Dos artefactos explosivos de fabricación casera detonaron este martes en las inmediaciones del hotel Four Seasons, en el centro de Damasco, donde se hospedaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita oficial a Siria. Según informaron las autoridades sirias, las explosiones dejaron al menos 18 personas heridas, entre ellas cuatro efectivos policiales. El mandatario francés no se encontraba en el lugar al momento de las detonaciones, ya que había partido previamente hacia el palacio presidencial para cumplir con su agenda oficial, circunstancia que fue confirmada por la Presidencia de Francia.
De acuerdo con el Ministerio del Interior sirio, los explosivos se encontraban ocultos en un vehículo y en un contenedor de residuos, separados por aproximadamente 200 metros. Ambos dispositivos eran de fabricación casera y explotaron mientras equipos especializados desarrollaban tareas destinadas a neutralizarlos, en el marco del operativo de seguridad desplegado en la zona.
Las explosiones motivaron un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y ambulancias. Las autoridades procedieron a evacuar el área, establecer perímetros de seguridad y restringir el tránsito en las calles aledañas. Testigos presenciales informaron que varias personas resultaron heridas durante las detonaciones, mientras que periodistas presentes en el lugar observaron daños materiales en edificios cercanos, entre ellos el Ministerio de Turismo, ubicado frente al hotel, además de fragmentos metálicos y otros restos compatibles con la explosión de los artefactos.
Horas antes de los hechos, Macron había mantenido una reunión con representantes de organizaciones de la sociedad civil en el mismo hotel donde posteriormente ocurrieron las detonaciones. El convoy oficial francés ya se encontraba en desplazamiento hacia el palacio presidencial cuando se produjeron las explosiones, por lo que la delegación continuó con el programa previsto.
La visita oficial constituye un hecho de relevancia diplomática, al tratarse del primer viaje de un jefe de Estado de una potencia occidental a Siria desde la caída del gobierno de Bashar al Assad y la conformación, a finales de 2024, de un nuevo gobierno encabezado por una coalición islamista. Durante su estadía, Macron tenía previsto mantener reuniones con el presidente sirio Ahmed al Sharaa para abordar cuestiones vinculadas al proceso de reconstrucción del país, la estabilidad institucional, la unidad nacional y el fortalecimiento del pluralismo en el período de transición.
La delegación francesa estuvo integrada además por representantes del sector empresarial, entre ellos Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies. En el marco de la visita se analizaron también perspectivas de cooperación económica, especialmente en materia energética e infraestructura, considerando la posición estratégica de Siria como corredor de tránsito entre Irak y el mar Mediterráneo.
El incidente ocurre en un contexto de seguridad aún inestable. Siria atraviesa un complejo proceso de reconstrucción y transición política tras más de trece años de conflicto armado interno, mientras persisten desafíos vinculados a la seguridad y a la presencia de grupos armados. En los últimos días, otro atentado con explosivos registrado en un café del centro de Damasco había causado la muerte de diez personas, reflejando la continuidad de episodios de violencia pese a los esfuerzos orientados a la estabilización del país.
martes, 7 de julio de 2026
Dos explosiones cerca del hotel donde se alojaba Emmanuel Macron dejaron al menos 18 heridos durante su visita oficial a Siria
domingo, 5 de julio de 2026
Comienza el juicio oral contra Heber Russo y la Justicia avanza sobre el entorno patrimonial de Martín Insaurralde y Jesica Cirio
El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata dará inicio en las próximas semanas al juicio oral y público contra el empresario Ariel Heber Russo, acusado de liderar una compleja asociación ilícita fiscal dedicada a la comercialización de facturas apócrifas, contrabando, tenencia ilegal de armas de guerra y lavado de activos provenientes de la corrupción.
Según la acusación formulada por la fiscal Silvia Cavallo, la organización criminal operó de manera sistemática mediante la creación de sociedades fantasmas que carecían de capacidad operativa y financiera, con el único propósito de emitir comprobantes falsificados para beneficiar a más de 3.500 contribuyentes y empresas de todo el país.
De acuerdo con las estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la evasión fiscal perpetrada a través de esta denominada usina de facturación alcanza los 4.077 millones de pesos, equivalentes a un fraude de aproximadamente 200 millones de dólares.
