Récord de gasto publicitario en la Provincia: 50 millones de dólares en pauta oficial durante 2025

Según un relevamiento de El Disenso, durante el ejercicio fiscal 2025, la Provincia de Buenos Aires ejecutó un presupuesto histórico destinado exclusivamente a la pauta publicitaria oficial.

La administración del gobernador Axel Kicillof desembolsó un total de $62.450.032.922 en concepto de propaganda y comunicación mediática.

Esta cifra monumental representa el equivalente a 50 millones de dólares gastados únicamente para reforzar el posicionamiento político gubernamental.

El incremento del gasto fue del 139% en términos nominales respecto al año anterior, duplicando lo ejecutado en 2024.

Este flujo de dinero evidencia cómo la pauta oficial funciona como un mecanismo de condicionamiento hacia los medios de comunicación.

La distribución arbitraria de estos recursos permite al poder ejecutivo influir directamente en la línea editorial de las empresas periodísticas.

Al financiar estructuras mediáticas con fondos públicos, se corre el riesgo de erosionar la independencia crítica del periodismo bonaerense.

Los datos revelan una fuerte concentración: más del 50% del presupuesto total quedó en manos de solo diez grupos empresariales.

El Grupo Indalo encabezó la lista de beneficiarios, recibiendo más de $7.681 millones durante el año electoral.

Le siguieron el Grupo América y el Grupo Crónica, consolidando una tendencia de asignación de recursos a grandes conglomerados.

El Grupo El Destape ocupó el cuarto lugar, sumando más de $3.349 millones a través de sus diversas plataformas.

Esta inyección de liquidez contrasta severamente con la falta de recursos en áreas críticas de la gestión provincial.

El récord en gasto comunicacional se produjo en simultáneo con graves deudas en el sistema sanitario y conflictos con IOMA.

Mientras se transferían miles de millones a los medios, los hospitales provinciales enfrentaban reclamos por falta de insumos y pagos.

Asimismo, las paritarias docentes y estatales cerraron por debajo de la inflación, perdiendo poder adquisitivo frente al costo de vida.

Los fondos destinados a publicidad podrían haber financiado miles de salarios educativos o la compra de cientos de ambulancias.

La ministra Jesica Rey emitió 9.571 órdenes de publicidad, distribuidas de manera extremadamente desigual entre los medios registrados.

En el rubro digital, ElDestapeWeb.com lideró la recaudación con $2.597 millones, seguido por Infobae con $2.400 millones.

Se destaca la maniobra de "doble facturación" mediante portales espejo, como el caso de ElDestapeRadio.com, que sumó $725 millones adicionales.

La atomización de razones sociales dificulta la trazabilidad, pero los números confirman un financiamiento sostenido a medios afines.

Esta utilización de los recursos públicos plantea un debate ético sobre las prioridades de la administración en tiempos de crisis.

La pauta oficial deja de ser una herramienta de comunicación de actos de gobierno para convertirse en un sistema de premios y castigos.

El desvío de estos fondos priva a los contribuyentes de mejoras tangibles en infraestructura, seguridad y salud pública.

En definitiva, la gestión de 2025 priorizó la construcción de una narrativa favorable por sobre la resolución de las urgencias sociales.

Un puñetazo al salario: la crisis de la Policía Bonaerense estalla en Mar del Plata

Un grupo de oficiales retirados de la Policía Bonaerense y familiares de efectivos en actividad protagonizaron este lunes una violenta protesta frente a la comisaría 1ª de esta ciudad. La manifestación, que buscaba visibilizar el reclamo de aumentos salariales y mejoras en la obra social IOMA, terminó con un comisario agredido.

El comisario mayor Cristian Fontana, titular de la Jefatura Departamental, se acercó al lugar para dialogar con los manifestantes. Un video del momento muestra cómo un hombre mayor, que sostenía una bandera argentina, lo golpeó en el rostro con un puñetazo. Fontana no respondió a la agresión.

