Reestructuraciones en Seguridad Nacional: nuevas agencias, cambios formales y tensiones presupuestarias, todo cambia para nada cambiar

La reciente confirmación de la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, volvió a poner en agenda una práctica recurrente dentro de la administración pública: la creación y reestructuración de áreas como mecanismo para reorganizar poder, personal y presupuesto. La nueva agencia se suma a otras estructuras del Ministerio, como la Agencia Federal de Emergencia y el Registro Nacional de Armas (RENAR), en un contexto de cambios institucionales impulsados por decreto.

Según explicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la transformación de la Dirección Nacional de Migraciones en una agencia con perfil de seguridad responde a un "cambio de paradigma" (verso si los hay), que busca integrar la política migratoria a la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, especialistas en administración pública advierten que este tipo de reconfiguraciones no siempre implica modificaciones sustantivas en las funciones operativas, sino que muchas veces mantiene las mismas tareas bajo una nueva denominación.

En el ámbito estatal, estas estructuras intermedias suelen ser denominadas informalmente como “ravioles”: capas administrativas creadas entre niveles jerárquicos, que habilitan nuevos cargos de conducción y asesoramiento. La reestructuración de áreas es, en la práctica, uno de los pocos mecanismos legales que permite desplazar personal existente y designar cuadros propios, aun cuando las funciones de fondo permanezcan prácticamente sin cambios.

La creación de nuevas agencias también tiene impacto presupuestario. Al redefinir organigramas, se habilita la reasignación de partidas y la justificación de nuevos gastos operativos. Este proceso facilita, además, la utilización de mecanismos de compra por “urgencia” o “necesidad”, figuras previstas en la normativa vigente que reducen plazos y controles administrativos, especialmente en etapas iniciales de funcionamiento.

Este escenario contrasta con la situación salarial y social del personal de las fuerzas federales. Actualmente, los ingresos promedio del personal en actividad rondan los 700.000 pesos mensuales, muy por debajo del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que se ubica en torno a los 1.600.000 pesos. A esta brecha se suma el deterioro de los sistemas de cobertura social y previsional. Recientemente se esposó un policía en la Casa Rosada para denunciar corrupción en la Superintendencia de Transporte de la Policía Federal Argentina y bajos salarios. Situación similar que hace meses sucedió con una mujer que se encadenó en la puerta del complejo hospitalario Churruca.

La obra social de las fuerzas, IOSFA, atraviesa un proceso de disolución y transición hacia un esquema de contratación de servicios privados, en un contexto de desfinanciamiento que afecta tanto a efectivos en actividad como a personal retirado. El sistema de retiros y pensiones también presenta dificultades estructurales, con demoras y pérdida de poder adquisitivo.

Como consecuencia de esta situación, fuentes del propio sector señalan que numerosos integrantes de las fuerzas federales recurren a actividades complementarias para subsistir, como la venta de bienes por internet o el trabajo en plataformas de transporte, una realidad que contrasta con el discurso oficial de fortalecimiento institucional y profesionalización.

Mientras el Ministerio avanza en la creación de nuevas agencias y en la reorganización formal de estructuras, persiste la tensión entre el crecimiento administrativo en los niveles superiores y las condiciones materiales de quienes sostienen la operatividad cotidiana del sistema de seguridad. La evolución de estas reformas y su impacto real en la gestión, el gasto público y el personal de las fuerzas seguirá siendo un punto central del debate público en los próximos meses.

Un efectivo de la Policía Federal denuncia una trama de "planillas fantasmas" y denuncia corrupción en la Superintendencia de Transporte de la PFA tras encadenarse en Casa Rosada

En un episodio de alta tensión institucional que tuvo lugar en la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, el Cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), Miguel Ángel Montiel, protagonizó una protesta en la entrada principal de la Casa Rosada para denunciar una presunta red de corrupción sistémica dentro de la Superintendencia de Transporte de la fuerza. 