El debate oral promete reactivar las derivaciones políticas del caso, ya que las pruebas recolectadas durante la instrucción exponen una densa trama de negocios, vínculos personales y presuntos desvíos de fondos públicos que conectan directamente al principal imputado con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su exesposa, la conductora televisiva Jesica Cirio.
Los nexos de proximidad entre los involucrados exceden el plano comercial y se consolidaron a través de relaciones del entorno familiar íntimo.
Heber Russo mantuvo durante años un noviazgo formal con Priscila Daiana Ferrante, de 33 años, quien es identificada en los expedientes judiciales como sobrina o prima de Jesica Cirio, e incluso fue designada como madrina de la hija del exmatrimonio.
La propia Ferrante asumió un rol protagónico en el plano social al haber sido la organizadora de la boda entre el político y la modelo en el año 2014, ocasión en la que declaró públicamente ser la responsable directa de haber presentado a la pareja debido a la vecindad y los círculos comunes que compartían en la localidad de Lomas de Zamora.
A pesar de que la mujer fue inicialmente sobreseída en una etapa previa del proceso penal por la usina de facturas, su situación jurídica dio un giro determinante al quedar bajo una exhaustiva investigación patrimonial sustanciada por el magistrado federal Luis Armella, a instancias de un requerimiento efectuado por el fiscal Sergio Mola.
En este nuevo legajo, la Justicia federal ha puesto la mira sobre un impactante e injustificado patrimonio que figura registrado a nombre de Priscila Ferrante como titular o cotitular, el cual guarda una simetría exacta con los bienes que la AFIP adjudica a la estructura de lavado de su expareja, Heber Russo.
La pesquisa patrimonial abarca un total de 77 propiedades inmuebles distribuidas en territorio nacional y en el exterior, entre las que se destacan lotes de campos, chalets de veraneo en Pinamar, departamentos de alta gama en el barrio porteño de Puerto Madero y dos unidades habitacionales ubicadas sobre Biscayne Boulevard en Miami, Estados Unidos, estas últimas adquiridas formalmente a través de la firma extranjera El Principito 1003 LLC.
La flota bajo sospecha bajo la titularidad de Ferrante se compone de más de 200 vehículos—que incluyen automóviles particulares, camiones comerciales y motocicletas—, además de ocho embarcaciones náuticas, joyas de valor y sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera.
Asimismo, las autoridades detectaron la vinculación de la joven con otra sociedad offshore radicada en Londres, denominada Muriel LLP.
Dentro del conjunto de bienes inmuebles auditados, el juzgado federal concentra su atención en una lujosa residencia de Banfield Oeste, situada sobre la calle José María Penna al 1700.
La propiedad cuenta con una superficie cubierta de 750 metros cuadrados distribuidos en ocho ambientes, cinco baños, parque, piscina, quincho con instalaciones de barras, hidromasaje y una habitación blindada antipánico con estrictas especificaciones de seguridad.
Si bien el inmueble se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires a nombre de Priscila Ferrante y de su padre, el empresario Andrés Ferrante —quien posee antecedentes por una condena penal dictada en 2016—, la hipótesis principal de los investigadores sostiene que la adquisición habría sido financiada de forma encubierta por el propio Martín Insaurralde por un monto aproximado de 1,8 millones de dólares, operando los familiares de Cirio como aparentes testaferros del dirigente político.
La conexión material entre la banda de piratería del asfalto y el patrimonio de los investigados ya registraba un hito clave originado en marzo de 2018, tras el robo de un camión de logística que transportaba cargamento de mercadería alimenticia de la firma Natura en la zona del Acceso Oeste.
El posterior allanamiento policial de un galpón ubicado en la calle General Pico al 3300 de la localidad de Lanús, predio que era utilizado de manera irregular por dependencias de la municipalidad local para el acopio de vehículos judicializados, permitió el hallazgo no solo del cargamento sustraído, sino también de una serie de vehículos de lujo ocultos que se encontraban con documentación a nombre de miembros de la banda de Russo.
