La lección del caso Cuadernos: cuando los controles fallan y la sociedad mira hacia otro lado

El periodista Diego Cabot advirtió ante líderes de ONGs que la corrupción no se detectó por los organismos de control, sino por la memoria de un chofer; instó a fortalecer el rol ciudadano y la vigilancia institucional

En una conferencia pronunciada ante abogados y referentes de organizaciones dedicadas al mejoramiento de la Justicia, el periodista Diego Cabot realizó un diagnóstico sobre las fallas institucionales que permitieron el saqueo de las arcas públicas en el caso Cuadernos. Lejos de centrarse en el relato periodístico, el autor planteó una pregunta incómoda: "¿Qué tiene de malo un sistema de control que necesitó a un chofer con un cuaderno escolar y una birome para enterarse de lo que pasaba en el corazón de la obra pública?". La respuesta, según expuso, revela una arquitectura institucional que, pese a su complejidad, fue incapaz de detectar lo que ocurría a la vista de todos.

Cabot señaló que el orden lógico de cualquier país que funciona se invirtió en Argentina: "En un país que funciona, la corrupción la detecta un organismo de control, la investiga un fiscal, la juzga un tribunal y, en el camino, el periodismo la cuenta. Acá fue exactamente al revés". Esta inversión, explicó, no es un mérito del periodismo sino una señal de alarma sobre el sistema. Cuando el que cuenta llega antes que el que controla, la pregunta deja de ser sobre el periodista y pasa a ser sobre las instituciones.

El conferencista identificó tres causas principales de esta ceguera institucional. La primera es la captura del regulador: "Un control que le pide permiso al controlado no es control: es un trámite". Muchos organismos dependen, en sus nombramientos o presupuesto, de los mismos a quienes deben controlar. La segunda es la fragmentación: cada organismo mira una porción del ciclo y "la corrupción organizada vive exactamente ahí, en el espacio entre una ventanilla y la siguiente". La tercera, la más incómoda, es la naturalización: "Cuando todos saben y nadie habla, el silencio deja de ser una omisión individual y se convierte en una institución más".

El periodista destacó que alrededor de la rutina de bolsos con dinero existía toda la arquitectura de control imaginable: Auditoría General de la Nación, Sindicatura General, Oficina Anticorrupción, AFIP, Banco Central, Unidad de Información Financiera, fiscalías especializadas, bancos con normas de compliance, auditores externos y comisiones de control en el Congreso. "Y sin embargo, nadie vio nada. ¿Nadie vio nada? O, para ser más precisos, nadie que tuviera la obligación de ver lo hizo constar en un expediente, en un informe, en un papel".

Sobre el rol del periodismo, Cabot explicó la diferencia entre hechos verificados y hechos probados: "El periodismo trabaja con hechos verificados. El derecho, con hechos probados. Se parecen, pero no son lo mismo". La decisión de no publicar de inmediato y llevar el material a la Justicia antes de la publicación permitió que, cuando la investigación salió a la luz el 1° de agosto de 2018, ya hubiera detenciones y allanamientos en marcha. "La nota no anticipó la causa: la acompañó", subrayó.

El conferencista advirtió que la corrupción no desaparece sino que se adapta: "Los bolsos eran una tecnología rudimentaria, de la era del efectivo y del auto oficial. La próxima no va a venir en un cuaderno Gloria. Va a venir en el pliego de una licitación escrito a medida, en una concesión renegociada en silencio, en una privatización donde el precio se fija antes que las reglas". Por ello, instó a los abogados a prepararse para detectar la corrupción en documentos, expedientes y contratos, no solo en hechos delictivos evidentes.

Respecto al tiempo judicial, Cabot fue contundente: "La demora no es un detalle procesal; es un mensaje. Cuando una causa de esta magnitud tarda siete años en llegar a juicio, la sociedad aprende algo, y no es nada bueno. Aprende que el sistema tiene paciencia con los poderosos y prisa con los demás". Sin embargo, aclaró que "que la Justicia tarde no vuelve falso lo que está anotado. Los hechos no prescriben en la memoria colectiva aunque a veces lo hagan en los códigos".