El efectivo, quien presta servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria —la cual entregó posteriormente al personal de custodia— para esposarse a las rejas perimetrales de Balcarce 50 cerca de las 10:40 horas. Acompañado por su esposa y sus tres hijos pequeños, Montiel desplegó una bandera con la inscripción "PFA. Corrupción Superintendencia de Transporte", exponiendo un conflicto que trasciende el reclamo salarial y apunta a graves irregularidades administrativas y penales.

El núcleo de la denuncia, profundizado durante una entrevista realizada en el lugar por el periodista Fabián Waldman para la radio FM La Patriada, se centra en la existencia de un mecanismo de defraudación conocido como "planillas fantasmas". Según el testimonio de Montiel, la cúpula de su división obliga al personal subalterno a cubrir servicios de brigadas de prevención en los trenes y estaciones fuera de su horario laboral y sin remuneración alguna, bajo la amenaza de sanciones administrativas o la instrucción de sumarios. 

El cabo explicó que mientras él y sus compañeros realizan estas tareas "gratis" y en condiciones de extrema vulnerabilidad —yendo solos a requisar furgones con presencia de estupefacientes—, en los registros oficiales figuran otros efectivos que no prestan el servicio pero sí cobran los adicionales, dinero que terminaría alimentando una "caja negra" manejada por los jefes. Montiel detalló situaciones específicas, como recibir órdenes a las 2 de la mañana para desplazarse desde su puesto en la estación Munro hasta Morón, tras haber cumplido su jornada de 18:00 a 00:00 horas, exponiendo su integridad física y mental sin descanso.

La gravedad de las acusaciones vertidas por Montiel quedó plasmada formalmente tras su traslado. Documentación judicial que accedió y publicó el periodista Fabián Waldman a la que se tuvo acceso confirma que se iniciaron actuaciones bajo el registro interno N° 14/2026 en la División Operaciones Judiciales de la Dirección General de Asuntos Internos. 

El "Certificado de Denuncia" emitido el mismo 4 de febrero detalla que la causa, caratulada "SU DENUNCIA", ha quedado radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, con intervención de la Secretaría Nro. 13 del Dr. Pablo Lemos. En dicho documento, el cabo Montiel señala como imputados a una extensa lista de superiores y pares de la División Comisaría FF.CC. Belgrano Norte: el Subcomisario Jesús Gabriel Gómez (D.N.I. 26.818.290), el Subcomisario David Antonio Ramírez (D.N.I. 30.425.493), el Subcomisario Sebastián Hernán Martínez (D.N.I. 28.513.123), el Principal Miguel Ángel Gómez (D.N.I. 32.872.211), la Subinspector Cecilia Beatriz Rejas (D.N.I. 39.481.714), el Subinspector Facundo Emanuel Cabañas (D.N.I. 37.801.069), el Ayudante Lautaro Nicolás Fernández (D.N.I. 43.667.858), el Ayudante Lucas Eduardo Guzmán (D.N.I. 41.971.599) y la Ayudante Luciana Anahí Ocampo (D.N.I. 41.858.496). Específicamente, ante los medios, Montiel había señalado previamente al subcomisario Martínez y al principal Gómez como conocedores directos de las maniobras de recaudación ilegal.

Paralelamente a la vía judicial, la respuesta administrativa de la fuerza sugiere un intento de deslegitimar el reclamo mediante la patologización del denunciante. Fuentes de la Policía Federal indicaron a la prensa que Montiel presentaba "un cuadro de alteración psicológica", el cual consideraban exacerbado por la influencia de su esposa. 

Esta narrativa se materializó en una notificación oficial firmada por la Principal Alejandra Marelli, Jefe de Servicio de la División Operaciones Judiciales de Asuntos Internos. 

En el documento, se notifica a Montiel que deberá presentarse con carácter obligatorio el jueves 5 de febrero a las 10:00 horas ante la División Junta Permanente de Reconocimientos Médicos, situada en la Avenida Gral. Hornos 168, C.A.B.A., esto según surge de la publicación en la red social X que accedió Fabián Waldman.

