Robo y "mensaje mafioso": Desvalijan la vivienda del cabo de la PFA que denunció corrupción en la Casa Rosada

La situación del Cabo Primero de la Policía Federal Argentina (PFA), Miguel Ángel Montiel, ha escalado a un nuevo nivel de gravedad. El suboficial, quien cobró notoriedad pública el pasado miércoles 4 de febrero tras encadenarse a las rejas de la Casa Rosada para denunciar una trama de corrupción sistémica en la fuerza, ha sido víctima de un robo en su domicilio particular. El hecho, denunciado por su familia, ocurre en un contexto de alta tensión institucional y persecución administrativa contra el denunciante.

El hecho delictivo y análisis de la evidencia

Según información difundida inicialmente por el periodista Pablo Sebastián Giles, desconocidos ingresaron a la vivienda familiar de Montiel en horas de la noche. El inventario de lo sustraído sugiere un interés específico en información sensible más que en bienes de consumo general: se llevaron una notebook, un pendrive, una carpeta con documentación y la suma de 200.000 pesos.

"Mi familia está en peligro"
El cabo primero de PFA, Miguel Angel Montiel, quien hace pocos días se encadenó en #CasaRosada para denunciar #Corrupción, sufrió un robo en su vivienda familiar.

Le sustrajeron 1 notebook, 1 pendrive, 1 carpeta con documentación y 200.000 Pesos. pic.twitter.com/SLVxJJDzwG

— Pablo Sebastián Giles (@pablosgilesok) February 12, 2026

Las imágenes adjuntas al caso, que han circulado como prueba del siniestro, revelan la violencia del ingreso y la desesperación de la familia:

• Lugar del hecho: Una fotografía del dormitorio principal muestra un escenario de desorden total, típico de un registro exhaustivo. Se observa un cajón de un mueble arrancado y arrojado sobre la cama, la cual se encuentra cubierta de pilas de ropa, papeles y pertenencias revueltas, evidenciando la búsqueda frenética de objetos específicos.
• El pedido de auxilio: Capturas de pantalla de una conversación de "Ana", esposa del cabo Montiel, confirman la naturaleza del suceso. A las 10:40 am, Ana envió la fotografía del dormitorio revuelto acompañada de un mensaje contundente: "Mi familia está en peligro".
• Confirmación del robo: En un mensaje subsiguiente, la esposa detalla: "Hola soy esposa del cabo Montiel esposado en casa rosada anoche sufrimos un robo en mí casa se llevaron compu pendrive y mucho material". La sustracción de soportes digitales ("compu", "pendrive") y "material" documental refuerza la hipótesis de que el robo podría estar vinculado a las denuncias de corrupción que Montiel elevó ante la justicia federal.

La denuncia de "Planillas Fantasmas"

El robo ocurre pocos días después de que Montiel expusiera públicamente irregularidades graves en la ex Superintendencia de Transporte de la Policía Federal Argentina. Su protesta en Balcarce 50 apuntó directamente contra el titular de dicha área, el Comisario General Omar Farías.

El eje de la denuncia de Montiel, quien presta servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, radica en la existencia de "planillas fantasmas". Según su testimonio, existe un esquema de defraudación mediante el cual figuran asignaciones de personal y cobro de servicios adicionales que nunca se prestan, mientras que el personal operativo es obligado a cubrir brigadas sin remuneración y fuera de su horario laboral. Montiel señaló explícitamente que "se ve mucha corrupción de puestos fantasmas y de brigadas que no son pagadas", implicando que los fondos destinados a la seguridad ferroviaria serían desviados.

En su acusación, el cabo involucró a una cadena de mandos que, según él, tenían conocimiento de las maniobras: el Subcomisario Jesús Gabriel Gómez, el Subcomisario David Antonio Ramírez y el Subcomisario Sebastián Hernán Martínez, entre otros oficiales e inspectores de la división.

La causa judicial y la persecución administrativa

La denuncia de Montiel no quedó solo en lo mediático. Según consta en el registro interno N° 14/2026 de la División Operaciones Judiciales de la Dirección General de Asuntos Internos —firmado por la Principal Alejandra N. Marelli—, la causa ha sido radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, con intervención de la Secretaría Nro. 13 del Dr. Pablo Lemos.