Entre dichos rodados, las fuerzas de seguridad secuestraron un automóvil Audi A1 que figuraba a nombre de Jesica Wanda Judith Cirio, vehículo que de acuerdo con testimonios brindados por el mecánico del taller pertenecía a allegados con problemas judiciales y que, según declaraciones del testigo Osvaldo Pascual Galasso, habría constituido un obsequio de bodas efectuado directamente por Heber Russo al matrimonio Insaurralde-Cirio en virtud de su estrecha relación personal y de negocios en el municipio.
Ante estas versiones, los voceros de la defensa alegaron en su momento que el rodado pertenecía a la modelo de forma previa al inicio del noviazgo y que su abandono obedecía a inconvenientes administrativos con el formulario de transferencia correspondiente.
El avance de las investigaciones judiciales ha derivado en la adopción de severas restricciones procesales dictadas en las últimas horas por los tribunales federales, las cuales disponen la prohibición formal de salida del territorio nacional para Martín Insaurralde, Jesica Cirio y la modelo Sofía Clerici, junto a otros cuatro imputados de la causa.
La medida restrictiva impone de igual modo la prohibición de alejarse a una distancia mayor a 50 kilómetros de sus respectivos domicilios constituidos sin previa autorización expresa del juzgado, así como la obligación accesoria de reportar formalmente cualquier tipo de desplazamiento interno que supere las 24 horas de duración.
En paralelo a estas determinaciones, la defensa técnica del exjefe de Gabinete bonaerense articuló un planteo formal para requerir la exclusión probatoria de un material audiovisual obtenido en el vestidor de una propiedad del country Fincas de San Vicente, en el cual se observa a Cirio manipulando fajos de dólares.
Los letrados argumentan que la prueba carece de validez legal por provenir de un presunto hackeo informático y sustracción indebida de dispositivos electrónicos, lo que a su criterio alteraría la cadena de custodia y la autenticidad de las imágenes.
No obstante, el juzgado federal convalidó la realización de peritajes técnicos sobre el video y ordenó inspecciones oculares y allanamientos en los inmuebles involucrados a fin de certificar las evidencias patrimoniales en la antesala del juicio oral.
Exigen justicia por el atentado al comedor de la Policía Federal en un acto por el cincuentenario del hecho
En el marco de la conmemoración del cincuentenario del cruento atentado perpetrado por la organización Montoneros en el comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Argentina, diversos sectores civiles, legisladores y familiares de las víctimas se congregaron en un acto frente al edificio ubicado en Moreno 1417, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reclamar el avance definitivo de las causas judiciales y la condena de los máximos responsables de la masacre.
Durante el encuentro, convocado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita), la Unión de Promociones y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), se denunció la impunidad prolongada por medio siglo que rodea al segundo hecho terrorista más sangriento en la historia del país, el cual provocó la muerte de 24 personas y causó heridas o mutilaciones a otras 120 el 2 de julio de 1976.
Los oradores principales del acto concentraron sus reclamos en la reactivación penal contra los imputados que continúan con vida, solicitando que la Cámara Federal de Casación Penal ratifique la resolución dictada en diciembre de 2024 por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.
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Aquel fallo había revocado la prescripción dictaminada previamente por la jueza federal María Servini de Cubría, ordenando la declaración indagatoria de Mario Firmenich y anulando los sobreseimientos de Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Lila Pastoriza y Norma Walsh.
Los manifestantes señalaron que el proceso judicial se encuentra demorado debido a los recursos interpuestos por el propio Mario Firmenich, Patricia Walsh y el resto de los procesados, lo que ha dilatado una resolución definitiva e impedido la comparecencia de los acusados ante los tribunales.
En el plano político e institucional, se criticó con dureza el accionar del Poder Judicial y el desinterés de la dirigencia política, argumentando la existencia de una profunda asimetría y falta de imparcialidad en el tratamiento de la violencia de la década de 1970.
El doctor Emilio Hardoy, en representación de la asociación Justicia y la Concordia, manifestó que los magistrados han carecido de voluntad y coraje para enjuiciar a los miembros de las organizaciones subversivas, contrastando dicha dilación con la celeridad aplicada para perseguir a los agentes estatales de la época.
