El Ministerio Público Fiscal ha dado por cerrada la etapa de instrucción y formalizó el requerimiento de elevación a juicio de una de las mayores redes de lavado de dinero de la historia penal argentina.
La investigación judicial detalla con precisión quirúrgica cómo una estructura criminal integrada por coautores, testaferros y asesores profesionales montó un entramado corporativo global con un único objetivo: reintroducir al circuito legal decenas de millones de dólares originados en la masiva red de recaudación ilegal adjudicada al fallecido secretario presidencial, Héctor Daniel Muñoz.
Según el dictamen fiscal, la banda operó sin interrupciones desde el año 2010 mediante maniobras financieras coordinadas en más de seis países.
El motor económico de este esquema delictivo dependía del dinero en efectivo que Muñoz recolectaba de forma semanal en la Ciudad de Buenos Aires, montos que oscilaban entre los 500.000 y el millón de dólares.
Este dinero negro era acopiado temporalmente en las oficinas de la firma Madaco S.A., ubicadas sobre la calle Pedro Ignacio Rivera, lugar que contaba con estrictas medidas de seguridad, cajas fuertes y hasta máquinas trituradoras de papel.
Desde esa base logística, la organización coordinaba con cuevas financieras y casas de cambio locales de Mar del Plata el envío del dinero hacia el exterior mediante canales marginales de transferencia de divisas.
La primera fase de la internacionalización de los fondos estuvo a cargo del matrimonio marplatense compuesto por Sergio Esteban Todisco y Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy, titulares de la tradicional inmobiliaria Ortiz Lizmar.
Con la asistencia inicial del agente inmobiliario Osvaldo Fabián Parolari y el letrado Marcelo Gustavo Danza, la pareja constituyó las firmas matrices Gold Black Limited y Old Wolf Limited en las Islas Vírgenes Británicas.
A partir de estas corporaciones offshore, desplegaron una docena de subsidiarias en el estado de Florida, Estados Unidos, tales como Free Experience Inc. y Harbor Golden Inc., diseñadas para actuar como las compradoras formales de bienes raíces de altísimo valor.
El dinero espurio, una vez situado fuera de la Argentina, se consolidaba en cuentas internacionales abiertas en la Banca Privada de Andorra y en entidades financieras de Suiza.
Desde estas plazas, Todisco y el empresario patagónico Carlos Temístocles Cortez ordenaban giros millonarios dirigidos a cuentas de fideicomisos (Trust Funds) controladas por estudios jurídicos estadounidenses, como el del abogado Iñaki Saizarbitoria en Miami.
Este sofisticado circuito bancario permitía que los fondos figuraran como adelantos legítimos para transacciones comerciales e inmobiliarias en el mercado formal de los Estados Unidos.
La magnitud de las adquisiciones materiales de la organización incluye activos inmobiliarios icónicos: la Unidad 1608 del célebre The Plaza Hotel en Nueva York, adquirida por 1.850.000 dólares, y el fastuoso condominio del complejo Regalia en Miami, valuado en 10.700.000 dólares.
Asimismo, la firma Mother Queen Inc. desembolsó 12.120.000 dólares en efectivo por un local comercial estratégico sobre la calle SW 8 St. en Miami. De acuerdo con las confesiones recogidas en el expediente, la banda prefería los locales comerciales porque aseguraban rentas estables a largo plazo mediante contratos con grandes cadenas norteamericanas, lo que dotaba al dinero ilícito de un flujo constante de legalidad.
Sin embargo, el engranaje perfecto de la organización sufrió dos fisuras severas entre 2015 y 2016.
La primera fue interna y de índole civil: el conflictivo divorcio de Todisco y Ortiz Municoy, lo que obligó al apartamiento de Todisco y a una reconfiguración de los directorios. Ante este escenario, Carolina Pochetti y Daniel Muñoz recurrieron a su círculo familiar de confianza, delegando el mando formal de la estructura en Carlos Adolfo Gellert (primo hermano de Pochetti) y su esposa, la ciudadana mexicana Perla Aydee Puente Resendez.