Finalmente, el periodista respondió a la pregunta inicial sobre por qué prestigiosos abogados asistieron a escuchar a un periodista: "Porque el caso Cuadernos les recuerda algo que ustedes ya saben pero que el país olvida con facilidad: que las instituciones no son edificios ni organigramas. Son personas que, en un momento determinado, deciden hacer lo que les corresponde". Y concluyó con una invitación: "Que la próxima gran causa de corrupción de la Argentina no empiece en la redacción de un diario. Que empiece en un expediente. Que empiece acá".

La exposición de Cabot deja una lección clara para la ciudadanía: los controles institucionales son fundamentales, pero no suficientes si la sociedad los naturaliza y los considera un trámite. Cada ciudadano puede contribuir a reducir la corrupción ejerciendo el derecho de acceso a la información pública, denunciando irregularidades ante los organismos correspondientes, participando en organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la transparencia, exigiendo rendición de cuentas a sus representantes y, sobre todo, no naturalizando lo que debe escandalizar. Como advirtió el periodista: "Puede no haber próximo chofer. Puede no haber próximos cuadernos. Puede haber solamente papeles públicos, a la vista de todos, que nadie tuvo ganas de leer".

Washington concentra las negociaciones por los sectores estratégicos de la Argentina: minerales, medicamentos, energía y tecnología nuclear

La relación política entre el presidente argentino Javier Milei y la administración de Donald Trump está acompañada por una intensa actividad empresarial y diplomática en Washington según expone revelaciones de Pablo Fernández Blanco en La Nación.

Compañías internacionales, empresarios argentinos y representantes de grupos de presión buscan influir en las decisiones del Gobierno estadounidense sobre inversiones, acceso a mercados, propiedad intelectual y sectores estratégicos de la economía argentina. 

En ese contexto, Washington se convirtió en un espacio relevante para negociar el ingreso de capitales, obtener respaldo institucional y promover cambios regulatorios. 

Durante su reciente visita a Estados Unidos, Milei no mantuvo una reunión con Trump, pero incorporó a su agenda al empresario Harold Hamm, una figura influyente en la industria petrolera estadounidense y aliada del presidente norteamericano.

Hamm es el fundador de Continental Resources, empresa estadounidense que en agosto de 2026 acordó adquirir el 50% de Phoenix Global Resources y proyectó inversiones superiores a los US$4.000 millones en Vaca Muerta durante los próximos cinco años. 

La operación establece una asociación con Mercuria Energy Group, compañía suiza que controlaba Phoenix y que tenía entre sus accionistas minoritarios al empresario argentino José Luis Manzano, exministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem. 

El proyecto contempla ampliar la producción de Phoenix desde aproximadamente 28.000 barriles equivalentes de petróleo diarios hasta superar los 100.000 en cinco años. El acuerdo representa una de las principales apuestas recientes de capital estadounidense en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la Argentina. +

La actividad de Manzano en Estados Unidos también comprende gestiones relacionadas con minerales críticos. Desde abril de 2024, él y sus empresas contrataron servicios de lobby por más de US$615.000 para presentar propuestas ante organismos de la administración Trump. 

A través de Integra Capital USA, el fondo de inversión vinculado al empresario, buscó promover oportunidades relacionadas con el cobre y facilitar reuniones con el Departamento de Estado y la Oficina Ejecutiva del Presidente. 

Su representante, Eric Bovim, llevó iniciativas sobre minerales críticos al Consejo Económico Nacional. Integra Capital USA también recurrió a John Barsa, exfuncionario de la primera administración Trump, quien trabaja para Continental Strategy, consultora fundada por Carlos Trujillo, exembajador estadounidense ante la Organización de los Estados Americanos. 

En paralelo, Minera Aguilar, con yacimientos en Jujuy, impulsó gestiones vinculadas con sus intereses mineros.

La competencia por los recursos minerales argentinos también involucra a BHP, una de las mayores compañías mineras del mundo. 

Su director ejecutivo, Mike Henry, encabezó gestiones para incorporar proyectos argentinos de minerales críticos a las prioridades estadounidenses de seguridad de suministro, infraestructura y financiamiento. 

Representantes de la empresa mantuvieron contactos con la Oficina de la Casa Blanca, la Oficina Ejecutiva del Presidente, el Consejo de Seguridad Nacional y organismos capaces de financiar proyectos considerados estratégicos por Washington. En enero de 2025, BHP participó en la conformación de Vicuña, una empresa conjunta con Lundin Mining para desarrollar los depósitos de cobre Josemaría y Filo del Sol, en San Juan. 

