sábado, 28 de marzo de 2026

Investigación judicial revela presuntas irregularidades financieras durante la gestión de Isabel Perón

En un extenso análisis realizado por Diego Recalde revela distintos informes y expedientes judiciales de la década de 1970 exponen una serie de irregularidades administrativas y financieros atribuidas a la expresidenta María Estela Martínez de Perón. El núcleo de las acusaciones se centra en la denominada "Causa de los cheques solidarios" y el uso discrecional de fondos reservados de la Presidencia de la Nación, hechos que motivaron pedidos de juicio político y procesamientos penales en su contra por delitos de peculado y malversación.

 

Uno de los episodios más documentados ocurrió en julio de 1975, cuando se detectó la emisión de un cheque por aproximadamente 3,000 millones de pesos de la época provenientes de la "Cruzada de Solidaridad". Según las investigaciones judiciales y testimonios de excolaboradores como el General Ernesto Fatigati, dichos fondos, destinados originalmente a fines benéficos, habrían sido desviados para fines personales, presuntamente para cumplir con compromisos sucesorios relacionados con la herencia de Juan Domingo Perón.



Asimismo, las auditorías judiciales de la época señalaron el uso de fondos reservados para solventar gastos privados de la mandataria, que incluyeron desde el pago de haberes de personal doméstico y servicios médicos, hasta remodelaciones en propiedades particulares como la quinta de San Vicente y la residencia de Gaspar Campos. Testimonios en sede judicial de figuras clave de su entorno, como Julio González, confirmaron que estas extracciones se realizaban bajo órdenes directas de la presidenta, quien consideraba estos activos como recursos de libre disponibilidad.

La investigación también arrojó pruebas sobre movimientos financieros de última hora antes del quiebre institucional de marzo de 1976. Registros notariales y declaraciones procesales indican que, horas antes de abandonar la Casa de Gobierno, se habrían gestionado retiros de sumas millonarias de los fondos reservados para ser resguardados fuera del ámbito oficial. Estos hallazgos, documentados en causas como el expediente 1.294, desvirtuaron ante la justicia las versiones de desconocimiento por parte de la exmandataria sobre el manejo de los caudales públicos bajo su administración.

Cómo la Trazabilidad Digital y el Análisis de Redes Acorralan a la Corrupción

El fenómeno de la corrupción no nace de un incidente aislado, sino que germina en la intersección entre la discrecionalidad política y la falta de transparencia en la administración de los recursos comunes. Surge cuando el acceso al poder se transforma en un activo comercial, permitiendo que quienes gestionan el presupuesto público diseñen reglas a medida para favorecer a intereses privados a cambio de beneficios personales o financiamiento partidario. Este origen se encuentra profundamente anclado en una cultura de opacidad, donde el secreto administrativo y la burocracia excesiva actúan como el caldo de cultivo ideal para que los acuerdos espurios se concreten lejos del escrutinio ciudadano.

Para mantenerse y consolidarse como un sistema resiliente, la corrupción desarrolla una arquitectura de protección que utiliza la intermediación como su principal escudo. Se establece una red de actores periféricos —testaferros, empresas pantalla y gestores financieros— que operan como cortafuegos, diluyendo la responsabilidad legal de las cúpulas y dificultando la trazabilidad de los fondos. Este esquema se alimenta de la captura de los organismos de control, donde la designación de autoridades afines garantiza que las alarmas nunca suenen. La corrupción se vuelve sistémica cuando el desvío de dinero deja de ser una excepción para convertirse en el lubricante que permite el funcionamiento de la maquinaria política, naturalizando el sobreprecio y el retorno como costos operativos aceptables.

La existencia persistente de estos engranajes se explica por la asimetría de información que existe entre el Estado y la sociedad, pero es aquí donde la tecnología moderna ofrece una oportunidad de ruptura definitiva. Herramientas de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) permiten hoy realizar un barrido masivo de datos públicos para identificar inconsistencias patrimoniales y vínculos societarios ocultos que antes eran invisibles. El uso de lenguajes de descripción de datos como DOT (Graphviz) o Mermaid facilita la creación de mapas de relaciones complejas, permitiendo visualizar de forma instantánea cómo una licitación aparentemente legal termina en manos de un entramado de empresas vinculadas entre sí. La cartografía digital y la georreferenciación mediante bibliotecas como Leaflet añaden una capa de análisis territorial que cruza la inversión pública con la realidad física, exponiendo obras fantasma o zonas de influencia delictiva.

