Vicente López: polémica por multas millonarias e inspecciones sin respaldo técnico a la salida de un evento en el Club Náutico de Olivos

Un operativo de tránsito municipal en Vicente López generó una fuerte polémica luego de que inspectores labraran actas a conductores de vehículos deportivos que salían de un evento privado en el Club Náutico de Olivos. Los propietarios denunciaron que las sanciones se basaron en apreciaciones visuales subjetivas, sin instrumental de medición homologado, y que las supuestas irregularidades corresponden a características originales de fábrica.

El procedimiento, encabezado por el agente municipal Juan José Mastrangelo, interrumpió la circulación y bloqueó la salida del predio, dejando atrapados a decenas de automovilistas. Según los testimonios y los videos difundidos en redes sociales, se labraron actas cuya cuantía alcanzó cifras millonarias, con casos que rondaron los 3.000.000 de pesos, en un contexto de creciente tensión entre conductores y autoridades.

El primer vehículo interceptado fue un BMW que contaba con cédula de identificación, seguro al día y la Verificación Técnica Vehicular aprobada sin observaciones. A pesar de ello, el inspector labró la infracción argumentando que el rodado estaba “no homologado” por encontrarse “demasiado bajo”, sin utilizar ningún tipo de instrumental calibrado, como los homologados por el INTI, que respaldara la medición.

La contradicción central expuesta por los afectados es que la VTV, certificado técnico estatal que acredita la aptitud del rodado para circular en la Provincia de Buenos Aires, ya había validado las condiciones del vehículo. La comunidad automotriz se pregunta de qué sirve exigir y abonar esa verificación si el criterio subjetivo de un inspector en la calle puede invalidarla de manera instantánea.

El abogado Gonzalo Peydro sostuvo que los funcionarios municipales podrían estar incurriendo en delitos penales como amenaza, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales. “Te castigan cuando las leyes no preveían ese castigo”, afirmó el letrado, y remarcó que el BMW M2 involucrado contaba con licencia de configuración de modelo y homologación previa para su comercialización.

La controversia se profundizó porque los propios inspectores reconocieron no estar en condiciones de determinar si los componentes estaban homologados, dejando esa evaluación para una instancia posterior. Se cuestionó que un agente pueda considerar irregular una suspensión o un escape únicamente por su apariencia, sin conocimientos mecánicos específicos ni una evaluación técnica que establezca si existe una modificación fuera de norma.

Las críticas también apuntaron a la modalidad del operativo, con cortes de calles en la avenida Del Libertador y los alrededores de General Paz que generaron inconvenientes a los automovilistas, y a la disparidad de criterios frente a otros rodados que circulan diariamente por el distrito. El reclamo quedó dirigido a la gestión de la intendenta Soledad Martínez y al área municipal de Tránsito.

La intendenta Soledad Martínez tiene la responsabilidad de controlar al personal de tránsito y de aplicar las sanciones administrativas que correspondan a los inspectores que desconocen las características de los vehículos y las normativas aplicables. La VTV es la autoridad de verificación de las condiciones técnicas de los vehículos para circular, y ningún agente municipal puede arrogarse facultades que exceden su competencia.

Los afectados iniciaron presentaciones formales ante el Tribunal de Faltas Municipal de Vicente López, aportando la ficha técnica oficial del fabricante que acredita la altura original del vehículo, la copia del informe técnico de la VTV vigente y la impugnación del acta por falta de instrumental homologado por el INTI al momento del control. El caso marca un antecedente crítico sobre los límites de la autoridad municipal frente a la legislación técnica provincial.

La normativa de la Provincia de Buenos Aires establece que las modificaciones respecto del sistema original deben estar certificadas por un ingeniero mecánico matriculado, y que la altura de los paragolpes debe coincidir con la indicada por el fabricante. En el caso de los vehículos involucrados, no se trataba de unidades modificadas, sino de modelos deportivos que salen de fábrica con suspensiones específicas y llantas de grandes dimensiones.

El hecho expone una incongruencia de fondo: mientras la VTV aprueba el rodado con base en parámetros técnicos y fichas de homologación, un inspector municipal sin capacitación específica puede sancionar el mismo vehículo por “falta de homologación” basándose en una percepción visual. Esta duplicidad de criterios deja a los conductores en una situación de indefensión administrativa.

La comunidad automotriz exigió explicaciones públicas y la revisión inmediata de las actas confeccionadas durante la jornada. Entre los principales pedidos figuran una mayor capacitación de los inspectores, la intervención de personal especializado cuando sea necesario determinar modificaciones mecánicas y la aplicación de criterios técnicos claros antes de avanzar con cualquier sanción.