La investigación periodística atribuye a BHP una apuesta de US$2.000 millones por la mitad del proyecto. Los yacimientos se encuentran en una zona cordillerana de gran altitud y el cobre que contienen resulta relevante para las redes eléctricas, la transición energética y la fabricación de vehículos eléctricos.

El sector farmacéutico constituye otro de los principales escenarios de negociación entre la Argentina y Estados Unidos. A fines de agosto, Jeffrey Goettman, uno de los funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), visitó Buenos Aires y realizó consultas sobre el mercado de medicamentos. Anteriormente, Matthew Schumaker, un experimentado representante de la industria farmacéutica estadounidense, había gestionado ante ese organismo en nombre de Vertex Pharmaceuticals, empresa responsable de Trikafta, un tratamiento utilizado contra la fibrosis quística. 

Sus gestiones, iniciadas en 2025 y continuadas durante 2026, apuntaron a promover cambios en las normas de propiedad intelectual argentinas y rusas. En la misma línea, PhRMA, la asociación que agrupa a grandes compañías farmacéuticas como Pfizer, Merck, Eli Lilly y Johnson & Johnson, reclamó que la Argentina eliminara restricciones a la patentabilidad de medicamentos, reforzara la protección de los datos utilizados para autorizar su comercialización y redujera las demoras en la concesión de patentes.

Frente a esos reclamos, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) presentó su propia posición ante la USTR. Mediante una nota de 18 páginas fechada el 28 de enero de 2026 y firmada por Mariano Genovesi y Eduardo Franciosi, la entidad defendió el régimen argentino y sostuvo que las restricciones existentes evitaban la prolongación artificial de las patentes. 

También pidió que el país abandonara la lista de vigilancia estadounidense en materia de propiedad intelectual. La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que representa a laboratorios internacionales, sostuvo una posición diferente y destacó que el desarrollo de medicamentos comprende investigación, conocimiento científico, controles, trazabilidad y vigilancia permanente. 

La controversia expone dos intereses contrapuestos: por un lado, el de los laboratorios nacionales, que buscan preservar las condiciones de competencia del mercado local; por otro, el de las compañías internacionales, que reclaman mayores garantías para proteger sus innovaciones y sus inversiones.

El Gobierno argentino modificó el marco regulatorio de las patentes farmacéuticas mediante la Resolución Conjunta 1/2026, publicada el 18 de marzo. La medida derogó las pautas de 2012 y dispuso que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial evaluara cada solicitud de patente química o farmacéutica de acuerdo con la legislación vigente. La resolución incorporó, además, una protección transitoria para productos farmacéuticos que ya se comercializaban en el país: las nuevas patentes concedidas en esos casos no permiten impedir la continuidad de esa comercialización ni reclamar una compensación por ella. 

El 30 de abril, la USTR anunció que Argentina pasaba de la lista de vigilancia prioritaria a la lista de vigilancia ordinaria, después de haber permanecido tres décadas en la categoría prioritaria. Aunque el cambio representó una mejora en la evaluación estadounidense, el país continuó incluido en el seguimiento por cuestiones de propiedad intelectual. 

En paralelo, el Gobierno anunció una agenda de inversiones farmacéuticas y científicas de gran magnitud. El 29 de mayo de 2026, Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, recibieron a representantes de CAEMe, que comunicó una inversión acumulada de US$8.000 millones en investigación clínica durante los siguientes seis años. Entre los participantes se encontraban Gastón Domingues Caetano, presidente de la cámara, y representantes de compañías como MSD, Roche, Bristol Myers Squibb, Novartis, GSK, Sanofi y Pfizer. 

La iniciativa apunta a ampliar el desarrollo de estudios clínicos en la Argentina y fortalecer sus capacidades científicas y sanitarias. El anuncio se produjo después de los cambios en las reglas de patentabilidad y de la revisión de la situación argentina por parte de Washington. Sin embargo, la coincidencia temporal de esos acontecimientos no demuestra, por sí sola, que exista una relación contractual directa entre las modificaciones regulatorias y el compromiso de inversión anunciado por los laboratorios. 