Sin embargo, paralelamente al carril judicial, se activaron mecanismos internos que sugieren una represalia institucional. Se detectó una maniobra para desacreditar al policía mediante una citación a una Junta de Reconocimiento Médico con una dirección falsa (General Hornos 168 en lugar de la dirección correcta, General Hornos 768). Este hecho, expuesto por el periodista Fabián Waldman y analizado por Ximena de Tezanos Pinto, fue interpretado como una táctica deliberada para fabricar una causa de ausentismo injustificado, patologizar al denunciante y forzar su exoneración.

Silencio oficial y responsabilidades políticas

A pesar de la gravedad institucional que implica el robo de pruebas a un denunciante de corrupción estatal, el silencio de las autoridades es absoluto. Hasta el momento, no ha habido pronunciamientos del Comisario General Luis Alejandro Rollé, jefe de la Policía Federal Argentina, ni de la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

La denuncia escala hacia responsabilidades políticas superiores debido a la naturaleza de los fondos y servicios involucrados. La supervisión del área afectada incluye a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, liderada por Martín Gabriel Ferreiro, y a la Secretaría de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann. En última instancia, la vigilancia presupuestaria recae sobre el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.

Cabe destacar que los procesos de adquisición de servicios adicionales efectuados por la Policía Federal Argentina, si bien formalmente parecen correctos adolecen de diversos elementos esenciales, transformándose los mismos en una mera "máscara de legalidad".

El cabo Montiel, quien se ha declarado partidario de la gestión del presidente Javier Milei pero crítico de la desprotección a la fuerza, advirtió durante su protesta: "Seguramente me van a sancionar... las denuncias nunca llegan a ningún lado porque se cubren entre todos". El robo en su vivienda, con la sustracción de documentación clave, parece confirmar sus temores más oscuros sobre la vulnerabilidad de quienes deciden romper el pacto de silencio.

La UIF adjudicó 12 meses de policía adicional sin definir horas, personal o requisitos: solo un oferente y una "cáscara de legalidad"

El proceso 368-0002-CDI26 se tramita por contratación directa, con orden de compra abierta, plazos exprés y ausencia total de condiciones técnicas, económicas o administrativas

La Unidad de Información Financiera (UIF) puso en marcha el proceso de contratación directa N° 368-0002-CDI26, destinado a contratar el “Servicio de Policía Adicional 2026” por un plazo de doce meses, bajo la modalidad de orden de compra abierta. El procedimiento, encuadrado en los artículos 25 del Decreto Delegado N° 1023/2001 y 14 y 25 del Decreto N° 1030/2016, presenta múltiples irregularidades que impiden cualquier evaluación sustantiva del gasto, y se limita a cumplir formalidades sin aportar información sustancial.

Un solo oferente, cero competencia

El proceso fue adjudicado directamente a la Policía Federal Argentina, con CUIT 30-62405191-9, como único proveedor. Si bien la normativa habilita la contratación directa interadministrativa en determinados supuestos, la ausencia de fundamentos explícitos en el expediente —sumada a la falta de publicación de pliegos o requisitos específicos— impide constatar si existían alternativas viables o si se trató de una asignación automática sin evaluación de mercado.

Sin requisitos, sin criterios, sin control

El formulario oficial del proceso consigna textualmente, en los apartados correspondientes a requisitos mínimos de participación, que no se ingresaron requisitos económicos, técnicos ni administrativos. Esta omisión vacía de contenido el principio de concurrencia y contradice el deber de la administración de fijar condiciones claras, igualitarias y verificables.

No existe ningún documento público que precise la cantidad de agentes afectados, las horas de servicio contratadas, los lugares a custodiar, el equipamiento exigido ni las obligaciones específicas del prestador. La descripción del objeto del gasto se limita a repetir la expresión “Vigilancia y custodia” bajo el código 3.9.3-1387.1, sin cuantificar el esfuerzo estatal comprometido ni el costo unitario por hora o por efectivo.

Orden de compra abierta: un cheque en blanco

La elección de la modalidad “orden de compra abierta” para un servicio de ejecución continua y plazo anual constituye, en este contexto, una decisión que diluye los mecanismos de control previo. Al no establecerse un monto máximo ni una estimación de consumo, se delega en la gestión diaria la definición del gasto, sin que exista parámetro objetivo para evaluar su razonabilidad.