Para desmantelar esta estructura, es imperativo transitar hacia propuestas prácticas que utilicen la tecnología como un mecanismo de auditoría en tiempo real. La implementación de registros digitales con integridad garantizada, similares a una cadena de custodia inmutable, impediría que los expedientes administrativos sean alterados o eliminados retroactivamente. Asimismo, la interoperabilidad obligatoria de las bases de datos fiscales, bancarias y de propiedad permitiría que algoritmos de detección temprana emitan alertas ante movimientos financieros sospechosos sin intervención humana. Finalmente, la apertura total de los datos presupuestarios en formatos procesables por máquinas democratizaría la vigilancia, permitiendo que la sociedad civil utilice estas mismas herramientas de visualización y análisis para transformar la oscuridad administrativa en un estado de cristal donde la impunidad ya no tenga donde esconderse.

Cuestionamientos a las condiciones operativas y laborales en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Recientes reportes internos han puesto de manifiesto una serie de discrepancias entre el discurso oficial del Gobierno de la Ciudad y la realidad operativa de los efectivos de la Policía de la Ciudad. Mientras que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, ha manifestado públicamente que el personal es resguardado en móviles patrulleros durante el horario nocturno por razones de seguridad, diversas denuncias señalan que una parte considerable de la fuerza continúa realizando recorridos a pie en las denominadas "paradas". Los efectivos advierten que el uso de chalecos reflectantes de alta visibilidad, sumado a la permanencia en puestos fijos sin apoyo vehicular, incrementa su vulnerabilidad ante posibles hechos delictivos durante la noche.

Las críticas se extienden a las condiciones básicas de trabajo durante los turnos de ocho horas. Se ha denunciado la falta de un sistema de relevos que permita al personal acceder a descansos mínimos o cubrir necesidades fisiológicas elementales. Según los testimonios, los oficiales dependen frecuentemente de la solidaridad de vecinos o comerciantes para acceder a sanitarios, ya que alejarse del puesto asignado puede derivar en sanciones disciplinarias por "abandono de parada". Esta situación se torna especialmente crítica para el personal femenino, señalando la carencia de protocolos adecuados para situaciones de salud particulares o espacios de lactancia para aquellas agentes que han retomado sus tareas tras la maternidad.

En el ámbito administrativo y de control, se han implementado normativas que exigen a los patrulleros cumplir con al menos el 95% del recorrido asignado mediante un sistema de cronometraje estricto. Los informes indican que esta presión por cumplir con la métrica obliga a los conductores a circular a velocidades que dificultan la prevención real del delito y la observación del entorno. Asimismo, para el personal de a pie, se habría establecido una nueva meta de recorrido de 6.500 metros por turno, junto con la obligatoriedad de realizar y documentar al menos seis identificaciones de ciudadanos diariamente, una medida que ha generado preocupación por la seguridad de los oficiales que deben interceptar personas en soledad durante la madrugada para cumplir con la estadística.

Finalmente, el análisis de la operatividad cuestiona la efectividad de la rotación constante de los agentes en sus jurisdicciones. Si bien la medida busca evitar la excesiva familiaridad entre el personal y los residentes, diversos sectores consideran que esto desarticula el vínculo de confianza y la obtención de información vecinal relevante para la prevención del delito. La combinación de estas exigencias estadísticas, la falta de infraestructura básica y la exposición física de los efectivos ha generado un clima de malestar en la fuerza, contraponiéndose a las directivas de protección y respeto institucional expresadas por el Ejecutivo porteño.

miércoles, 25 de marzo de 2026

Café en el Congreso: millonarias contrataciones en medio de sueldos públicos rezagados

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina y el Senado de la Nación Argentina avanzaron recientemente en procesos de contratación vinculados al suministro de café para uso institucional, en el marco de licitaciones públicas destinadas a garantizar la provisión del servicio dentro de sus dependencias. La documentación oficial da cuenta de la adquisición de insumos de cafetería, incluyendo la provisión de máquinas en comodato y café en grano, con montos que superan ampliamente los valores habituales de consumo individual.

En el caso de la Cámara de Diputados, a través de la Dirección General Administrativo Contable y la Dirección de Compras, se llevó adelante la Licitación Pública N° 17/2024, cuyo objeto es la “adquisición de insumos de cafetería con provisión de máquinas express en comodato gratuito”. Según el acta de apertura, la firma CAFES MUINO S.R.L. presentó una oferta por un monto de $178.617.700, con una garantía de oferta de $9.000.000. Este procedimiento se desarrolló el 28 de enero de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Por su parte, en el ámbito del Senado, la Subdirección de Compras tramitó la Contratación Directa N° 04/2026, correspondiente a la “adquisición de café en granos”. En este caso, se registraron dos ofertas: una de la firma Los Cinco Hispanos Sociedad Anónima por $10.184.315 y otra de Officenet S.A. por $15.083.615, ambas acompañadas de sus respectivas garantías. El acto de apertura se realizó el 11 de marzo de 2026.

