ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo y otros 18 imputados

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el inicio del gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho pasivo, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En la misma resolución, Casanello consideró a Spagnuolo uno de los jefes de una presunta asociación ilícita que, según el fallo, utilizó a la Andis como un mecanismo de enriquecimiento indebido mediante licitaciones direccionadas y sobreprecios.

Junto con Spagnuolo fueron procesados como presuntos líderes de la organización Daniel Garbellini, exsubdirector de la Andis; Miguel Ángel Calvete, empresario y lobbista vinculado al sector de las droguerías; y Pablo Atchabahian, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia.

Procesamiento por causa de corrupción ANDIS

A Spagnuolo se le atribuyeron los delitos de negociaciones incompatibles, defraudación a la administración pública, cohecho pasivo y asociación ilícita en carácter de jefe, y se le trabó un embargo por $202.828.725.464.

Daniel Garbellini fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación a la administración pública y asociación ilícita como jefe, con un embargo fijado en $202.247.451.393.

Miguel Ángel Calvete fue procesado por negociaciones incompatibles y defraudación a la administración pública en calidad de partícipe necesario, cohecho activo como autor y asociación ilícita como jefe, con un embargo de $203.072.992.394.

Pablo Atchabahian fue procesado por negociaciones incompatibles y defraudación a la administración pública como partícipe necesario, además de asociación ilícita en carácter de jefe, con un embargo de $202.247.451.393.

En total, el magistrado dictó el procesamiento de 19 personas, entre exfuncionarios, empleados de la Andis y particulares, a quienes se les atribuyen distintos roles dentro del esquema investigado.

Según el fallo, durante los primeros meses del actual gobierno se consolidó “un entramado de corrupción institucional” en la Agencia Nacional de Discapacidad, en el que funcionarios de máxima jerarquía y operadores externos actuaron de manera coordinada en perjuicio del interés público.

Casanello sostuvo que la Andis fue “cooptada y empleada como vía de enriquecimiento”, en desmedro de su función esencial, que es la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad.

El juez advirtió además que la investigación podría no estar agotada y que existen indicios de que el esquema delictivo se habría extendido a otras áreas del organismo, con posibles niveles adicionales de complicidades aún no esclarecidos.

La causa se inició en agosto a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón basada en publicaciones periodísticas, luego de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionaban presuntos pagos ilegales y referencias a Karina Milei y al presidente Javier Milei.

No obstante, esos audios no fueron utilizados como prueba ni por el fiscal federal Franco Picardi ni por el juez Casanello, quien tampoco los citó en su resolución y rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas, que alegaban un origen ilícito de las grabaciones.

Graves denuncias sacuden a la Policía Federal Argentina

La protesta extrema del cabo Miguel Montiel, quien se encadenó a las rejas de la Casa Rosada, marcó un punto de inflexión al visibilizar presuntas prácticas de corrupción, abusos de poder y deterioro operativo dentro de la Policía Federal Argentina (PFA).

Montiel ratificó públicamente sus denuncias por maniobras irregulares en la ex Superintendencia de Transporte, mientras que Total News Agency (TNA) recibió dos extensas presentaciones anónimas desde dependencias federales del interior. Fuentes policiales indicaron que los hechos fueron corroborados en líneas generales en un 90 %.