El operativo se enmarca en un contexto de endurecimiento de los controles de tránsito en el distrito, con medidas previas como el cierre de la calle lateral de Tecnópolis para frenar picadas ilegales y el refuerzo de multas. Sin embargo, la diferencia entre prevenir conductas peligrosas y sancionar características de fábrica es la línea que separa la fiscalización legítima del abuso de autoridad.

El caso permanece bajo análisis en el Tribunal de Faltas de Vicente López, mientras los afectados aguardan una resolución que siente precedente sobre los límites de la potestad municipal para labrar actas sin respaldo técnico verificable. La responsabilidad política recae sobre la gestión de Soledad Martínez, quien deberá definir si los operativos se ajustan a la normativa provincial o si se trata de un accionar discrecional que vulnera los derechos de los administrados.

Polémica por la carpa VIP en la misa del papa León XIV en Palermo

 La misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles, Palermo, el 9 de noviembre de 2026, generó indignación por una carpa VIP con catering, aire acondicionado y baños para políticos, jueces, empresarios y famosos, mientras miles de fieles, monjas, sacerdotes y adultos mayores quedaron lejos o sentados en el piso.

La carpa midió 30x40 metros, capacidad para 250 personas, con alfombra, baños especiales y catering de bebidas frías y calientes. Los pliegos preveían 3.500 personas en el sector VIP y hasta 250 en la carpa especial. El contraste con voluntarios y religiosos a la intemperie desató reclamos.

El montaje estuvo a cargo de DF Entertainment SA, propiedad de Diego Finkelstein, adjudicataria por contratación directa (expediente 79-0012-CDI26) de la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Diego Santilli. El Gobierno pagó $8.690 millones por la producción integral del evento, que incluyó la vigilia de los jóvenes.

Las invitaciones a famosos fueron cursadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según una "Guía para invitados" de la Dirección de Protocolo y Ceremonial. Jorge Macri y su esposa Belén Ludueña firmaron invitaciones, según Yanina Latorre. Gonzalo Prado sostuvo que la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería enviaban los listados a la productora para emitir los QR. Mara Gorini estaba al frente de la organización de la Casa Rosada.

Estuvieron Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz (Corte Suprema); Jorge Macri, Clara Muzzio, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti, Esteban Bullrich, Victoria Villarruel, Soledad Martínez, Jorge Telerman, Aníbal Ibarra, Silvia Lospennato, Laura Alonso, Waldo Wolff, Fernando de Andreis, Fernán Quirós, Pablo Bereciartua, Gabino Tapia e Inés Weinberg. Mauricio Macri no asistió.

Empresarios: Nicolás Caputo, Hugo Sigman, Aldo Roggio, Adelmo Gabbi, Luis Galli, Daniel Vila, Eduardo Eurnekian, Marcos y Alejandro Bulgheroni, José Luis Manzano, Víctor Santa María y Andrés Kogovsek. No se confirmó que usaran los espacios VIP ni que sus aportes financiaran específicamente esos sectores.

Famosos: Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Carolina "Pampita" Ardohain, Marcela Tinayre, Yanina Latorre, Flor de la V, Pablo Goycochea, Analía Franchín, Rocío Marengo, Alejandra Maglietti, Angie Landaburu, Eduardo Feinmann, Zulemita Menem, Zulema Yoma, Claudia Villafañe, Nicolás Francella, Juan Cruz Ávila, Gabriel Lage, Robertito Funes Ugarte y Estefanía Novillo.

El periodista Nacho Otero criticó: "Qué falta de respeto haber armado un corralito VIP para 'celebridades'... y haber dejado sentadas en el piso a monjas, sacerdotes y adultos mayores". También se cuestionó por qué esos lugares no fueron para sacerdotes y religiosas que evangelizan en zonas inhóspitas. Jorge Macri dijo que "las medialunas y los budines estuvieron de más" pero "no fue un lujo descomunal".

La Conferencia Episcopal pidió que las carpas estuvieran lo más alejadas posible del altar, según fuentes religiosas. El Episcopado manifestó incomodidad. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes a Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) y Pablo Quirno (canciller) sobre invitados, gastos y financiamiento.

Paulón preguntó "¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?" y solicitó listado completo de invitados, criterios de selección, costos totales, proveedores, procedimientos de adjudicación y fuentes de financiamiento. También pidió analizar posibles conflictos de intereses.

Versiones atribuidas a fuentes de la Conferencia Episcopal señalaron aportes de Daniel Vila, Eduardo Eurnekian, los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni y José Luis Manzano. La periodista Camila Dolabjian había advertido en octubre sobre la contratación directa de DF Entertainment. El costo total del evento superó los $20 mil millones.