Los manifestantes presentaron un petitorio formal dirigido al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Exigen un incremento salarial del 80% para todo el personal, sin distinción de jerarquía, y una actualización de las horas adicionales conocidas como CORES y POLAD.

Marcelo Carlos Di Pasqua, exjefe de la Departamental y actual abogado, es el vocero del reclamo. En la nota, advierte que los sueldos actuales "no superan los $900.000" para los oficiales, una cifra insuficiente para cubrir la canasta básica. "Hacen Uber para sobrevivir", señaló Di Pasqua en el documento.

La crítica situación salarial no es un secreto para las autoridades. El ministro Javier Alonso reconoció días atrás que "los sueldos en la Argentina son una miseria", admitiendo que un oficial en sus primeros años de carrera no alcanza a cubrir sus gastos básicos pese a percibir alrededor de un millón de pesos.

Esta realidad ha empujado a los efectivos al pluriempleo, un fenómeno que el propio Estado valida implícitamente al no garantizar un salario digno. Alonso confirmó que unos 30.000 policías bonaerenses se inscriben mensualmente para realizar trabajos de policía adicional (servicios privados) para complementar sus ingresos.

El ministro fue más allá y reveló las actividades que muchos efectivos realizan por fuera de la fuerza. "Tenemos muchos policías que, por ejemplo, están manejando autos de aplicaciones", combinando "el trabajo policial con el trabajo de policía adicional, más el trabajo en una aplicación".

En un giro que expone la desesperación económica, Alonso admitió que personal femenino de la fuerza ha recurrido a plataformas como OnlyFans para generar ingresos. El ministerio, lejos de solucionar la raíz del problema, se limita a asesorarlas "para que no cometan un acto de indisciplina".

El Estado no solo tolera este pluriempleo, sino que fomenta un sistema de ingresos precarios para sus agentes. Los salarios magros obligan a los policías a buscar alternativas, a menudo en horarios que deberían ser de descanso, afectando su rendimiento y su salud.

A esto se suma una estructura salarial que perjudica el futuro de los agentes. Gran parte de los ingresos se compone de ítems no remunerativos, que no aportan a la obra social IOMA ni al sistema previsional. Esto constituye un fraude de hecho, ya que reduce las contribuciones y deja a los policías con coberturas de salud deficientes y haberes jubilatorios miserables.

El problema de IOMA fue un eje central de la protesta en Mar del Plata. Los manifestantes denuncian que la obra social redujo drásticamente la lista de centros médicos y demora los pagos a prestadores, lo que en muchos casos suspende tratamientos y intervenciones quirúrgicas.

"Usted no ignora que los bajísimos sueldos... no alcanzan para cubrir una canasta básica", increpa Di Pasqua al ministro Alonso en la carta. El documento, que también reclama un 100% de aumento en el coseguro de medicamentos, será derivado al gobernador Axel Kicillof.

El contexto de ajuste nacional agrava la crisis provincial. Alonso recordó que el gobierno de Javier Milei le "quitó a la provincia de Buenos Aires doce mil millones de dólares" en dos años mediante la reducción de la coparticipación federal, limitando la capacidad de respuesta de la administración de Kicillof.

La violencia en la protesta opacó el reclamo de fondo. La fiscalía de turno ya investiga la agresión al comisario Fontana y trabaja en la identificación del agresor, utilizando el video del ataque que circula en redes y fue aportado por los propios manifestantes.

Sur Finanzas: empresas de Miami Delker y Seriva recibieron transferencias millonarias vinculadas a Javier Faroni

Nicolás Pizzi del diario La Nación reveló que Delker Inc y Seriva Inc, dos empresas creadas el mismo día, por la misma persona y en la misma dirección de Miami, recibieron transferencias por casi US$5 millones desde las cuentas de TourProdEnter, la sociedad que recaudaba el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. Las autorizaciones fueron realizadas por Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni, entre abril y julio de 2024. Ambas firmas se disolvieron en enero de 2025.