Plazos exprés y falta de transparencia

El cronograma del proceso evidencia una tramitación inusualmente acelerada: publicado el 6 de febrero, abrió un período de consultas de apenas cuatro días hábiles y fijó la apertura de ofertas para el 11 de febrero. Este diseño impide cualquier participación sustancial, máxime cuando no se explicitaron los fundamentos de la urgencia ni se adjuntaron estudios técnicos que la justifiquen.

A ello se suma que, pese a tratarse de una contratación directa, la información publicada no permite conocer ni la dotación de personal, ni la distribución horaria, ni los criterios de facturación. La UIF se limitó a cargar en el sistema COMPR.AR los campos obligatorios, sin incorporar datos sustantivos que posibiliten una evaluación ex ante o ex post del gasto.

Cáscara de legalidad, vacío de gestión

Especialistas en contrataciones públicas consultados por este medio señalaron que el proceso exhibe todos los rasgos de una “cáscara de legalidad”: se respetan los pasos formales —número de expediente, publicidad acotada, plazos mínimos—, pero se omiten deliberadamente los elementos que permitirían conocer el fondo del negocio jurídico. “No se sabe qué se compra, cuánto cuesta, ni por qué se necesita. No hay forma de controlar si el precio es razonable o si el servicio se presta adecuadamente”, indicó una fuente con acceso al sistema.

Consecuencias institucionales

La falta de información pública sobre la cantidad de puestos, las horas contratadas y el costo real del servicio impide no solo el control ciudadano, sino también la fiscalización interna por parte de las áreas de auditoría y de la Sindicatura General de la Nación. En un organismo cuyo mandato es prevenir e investigar operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la opacidad en su propia gestión administrativa plantea serios interrogantes sobre los estándares que aplica a sí misma.

Al cierre de esta edición no se encontraban disponibles en el sistema los pliegos particulares ni las actuaciones preparatorias.

El proceso 368-0002-CDI26 quedará formalmente adjudicado, pero materialmente injustificado: un ejercicio de cumplimiento normativo que no rinde cuentas sobre el destino de los fondos públicos.

Recientemente el cabo Miguel Montiel denunció actos de corrupción en la Superintendencia de Transporte de la Policía Federal Argentina, situación que también implicaría mediante las denominadas "planillas fantasmas" la asignación a personal sobre servicios que cubría menos personas. Según la información publicada dicha causa fue denunciada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, con intervención de la Secretaría Nro. 13 del Dr. Pablo Lemos.

La muerte del suboficial Valdez expone un sistema de "fraude salarial" y abuso de autoridad que quebró la cadena de mando policial en Santa Fe

El trágico suicidio del agente oriundo de Vera fue el detonante de una protesta que trasciende lo económico. Los efectivos denuncian una ingeniería contable diseñada para evadir aportes mediante sumas en negro, un régimen de sanciones arbitrarias y una epidemia de salud mental silenciada por el poder político.

ROSARIO. – La crisis de seguridad pública en la provincia de Santa Fe ha entrado en una fase crítica e inédita. Tras el fracaso de las negociaciones de la madrugada de este miércoles, el conflicto policial se ha agudizado con un acuartelamiento de hecho y protestas frente a la Jefatura de Rosario. Sin embargo, detrás de los patrulleros parados y el humo de las cubiertas, subyace una problemática estructural mucho más profunda que un reclamo paritario: el colapso de un modelo de gestión basado en la precarización laboral y el hostigamiento administrativo.

El punto de quiebre fue la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años. Su deceso, ocurrido tras un intento de suicidio en las puertas de la misma Jefatura de la Unidad Regional II, visibilizó la desesperación de un sector que se siente descartable. Valdez, oriundo de Vera, encarnaba la realidad de miles de agentes que deben recorrer más de 500 kilómetros para prestar servicio en Rosario, sometidos a jornadas extenuantes y condiciones de desarraigo que el Estado provincial no ha logrado resolver.

La ingeniería del "fraude salarial"

El malestar en las filas policiales encuentra su raíz técnica en la composición de los haberes. Documentación y recibos de sueldo a los que se ha tenido acceso revelan una distorsión contable sistemática avalada por el Ministerio de Economía y Seguridad. En la actualidad, el "Sueldo Básico" de un agente representa, en muchos casos, menos del 10% del total de sus ingresos brutos.