Este procedimiento es interpretado por sectores de la fuerza como una maniobra estandarizada para "pasar por loco" al efectivo, forzar una licencia psiquiátrica y eventualmente justificar su exoneración, desacreditando así la veracidad de la denuncia de corrupción institucional. 

El propio Montiel anticipó esta represalia durante la protesta, declarando: "Seguramente me van a sancionar, me voy a quedar sin mi vocación de servicio... tomé la decisión de que todos los camaradas, los que vienen detrás mío, tengan un cambio".

El contexto del reclamo también abarca la precariedad salarial. Montiel reveló que percibe un sueldo de 700.000 pesos, monto que considera insuficiente dadas las exigencias y riesgos de su labor. Pese a la contundencia de su medida de fuerza, el cabo se definió como "apolítico" y aclaró su postura ideológica: "He votado a Javier Milei y lo volvería a votar porque su gestión me gusta, pero no se tiene que olvidar de nosotros", reclamando al Gobierno nacional que atienda la destrucción de la institución y la falta de herramientas y cobertura de salud. 

La protesta concluyó luego de casi una hora, tras la intervención de un equipo de psicólogos del Hospital Churruca y la mediación del Superintendente de Asuntos Internos, Néstor Zoya, y el comisario inspector de Casa Rosada, Federico Guarrochena.

Este incidente no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un clima de malestar generalizado en las fuerzas de seguridad, exacerbado por una reciente ola de suicidios que incluyó a un cabo de 21 años en la Quinta de Olivos, un gendarme en Salta y un suboficial del Ejército, entre otros casos ocurridos desde diciembre pasado. 

Mientras la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró horas antes del incidente que "se está trabajando" en la mejora de salarios y el sistema de salud, la situación de Montiel expone la grieta entre el discurso oficial y la realidad operativa de los agentes, quienes denuncian ser utilizados como mano de obra barata para esquemas de recaudación ilícita mientras enfrentan la persecución interna si deciden hablar.

Colapso estructural en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz pone en relieve la crisis de infraestructura penitenciaria

El desprendimiento de una torre de vigilancia en el Complejo Penitenciario Federal N° 2 evidencia el estado de precariedad edilicia y los riesgos de seguridad que enfrentan los agentes federales dependientes del Ministerio de Seguridad.

Una serie de imágenes registradas en el Complejo Penitenciario Federal de Máxima Seguridad Nro. 2 de Marcos Paz han generado alarma sobre el estado de las instalaciones penitenciarias en el país. Las fotografías confirman el derrumbe parcial de una de las torres de vigilancia elevadas, una estructura crítica para el control y la seguridad perimetral de la unidad.

Crónica de un colapso anunciado

La situación fue dada a conocer públicamente a través de la red social X por el abogado y periodista especializado en judiciales, Gabriel Iezzi, junto al usuario Pablo Sebastián Giles. Las imágenes expuestas muestran una de las garitas de vigilancia con su base estructural desfondada y paneles de revestimiento colgando, dejando el puesto de guardia totalmente inoperativo y en riesgo de derrumbe total.

 

En la base de la torre, los escombros acumulados —que incluyen restos de la plataforma, aislantes y hasta un equipo de refrigeración destrozado— confirman que el desprendimiento se produjo por falta de mantenimiento y fatiga de materiales.

La presencia de un baño químico en el exterior refuerza la hipótesis de una degradación funcional prolongada, donde los agentes federales deben cumplir sus tareas en condiciones mínimas de salubridad y seguridad física.

El factor de la precariedad federal

Este incidente no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de profunda precariedad que atraviesan las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. La falta de inversión en infraestructura de máxima seguridad plantea dos frentes de crisis:

1. Vulnerabilidad Operativa: Una torre fuera de servicio debilita el anillo de seguridad de un complejo que alberga a delincuentes de alta peligrosidad, incluidos líderes del narcotráfico y el crimen organizado.