Asistentes criticaron la velocidad del Papamóvil: la Dirección General de Tránsito porteña había asegurado 5 km/h, pero numerosos fieles manifestaron que fue más rápido. La "Guía para invitados" indicaba ingreso entre 6.30 y 8.30, misa a las 11.30, acceso por Plaza Italia con QR de Quentro y DNI, pulsera "sector GCBA", y recomendaba protector solar, gorra y agua.

Voluntarios que trabajaron horas cuestionaron que invitados accedieran a ubicaciones cercanas al altar. Chequeado consultó al secretario de Comunicación y Medios de la Nación, Fabián Fernández, sobre la selección de invitados, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

Los textos de Leonardo Coscia, Denise Chmois y José Giménez consignaron la paradoja: mientras el Evangelio recordaba a Jesús expulsando a los mercaderes del templo, a pocos metros del altar había una carpa VIP. Jorge Rial calificó la situación como "vergüenza" y "escándalo". Maxi Ferraro escribió: "VIP y catering... Fariseos de esta época".

Allanamientos en propiedades de Lázaro Báez por narcotráfico y lavado de dinero

La Justicia de Santa Cruz dispuso más de veinte allanamientos en propiedades de Lázaro Báez en Santa Cruz y Buenos Aires, en una causa por narcotráfico y lavado de dinero. La medida alcanza al empresario, a su pareja Claudia Insaurralde y a otras personas.

La orden fue del juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la PROCELAC.

El magistrado dispuso más de veinte allanamientos, embargos, requisas y secuestros de vehículos en dos causas relacionadas, donde se investigan dos organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos.

También se ordenó el allanamiento de la celda de Báez, quien cumple diez años de condena por lavado de activos agravados en la causa “Ruta del Dinero K” y por administración fraudulenta en “Vialidad”.

En una de las causas se investiga una supuesta organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista, al menos desde diciembre de 2025.

Según la investigación, la distribución estaría a cargo de dos hombres; uno de ellos sería encargado de un lavadero, lugar donde se realizarían las entregas del material.

Como desprendimiento de ese caso, se investiga una posible organización encabezada por Báez, detenido, que administraría, explotaría y pondría en circulación activos de origen ilícito.

Esos activos habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre el empresario, según la línea de investigación reseñada por fuentes judiciales.

La investigación indica que uno de los posibles integrantes de esa organización sería, a su vez, líder de la banda dedicada al tráfico de estupefacientes en Santa Cruz.

Los procedimientos se realizaron entre el lunes y este martes principalmente en Río Gallegos, El Calafate, estancias de Santa Cruz y Buenos Aires.

Participaron personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

Como resultado, se secuestraron estupefacientes, documentación y vehículos vinculados con los imputados en ambas causas, entre otros elementos de interés.

Además, se ordenaron medidas cautelares patrimoniales y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, conforme al requerimiento de los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco.

Estefanía Monzón: hallan su cuerpo en General Rodríguez y detienen a su expareja por femicidio

Estefanía Crystal Monzón, de 30 años y madre de tres niñas de 6, 11 y 13 años, fue asesinada en General Rodríguez, partido bonaerense. Su cuerpo fue encontrado oculto en la vivienda que compartía con su expareja, Iván Lencina, quien quedó detenido y acusado de femicidio.

La mujer desapareció un lunes tras salir de su casa para llevar a su hija menor a la Escuela Primaria N° 9. Al no presentarse nadie a retirar a la niña, las autoridades del establecimiento se comunicaron con la familia. La madre de la víctima realizó la denuncia por desaparición el martes por la mañana.

El cuerpo fue hallado en una propiedad de la calle Rafael Obligado al 100, en el barrio Los Perales. El texto indica que fue encontrado tres días después de la desaparición y que el miércoles perros entrenados para localizar restos humanos marcaron un sector; allí, debajo de basura y chapas, se encontró el cuerpo.

Lencina había mantenido una relación de aproximadamente un año con Estefanía. Aunque estaban separados, ambos continuaban viviendo bajo el mismo techo. Según el testimonio de una amiga de la víctima, el hombre permanecía allí porque no tenía otro lugar donde instalarse.

La ruptura, de acuerdo con ese relato, había estado atravesada por episodios de violencia. La amiga aseguró que en distintas oportunidades había visto moretones en los brazos de Estefanía y aportó información sobre las situaciones que atravesaba durante la convivencia.

La investigación incorporó las declaraciones de las tres hijas de la víctima, entrevistadas mediante el sistema de Cámara Gesell. Según trascendió, las niñas describieron situaciones de violencia que habría sufrido su madre. Sus testimonios fueron considerados relevantes para avanzar en la hipótesis de femicidio y orientar las medidas judiciales.

