Achával y Cristóbal López se quedaron en 2013 con el casino Dania & Jai Alai, en Hollywood Beach, Florida, con inversión de US$50 millones. Carlos Alberto Pechieu, vicepresidente de HAPSA, y Bourgeois hicieron transferencias a Compañía Gerenciadora de Inversiones SA y Da Silvano SA. De Achával siempre negó que Val de Loire fuera suya.
La causa argentina terminó con el sobreseimiento de De Achával. El juez Sebastián Casanello citó a empleados del estudio Damiani; una empleada había identificado a De Achával como beneficiario final, pero luego señaló a Zhu Zhingang. Zhu dijo ser el único beneficiario desde julio de 2003, aunque Val de Loire se constituyó en Nevada en octubre de 2005. La Cámara Federal rechazó pasar el caso a penal económico.
En diciembre de 2021 Deutsche Bank envió a Casanello documentación que vinculaba a Val de Loire con directivos de HAPSA: Vienni como titular de cuenta y copias de pasaportes. AFIP informó que De Achával y otros ejecutivos no declararon esa cuenta entre 2004 y 2017. El banco también identificó transferencias de Val de Loire a Wheaton Corporation SA, firma usada por Lázaro Báez en La Ruta del Dinero K.
El tercer eje argentino es Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central (BCRA). Los documentos reconstruyen que siguió cobrando compensaciones diferidas de Deutsche Bank mientras era secretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Un documento interno “Estrictamente confidencial” lo describió como “posible conflicto de interés”. Recibió 13.025 acciones a US$13,80, casi US$180.000, hasta septiembre de 2018.
Casanello procesó dos veces a Bausili por presuntas negociaciones incompatibles. La Cámara Federal revocó ambos procesamientos: Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que no había pruebas de que hubiera intervenido en la selección del banco, condiciones o alcances de operaciones. La Oficina Anticorrupción primero recomendó abstenerse de reuniones y luego concluyó que no advirtió infracción. Bausili negó irregularidades.
Durante el macrismo, Deutsche Bank participó en colocación de deuda por hasta US$7000 millones, con comisión estimada de US$1,4 millones; en AySA colocó US$159 millones de una emisión de US$500 millones; y financió 40% de un crédito de US$53 millones para Trenes Argentinos. Bausili mantuvo reuniones con representantes del banco en noviembre de 2016, antes de la colocación.
La filtración también registró que en junio de 2015 Bausili compró 150 bonos argentinos sin la autorización previa exigida por controles internos; recibió una amonestación por correo. Deutsche Bank sostuvo que los casos “se remontan a muchos años atrás”, que invirtió 7000 millones de euros en controles entre 2019 y 2025 y que colabora con reguladores. Los documentos no prueban por sí solos delitos.
miércoles, 11 de noviembre de 2026
Vicente López: polémica por multas millonarias e inspecciones sin respaldo técnico a la salida de un evento en el Club Náutico de Olivos
Un operativo de tránsito municipal en Vicente López generó una fuerte polémica luego de que inspectores labraran actas a conductores de vehículos deportivos que salían de un evento privado en el Club Náutico de Olivos. Los propietarios denunciaron que las sanciones se basaron en apreciaciones visuales subjetivas, sin instrumental de medición homologado, y que las supuestas irregularidades corresponden a características originales de fábrica.
El procedimiento, encabezado por el agente municipal Juan José Mastrangelo, interrumpió la circulación y bloqueó la salida del predio, dejando atrapados a decenas de automovilistas. Según los testimonios y los videos difundidos en redes sociales, se labraron actas cuya cuantía alcanzó cifras millonarias, con casos que rondaron los 3.000.000 de pesos, en un contexto de creciente tensión entre conductores y autoridades.
El primer vehículo interceptado fue un BMW que contaba con cédula de identificación, seguro al día y la Verificación Técnica Vehicular aprobada sin observaciones. A pesar de ello, el inspector labró la infracción argumentando que el rodado estaba “no homologado” por encontrarse “demasiado bajo”, sin utilizar ningún tipo de instrumental calibrado, como los homologados por el INTI, que respaldara la medición.
La contradicción central expuesta por los afectados es que la VTV, certificado técnico estatal que acredita la aptitud del rodado para circular en la Provincia de Buenos Aires, ya había validado las condiciones del vehículo. La comunidad automotriz se pregunta de qué sirve exigir y abonar esa verificación si el criterio subjetivo de un inspector en la calle puede invalidarla de manera instantánea.