Otro caso que muestra el alcance de las decisiones estadounidenses sobre las operaciones argentinas en el exterior es el de IMPSA, la compañía metalúrgica fundada por la familia Pescarmona, que pasó a manos de capitales estadounidenses en 2025 y quedó bajo el control mencionado de Arc Energy. 

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas, en enero de 2026, IMPSA necesitó autorización de Estados Unidos para avanzar en las negociaciones con Venezuela destinadas a finalizar las obras de las centrales hidroeléctricas Tocoma y Macagua. Según la investigación periodística, el asunto pasó por la Oficina Ejecutiva del Presidente y el Departamento de Estado, mientras que entre los representantes contratados para gestionar los intereses de la empresa figuró Thomas Feddo, exfuncionario de la primera administración Trump. El caso ilustra cómo las restricciones y autorizaciones estadounidenses pueden incidir sobre negocios de compañías con participación argentina incluso cuando los proyectos se ejecutan fuera del territorio de Estados Unidos. 

La investigación también señala que IMPSA utilizó dos licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, para encuadrar sus operaciones vinculadas con Venezuela. Según la descripción de esas condiciones, los contratos debían regirse por la legislación estadounidense, los pagos tenían que canalizarse a través de cuentas indicadas por el Tesoro y cada operación debía informarse a los departamentos de Estado y de Energía. 

En agosto de 2026, IMPSA anunció oficialmente la firma del acuerdo definitivo con las autoridades venezolanas para rehabilitar y modernizar ambas centrales. La primera fase contempla recuperar 432 megavatios en Tocoma y 240 megavatios en Macagua, para alcanzar 672 megavatios en un plazo de 24 meses. 

 

La empresa se comprometió, además, a reincorporar inicialmente 160 megavatios mediante la puesta en servicio de unidades de Macagua durante los primeros 90 días. El plan general prevé alcanzar una capacidad de generación de hasta 2.640 megavatios entre las dos instalaciones.

La energía nuclear completa el mapa de intereses estratégicos descrito en la investigación. Durante las negociaciones de 2025 para establecer un intercambio de monedas por US$20.000 millones entre el Banco Central argentino y el Departamento del Tesoro estadounidense, encabezado por Scott Bessent, Washington buscaba contribuir a contener la presión cambiaria sobre el peso. De acuerdo con la publicación, las conversaciones también incluyeron el interés estadounidense en ampliar la participación de sus empresas en el sector nuclear argentino y limitar la presencia de China en áreas estratégicas. 

La investigación advierte que de algunas de esas conversaciones quedaron escasos registros públicos. En ese contexto aparece Hamid Ansari, empresario de origen iraní radicado en Estados Unidos, vinculado con el proyecto de construcción de un reactor nuclear en el complejo de Atucha, donde funcionan las centrales Atucha I y Atucha II. En julio de 2026, el Gobierno argentino anunció una propuesta de Meitner Energy para construir allí un reactor modular ACR-300, con una inversión privada estimada en US$1.200 millones y una participación vinculada al Grupo Ansari y a INVAP.  

La influencia de Washington también alcanza a figuras de la política argentina alejadas de la administración de Milei. 

Cristina Fernández de Kirchner quedó incluida en este entramado cuando, el mismo día en que llevó ante las Naciones Unidas su reclamo por la condena judicial que recibió, contrató una agencia internacional para difundir su caso en el exterior. Según la investigación, la consultora terminó registrada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

El episodio completa un panorama en el que confluyen inversiones energéticas, explotaciones mineras, patentes farmacéuticas, centrales hidroeléctricas, proyectos nucleares y estrategias de comunicación política. 

Aunque cada operación responde a intereses particulares, los casos presentados muestran que las decisiones económicas y empresariales vinculadas con la Argentina mantienen una relación cada vez más visible con organismos, regulaciones y actores políticos establecidos en Washington.

La Justicia multa al Gobierno por incumplir el financiamiento universitario y expone el ajuste que también golpea a policías, médicos y militares

El juez Martín Cormick aplicó astreintes de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por desobedecer una cautelar ratificada por la Corte Suprema. La medida se conoció en la víspera de la Quinta Marcha Universitaria Federal, en un contexto donde el recorte salarial impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, afecta por igual a universidades, hospitales, fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas.