Asimismo, Hardoy acusó a las sucesivas gestiones de enaltecer el terrorismo, poniendo como principal ejemplo la imposición del nombre de Rodolfo Walsh, señalado en el acto como presunto autor intelectual del atentado, a la estación de subterráneo más cercana al lugar de la tragedia, calificando el hecho como una afrenta directa hacia la memoria de los caídos y sus familiares.
El acto contó con la presencia de figuras públicas como el diputado Guillermo Montenegro, la legisladora porteña Rebeca Fleitas —quien impulsó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para remover la denominación de Rodolfo Walsh de la red de transporte público, actualmente paralizado— y el escritor y cineasta Diego Recalde.
Los testimonios de los sobrevivientes y familiares aportaron detalles sobre el impacto humano de la detonación de la denominada bomba vietnamita. Julio César Renzacci, sobreviviente del ataque tras sufrir el seccionamiento de su arteria femoral, relató las circunstancias de su evacuación hacia el hospital Rawson y criticó el temor actual de dirigentes como Mario Firmenich, Horacio Verbitsky, Fernando Vaca Narvaja y Patricia Walsh a declarar ante los tribunales.
Por su parte, Gabriel Cepeda, hijo de la víctima fatal Josefina Melucci de Cepeda, lamentó la exclusión sistemática de los familiares dentro del proceso penal, mientras que Victoria Matienzo evocó la memoria de su hermano, el joven agente Ernesto Osvaldo Matienzo, reafirmando el compromiso familiar de sostener el reclamo activo de justicia frente a la inacción judicial.
Procesan y embargan por 20.000 millones de pesos al excuñado de Martín Insaurralde en una causa por corrupción en la obra pública
El juez federal Luis Armella dictó el procesamiento, un embargo de 20.000 millones de pesos y la prohibición de salida del país para el empresario Víctor Mariano Donadio, excuñado del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.
La medida judicial responde a una investigación por irregularidades, desvíos de fondos y sobreprecios estimados en un 50% durante la licitación y construcción de la Ruta Provincial Nº 16, una obra pública vial que quedó destruida a los pocos meses de su inauguración.
La resolución judicial se enmarca en una estructura que vincula la contratación pública con el patrimonio privado de exfuncionarios.
El fiscal Sergio Mola y el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, investigan de forma paralela si el patrimonio de Martín Insaurralde se financió mediante el direccionamiento de contratos en beneficio de la empresa Doio S.A. (originalmente Doio S.R.L.), propiedad de Donadio, y si dicha firma facilitó maniobras de lavado de dinero para el exjefe comunal.
Los lazos comerciales e inmobiliarios bajo la lupa judicial comenzaron en el año 2006, con una cesión de derechos suscripta entre Carolina Álvarez, primera esposa de Martín Insaurralde, y la firma Doio S.A. sobre un terreno en el barrio privado Fincas de San Vicente – Club de Chacras.
Ese predio, donde posteriormente se edificó la mansión donde el exintendente convivió con su exesposa Jesica Cirio, fue transferido en 2011 a SASAXA LIBERO SA, una sociedad controlada por Insaurralde a través de su entorno familiar. Doio S.A. operaba simultáneamente como contratista de Lomas de Zamora, ejecutando obras firmadas por el propio Insaurralde, tales como la Estación de Transferencia de Banfield, el Honorable Concejo Deliberante y el Hogar de Mujeres Fátima Catán.
La investigación expone además una red de conexiones con el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, a través del contador Andrés Galera, miembro de la Cámara de la Construcción y titular de la firma Revilier SA.
Esta última sociedad figuraba como dueña del departamento de lujo en el edificio Aleph Residence de Puerto Madero, donde residieron Insaurralde y Cirio en 2014. A su vez, Donadio recomendó a su socio en Doio S.A., el arquitecto Federico Alberto Curcio, para dirigir la construcción de la casa de Insaurralde y para asistir a José López en la edificación de su vivienda en Dique Luján.
El expediente específico de la Ruta Provincial Nº 16, conocida como "Camino de las Latas", detalla que el tramo de 12 kilómetros que une las rutas 58 y 210 —atravesando los municipios de Presidente Perón, Esteban Echeverría y Almirante Brown— fue adjudicado a Doio S.R.L. a pesar de que su capacidad técnica era de 13,4 millones de pesos, un tercio de lo exigido.