El grueso del salario policial se compone de ítems "No Remunerativos" y "No Bonificables". Esta arquitectura financiera no es un error, sino una política de Estado que funciona, en la práctica, como una evasión de cargas sociales por parte del propio fisco. Al pagar mediante sumas fijas o códigos "parche" (como asignaciones especiales o refuerzos no bonificables), el gobierno evita que los aumentos impacten en la antigüedad y en los adicionales por título, achatando la pirámide jerárquica.

Esta maniobra tiene consecuencias devastadoras a largo plazo: desfinancia la Caja de Jubilaciones y vacía la obra social IAPOS. El policía activo percibe dinero de bolsillo que desaparece al momento del retiro, condenando al personal pasivo a la indigencia y obligando al personal en actividad a depender de "bonos" discrecionales que no generan derechos adquiridos. Juristas consultados advierten que el manejo discrecional de estas partidas presupuestarias para evitar obligaciones patronales podría encuadrarse en figuras de malversación de caudales públicos y fraude a la administración fraudulenta.

El abuso de autoridad como método de control

Más allá de lo económico, la protesta ha sacado a la luz un mecanismo perverso de disciplinamiento interno. Los efectivos denuncian que cualquier intento de reclamar por estas irregularidades o por las condiciones inhumanas de trabajo (regímenes de 12 horas de labor por 36 de descanso que no contemplan los tiempos de viaje) es sofocado mediante el abuso de autoridad.

El sistema de sanciones, particularmente los "pases a disponibilidad" y los sumarios administrativos, se utiliza como herramienta de censura. A esto se suma una práctica denunciada recurrentemente: el uso punitivo de la psiquiatría. Agentes que exponen su agotamiento o disconformidad son enviados compulsivamente a carpetas psiquiátricas y desarmados, no como una medida de cuidado, sino como una forma de estigmatización y congelamiento de carrera, anulando cualquier posibilidad de ascenso.

Fracaso político y ruptura de la jerarquía

La respuesta del gobierno de Maximiliano Pullaro ha sido, hasta el momento, endurecer la postura. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, atribuyó el conflicto a "maniobras políticas" y "fake news" impulsadas por policías exonerados, llegando a ordenar la represión de familiares de los uniformados con gas pimienta, un hecho que terminó de romper la confianza entre la tropa y la conducción política.

A pesar del anuncio de un plus salarial de $500.000 para efectivos de calle, la medida fue rechazada por las bases. Los policías entienden que aceptar sumas fijas "en negro" es perpetuar el mismo sistema que destruye su futuro previsional. La cadena de mando se ha cortado: las órdenes de los jefes policiales, desautorizados por sus subordinados, no se cumplen, y la información no fluye hacia la cúpula gubernamental.

Un drama silencioso

El caso de Valdez no es aislado. Según datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en 2025 se registraron 17 suicidios de efectivos solo en la jurisdicción de Rosario, una cifra que supera estadísticamente a las bajas producidas por enfrentamientos con el crimen organizado. El mayor riesgo para el policía santafesino hoy no parece estar solo en las balas del narcotráfico, sino en la presión interna de una institución que no ofrece contención real.

Mientras el gobierno insiste en teorías conspirativas sobre perfiles falsos en redes sociales y manipulación política, la realidad en las calles muestra patrulleros detenidos y familias exigiendo dignidad. La falta de una solución de fondo a la estructura salarial ilegal y el cese de los abusos de autoridad prometen extender un conflicto que mantiene en vilo la seguridad de toda la provincia.

El salario policial en Santa Fe: Un laberinto contable que esconde un "Sueldo Básico" de apenas el 9,8% del total

Un recibo de sueldo perteneciente a un efectivo de la Policía de la Provincia de Santa Fe, fechado en enero de 2026, ha puesto en evidencia la profunda distorsión que atraviesa la estructura salarial de las fuerzas de seguridad. El documento revela no solo la precariedad de los haberes básicos, sino una ingeniería administrativa diseñada para evitar el impacto de los aumentos reales en la carrera policial.