La Justicia federal dispuso este miércoles multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios docentes y no docentes universitarios, así como las becas estudiantiles, según lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, un día antes de la Quinta Marcha Universitaria Federal convocada para este jueves frente al Congreso. El magistrado fundamentó la sanción “atento el incumplimiento verificado” y en cumplimiento del apercibimiento dispuesto el pasado 30 de septiembre.

Una cautelar ratificada por la Corte Suprema que el Gobierno desobedeció

La cautelar que el Gobierno se negó a acatar fue dictada en diciembre de 2025 por el mismo juez Cormick, convalidada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo en marzo de 2026 y ratificada por la Corte Suprema de Justicia en junio del mismo año. La medida ordena al Ejecutivo cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario: el primero establece la actualización salarial desde diciembre de 2023 con un porcentaje no menor a la inflación acumulada; el segundo dispone la actualización de las becas estudiantiles.

Según estimaciones del sistema universitario, la recomposición salarial pendiente asciende aproximadamente al 33%. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había denunciado ante el juez el incumplimiento del Gobierno tras el vencimiento del plazo de cinco días que se le había otorgado para cumplir con las recomposiciones.

El juez había declarado la semana pasada la inconstitucionalidad del tramo del Decreto N.º 759/2025 mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la ley a que el Congreso especificara las partidas presupuestarias de las que surgirían los recursos. El magistrado calificó esa estrategia como un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional, y remarcó que el artículo 9 de la propia ley universitaria otorgaba herramientas suficientes para que el Poder Ejecutivo reasignara los créditos necesarios.

Aunque el Gobierno apeló y el magistrado concedió el recurso —suspendiendo así la sentencia de inconstitucionalidad—, la cautelar que obliga a actualizar salarios y becas continúa vigente. Ante el incumplimiento, la Justicia avanzó ahora con las astreintes diarias, un paso más tras dos intimaciones previas que el Ejecutivo desatendió.

El mismo ajuste que golpea a policías, médicos y militares

El incumplimiento del financiamiento universitario no es un hecho aislado. Se enmarca en una política de ajuste salarial sistemática implementada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que aplica la misma lógica de aumentos por debajo de la inflación a todos los sectores del Estado nacional, convalidada por el presidente Javier Milei.

Las cifras del recorte son contundentes. En mayo de 2026, el Gobierno oficializó una poda de $2,5 billones sobre el presupuesto votado por el Congreso, equivalente al 1,6% del total. Las áreas más afectadas incluyeron Salud —con una reducción de $70.000 millones, incluyendo el PAMI—, Seguridad —con $25.664 millones menos— y Defensa, que perdió más de $46.000 millones destinados al alistamiento operativo de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada.

Fuerzas de seguridad. Un agente de la Policía Federal cobra cerca de $750.000 de bolsillo, mientras que el salario básico de un agente policial se sitúa en $230.000, un monto insuficiente considerando el riesgo diario que enfrentan. El personal de las Fuerzas Armadas que custodia instalaciones estratégicas percibe entre $600.000 y $700.000 mensuales, cifras que en muchos casos se ubican por debajo de la línea de pobreza.

Fuerzas Armadas. La situación en Defensa es particularmente crítica. El 60% del personal militar se encuentra por debajo de la línea de pobreza en materia salarial, y un ingresante en el Ejército gana menos de $700.000 mensuales. Según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto de Defensa pasó de $8.700.000 millones a $5.700.000 millones a valores de 2026, una caída del 34%.

Personal de salud. Los hospitales universitarios dependientes de la UBA advirtieron que solo podían garantizar atención por 45 días más debido a la falta de fondos. El 80% del personal hospitalario percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza: médicos residentes con dedicación exclusiva cobran $1.500.000, enfermeros $1.100.000 y personal administrativo y de limpieza $1.000.000. Los recursos nacionales para la salud pública cayeron un 34% en términos reales entre 2023 y 2025.