• Presuntas maniobras irregulares sostenidas en el tiempo: Según el suboficial, existiría un mecanismo reiterado de sobrefacturación y pedidos operativos inflados, avalados por la cadena jerárquica. Afirmó que hay audios y documentación interna, y que denuncias previas no prosperaron.
• Señalamientos jerárquicos y falta de controles: Montiel apuntó al comisario general Omar Farías como responsable de aprobar los pedidos cuestionados y describió un alarmante nivel de informalidad en áreas sensibles. Tras la exposición pública, se produjeron contactos desde Presidencia y se evaluó una reunión con la ministra de Seguridad.
• Denuncias en Córdoba por desvío de funciones: Una presentación anónima compromete a la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, señalando al comisario mayor Fabio Ramón Andrés Ascona y al comisario inspector Diego Ivach. Se los acusa de relegar investigaciones federales complejas para priorizar procedimientos de narcomenudeo con fines estadísticos.
• Servicios abusivos y condiciones indignas: El escrito describe la obligación de cubrir eventos masivos durante jornadas excesivas, sin viáticos ni descanso adecuado, en condiciones precarias de alojamiento y alimentación, realizando tareas propias de policías provinciales.
• Riesgos operativos y traslados inseguros: Se relatan traslados en vehículos particulares y móviles oficiales en mal estado, incluyendo un caso en el que ocho efectivos viajaron hacinados en una camioneta, en abierta contradicción con normas de seguridad.
• Hostigamiento y presión jerárquica: También se denuncian servicios “interfuerzas” con fines propagandísticos, órdenes coercitivas para garantizar asistencia del personal y un clima de temor ante amenazas de sanciones y represalias.
• Abandono de recursos y personal: Las denuncias incluyen la falta total de cuidado de canes detectores, carencias graves de equipamiento, móviles en condiciones deficientes, encubrimiento de hechos graves y gastos operativos afrontados por el propio personal.
• Deterioro laboral y psicológico: Se señala un aumento de licencias médicas y psiquiátricas, pedidos de baja, salarios insuficientes y pluriempleo forzado, junto con la falta de capacitación y el uso de chalecos antibalas vencidos.
• Relaciones impropias y criterios desiguales: Las presentaciones mencionan presuntas relaciones personales no declaradas entre jefes y subalternos, con aplicación selectiva del reglamento interno y sanciones desiguales. Algunos de estos vínculos no pudieron ser confirmados, aunque sí la existencia de rumores persistentes.
• Acusaciones en Misiones y presunta apropiación de bienes: Otra denuncia apunta a la DUOF Eldorado, acusando a su jefe de beneficiar a una subalterna con privilegios indebidos, aplicar normas de manera discrecional y tolerar presuntas apropiaciones de material secuestrado.

Un escenario de gravedad institucional

La acumulación de denuncias, sumada al caso Montiel, configura un cuadro de crisis profunda en la PFA, con señalamientos de corrupción, favoritismos, abusos de poder y abandono del personal, que requieren una intervención urgente de Asuntos Internos y del Ministerio de Seguridad.

Hasta el momento desde la Policía Federal Argentina, a cargo de Luis Rollé, no se ha emitido ninguna comunicación, tampoco desde el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Alejandra Monteoliva.

Condenaron a 18 años de prisión al exjuez federal Walter Bento por corrupción y lavado de activos

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Mendoza condenó al exjuez federal Walter Bento a 18 años de prisión, una multa de 540 millones de pesos, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes, entre ellos siete departamentos, locales comerciales y cuatro vehículos. Bento fue hallado culpable de liderar una asociación ilícita, cohecho reiterado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en una de las causas más relevantes contra un magistrado de la Justicia Federal.

El veredicto fue dictado por las juezas Gretel Diamante (presidenta del tribunal), Eliana Rattá y Carolina Pereira, tras un debate que se extendió durante casi dos años, con la declaración de alrededor de 300 testigos. Según la sentencia, las maniobras ilícitas se habrían iniciado desde 2007, con un monto estimado de al menos 1,7 millones de dólares en sobornos. Bento se encuentra detenido desde noviembre de 2023 en el complejo penitenciario federal de Cacheuta.

En la misma causa, el tribunal condenó a Marta Boiza, esposa del exjuez, a seis años de prisión por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, y a Nahuel Bento, hijo mayor del exmagistrado, a cinco años de prisión por lavado de activos. De acuerdo con el fallo, la estructura patrimonial fue diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos mediante la interposición de familiares como titulares de bienes.

Al fundamentar la decisión, la jueza Diamante calificó el expediente como “la causa más compleja” y remarcó “la dificultad en una circunstancia excepcional, ya que tocó juzgar a un par”. Sostuvo además que “la acción de Bento constituyó una planificación sostenida para diseñar una estructura patrimonial”, y subrayó que “el poder judicial no está por encima de la ley”, destacando la prudencia, profesionalidad y seriedad institucional del tribunal en el proceso.

La investigación contó con la intervención de organismos como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y se inscribe en el marco de los controles del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, en un caso que marcó un precedente por la magnitud de las condenas y el alcance de los hechos juzgados.

Denuncian uso coercitivo de sanciones disciplinarias en un sumario de más de 20 años sin resolución judicial efectiva

En el marco del expediente N.º 27108/2025, actualmente en trámite ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, se expuso una situación de especial gravedad institucional vinculada al uso prolongado y reiterado de sanciones disciplinarias administrativas como mecanismo de coerción, sin que exista hasta el momento una resolución judicial efectiva sobre el fondo del asunto.

El caso se origina en un sumario administrativo iniciado por la Policía Federal Argentina por hechos presuntamente ocurridos hace más de dos décadas, pese a que los plazos legales de prescripción habrían sido ampliamente superados. Aun así, el procedimiento disciplinario continuó activo durante años, con consecuencias concretas y actuales para la persona involucrada, incluyendo el riesgo de pérdida de derechos previsionales y de cobertura de salud.

La situación fue llevada a la justicia mediante una acción de amparo, solicitándose una medida cautelar de no innovar para evitar daños irreparables mientras se resolvía la cuestión de fondo. Sin embargo, tanto en primera instancia como en la Cámara Contencioso Administrativa Federal, la petición fue rechazada bajo el argumento reiterado de que no existe una sentencia definitiva ni equiparable a tal, y que el análisis solicitado implicaría adelantar el tratamiento del fondo de la causa.

Documento en PJN firmado por el Jefe de Policía Federal Luis Alejandro Rollé, con fundamentos de la División Asuntos Disciplinarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos

Este criterio, sostenido de manera casi automática por el fuero contencioso administrativo, genera —según se desprende del expediente— una zona de indefinición judicial que en los hechos priva a los afectados de una tutela efectiva. La negativa sistemática a intervenir hasta que exista una decisión administrativa final permite que procesos disciplinarios prolongados en el tiempo produzcan efectos gravemente lesivos sin control jurisdiccional oportuno.

El expediente pone de relieve cómo las sanciones disciplinarias, aun cuando no han sido formalmente impuestas, operan como herramientas de presión, condicionamiento y castigo anticipado, afectando derechos de carácter alimentario y sanitario. Esta dinámica se ve agravada por la ausencia de plazos razonables, la extensión del sumario durante más de veinte años y la continuidad del accionar administrativo pese a la invocación expresa de prescripción.

Asimismo, el caso deja al descubierto una problemática estructural: la falta de control judicial efectivo sobre la actividad disciplinaria de las fuerzas de seguridad, en un contexto donde la justicia contencioso administrativa se declara impedida de intervenir por razones formales, aun frente a situaciones de daño actual y potencialmente irreparable.

La prolongación indefinida de los procedimientos, sumada a la negativa judicial a adoptar medidas preventivas, configura —según surge del planteo— un escenario de lesividad institucional, atribuible tanto al accionar de la Policía Federal Argentina como a un sistema judicial que, al ampararse en la inexistencia de una “sentencia definitiva”, termina consolidando una situación de hecho sin solución real.

Actualmente se encuentra en la Cámara Contencioso Administrativo Federal , Sala III siendo el secretario de cámara Federico Giacoia. El juzgado de origen del expediente fue el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal, número 4, Sec. 7.

El expediente 27108/2025 se encuentra actualmente a consideración de instancias superiores, donde se debate si este tipo de resoluciones, aun sin poner fin formal al proceso, pueden ser consideradas equiparables a sentencia definitiva cuando generan consecuencias de imposible o muy difícil reparación ulterior.

Maniobras para desacreditar al policía que se esposó en Casa Rosada y cadena de responsabilidades políticas

La jornada del miércoles 4 de febrero quedó marcada por una imagen inusual en las puertas del poder ejecutivo: el cabo Miguel Ángel Montiel, perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA), se esposó a las rejas de la Casa Rosada a las 10:40 horas para denunciar una trama sistémica de corrupción dentro de la fuerza. 

La protesta, realizada de manera pacífica junto a sus familiares y bajo una pancarta que señalaba directamente a la Superintendencia de Transporte, ha destapado no solo presuntas irregularidades financieras, sino también un inquietante mecanismo institucional destinado a silenciar y desacreditar a quienes exponen estas fallas. 

La gravedad de las acusaciones ha derivado en la intervención inmediata de la justicia federal, poniendo bajo la lupa tanto a la cúpula policial como a los responsables políticos del área de transporte.

El eje central de la denuncia de Montiel, apunta contra el titular de la Superintendencia de Transporte de la PFA, el Comisario General Omar Farías. 

Según el testimonio del cabo, existe un esquema de defraudación mediante "puestos fantasmas", "planillas fantasmas" y el cobro de servicios de policía adicional que nunca se prestan. Montiel aseguró que "se ve mucha corrupción de puestos fantasmas y de brigadas que no son pagadas", describiendo un sistema donde los recursos destinados a la seguridad en el ámbito ferroviario serían desviados. 

El denunciante fue categórico al señalar la connivencia en las altas esferas, afirmando que "Farías maneja todo", a pesar de que el comisario habría negado estar al tanto de las irregularidades. A su vez ha manifestado que tanto el Subcomisario Jesús Gabriel Gómez cómo el Subcomisario Sebastián Hernán Martínez estaban al tanto de las maniobras, siendo estas personas denunciadas en la causa conjuntamente con otros integrantes del área.

Esta situación se agrava por el contexto de precariedad que atraviesan los suboficiales, con salarios que oscilan entre los 700.000 y 800.000 pesos, muy por debajo de un RIPTE de 1.600.000 pesos, lo que obliga al personal a realizar "changas" y deriva en el desfinanciamiento de servicios esenciales como el complejo médico Churruca.

Sin embargo, el aspecto más alarmante que ha surgido en las últimas horas no es solo la denuncia de corrupción, sino la presunta maniobra administrativa orquestada para "atacar al mensajero". 

🚨Novedades Cabo Montiel
1. Presentó la denuncia en el juzgado del Dr. Casanello

2. Además fue citado a una revisión psiquiátrica mañana las 10 hs.

3.Recibió mensajes de agradecimiento por su valentía.

"Todo lo que dice @edufeiok es mentira, me extraña de él que siempre apoya… https://t.co/IxeWeMYjLo pic.twitter.com/6zsVu69VxC

— Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) February 4, 2026

 

Tras hacer públicas las irregularidades, se detectó que Montiel fue citado a una Junta de Reconocimiento Médico con una dirección errónea. Este hecho, validado y expuesto públicamente por el periodista Fabián Waldman mediante la exhibición del documento oficial, revela un modus operandi burocrático destinado a fabricar una causa de despido. 

Al consignar datos falsos en la citación, la institución se asegura de que el agente no se presente en el lugar correcto, lo que permite labrar un acta por inasistencia injustificada y proceder a sanciones que deslegitiman su reclamo y ponen en riesgo su carrera. Esta táctica busca desviar el foco de la corrupción denunciada hacia una supuesta indisciplina del denunciante.

Me huele que fue adrede.
Me cuesta mucho aceptar que fue un error de tipeo, el 1 esta muy lejos del 7 en el teclado, en una computadora tanto como un teléfono.
Tampoco creo que hoy dia haya gente que escribe a mano un borrador, para entregarlo a un subalterno para que lo…

— Ximena de Tezanos Pinto (@XTezanosP) February 6, 2026

 

Así lo describe Ximena de Tezanos Pinto, quién sostiene que la citación al Cabo Maciel en una dirección inexistente (General Hornos 168) no fue un simple error material, sino una maniobra deliberada, ya que resulta inverosímil confundir un “1” con un “7” en un teclado, más aún cuando la dirección correcta es General Hornos 768. Señala además que es poco creíble que el error provenga de un subalterno o de un borrador manuscrito, y considera inaceptable que la principal firmante no haya revisado el documento, dado que se trataba de una citación de extrema gravedad, como someter a un oficial a una evaluación psiquiátrica tras denunciar públicamente presuntos hechos de corrupción interna.

La causa ha recaído en el Juzgado Federal a cargo del doctor Sebastián Casanello, con la intervención de la secretaría de Pablo Lemos. Esto se desprende de la denuncia realizada en la División Operaciones Judiciales de la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina, certificó la denuncia con registro interno N° 14/2026. Firmado por la principal Alejandra N. Marelli.

La actuación de la justicia es ahora determinante, no solo para investigar el fraude en la prestación del servicio ferroviario y el manejo de fondos públicos, sino para garantizar la integridad física y laboral de Montiel. 

En su declaración, el cabo expresó su desconfianza hacia los mecanismos internos, aseverando que las denuncias previas "nunca llegan a ningún lado" porque "se cubren entre todos". 

La intervención del juez Casanello es vista como la única garantía para romper el círculo de encubrimiento que, según Montiel, permite que "el personal de ferrovía entre a la oficina del jefe como si fuera su casa", evidenciando una promiscuidad administrativa inaceptable.

El escándalo escala necesariamente hacia las responsabilidades políticas y administrativas, dado que la Superintendencia de Transporte opera prestando servicios a áreas nacionales de transporte. Lo cual implica que existe una supervisión que incluye a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, liderada por Martín Gabriel Ferreiro, y a la Secretaría de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann. 

En última instancia, la supervisión presupuestaria recae sobre el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo. 

Hasta el momento, el silencio oficial ha sido la respuesta predominante: ni el Comisario General Luis Alejandro Rollé, jefe de la Policía Federal Argentina, ni la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, han emitido comunicados al respecto. 

La falta de pronunciamiento de las máximas autoridades de seguridad ante una denuncia de fraude al Estado y persecución laboral dentro de sus propias filas genera un vacío institucional que la investigación judicial deberá llenar con urgencia.