2. Riesgo Laboral: El personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se ve obligado a desempeñar funciones en estructuras que no garantizan la integridad física básica, exponiéndose a accidentes por fallas edilicias que son, en última instancia, previsibles.

Falta de respuestas oficiales

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un comunicado oficial detallando el plan de contingencia o las razones por las cuales una estructura en un centro de "Máxima Seguridad" ha llegado a tal nivel de abandono.

La ministra de seguridad Alejandra Monteoliva no ha dado respuesta sobre esta grave denuncia, tampoco Julián Marcelo Curi que es el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, situación que pone en peligro directo al personal de las fuerzas federales. Tampoco ha emitido un comunicado oficial el Director del Servicio Penitenciario Federal Inspector General Lic. Fernando Martínez.

La denuncia pública de Iezzi y Giles pone de manifiesto la desconexión entre el discurso de rigor en la política criminal y la realidad material de las cárceles, donde la obsolescencia de los recursos tecnológicos y estructurales parece ser la norma y no la excepción.

Irregularidad en Designación de Alto Cargo Pone en Cuestionamiento la Transparencia del Empleo Público

La reciente designación de Francisco Iraola como Director General de Programas de Gobierno de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, mediante la Resolución 27/2026, ha generado severas críticas y encendido alarmas sobre el respeto a los procedimientos establecidos para el ingreso a la administración pública. La medida, firmada por la secretaria Karina Elizabeth Milei, evidencia una serie de irregularidades que, según expertos consultados, comprometen principios constitucionales y legales fundamentales.

Elusión del Concurso Público Obligatorio

El núcleo de la controversia reside en que el cargo, de nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del SINEP, fue cubierto de forma directa y "transitoria", sin mediar el concurso público de antecedentes y oposición que exige la normativa vigente. El artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP (Decreto Nº 2098/08) establece con claridad los sistemas de selección. La propia Resolución, en su Artículo 2°, reconoce esta obligación, señalando que el cargo "deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes", pero pospone este mandato por 180 días hábiles.

Prorroga como Mecanismo de Evasión Normativa

La designación, efectiva desde el 1° de diciembre de 2025, se realiza por un plazo de 180 días hábiles. Esta práctica de utilizar designaciones "transitorias" de larga duración para cargos de planta permanente configura un mecanismo de elusión de los concursos. Tal proceder contraviene el espíritu de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional (Ley N° 25.164) y sus principios de publicidad, igualdad y mérito, y podría constituir un abuso de autoridad por parte de los funcionarios que la avalan, al utilizar figuras excepcionales para vaciar de contenido las reglas generales.

Excepción Indebida a Requisitos Mínimos y Vulneración Constitucional

El Artículo 1° de la Resolución autoriza expresamente esta designación "con carácter de excepción respecto a las disposiciones del artículo 14°" del Convenio del SINEP. Esta excepción se fundamenta en el inciso b) del artículo 2° del Decreto Nº 1148/24, que permite designaciones transitorias para unidades organizativas incorporadas al Nomenclador de Funciones Ejecutivas. Sin embargo, expertos en derecho administrativo sostienen que esta habilitación reglamentaria no puede soslayar el mandato constitucional de idoneidad para el cargo público (artículo 16, inciso 2, de la Constitución Nacional), que se materializa precisamente a través del concurso.

Degradación de la Seguridad Jurídica y Fomento de la Anomia

Este tipo de actos administrativos erosiona gravemente la seguridad jurídica, principio básico del Estado de Derecho. Las normas dejan de ser predecibles y se aplican de manera discrecional, generando un clima de incertidumbre e injusticia para aquellos ciudadanos que aspiran a ingresar a la administración por los cauces regulares. Se fomenta así la anomia, donde la desconfianza en las reglas escritas lleva a su desprecio práctico, debilitando el respeto por las instituciones democráticas.