El abogado Gonzalo Peydro sostuvo que los funcionarios municipales podrían estar incurriendo en delitos penales como amenaza, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales. “Te castigan cuando las leyes no preveían ese castigo”, afirmó el letrado, y remarcó que el BMW M2 involucrado contaba con licencia de configuración de modelo y homologación previa para su comercialización.
La controversia se profundizó porque los propios inspectores reconocieron no estar en condiciones de determinar si los componentes estaban homologados, dejando esa evaluación para una instancia posterior. Se cuestionó que un agente pueda considerar irregular una suspensión o un escape únicamente por su apariencia, sin conocimientos mecánicos específicos ni una evaluación técnica que establezca si existe una modificación fuera de norma.
Las críticas también apuntaron a la modalidad del operativo, con cortes de calles en la avenida Del Libertador y los alrededores de General Paz que generaron inconvenientes a los automovilistas, y a la disparidad de criterios frente a otros rodados que circulan diariamente por el distrito. El reclamo quedó dirigido a la gestión de la intendenta Soledad Martínez y al área municipal de Tránsito.
La intendenta Soledad Martínez tiene la responsabilidad de controlar al personal de tránsito y de aplicar las sanciones administrativas que correspondan a los inspectores que desconocen las características de los vehículos y las normativas aplicables. La VTV es la autoridad de verificación de las condiciones técnicas de los vehículos para circular, y ningún agente municipal puede arrogarse facultades que exceden su competencia.
Los afectados iniciaron presentaciones formales ante el Tribunal de Faltas Municipal de Vicente López, aportando la ficha técnica oficial del fabricante que acredita la altura original del vehículo, la copia del informe técnico de la VTV vigente y la impugnación del acta por falta de instrumental homologado por el INTI al momento del control. El caso marca un antecedente crítico sobre los límites de la autoridad municipal frente a la legislación técnica provincial.
La normativa de la Provincia de Buenos Aires establece que las modificaciones respecto del sistema original deben estar certificadas por un ingeniero mecánico matriculado, y que la altura de los paragolpes debe coincidir con la indicada por el fabricante. En el caso de los vehículos involucrados, no se trataba de unidades modificadas, sino de modelos deportivos que salen de fábrica con suspensiones específicas y llantas de grandes dimensiones.
El hecho expone una incongruencia de fondo: mientras la VTV aprueba el rodado con base en parámetros técnicos y fichas de homologación, un inspector municipal sin capacitación específica puede sancionar el mismo vehículo por “falta de homologación” basándose en una percepción visual. Esta duplicidad de criterios deja a los conductores en una situación de indefensión administrativa.
La comunidad automotriz exigió explicaciones públicas y la revisión inmediata de las actas confeccionadas durante la jornada. Entre los principales pedidos figuran una mayor capacitación de los inspectores, la intervención de personal especializado cuando sea necesario determinar modificaciones mecánicas y la aplicación de criterios técnicos claros antes de avanzar con cualquier sanción.
El operativo se enmarca en un contexto de endurecimiento de los controles de tránsito en el distrito, con medidas previas como el cierre de la calle lateral de Tecnópolis para frenar picadas ilegales y el refuerzo de multas. Sin embargo, la diferencia entre prevenir conductas peligrosas y sancionar características de fábrica es la línea que separa la fiscalización legítima del abuso de autoridad.
El caso permanece bajo análisis en el Tribunal de Faltas de Vicente López, mientras los afectados aguardan una resolución que siente precedente sobre los límites de la potestad municipal para labrar actas sin respaldo técnico verificable. La responsabilidad política recae sobre la gestión de Soledad Martínez, quien deberá definir si los operativos se ajustan a la normativa provincial o si se trata de un accionar discrecional que vulnera los derechos de los administrados.
martes, 10 de noviembre de 2026
Polémica por la carpa VIP en la misa del papa León XIV en Palermo
La misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles, Palermo, el 9 de noviembre de 2026, generó indignación por una carpa VIP con catering, aire acondicionado y baños para políticos, jueces, empresarios y famosos, mientras miles de fieles, monjas, sacerdotes y adultos mayores quedaron lejos o sentados en el piso.
La carpa midió 30x40 metros, capacidad para 250 personas, con alfombra, baños especiales y catering de bebidas frías y calientes. Los pliegos preveían 3.500 personas en el sector VIP y hasta 250 en la carpa especial. El contraste con voluntarios y religiosos a la intemperie desató reclamos.