Delker Inc acumuló US$3.705.300. Seriva Inc recibió US$998.000. Los fondos provinieron de cuentas abiertas en City Bank, JP Morgan y Bank of America a nombre de TourProdEnter, según registros bancarios a los que tuvo acceso LA NACION.

Las dos compañías fueron creadas el 8 de mayo de 2023. Fueron inscriptas por American Incorporators Ltd, una registradora de Wilmington, y quedaron a nombre de Sandro Maximo Salas Sevilla como director. LA NACION intentó contactarlo sin obtener respuesta.

El domicilio declarado por ambas es el mismo: 8333 NW 53 Street, en Doral, un complejo de oficinas de seis pisos. Allí, Delker y Seriva figuraban en la oficina 450, del cuarto piso. Una empleada del edificio confirmó que solo contrataron el servicio de “oficina virtual”, que permite recibir correspondencia sin ocupar físicamente el lugar.

El complejo ofrece alquiler de espacios por hora o por mes, con precios desde US$569. En el hall se anuncian empresas de medicina, estudios jurídicos y firmas de seguros. También aparece una firma del rubro textil, el mismo que declaraban Delker y Seriva.

La primera transferencia relevante ocurrió el 1 de abril de 2024. A las 10:49, Gillette autorizó un pago de US$15.000 a Delker desde la cuenta de City Bank de TourProdEnter. Dos minutos después, a las 10:51, ordenó una transferencia de US$50.000 a Seriva. La secuencia se repitió el 2, 3 y 4 de abril.

Desde Bank of America, Delker recibió diez transferencias, casi todas en 2024, registradas como pago de “servicios”. También obtuvo US$202.000 desde JP Morgan el 5 de julio de 2024. Los pagos de abril sumaron US$560.000. Todos fueron autorizados por Gillette, una maestra jardinera que terminó administrando más de US$260 millones.

Seriva, por su parte, recibió un pago de US$295.000 desde Bank of America, justificado como “pago proveedores”. Desde City Bank se sumaron otros US$703.000 durante los primeros cuatro días de abril de 2024.

Ambas empresas mantienen sitios web activos. El de Delker afirma: “Nos dedicamos a ayudar a los proveedores de la industria textil con soluciones de adquisición edificantes. Simplificamos el proceso, gestionamos los pagos de facturas y garantizamos un seguimiento continuo”. El sitio de Seriva tiene exactamente el mismo texto, las mismas fotografías, el mismo diseño y el mismo número de teléfono. Se trata de dos páginas web clonadas.

Las transferencias a Delker y Seriva coincidieron en el tiempo con pagos a otras cuatro sociedades constituidas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. En conjunto, estas firmas permitieron desviar al menos US$42 millones, según la investigación.

El 3 de abril de 2024, además de Delker y Seriva, recibieron dinero Marmasch (US$255.000) y Velpasalt (US$350.000). Al día siguiente, Soagu recibió US$365.000. El 6 de junio de 2024, Delker recibió US$310.000 desde Bank of America; minutos después, Gillette autorizó transferencias a Marmasch y a Soagu.

Marmasch fue creada por la argentina Mariela Marisa Schmalz. El nombre combina “Mar” por Mariela, “Ma” por Marisa y “Sch” por Schmalz. Soagu Services fue creada por Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz y empleado de una farmacia en Bariloche. Ambos dejaron de trabajar tras el escándalo.

Javier Faroni y su esposa ya se presentaron en la causa que tramita ante el juez federal Luis Armella. También existe un expediente iniciado por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que incorporó registros bancarios obtenidos mediante dos procesos de discovery en la Justicia de Estados Unidos.

Esos documentos también revelaron pagos a W Trading LLC, propiedad del argentino Matías Fernández, y transferencias por casi US$17 millones destinadas a aviones, yates, autos, caballos y servicios de peluquería.

El expediente continuará en el fuero penal ordinario tras una decisión del camarista Ignacio Rodríguez Varela. El fallo representa un revés para Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, quienes buscaban concentrar todas las causas en Campana, donde se investiga una mansión en Pilar.