El segundo impacto, de carácter definitivo, fue la filtración internacional de los denominados Panama Papers en abril de 2016, que expuso públicamente a la firma matriz Gold Black Limited.
La revelación periodística desató un pánico total en la banda, acelerado además por el agravamiento de la salud de Muñoz, quien fallecería pocas semanas después. Es en este punto crítico donde el requerimiento judicial ubica la intervención del "escudo profesional" de la organización, comandado por el abogado Miguel Ángel Plo, su hija María Jesús Plo y el letrado Federico Zupicich.
Este equipo legal abandonó las estrategias de retención de activos y ordenó una desinversión masiva y apresurada (panic selling) de todo el porfolio inmobiliario en los Estados Unidos para borrar cualquier rastro judicial.
Las maniobras de liquidación de activos se ejecutaron mediante transacciones relámpago a precios subvaluados o en operaciones de "pase" ficticio.
Un ejemplo paradigmático recogido por los investigadores es el del inmueble comercial de Harbor Golden Inc. en Miami Shores: fue vendido en marzo de 2017 a la firma Greentree Holdings LLC por 4.800.000 dólares, la cual, apenas seis días después, lo revendió exactamente por el mismo valor a Miami 9005 LLC, una cáscara societaria constituida apenas 24 horas antes en el opaco estado de Delaware.
Idéntica velocidad tuvo el desarme del departamento de Regalia, traspasado a una firma que lo volvió a vender a las 72 horas perdiendo más de un millón de dólares en el camino.
Para terminar de asegurar la impunidad y alejar los capitales del alcance de la justicia federal argentina, la organización criminal requirió el asesoramiento técnico de operadores financieros de alto vuelo institucional.
Según la acusación, Jorge Isidro Baltazar Bounine convocó al contador Juan Manuel Campillo, exministro de Hacienda santacruceño, para coordinar la ingeniería financiera de fuga final.
Por estas gestiones de desarme corporativo, Campillo recibió la suma de 200.000 euros en efectivo directamente de manos de Bounine en una propiedad residencial de Tigre.
Los fondos remanentes de las masivas ventas en Estados Unidos no regresaron jamás a la Argentina, sino que fueron atomizados y distribuidos geográficamente en una tercera fase de lavado.
Millones de dólares salieron de las cuentas del Bank of America del grupo criminal hacia empresas de logística, electrónica y computación en Delaware y California, tales como Cono Sur Logistics Corporation y Three Trees International Inc..
Simultáneamente, otra porción sustancial de la fortuna fue reconducida a cuentas del Banco Mercantil del Norte en México, ligadas a corporaciones aztecas como Xangar Negocios S.A. de C.V..
En paralelo a la ruta norteamericana y mexicana, se probó la existencia de ramificaciones de inversión en Sudamérica y Oceanía.
El empresario Carlos Temístocles Cortez, socio histórico de los hermanos Leonardo y Rubén Llaneza en el negocio farmacéutico de Santa Cruz, combinó su patrimonio formal con los dividendos de Muñoz. Cortez adquirió de forma directa la lujosa residencia "Lobo Viejo" en Punta Ballena, Uruguay, que pertenecía originariamente a Muñoz y Pochetti.
Además, la justicia detectó que este grupo empresario ramificó sus inversiones ocultas mediante fideicomisos en Nueva Zelanda (Orion Trust) y en las Islas Turks y Caicos (Woodhaven Limited).
El requerimiento de elevación a juicio presentado ante los tribunales federales se sostiene sobre un volumen probatorio abrumador e inédito.
El expediente cuenta con documentación bancaria y societaria provista de forma directa por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos bajo la denominada "Operación Tango", los registros de flujos de la ex Banca Privada de Andorra, exhortos de México y Uruguay, y los cruces de llamadas de la Policía Federal Argentina.
Con los principales acusados embargados por sumas multimillonarias y bajo prisión preventiva, la causa entra en su recta final, marcando un hito en la persecución penal del lavado de dinero transnacional de origen político.