El montaje estuvo a cargo de DF Entertainment SA, propiedad de Diego Finkelstein, adjudicataria por contratación directa (expediente 79-0012-CDI26) de la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Diego Santilli. El Gobierno pagó $8.690 millones por la producción integral del evento, que incluyó la vigilia de los jóvenes.
Las invitaciones a famosos fueron cursadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según una "Guía para invitados" de la Dirección de Protocolo y Ceremonial. Jorge Macri y su esposa Belén Ludueña firmaron invitaciones, según Yanina Latorre. Gonzalo Prado sostuvo que la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería enviaban los listados a la productora para emitir los QR. Mara Gorini estaba al frente de la organización de la Casa Rosada.
Estuvieron Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz (Corte Suprema); Jorge Macri, Clara Muzzio, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti, Esteban Bullrich, Victoria Villarruel, Soledad Martínez, Jorge Telerman, Aníbal Ibarra, Silvia Lospennato, Laura Alonso, Waldo Wolff, Fernando de Andreis, Fernán Quirós, Pablo Bereciartua, Gabino Tapia e Inés Weinberg. Mauricio Macri no asistió.
Empresarios: Nicolás Caputo, Hugo Sigman, Aldo Roggio, Adelmo Gabbi, Luis Galli, Daniel Vila, Eduardo Eurnekian, Marcos y Alejandro Bulgheroni, José Luis Manzano, Víctor Santa María y Andrés Kogovsek. No se confirmó que usaran los espacios VIP ni que sus aportes financiaran específicamente esos sectores.
Famosos: Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Carolina "Pampita" Ardohain, Marcela Tinayre, Yanina Latorre, Flor de la V, Pablo Goycochea, Analía Franchín, Rocío Marengo, Alejandra Maglietti, Angie Landaburu, Eduardo Feinmann, Zulemita Menem, Zulema Yoma, Claudia Villafañe, Nicolás Francella, Juan Cruz Ávila, Gabriel Lage, Robertito Funes Ugarte y Estefanía Novillo.
El periodista Nacho Otero criticó: "Qué falta de respeto haber armado un corralito VIP para 'celebridades'... y haber dejado sentadas en el piso a monjas, sacerdotes y adultos mayores". También se cuestionó por qué esos lugares no fueron para sacerdotes y religiosas que evangelizan en zonas inhóspitas. Jorge Macri dijo que "las medialunas y los budines estuvieron de más" pero "no fue un lujo descomunal".
La Conferencia Episcopal pidió que las carpas estuvieran lo más alejadas posible del altar, según fuentes religiosas. El Episcopado manifestó incomodidad. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes a Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) y Pablo Quirno (canciller) sobre invitados, gastos y financiamiento.
Paulón preguntó "¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?" y solicitó listado completo de invitados, criterios de selección, costos totales, proveedores, procedimientos de adjudicación y fuentes de financiamiento. También pidió analizar posibles conflictos de intereses.
Versiones atribuidas a fuentes de la Conferencia Episcopal señalaron aportes de Daniel Vila, Eduardo Eurnekian, los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni y José Luis Manzano. La periodista Camila Dolabjian había advertido en octubre sobre la contratación directa de DF Entertainment. El costo total del evento superó los $20 mil millones.
Asistentes criticaron la velocidad del Papamóvil: la Dirección General de Tránsito porteña había asegurado 5 km/h, pero numerosos fieles manifestaron que fue más rápido. La "Guía para invitados" indicaba ingreso entre 6.30 y 8.30, misa a las 11.30, acceso por Plaza Italia con QR de Quentro y DNI, pulsera "sector GCBA", y recomendaba protector solar, gorra y agua.
Voluntarios que trabajaron horas cuestionaron que invitados accedieran a ubicaciones cercanas al altar. Chequeado consultó al secretario de Comunicación y Medios de la Nación, Fabián Fernández, sobre la selección de invitados, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
Los textos de Leonardo Coscia, Denise Chmois y José Giménez consignaron la paradoja: mientras el Evangelio recordaba a Jesús expulsando a los mercaderes del templo, a pocos metros del altar había una carpa VIP. Jorge Rial calificó la situación como "vergüenza" y "escándalo". Maxi Ferraro escribió: "VIP y catering... Fariseos de esta época".
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