Responsabilidades por Acción y Omisión

El foco de la crítica no se limita al designado, sino que se extiende a las autoridades que, por acción u omisión, avalaron este proceso. La Resolución emana de la Secretaría General a cargo de Karina Milei, y requirió la intervención previa de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La falta de objeción por parte de estas áreas legales y de control interno plantea serios interrogantes sobre su rol de garantes de la legalidad.

Potenciales Responsabilidades Penales y Administrativas

La conducta descripta podría configurar diversos tipos de responsabilidad. Administrativamente, podría encuadrarse en incumplimiento de los deberes del funcionario público, sujeto a sanciones disciplinarias. Penalmente, dependiendo de la existencia de dolo y de otros elementos, podrían analizarse figuras como abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal) o incluso administración fraudulenta (artículo 261 del CP), si se demuestra que la designación causó un perjuicio económico al erario público o se realizó con intención de eludir la ley.

Un Patrón que Alarma

La Resolución 27/2026 no es un caso aislado, sino que parece integrar un patrón de utilización de decretos de necesidad y urgencia y resoluciones administrativas (como los Decretos 958/24, 1148/24 y 793/25 citados en los considerandos) para crear marcos de excepción que faciliten el nombramiento discrecional de personal. Este mecanismo socava los sistemas de carrera y profesionalización del Estado, reemplazándolos por lógicas de lealtad política.

Conclusión: Un Llamado a la Defensa de las Instituciones

La designación de Francisco Iraola, tal como fue instrumentada, constituye un caso testigo de prácticas que degradan la calidad institucional. Subvierte el principio de igualdad de oportunidades, menoscaba la independencia del servicio civil y envía un mensaje nocivo sobre el valor del mérito y la transparencia en la función pública. Exige una respuesta clara de los organismos de control, como la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación (entes creados por la Ley de Administración Financiera N° 24.156, también citada en la norma), y del Congreso Nacional, para reafirmar que el Estado de Derecho se sustenta en el respeto irrestricto a las normas por parte de quienes tienen el deber de hacerlas cumplir.

La brecha se profundiza: La crisis salarial en las Fuerzas Armadas y el desfasaje con la realidad económica

La reciente publicación de la Resolución Conjunta 1/2026, refrendada por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, ha oficializado la nueva escala de haberes para el Personal Militar de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales. Si bien la medida administrativa, con fecha del 23 de enero, busca actualizar los ingresos tras una evaluación escalafonaria, los montos fijados con vigencia retroactiva a diciembre de 2025 exponen una severa degradación del poder adquisitivo del sector, consolidando una crisis salarial que ubica a la inmensa mayoría de los efectivos drásticamente por debajo de los indicadores económicos de referencia en la Argentina.

El dato más contundente surge al contrastar las nuevas grillas con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que a noviembre de 2025 se situó en $ 1.611.851,61. La distancia entre este indicador y los haberes militares es alarmante. Un Voluntario de 2da. o Marinero de 2da., que constituye la base de la pirámide de la tropa, percibirá un haber mensual de apenas $ 622.720. Esto representa aproximadamente el 38% del salario promedio de la economía formal, una brecha que empuja a gran parte del personal subalterno a situaciones de extrema vulnerabilidad económica.

La situación se torna aún más crítica al analizar los haberes de la Policía de Establecimientos Navales. La nueva escala determina que un Agente de Segunda percibirá un total de $ 343.686 a partir de diciembre. Este monto equivale a tan solo el 21% del RIPTE, una cifra que difícilmente cubre la canasta básica familiar y que coloca a los agentes de seguridad muy cerca de la línea de indigencia. Incluso en los mandos medios de este escalafón, como un Oficial Ayudante, el salario apenas alcanza los $ 433.557, evidenciando un deterioro profundo en la retribución de quienes custodian objetivos estratégicos.