El 9 de enero de 2025, Delker y Seriva se disolvieron en Miami. En febrero de 2025, Delker se registró en el estado de California, pero su inscripción duró solo hasta julio, según un abogado que sigue el caso.

Acoso laboral por falta de asignación de tareas o acusado de ser "ñoqui VIP": conflicto en el gobierno de Neuquén

El gobierno de Neuquén despidió a Nicolás Evaristo Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, tras descubrir que cobraba su sueldo sin trabajar, este se defendió acusando de que no le asignaban tareas, cuestión que puede constituir un acoso laboral por parte del gobierno provincial.

Las cámaras de seguridad del Ministerio de Energía lo captaron fichando su ingreso y retirándose inmediatamente.

Salvatori era empleado de planta permanente de esa cartera. Las imágenes confirmaron que marcaba su asistencia y abandonaba el edificio en menos de 30 segundos.

La investigación abarcó faltas cometidas entre julio de 2020 y junio de 2025. Durante ese período, no registró tareas válidas ni asistencias reales a su puesto.

El sistema de control por huella dactilar, implementado por la gestión de Rolando Figueroa, fue clave para detectar al "ñoqui vip". El gobierno busca recuperar los sueldos percibidos indebidamente.

La junta de disciplina provincial determinó que incurrió en abandono de cargo, aunque los procesos administrativos suelen adolecer de debido proceso adjetivo.

En su defensa, Salvatori alegó que no le asignaban funciones y se declaró víctima de persecución, lo que suele ser un comportamiento habitual cuando hay diversas gestiones de gobierno con posiciones políticas disímiles, de confirmarse la falta de asignación de funciones podría constituir un acoso laboral.

El gobierno inició el proceso para restituir las sumas pagadas. De no concretarse, se presentará una demanda por enriquecimiento sin causa ante la fiscalía.

Robo y "mensaje mafioso": Desvalijan la vivienda del cabo de la PFA que denunció corrupción en la Casa Rosada

La situación del Cabo Primero de la Policía Federal Argentina (PFA), Miguel Ángel Montiel, ha escalado a un nuevo nivel de gravedad. El suboficial, quien cobró notoriedad pública el pasado miércoles 4 de febrero tras encadenarse a las rejas de la Casa Rosada para denunciar una trama de corrupción sistémica en la fuerza, ha sido víctima de un robo en su domicilio particular. El hecho, denunciado por su familia, ocurre en un contexto de alta tensión institucional y persecución administrativa contra el denunciante.

El hecho delictivo y análisis de la evidencia

Según información difundida inicialmente por el periodista Pablo Sebastián Giles, desconocidos ingresaron a la vivienda familiar de Montiel en horas de la noche. El inventario de lo sustraído sugiere un interés específico en información sensible más que en bienes de consumo general: se llevaron una notebook, un pendrive, una carpeta con documentación y la suma de 200.000 pesos.

"Mi familia está en peligro"
El cabo primero de PFA, Miguel Angel Montiel, quien hace pocos días se encadenó en #CasaRosada para denunciar #Corrupción, sufrió un robo en su vivienda familiar.

Le sustrajeron 1 notebook, 1 pendrive, 1 carpeta con documentación y 200.000 Pesos. pic.twitter.com/SLVxJJDzwG

— Pablo Sebastián Giles (@pablosgilesok) February 12, 2026

Las imágenes adjuntas al caso, que han circulado como prueba del siniestro, revelan la violencia del ingreso y la desesperación de la familia:

• Lugar del hecho: Una fotografía del dormitorio principal muestra un escenario de desorden total, típico de un registro exhaustivo. Se observa un cajón de un mueble arrancado y arrojado sobre la cama, la cual se encuentra cubierta de pilas de ropa, papeles y pertenencias revueltas, evidenciando la búsqueda frenética de objetos específicos.
• El pedido de auxilio: Capturas de pantalla de una conversación de "Ana", esposa del cabo Montiel, confirman la naturaleza del suceso. A las 10:40 am, Ana envió la fotografía del dormitorio revuelto acompañada de un mensaje contundente: "Mi familia está en peligro".
• Confirmación del robo: En un mensaje subsiguiente, la esposa detalla: "Hola soy esposa del cabo Montiel esposado en casa rosada anoche sufrimos un robo en mí casa se llevaron compu pendrive y mucho material". La sustracción de soportes digitales ("compu", "pendrive") y "material" documental refuerza la hipótesis de que el robo podría estar vinculado a las denuncias de corrupción que Montiel elevó ante la justicia federal.

La denuncia de "Planillas Fantasmas"

El robo ocurre pocos días después de que Montiel expusiera públicamente irregularidades graves en la ex Superintendencia de Transporte de la Policía Federal Argentina. Su protesta en Balcarce 50 apuntó directamente contra el titular de dicha área, el Comisario General Omar Farías.

El eje de la denuncia de Montiel, quien presta servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, radica en la existencia de "planillas fantasmas". Según su testimonio, existe un esquema de defraudación mediante el cual figuran asignaciones de personal y cobro de servicios adicionales que nunca se prestan, mientras que el personal operativo es obligado a cubrir brigadas sin remuneración y fuera de su horario laboral. Montiel señaló explícitamente que "se ve mucha corrupción de puestos fantasmas y de brigadas que no son pagadas", implicando que los fondos destinados a la seguridad ferroviaria serían desviados.

En su acusación, el cabo involucró a una cadena de mandos que, según él, tenían conocimiento de las maniobras: el Subcomisario Jesús Gabriel Gómez, el Subcomisario David Antonio Ramírez y el Subcomisario Sebastián Hernán Martínez, entre otros oficiales e inspectores de la división.

La causa judicial y la persecución administrativa

La denuncia de Montiel no quedó solo en lo mediático. Según consta en el registro interno N° 14/2026 de la División Operaciones Judiciales de la Dirección General de Asuntos Internos —firmado por la Principal Alejandra N. Marelli—, la causa ha sido radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, con intervención de la Secretaría Nro. 13 del Dr. Pablo Lemos.

Sin embargo, paralelamente al carril judicial, se activaron mecanismos internos que sugieren una represalia institucional. Se detectó una maniobra para desacreditar al policía mediante una citación a una Junta de Reconocimiento Médico con una dirección falsa (General Hornos 168 en lugar de la dirección correcta, General Hornos 768). Este hecho, expuesto por el periodista Fabián Waldman y analizado por Ximena de Tezanos Pinto, fue interpretado como una táctica deliberada para fabricar una causa de ausentismo injustificado, patologizar al denunciante y forzar su exoneración.

Silencio oficial y responsabilidades políticas

A pesar de la gravedad institucional que implica el robo de pruebas a un denunciante de corrupción estatal, el silencio de las autoridades es absoluto. Hasta el momento, no ha habido pronunciamientos del Comisario General Luis Alejandro Rollé, jefe de la Policía Federal Argentina, ni de la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

La denuncia escala hacia responsabilidades políticas superiores debido a la naturaleza de los fondos y servicios involucrados. La supervisión del área afectada incluye a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, liderada por Martín Gabriel Ferreiro, y a la Secretaría de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann. En última instancia, la vigilancia presupuestaria recae sobre el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.

Cabe destacar que los procesos de adquisición de servicios adicionales efectuados por la Policía Federal Argentina, si bien formalmente parecen correctos adolecen de diversos elementos esenciales, transformándose los mismos en una mera "máscara de legalidad".

El cabo Montiel, quien se ha declarado partidario de la gestión del presidente Javier Milei pero crítico de la desprotección a la fuerza, advirtió durante su protesta: "Seguramente me van a sancionar... las denuncias nunca llegan a ningún lado porque se cubren entre todos". El robo en su vivienda, con la sustracción de documentación clave, parece confirmar sus temores más oscuros sobre la vulnerabilidad de quienes deciden romper el pacto de silencio.