El análisis detallado del comprobante, correspondiente a un titular con 10 años de antigüedad, muestra un "Sueldo Básico" (Código 0010-0) de $135.140,12. Sin embargo, el total de haberes brutos asciende a $1.374.524,66. Esta disparidad arroja un dato alarmante: el salario real, legal y escalafonario representa menos del 10% del dinero que percibe el agente (específicamente un 9,8%).

El resto del ingreso se compone de una interminable lista de suplementos, sumas fijas y códigos específicos (como el 1000, 1010, 1020, 1400 y 1670). Si bien muchos de estos ítems figuran nominalmente como "Remunerativos", la mayoría lleva la etiqueta de "No Bonificables".

Esta distinción semántica es la clave del mecanismo de evasión de costos por parte del Estado provincial. Al otorgar aumentos mediante sumas "No Bonificables", el gobierno evita que dichos incrementos impacten en los multiplicadores automáticos, como la antigüedad o los adicionales por título.

En una estructura salarial sana, el Sueldo Básico debería representar la mayor porción del ingreso, haciendo que la antigüedad (que se calcula como un porcentaje del básico) tenga un peso real. En este caso, al mantener el básico "congelado" o irrisorio, un policía con 20 años de servicio apenas se diferencia salarialmente de uno con 5, produciendo lo que se conoce como "achatamiento de la pirámide".

El documento expone ítems como el "Min. Garantizado Rem/N. Bon" (Código 1670) por $125.457. Este tipo de conceptos actúan como parches para alcanzar un piso salarial de bolsillo sin tener que reestructurar la escala legal. Es, en la práctica, una admisión del Estado de que la escala salarial oficial está por debajo de la línea de pobreza.

La gravedad de esta ingeniería financiera radica en su impacto directo sobre el sistema previsional y de salud. Aunque el recibo muestra descuentos para la Caja de Jubilaciones y el IAPOS (Obra Social), la base de cálculo suele ser motivo de litigio.

Históricamente, el uso de sumas "No Remunerativas" (o sumas "grises" que no integran el núcleo del salario) desfinancia a la Obra Social IAPOS. Al no aumentar el básico, los aportes porcentuales crecen a un ritmo menor que la inflación médica, resultando en una prestación de servicios deficiente y copagos elevados para los afiliados.

Más dramática es la situación de cara al retiro. La jubilación policial móvil debe reflejar el salario del activo. Sin embargo, cuando el sueldo está compuesto por una decena de ítems "parche", el Estado a menudo argumenta que ciertos códigos no forman parte del haber "permanente" sujeto a movilidad jubilatoria.

Esto genera que, al momento del retiro, el policía perciba un haber significativamente menor al que cobraba en actividad, condenando al personal retirado a una caída abrupta en su calidad de vida y obligándolos a iniciar juicios contra la Caja de Jubilaciones para que se reconozca la totalidad de los rubros.

Desde el punto de vista jurídico, esta práctica estatal podría constituir un "Fraude a la Ley Laboral". El Estado, que debe velar por la legalidad, actúa como el principal evasor, utilizando figuras administrativas para eludir la responsabilidad de pagar un salario digno y estructurado conforme a la jerarquía.

En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, la autorización y diseño de este esquema podría encuadrarse en el delito de "Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público" (Art. 248 del Código Penal), al dictar resoluciones contrarias a las leyes de personal y presupuesto que exigen transparencia y legalidad en los haberes.

Asimismo, podría investigarse la figura de "Abuso de Autoridad", dado que se utiliza el poder del Estado para imponer condiciones laborales unilaterales que vulneran derechos adquiridos de los trabajadores, alterando la naturaleza remunerativa del salario para beneficio de las arcas fiscales en detrimento del agente.

Incluso, juristas especializados advierten sobre una posible "Malversación de Caudales Públicos" en sentido impropio, si se demuestra que partidas presupuestarias destinadas a recomposiciones salariales formales fueron desviadas hacia estos mecanismos de pagos discrecionales para evitar el impacto en los pasivos (jubilados).

La distorsión es tal que el ítem por "Riesgo Profesional" ($162.168) es apenas superior al básico. Se paga casi lo mismo por poner la vida en juego que por el sueldo base que define la categoría del agente, una contradicción que resume el descalabro administrativo.