El análisis de la estructura jerárquica revela que el colapso de los ingresos no es exclusivo de los grados inferiores, sino que afecta la carrera en su totalidad. Un Suboficial Mayor, el grado máximo al que puede aspirar un suboficial tras décadas de servicio y especialización, alcanzará un haber de $ 1.433.055. Es decir, ni siquiera la máxima jerarquía de los suboficiales logra empatar el promedio de ingresos de los trabajadores estables del país. Esta realidad genera una distorsión que desincentiva la permanencia en la fuerza y provoca la fuga de personal calificado hacia el sector privado.

En este proceso de licuación salarial, la responsabilidad institucional recae de manera directa sobre la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, siendo Enrique Pinedo el responsable del área que coordina esta comisión. Este organismo, encargado de validar técnicamente las recomposiciones, ha dado su aval a una estructura de ingresos que ignora la especificidad, la dedicación exclusiva y el riesgo inherente a la profesión militar. Su intervención en el expediente confirma una decisión estatal de mantener los haberes de la Defensa y la Seguridad como variable de ajuste fiscal, desoyendo las necesidades básicas de los uniformados.

Las autoridades políticas que suscriben el documento y asumen la responsabilidad de esta política son el Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, y el Teniente General Carlos Alberto Presti, quien firma por la cartera de Defensa. Asimismo, la elaboración técnica de los anexos cuenta con la intervención de Néstor Luque, Director General de Presupuesto del Ministerio de Defensa. La participación conjunta de estas autoridades evidencia que la política salarial implementada responde a una coordinación entre las áreas fiscales y de defensa, donde la prioridad del equilibrio presupuestario se ha impuesto sobre el bienestar del recurso humano.

Los riesgos de que el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad perciba ingresos de subsistencia son múltiples y de gravedad estratégica. En primer lugar, se fomenta el pluriempleo de manera descontrolada, obligando al personal a buscar trabajos secundarios para poder subsistir. Esto reduce drásticamente su capacidad de adiestramiento, su descanso y su disponibilidad operativa. Un militar exhausto por cumplir jornadas laborales externas no puede responder con la eficiencia requerida ante una emergencia nacional o un conflicto armado.

En segundo lugar, la precariedad salarial en funciones de seguridad y defensa abre la puerta a vulnerabilidades institucionales severas. Cuando los encargados de custodiar el patrimonio nacional, las fronteras o los arsenales cobran sueldos que rozan la indigencia —como es el caso de los agentes que perciben poco más de $ 340.000—, aumenta exponencialmente el riesgo de que organizaciones criminales intenten cooptar a los eslabones más débiles de la cadena de mando, poniendo en jaque la seguridad interior y la defensa nacional.

Otro impacto directo y devastador de esta política es la desfinanciación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Dado que los aportes a la obra social son un porcentaje directo del haber mensual, sueldos deprimidos significan una recaudación insuficiente para sostener las prestaciones médicas de alta complejidad. Esto se traduce en una caída en la calidad de la atención sanitaria para el personal y sus familias, quienes ven restringido su acceso a la salud en un contexto de alta inflación en medicamentos y servicios médicos.

De igual manera, el sistema de retiros y pensiones sufre un golpe directo. Los haberes de retiro están atados a la movilidad de los sueldos del personal en actividad; por lo tanto, esta escala salarial condena a los retirados y pensionados a percibir ingresos insuficientes tras toda una vida de servicio a la Nación. La actualización decretada, lejos de ser una mejora, confirma que los pasivos continuarán perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación real, afectando su calidad de vida en la tercera edad.

Finalmente, esta Resolución Conjunta expone la tensión política no resuelta entre las carteras de Economía y Defensa. Mientras Economía busca consolidar el superávit fiscal mediante la contención del gasto público, el Ministerio de Defensa, al aceptar estas tablas salariales, cede en su responsabilidad indelegable de velar por la moral y el sostenimiento de las tropas. La decisión de fijar estos montos a partir de diciembre de 2025, sin un plan de recomposición que acerque los salarios al RIPTE, augura un año 2026 de alta conflictividad latente y baja operatividad para el instrumento militar argentino.