Aunque el presupuesto original de la licitación de 2009 era de 36.500.000 pesos financiados por el Estado Nacional, sucesivas redeterminaciones elevaron el costo final a 57.641.065,23 pesos, registrándose sobreprecios del 43% según peritajes oficiales, pagos por movimientos de suelo inexistentes y el uso de materiales deficientes que obligaron a una repavimentación total posterior.
Por estas maniobras en la obra vial, la justicia procesó junto a Donadio al exintendente de Presidente Perón, Alfonso Aníbal Regueiro, quien autorizó los decretos y pagos, y a los exfuncionarios municipales Julio César Oneri (Obras Públicas) y Fernando Pablo Ortega (Hacienda).
La medida alcanzó también a los miembros de la Comisión de Preadjudicación, Miguel Dahbar, Rosa Miño y Rosana Ruiz, al arquitecto Curcio en su rol de representante técnico, y a Gustavo Marcelo Gentili, exdirector del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), encargado de garantizar el flujo de los fondos federales.
La causa penal llega a esta instancia tras un prolongado letargo institucional bajo la instrucción del juez Federico Villena, quien comandó la investigación durante ocho años y dictó la falta de mérito de los acusados en abril de 2025 de manera arbitraria.
Tras la apelación del Ministerio Público Fiscal, la Cámara Federal de La Plata anuló dicha resolución, denunció la inacción judicial y apartó a Villena, derivando las actuaciones al juzgado de Luis Armella, quien dispuso los procesamientos definitivos.
Actualmente, el fiscal Sergio Mola mantiene un litigio con el juzgado para agilizar la ejecución efectiva de los embargos preventivos y evitar que los imputados despatrimonien sus bienes.
viernes, 3 de julio de 2026
Homicidio de una mujer durante un robo en una vivienda de Ezpeleta
De acuerdo con las primeras reconstrucciones e investigaciones policiales, el grupo criminal, compuesto por al menos cuatro individuos que vestían prendas oscuras y chalecos similares a los utilizados en el rubro del transporte o la logística, accedió al terreno por la parte trasera de la propiedad. Al ingresar formalmente al inmueble, los asaltantes simularon de forma falsa un procedimiento policial de allanamiento y redujeron con extrema violencia a una de las hijas menores de edad de la víctima, exigiéndole la entrega inmediata de sumas de dinero en efectivo mediante amenazas de muerte con armas de fuego.
Ante la agresión física y las reiteradas amenazas dirigidas hacia la menor, Suárez Medrano intervino en su defensa, lo que desencadenó un forcejeo directo contra uno de los atacantes en el interior de la finca. En medio de la confrontación, el delincuente efectuó un disparo a corta distancia con un arma de fuego de fabricación casera que impactó de forma directa en la zona de la axila izquierda de la mujer, provocándole severas heridas internas y una hemorragia masiva.
Tras consumar la agresión armada y apoderarse de los dispositivos móviles de comunicación y del vehículo particular, los autores del crimen arrastraron a la víctima herida hacia el exterior de la casa y se dieron a la fuga de inmediato. Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes arribaron al sitio tras recibir un llamado de alerta mediante el servicio de emergencias 911, constatando la gravedad de la situación e iniciando el traslado de urgencia de la mujer hacia el centro de salud asistencial más cercano.
La víctima ingresó en un estado crítico y casi inconsciente al Hospital General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte de Quilmes, donde el personal médico de guardia implementó las maniobras pertinentes de estabilización. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico del establecimiento para salvar la vida de la paciente, las gravísimas lesiones internas ocasionadas por el proyectil determinaron su deceso pocas horas más tarde en las instalaciones del centro hospitalario.
La investigación del caso penal quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Número 4 del Departamento Judicial de Quilmes, dependencia que caratuló formalmente el expediente bajo la calificación legal de homicidio en ocasión de robo. Asimismo, las autoridades fiscales intervinientes ordenaron el despliegue técnico de peritos pertenecientes a la Policía Científica en la escena del crimen para recolectar evidencia forense y dispusieron el correspondiente traslado del cuerpo para la realización de la autopsia reglamentaria, mientras las fuerzas de seguridad continúan con los operativos correspondientes para dar con el paradero de los sospechosos, quienes permanecen prófugos de la justicia.
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