En conclusión, el recibo de sueldo de enero de 2026 no es solo un comprobante de pago, sino la prueba documental de una política de precarización laboral institucionalizada.

Mientras el "Básico" siga siendo una ficción contable del 9,8%, los policías de Santa Fe continuarán cobrando sueldos que no construyen futuro previsional, atrapados en un sistema donde el Estado provincial opera al margen de la lógica y la ética laboral que exige al sector privado.

Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro no dan una resolución efectiva respecto de esta situación.

Las máximas autoridades de la policía de Santa Fe, Luis Pablo Martín Maldonadao, Daniel Fernando Filchel, también tienen responsabilidad ante estas irregularidades. 

Caso Seguros: la Justicia procesó a compañías aseguradoras y al exintendente de Olivos por negociaciones incompatibles

El juez federal Sebastián Casanello procesó a un conjunto de empresas de seguros acusadas de haberse beneficiado con contratos irregulares con el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández, quien ya se encontraba procesado en esta causa desde el año pasado.

La decisión judicial se enmarca en la investigación conocida como “Caso Seguros”, que analiza presuntas irregularidades en la contratación de pólizas para organismos públicos nacionales durante la gestión presidencial de Alberto Fernández.

Además de las compañías, Casanello procesó a Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta Presidencial de Olivos, por su presunta participación en los hechos investigados.

Rodríguez había sido designado en ese cargo por Alberto Fernández y mantenía una relación previa con Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers de seguros centrales en la causa.

Antes de la asunción presidencial de Fernández, Rodríguez ya realizaba tareas para él, las cuales eran abonadas por Martínez Sosa, amigo personal del entonces mandatario.

El juez procesó a Rodríguez como partícipe secundario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Entre los fundamentos, Casanello señaló que Rodríguez colaboró en la facilitación de encuentros entre Héctor Martínez Sosa y Alberto Fernández, incluyendo el ingreso del broker a la Quinta de Olivos sin dejar registros formales.

Las empresas procesadas fueron Héctor Martínez Sosa y Cía SA, Bachellier SA, BRI Broker SA, TG Broker SA, San Ignacio SA, San Germán Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.

Si bien los representantes y operadores de estas compañías ya habían sido procesados con anterioridad, el juez avanzó ahora contra las personas jurídicas en aplicación de la ley 27.401, vigente desde el 1° de diciembre de 2017.

Dicha normativa establece la responsabilidad penal de las empresas cuando se demuestra que obtuvieron beneficios mediante delitos cometidos en su ámbito de actuación.

En su resolución, Casanello sostuvo que las compañías presentaron una “organización defectuosa” que no solo no previno riesgos, sino que facilitó o aceptó la comisión de delitos en su beneficio.

El magistrado realizó una distinción respecto de San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, al señalar que contaba con normas y procedimientos éticos previos a los hechos investigados.

No obstante, indicó que esas normas fallaron en su implementación efectiva, por lo que la empresa no queda exenta de responsabilidad, aunque podría enfrentar una sanción menor en caso de condena.

La causa investiga irregularidades en contratos de seguros de entidades públicas durante el gobierno de Alberto Fernández, quien había sido Superintendente de Seguros durante la presidencia de Carlos Menem.

Según la investigación, las firmas procesadas se habrían beneficiado económicamente sin implementar mecanismos adecuados para prevenir hechos de corrupción.

El procesamiento de Alberto Fernández, confirmado por la Cámara Federal, fue dictado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que prevé penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

Para Casanello, está acreditado que Fernández intervino para favorecer los negocios de Héctor Martínez Sosa, integrante de su círculo íntimo y antiguo cliente durante el período 2010-2019, cuando actuaba como abogado y lobista.

En ese entramado también tuvo participación María Cantero, esposa de Martínez Sosa, quien fue designada secretaria privada del presidente al inicio de su mandato.

Durante el gobierno de Fernández, las comisiones percibidas por el grupo de Martínez Sosa ascendieron a $2.252 millones, equivalentes a casi el 60% del total abonado por Nación Seguros.

Finalmente, el juez ordenó embargos contra las empresas procesadas, destacándose el de Bachellier SA por $9.669.697.257,25, firma que mantuvo contratos con Gendarmería Nacional Argentina, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina.