La Justicia Federal de la República Argentina se encuentra investigando un complejo esquema de presunta corrupción vinculado al sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. El foco de las actuaciones, encabezadas por el juez Juan Manuel Culotta y el fiscal Guillermo Marijuan, se centra en el supuesto desvío de aproximadamente $1900 millones hacia la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Se investiga si 11 municipios bonaerenses suscribieron convenios con dicha institución para evitar procesos de licitación pública y beneficiar a empresas privadas.
La nómina de jurisdicciones bajo análisis incluye a los municipios de La Matanza, Roque Pérez, Olavarría, General San Martín, San Isidro, Junín, 9 de Julio, Zárate, San Andrés de Giles, General Pueyrredón, Carmen de Areco y Exaltación de la Cruz. Asimismo, el Ministerio de Transporte provincial informó la presencia de las firmas involucradas en distritos como Coronel Brandsen, Cañuelas, Morón, Almirante Brown, Escobar y Hurlingham. La sospecha principal es que estos municipios utilizaban a la universidad como una pantalla legal para subcontratar servicios que debían ser licitados.
El empresario Leandro Camani, propietario de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., surge como la figura central de este entramado. Según la denuncia impulsada por el fiscal Marijuan, Camani habría montado una estructura para obtener contratos directos mediante convenios con universidades públicas, utilizando estos acuerdos para canalizar fondos presuntamente destinados al pago de sobornos a funcionarios. La fiscalía sospecha que existe una red de testaferros, señalando a Federico Gargaglia y Federico Rovira como titulares formales de las empresas.
La operatoria bajo investigación describe una "cadena contractual escalonada". Originalmente, el municipio firmaba un convenio con la UNSAM para implementar programas de seguridad vial. Luego, la universidad trasladaba las tareas a la Fundación UNSAM Innovación y Tecnología (FUNINTEC), la cual terminaba tercerizando la faz técnica y operativa en la empresa Tránsito Seguro S.A.. Este mecanismo permitía que la firma privada gestionara el sistema de cámaras y radares a pesar de que la ley prohíbe la subcontratación en servicios de seguridad y logística en contratos directos entre organismos estatales.
Un punto crítico del expediente es la distribución de los ingresos generados por las infracciones de tránsito. Los convenios analizados por la fiscalía revelan que Tránsito Seguro S.A. se quedaría con el 70% de lo recaudado, dejando solo el 30% restante para los municipios. Esta cifra contrasta con la normativa vigente y refleja la magnitud del negocio; en un solo distrito, la recaudación habría superado los $3.700 millones en menos de un año. La Justicia busca determinar si esta distribución era el sustento de un sistema de retornos ilícitos.
La investigación también involucra a figuras políticas y administrativas de relevancia. Se menciona al actual ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y a su antecesor, Jorge D’Onofrio, cuya salida del gabinete estuvo marcada por escándalos vinculados a la gestión de multas. Asimismo, el funcionario Pablo Sanguinetti, Director de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa, se encuentra imputado en una causa conexa por coordinar supuestamente a gestores que reducían multas a cambio de dinero.
En el marco de estas actuaciones, el fiscal Marijuan ha puesto la lupa sobre Diego Nicolás Kampel, señalado como el nexo estratégico entre las empresas de Camani y la UNSAM. Kampel habría intervenido en la totalidad de los convenios revisados entre la casa de estudios y los municipios. A su vez, se investiga a Diego Lapera, presunto socio de Camani, quien ejercería influencia sobre organismos públicos como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el ministerio de Transporte provincial para facilitar el esquema.
Por su parte, la Universidad Nacional de San Martín ha defendido la legalidad de su accionar ante la fiscalía. Desde la institución sostienen que el trabajo con los municipios se basa en un Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial aprobado por su Consejo Superior. Explican que la universidad desarrolla la gestión administrativa y subcontrata a Tránsito Seguro S.A. exclusivamente para el aporte de la tecnología necesaria, argumentando que no tienen obligación de estar inscriptos como proveedores para este tipo de tareas.
La empresa Tránsito Seguro S.A. también ha rechazado las acusaciones, afirmando que el Tribunal de Cuentas no detectó irregularidades en los fallos de cuentas de varios municipios analizados, como Junín, General Rodríguez, 9 de Julio y San Isidro. La firma sostiene que cuenta con equipamiento debidamente homologado por el INTI y que ha aportado toda la documentación requerida por los juzgados federales de Tres de Febrero, Campana y La Plata. Atribuyen las denuncias a una persecución orquestada por competidores del sector.
Sin embargo, el escenario judicial de Leandro Camani se ha vuelto aún más complejo debido a enfrentamientos cruzados con otras figuras públicas. Camani presentó una denuncia contra el presidente de la AFA y titular del CEAMSE, Claudio "Chiqui" Tapia, por presunto abuso de autoridad tras la interrupción de radares en el Camino del Buen Ayre. En respuesta, Tapia, representado por el abogado Gregorio Dalbón, denunció a Camani por extorsión, alegando que el empresario intentaba ampliar su negocio de fotomultas bajo amenaza de campañas de desprestigio.
La jueza María Servini es quien ahora tiene en sus manos parte de este expediente, donde deberá evaluar las pruebas de lavado de activos mediante el uso de facturación apócrifa y empresas fantasma. El fiscal Marijuan ha solicitado medidas de prueba drásticas, que incluyen el análisis de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de la UIF, pedidos de información patrimonial a ARCA (ex AFIP) y posibles allanamientos en la UNSAM y su fundación.
La causa se nutre también de informes de la Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal, que confirmaron la existencia de transferencias bancarias desde las cuentas de la Fundación UNSAM (FUNINTEC) hacia Tránsito Seguro S.A. a través del Banco Provincia. Estos movimientos bancarios darían cuenta de la tercerización efectiva del servicio que, originalmente, la universidad se había comprometido a realizar por sí misma.
El trasfondo de este escándalo revela un sistema de recaudación multimillonario que, según diversas investigaciones judiciales y periodísticas, carece de transparencia y controles efectivos. Durante años, las habilitaciones cruzadas entre provincia y municipios han facilitado un negocio donde el fin recaudatorio parece prevalecer sobre la seguridad vial. La normativa vigente, reforzada por el Decreto 1091/2024, intenta poner fin a la contratación de universidades para estas tareas, pero la Justicia aún debe determinar las responsabilidades por los fondos ya desviados.
Finalmente, el expediente coordinado por el fiscal Álvaro Garganta en La Plata continúa ramificándose en la denominada "megacausa" de las fotomultas, donde se cruzan intereses de abogados, jueces de faltas y funcionarios. Mientras tanto, el sistema de control vial en gran parte de Buenos Aires sigue operando bajo reglas difusas, con los nombres de Camani, Kampel, Sanguinetti y Marinucci marcando el ritmo de una investigación que promete sacudir los cimientos de la administración pública provincial.