Estas contrataciones se producen en un contexto económico marcado por fuertes tensiones distributivas. Mientras los ingresos de legisladores nacionales se ubican en un rango estimado de entre $4.000.000 y $11.000.000 mensuales, el índice RIPTE se sitúa en torno a $1.600.000. A su vez, sectores clave del empleo público, como médicos, docentes, policías y personal militar, perciben salarios que rondan los $800.000, evidenciando una significativa brecha respecto de los ingresos del Poder Legislativo. Esto genera una degradación de los servicios de salud asociados, tal el caso de IOSFA y la Superintendencia de Bienestar (Churruca), produciendo una gran cantidad de denuncias en el poder judicial, inclusive con amparos de salud.

El contraste adquiere mayor relevancia en el marco del discurso oficial del gobierno nacional, que ha planteado como eje central la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal y reducir el gasto público. En este escenario, la asignación de recursos para servicios como el café institucional en el Congreso genera cuestionamientos respecto de las prioridades presupuestarias y la equidad en el uso de fondos públicos.

La conducción administrativa y política de ambas cámaras recae en sus respectivas autoridades. En la Cámara de Diputados, la responsabilidad institucional corresponde a su presidente, Martín Menem, mientras que en el Senado la titularidad es ejercida por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Ambos funcionarios tienen injerencia en la estructura administrativa que habilita y supervisa este tipo de contrataciones.

En términos formales, los procesos analizados se ajustan a los mecanismos administrativos vigentes, incluyendo llamados a licitación, presentación de ofertas y actos de apertura documentados. No obstante, el debate público se centra en la oportunidad y pertinencia del gasto, especialmente en un contexto de ajuste económico y deterioro del poder adquisitivo de amplios sectores de la población.

Así, la adquisición de café para uso legislativo se convierte en un caso testigo dentro de una discusión más amplia sobre la asignación de recursos en el Estado, la transparencia en las contrataciones públicas y la coherencia entre el discurso de austeridad fiscal y las prácticas concretas de las instituciones políticas.

lunes, 23 de marzo de 2026

El nexo offshore que une al dirigente de AFA Julio Larroca con la trama $LIBRA

Una misma familia de prestanombres con sociedades en Miami conecta la megacausa de contrabando de aceite que salpica a funcionarios de Entre Ríos con el escándalo de la criptomoneda que promocionó Javier Milei

El entramado societario que vincula al vicepresidente del Consejo Federal de la AFA, Julio César Larrocca, con la investigación por la criptomoneda $LIBRA tiene como eje central a una familia de prestanombres radicada en Argentina con ramificaciones en Estados Unidos y Europa: los Mellino. Las causas judiciales que involucran al dirigente futbolístico y al ex asesor letrado del municipio de Puerto Yeruá por presunta corrupción inmobiliaria se conectan con el escándalo financiero que sacude al Gobierno nacional a través de una misma estructura de empresas offshore utilizadas para triangular fondos millonarios y evadir controles cambiarios.

La conexión documentada surge de dos expedientes judiciales que comparten un mismo modus operandi: la utilización de testaferros y sociedades pantalla radicadas en Miami para canalizar dinero proveniente de maniobras irregulares. En el centro de ambas investigaciones aparece la firma Modo Domo LLC, una sociedad constituida en 2019 en el estado de Florida que figura a nombre de Susana Beatriz Georges y su hijo Diego Hernán Mellino, quiropráctico de profesión. Esta empresa fue detectada por la Justicia como una de las pantallas utilizadas para triangular las operaciones de exportación de aceite de soja subfacturado que habrían defraudado al fisco argentino por más de 200 millones de dólares.

La investigación por contrabando de aceite, que tramita en el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, involucra a MADEL S.A., una empresa entrerriana que tuvo como presidenta a Carolina Mabel Geier, de Urdinarrain, y como vicepresidente a un integrante de la familia Tommasi, reconocidos productores de la zona sur de la provincia. Esta firma figuraba como una de las exportadoras que declaraban ácido oleico (oleína) a un precio muy inferior al del aceite de soja que realmente comercializaban, evadiendo así el pago de retenciones.

En la cadena de triangulación, Modo Domo LLC actuó como intermediaria en al menos 33 operaciones registradas entre febrero y agosto de 2021. La estructura permitía que la mercadería saliera de la Aduana de Campana con una facturación a nombre de distintas sociedades por precios muy por debajo del mercado, para luego ser refacturada en Chile a los importadores reales a un valor hasta tres veces superior. La diferencia de dinero, según la sospecha fiscal, quedaba depositada en cuentas del exterior fuera del alcance del fisco argentino.

El expediente por contrabando de aceite tiene conexión directa con la provincia de Entre Ríos, donde se desempeñaba Julio Larrocca como asesor letrado del municipio de Puerto Yeruá y donde operaban varias de las empresas y personas investigadas. Los allanamientos realizados el pasado mes de febrero en cuatro ciudades entrerrianas —Urdinarrain, Gualeguaychú, Chajarí y Federación— secuestraron documentación, computadoras y celulares vinculados a la firma MADEL S.A. y a los hermanos Tommasi, cuyos domicilios particulares y empresas fueron allanados.

La conexión con la causa $LIBRA surge a través del patriarca de la familia Mellino, Orlando Rodolfo Mellino, padre de Diego y esposo de Susana. Orlando, un jubilado radicado en Tigre, recibió el 30 de enero de 2025 una transferencia por más de un millón de dólares en criptomonedas proveniente de Hayden Mark Davis, el creador de $LIBRA. La operación fue detectada por el fiscal Eduardo Taiano en el marco de la investigación por presunto lavado de activos vinculado a la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei.

La estructura societaria de los Mellino se extiende más allá de Modo Domo LLC. Según documentos registrales, la familia conformó un entramado internacional con sociedades en Miami, Málaga, Madrid y Argentina. En algunas de estas empresas figuran como titulares Orlando y Diego; en otras, Diego y Susana; y en al menos una aparecen los tres juntos. En febrero de 2023, Orlando Mellino se convirtió en accionista mayoritario de Logística Latinoamericana S.R.L. , luego de que sus anteriores dueños —identificados como Eric Feldsztejn, Guido Alejandro Levin, Jonathan David Romano y Darío Gabriel Rozental— le cedieran el 90 por ciento de las acciones. Esta sociedad figura como titular de varios vehículos de alta gama que conducen los miembros de la familia.

El patrón de funcionamiento se repite en los tres expedientes: personas sin capacidad económica aparente figuran como titulares de empresas o como destinatarias de millonarias transferencias. En la causa de Puerto Yeruá, los beneficiarios de las tierras fiscales vendidas a precio vil fueron funcionarios municipales y sus parientes, incluido Marcelo Alcides Larrocca, hijo adoptivo del dirigente de AFA. En la causa de contrabando de aceite, aparecen exportadores insolventes que recién tramitaron su matrícula comercial luego de realizar operaciones millonarias. En la causa $LIBRA, un jubilado sin domicilio real —el domicilio declarado por Orlando Mellino en Tigre resultó ser una casa de hamburguesas— recibió y transfirió más de 5,8 millones de dólares en operaciones que abarcan desde marzo de 2024 hasta febrero de 2025.

La Justicia ya ha tomado medidas cautelares en ambos frentes. Diego Hernán Mellino y Susana Beatriz Georges tienen prohibida la salida del país desde julio de 2024, con una inhibición general de bienes que la Cámara de San Martín ratificó al rechazar un ofrecimiento de embargo por considerarlo insuficiente. Orlando Rodolfo Mellino, por su parte, fue alcanzado por una medida de congelamiento de bienes y activos financieros dictada el 11 de noviembre de 2025 por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa $LIBRA.

La triangulación a través de sociedades offshore radicadas en Miami constituye el mecanismo instrumental que une las tres causas. Modo Domo LLC, creada por Susana Georges y luego administrada por su hijo Diego, operaba desde una dirección en el noroeste de Miami con un agente registrado en San Petersburgo, Florida. Esta estructura permitía canalizar fondos hacia el exterior sin pasar por el circuito financiero formal argentino, dificultando el rastreo por parte de los organismos de control.

El fiscal de la causa de Puerto Yeruá, José Arias, describió el esquema de apropiación de tierras fiscales como una operatoria en la que los funcionarios “se pusieron de acuerdo para quedarse con lotes de 1.200 a 1.700 metros cuadrados, en lugares hermosos, aprovechándose de una serie de normas pensadas para adjudicar sin licitación pequeños terrenos a gente muy humilde”. En ese caso, el instrumento documental fueron las escrituras de compraventa simuladas que no reflejaban el valor real de los inmuebles ni el efectivo ingreso del dinero a las arcas municipales.

En la causa de contrabando de aceite, los instrumentos utilizados fueron facturas truchas y declaraciones aduaneras falsas que permitían subfacturar las exportaciones. La Justicia detectó las maniobras al comparar los registros de la Aduana Argentina con los de la Aduana de Chile, donde se detallaba la importación del producto real por montos muy superiores a los declarados en origen.

En la causa $LIBRA, el instrumento de triangulación fueron las transferencias en criptomonedas a través de billeteras virtuales, utilizando a un jubilado como “rampa de salida” para convertir dinero virtual en efectivo sin dejar rastro documental claro.

El entrecruzamiento de causas muestra un mismo entramado de fondo: la utilización de personas interpuestas y sociedades offshore para ocultar el origen de fondos y evadir controles. La familia Mellino, con sus diez sociedades constituidas antes de 2023, aparece como el nexo documentado entre la megacausa de contrabando de aceite que involucra a empresas y funcionarios de Entre Ríos y la investigación por la criptomoneda $LIBRA que salpica al entorno del Presidente.

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