La paritaria del sector público sellada en agosto de 2026 contempló un aumento acumulado de apenas 6,8% entre septiembre y diciembre —1,90% en septiembre, 1,80% en octubre, 1,60% en noviembre y 1,50% en diciembre— más un bono de $80.000, una pauta muy por debajo de la inflación proyectada. Ese mismo esquema se aplicó a militares y fuerzas de seguridad, lo que en la práctica implicó una nueva pérdida de poder adquisitivo para todos los trabajadores del Estado.
Solo las universidades judicializaron el conflicto

La diferencia sustancial entre las universidades y los demás sectores afectados radica en la respuesta institucional. Mientras policías, militares, médicos y empleados públicos absorbieron el ajuste sin recurrir a instancias judiciales, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires presentaron un amparo colectivo que derivó en la cautelar hoy ratificada por la Corte Suprema y en las astreintes que ahora pesan sobre Santilli.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, valoró la decisión judicial: “No solo es importante que haya fijado una multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad concreta y no al Estado en abstracto”. El juez Cormick dejó abierta la posibilidad de que, si el Gobierno persiste en el incumplimiento, las sanciones económicas se extiendan a otros funcionarios, incluyendo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Un superávit construido sobre salarios degradados

Detrás de las cifras fiscales que el Gobierno exhibe como logro —un superávit financiero sostenido y una meta elevada a $3,2 billones— se encuentra una realidad que diversos economistas han calificado sin eufemismos. El tándem Milei-Caputo “es experto en dibujar el superávit primario y financiero a fuerza de ajuste en el gasto público y el abultamiento de la llamada deuda flotante”, que surge de la diferencia entre gastos devengados y los efectivamente pagados. La deuda flotante acumulada en el primer trimestre de 2026 equivalió al 9,7% del total devengado, con las remuneraciones entre los rubros más afectados.

En términos concretos, los salarios públicos acumulan una caída del 37% en dos años, según datos del Indec. El propio Caputo reconoció que “los salarios siguen rezagados” y que “todavía tienen que recuperar”. Mientras tanto, los ministros y secretarios nacionales recibieron una actualización que llevó sus haberes de $2,8 millones a más de $5 millones mensuales.

La degradación salarial en defensa, seguridad y salud ha tenido consecuencias operativas concretas: deserción récord de militares, renuncias masivas en las fuerzas que custodian al propio presidente y un sistema hospitalario al borde del colapso. El ajuste, presentado como una herramienta para ordenar las cuentas públicas, ha operado en los hechos como una transferencia de recursos desde los trabajadores del Estado hacia la meta fiscal.

La Quinta Marcha Universitaria y la respuesta en las calles

La Quinta Marcha Universitaria Federal, convocada para este jueves a las 13 frente al Congreso, pondrá el foco en la situación judicial que atraviesa el conflicto. En la Ciudad de Buenos Aires, la UBA convocó a concentrar desde las 13 en Plaza Houssay y marchar a las 14 desde Córdoba y Junín rumbo al Congreso, donde a las 16 está previsto el acto central.

En la previa, estudiantes universitarios desplegaron un cronograma de actividades que incluyó clases públicas, cortes, tomas, asambleas y vigilias. Ayer hubo clases públicas durante toda la jornada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, acompañadas por cortes en Puan y Rivadavia, y por la tarde comenzó la toma de esa facultad, prevista hasta la movilización del jueves.

La convocatoria excede el reclamo universitario y se articula con otros sectores afectados por el mismo ajuste. “Saquemos la bronca a las calles. Por la universidad pública, la tierra y la emergencia en discapacidad. Abajo todo el DNU 70/23. ¡Paro general ya!”, concluye la convocatoria difundida por los organizadores.

La baja del empleo registrado no se detiene: en un año se perdieron 136.500 puestos de trabajo

El empleo registrado en Argentina volvió a caer en julio, según el último relevamiento de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad.

En julio hubo una baja neta de 26.600 puestos formales. En la serie desestacionalizada, la reducción fue de 15.500 puestos.

Respecto de un año atrás, se perdieron 136.500 puestos declarados ante la Seguridad Social.

La población con trabajo registrado alcanzó en julio las 12.726.000 personas. En junio había sido de 12.752.600.

En julio de 2025 sumaban 12.862.500. En julio de 2023 habían sido 13.305.300.

Eso implica 579.300 empleos formales menos que en julio de 2023.

En la comparación interanual, el sector asalariado privado cayó 2,2%, con 134.500 personas menos. El sector público bajó 0,7%, con 22.800 trabajadores menos.

El trabajo en casas particulares registró una variación positiva de 0,5%, con 2.000 trabajadores más. El trabajo independiente creció 0,7%, con 18.900 personas más.

Dentro del trabajo independiente hubo dinámicas diferenciadas. Los aportantes al monotributo aumentaron 2,7%, con 58.800 personas más.