En los primeros procedimientos, los investigadores encontraron en la casa pertenencias de la mujer: su bicicleta, auriculares, cartera y billetera. Su teléfono celular era el único elemento que no estaba en el lugar. Además, la Policía Científica detectó manchas de sangre en el interior del inmueble.

Lencina quedó detenido e imputado por homicidio agravado por el vínculo. La fiscal Alejandra Rodríguez, de la UFI N° 9 de Moreno-General Rodríguez, ordenó la autopsia para determinar las circunstancias de la muerte. El artículo lo identifica como expareja de la víctima.

El caso se enmarca en la investigación de un femicidio en General Rodríguez. La información disponible no detalla la causa exacta de la muerte ni el resultado de la autopsia; tampoco permite afirmar otras circunstancias sobre el hecho.

Un violento enfrentamiento entre bandas narco dejó dos muertos y cuatro heridos en Fuerte Apache

Un feroz tiroteo registrado durante la madrugada del sábado en el complejo habitacional Barrio Ejército de los Andes, popularmente conocido como Fuerte Apache, en la localidad bonaerense de Ciudadela, dejó como saldo dos personas fallecidas y otras cuatro heridas. La principal hipótesis de la Justicia orienta el ataque hacia un ajuste de cuentas y una disputa por el control territorial para la venta de estupefacientes en la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones y los reportes de las fuerzas de seguridad, el episodio de violencia extrema tuvo lugar en las inmediaciones de los nudos 3 y 6, en cercanías del tanque de agua comunitario del predio. Vecinos de los monobloques registraron los violentos momentos mediante grabaciones telefónicas, donde se escuchan ráfagas que superarían los 50 disparos de armas de fuego ejecutados durante el violento altercado.

Hipótesis judicial y el saldo fatal del tiroteo

Las víctimas fatales fueron identificadas como Tiziano Gauna, de 17 años de edad, y R. Quispe, de 36 años. Ambos perdieron la vida como consecuencia directa de los múltiples impactos de bala recibidos durante la balacera. Tras los primeros auxilios de emergencia, Gauna fue trasladado en motocicleta hacia el Hospital Dr. Ramón Carrillo de la zona, mientras que el cuerpo de Quispe fue hallado sin vida entre las pasarelas del complejo.

En cuanto a los cuatro heridos que ingresaron al nosocomio local, las autoridades precisaron que se trata de un joven de 20 años con impactos de bala en brazo y pierna, un adolescente de 17 lesionado en un miembro inferior y una joven de 18 años herida a la altura del tobillo. Por su parte, la identidad y el estado de salud del cuarto herido se mantienen bajo reserva oficial mientras continúan las evaluaciones médicas de urgencia.

Según el testimonio brindado por testigos presenciales a las autoridades policiales, el ataque comenzó cuando un grupo de personas fuertemente armadas arribó al sector a bordo de un vehículo. De forma imprevista y ensañada, los ocupantes del automóvil abrieron fuego de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban agrupadas en el playón central, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido por las arterias linderas.

Las líneas de investigación policial y judicial apuntan a que el sangriento hecho responde a un cruce armado por el dominio territorial entre dos facciones antagónicas identificadas en el barrio como "Villa Matienzo" y "Los Fiolos". Registros del Centro de Procesamiento y Análisis de Información Delictiva (CEPAID) del Ministerio de Seguridad provincial confirmaron además que al menos dos de los involucrados contaban con antecedentes penales previos.

Operativos de seguridad y búsqueda de los sospechosos

La instrucción criminal y las actuaciones sumariales quedaron radicadas en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial de San Martín, bajo la conducción de la fiscal Fabiana Ruiz. La representante del Ministerio Público Fiscal caratuló inicialmente la causa bajo los cargos de averiguación de causales de muerte y averiguación de ilícito, disponiendo de inmediato la realización de las pericias balísticas pertinentes.

Como consecuencia de la gravedad institucional y social del episodio, la Policía de la Provincia de Buenos Aires dispuso un refuerzo inmediato en la presencia de efectivos dentro del barrio. Asimismo, se implementaron patrullajes perimetrales continuos y controles vehiculares estratégicos en los accesos al complejo habitacional con el objetivo primordial de resguardar la seguridad de los vecinos y evitar represalias o nuevos episodios violentos.

A la fecha, el equipo de investigadores abocado al caso trabaja intensamente en la recolección, descarga y análisis del material obtenido a través de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector. Dichas diligencias buscan reconstruir la ruta de escape empleada por el vehículo sospechoso e identificar fehacientemente a los autores materiales e intelectuales del ataque, sobre quienes por el momento no pesan órdenes de detención ejecutadas.