Los monotributistas sociales se redujeron 11,3%, con 28.200 personas menos. Los trabajadores autónomos cayeron 3%, con 11.700 personas menos.

En agosto, la Encuesta de Indicadores Laborales marcó que el empleo privado registrado se mantuvo estable en el total de los aglomerados urbanos.

Sin embargo, en términos interanuales se observó un descenso de 0,9% frente a agosto de 2025.

El informe oficial señaló que, desde septiembre de 2023, el empleo asalariado formal del sector privado muestra una tendencia descendente.

La caída fue especialmente pronunciada en el primer trimestre de 2024. Luego se moderó y se estabilizó hacia la segunda mitad de ese año.

Entre octubre y diciembre de 2024 se observó una recuperación moderada. Esa mejora permitió recobrar parcialmente las pérdidas acumuladas.

Durante los primeros meses de 2025, el empleo permaneció prácticamente sin variaciones.

A partir de junio de 2025 retomó una trayectoria descendente. Esa fase contractiva se extendió durante el segundo semestre de 2025, con un ritmo promedio mensual de -0,2%.

La tendencia continuó en el primer trimestre de 2026, aunque con una intensidad más moderada: -0,1% promedio mensual.

Las caídas del segundo trimestre de 2026 y, más recientemente, las de julio representan una continuidad del proceso de destrucción del empleo asalariado privado, según el informe.

Por sectores, en julio tres ramas mostraron aumentos, tres se mantuvieron estables y ocho presentaron disminuciones.

Los aumentos se registraron en Explotación de minas y canteras (+0,4%), Pesca (+0,1%) y Suministro de electricidad, gas y agua (+0,1%).

Se mantuvieron estables Servicios sociales y de salud; Enseñanza; y Servicios comunitarios, sociales y personales.

Entre las mayores caídas figuran Construcción (-0,6%), Intermediación financiera (-0,4%) y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3%).

También bajaron Comercio y reparaciones (-0,3%), Hoteles y restaurantes (-0,3%) e Industrias manufactureras (-0,3%).

Comienza en Comodoro Py el juicio a Alejandra Gils Carbó por el direccionamiento de la licitación del edificio de la Procuración General

El Tribunal Oral Federal 8 dio inicio al juicio oral y público contra la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por el presunto direccionamiento de la licitación que derivó en la compra del edificio de la calle Perón 667, actual sede del Ministerio Público Fiscal. 

La acusación, sostenida por el fiscal general Marcelo Colombo, imputa a la exfuncionaria el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, una figura penal que castiga al funcionario que se interesa en un contrato administrativo para un beneficio propio o de terceros, y que prevé penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

El debate, que se extenderá con audiencias semanales y la declaración de alrededor de un centenar de testigos, no solo alcanza a Gils Carbó. En el banquillo también se sientan Juan Carlos Thill, productor de seguros; Bárbara Jaureguiberry, representante de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios; y Adrián González Fischer, exdirectivo de Arfinsa Argentina Financiera S.A., la firma que vendió el inmueble al organismo. La composición del tribunal, integrado por Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, y la presencia del fiscal Colombo configuran el marco institucional de un proceso que llega a esta instancia tras más de cinco años de instrucción.

El origen de la causa se remonta a 2016, cuando una denuncia puso el foco sobre la adquisición del inmueble, concretada en 2013 por 43,85 millones de pesos. La investigación quedó inicialmente en manos del fiscal Eduardo Taiano y del juez federal Julián Ercolini, quienes reconstruyeron una operación que, según la hipótesis acusatoria, habría sido acordada de antemano con los vendedores y luego revestida de legalidad mediante una licitación pública. 

En octubre de 2017, Ercolini procesó a Gils Carbó por presunta administración fraudulenta, pero la Cámara Federal porteña descartó que estuviera acreditado un perjuicio económico para el Estado y reencauzó la imputación hacia las negociaciones incompatibles, al entender que existían elementos para investigar el supuesto direccionamiento del proceso de contratación.

Uno de los ejes centrales de la acusación es la cadena de comisiones que se activó alrededor de la operación inmobiliaria. Según el requerimiento de elevación a juicio, Arfinsa, empresa del Grupo Bemberg, vendió el edificio a la Procuración y pagó 7,7 millones de pesos a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por tareas de asesoramiento; esta inmobiliaria, a su vez, abonó 3 millones de pesos a Juan Carlos Thill por su intervención en el trámite. 

Para los investigadores, ese pago no fue casual: Thill es medio hermano de Guillermo Bellingi, quien por entonces se desempeñaba como subdirector general de la Procuración y tuvo participación directa en el procedimiento licitatorio.

La figura de Guillermo Bellingi resultó clave en la reconstrucción de los hechos. Según la acusación, Bellingi habría aportado información privilegiada a los oferentes antes de que la licitación se hiciera pública, permitiéndoles preparar la documentación y presentarse en condiciones ventajosas. 

Correos electrónicos incorporados al expediente muestran que Thill envió a Jaureguiberry el “pliego definitivo” de la licitación el 11 de marzo de 2013, con el número de expediente y el de la licitación pública 01/2013, semanas antes de que el proceso se formalizara. Ese intercambio, revelado por Infobae, se convirtió en una de las pruebas centrales para sostener que la compulsa fue diseñada a medida del edificio que finalmente se adquirió.

La muerte de Bellingi, ocurrida pocos días antes del inicio del juicio, introdujo un giro inesperado en el proceso. El exfuncionario fue hallado sin vida en la localidad platense de Villa Elisa, con una herida de arma blanca en el tórax, y la policía bonaerense investiga un posible suicidio. 

Bellingi estaba imputado y debía declarar en el debate; con la incorporación de su certificado de defunción al expediente, el tribunal quedará en condiciones de declarar extinguida la acción penal en su contra. Su desaparición física priva al juicio de uno de los principales señalados por la acusación como el articulador interno de la maniobra, aunque su rol y sus vínculos con Thill seguirán siendo materia de análisis a partir de la prueba documental ya reunida.

Gils Carbó, que ejerció como procuradora general entre 2012 y 2017, sostuvo desde el inicio de la investigación que no cometió ninguna irregularidad y que desconocía el parentesco entre Thill y Bellingi. 

En su indagatoria, calificó de “risible” la idea de que se hubiera beneficiado con una comisión y atribuyó el “negocio oculto” exclusivamente a Bellingi, a quien dijo haber suspendido apenas se enteró de las irregularidades. Su defensa cuestionó el procesamiento y planteó que durante la instrucción nunca se demostró una conducta ilícita atribuible a la exfuncionaria, argumentos que no impidieron que el expediente llegara a la instancia oral.

El expediente también expone una diferencia sustancial de precio que la acusación considera reveladora. Según el requerimiento fiscal, una licitación anterior, la N.º 17/2012, habría permitido adquirir el inmueble por cerca de 27 millones de pesos, frente a los 43,85 millones que finalmente pagó el Ministerio Público Fiscal. 

Para los investigadores, esa diferencia no se explica por variaciones de mercado, sino por el sobreprecio derivado de la estructura de comisiones y del direccionamiento del proceso. La Cámara Federal, sin embargo, descartó que estuviera probado un perjuicio económico contra el Estado, lo que acotó la imputación al terreno de las negociaciones incompatibles.

El juicio deberá determinar si existió un acuerdo previo entre funcionarios de la Procuración y los vendedores del inmueble para orientar la licitación, y cuál fue la intervención concreta de cada uno de los acusados. 

La hipótesis central sostiene que la licitación fue utilizada para dar apariencia de legalidad a una decisión ya tomada, y que las comisiones pagadas a Thill y Jaureguiberry funcionaron como el mecanismo de retribución por esa operación. La defensa de Gils Carbó, en cambio, insiste en que el procedimiento contó con la intervención de múltiples áreas técnicas y que el precio abonado fue inferior a la tasación judicial, lo que descartaría cualquier beneficio indebido.

El debate que comienza en Comodoro Py no solo definirá la responsabilidad penal de la exprocuradora y de los otros tres acusados. También pondrá a prueba la solidez de una investigación que se extendió por casi una década, que sufrió reencuadres jurídicos y que perdió a uno de sus imputados centrales en circunstancias aún no esclarecidas del todo. 

La muerte de Bellingi, las comisiones millonarias y el supuesto direccionamiento de la licitación configuran un entramado en el que las relaciones personales, los intereses comerciales y las decisiones administrativas se entrelazan de un modo que el tribunal deberá despejar con pruebas y no con inferencias.