Un cabo de la Policía Federal denunció una red de defraudación en la Superintendencia Federal de Transporte. La respuesta institucional fue una citación médica con dirección falsa, un sumario con nueve cargos, también sufrió un robo en su domicilio.
Los hilos de la trama se cruzan con contrataciones direccionadas en ARSAT, subsidios millonarios en el transporte y guardias médicas que nunca se prestaron en hospitales bonaerenses.
El caso que destapó la olla
El miércoles 4 de febrero de 2026, a las 10:40 de la mañana, el cabo Miguel Ángel Montiel, de 39 años, se esposó a las rejas perimetrales de la Casa Rosada. Vestía el uniforme de la Policía Federal Argentina (PFA) y portaba su arma reglamentaria, que entregó minutos después al personal de custodia. Acompañado por su esposa, Ana Clara Ganci, y sus tres hijos pequeños, desplegó una bandera con una inscripción que condensaba su denuncia: "PFA. Corrupción Superintendencia de Transporte".
Montiel no protestaba solo por un reclamo salarial. Denunciaba un sistema de defraudación al Estado mediante "planillas fantasmas", "puestos fantasmas" y "brigadas que no son pagadas".
Según su testimonio, la cúpula de la Superintendencia de Transporte obligaba al personal subalterno a cubrir servicios de prevención en trenes y estaciones fuera de su horario laboral y sin remuneración alguna, bajo amenaza de sanciones administrativas o sumarios.
Mientras él y sus compañeros realizaban esas tareas "gratis", incluso yendo solos a requisar furgones con presencia de estupefacientes, en los registros oficiales figuraban otros efectivos que no prestaban el servicio pero sí cobraban los adicionales.
"Se ve mucha corrupción de puestos fantasmas y de brigadas que no son pagadas", declaró Montiel durante la protesta. "La Policía Federal ponen 10 y son tres. Pasaban más costos de los que eran".
El cabo apuntó directamente contra el comisario general Omar Farías, titular de la Superintendencia de Transporte, actualmente Jefe del Departamento Federal de Coordinación (DFC, la otra pata de la PFA conjuntamente con la DFI, a quién la vicepresidente de la nación Victoria Villarruel denominó como una "fantochada").
"Quien firma y aprueba los pedidos es el comisario general Omar Farías. Farías maneja todo, él me dijo que no está al tanto de la corrupción. El personal de ferrovía entraba a la oficina del jefe como si fuera su casa", afirmó. También señaló a los subcomisarios Jesús Gabriel Gómez y Sebastián Hernán Martínez como conocedores directos de las maniobras.
La protesta duró casi una hora y concluyó tras la intervención de un equipo de psicólogos del Hospital Churruca y la mediación del superintendente de Asuntos Internos, Néstor Zoya, y el comisario inspector de Casa Rosada, Federico Guarrochena.
El flujo del dinero: de las planillas a los bolsillos
La denuncia de Montiel describe un circuito de defraudación que operaba en dos niveles. En el primero, los servicios de policía adicional, una modalidad por la cual efectivos policiales brindan seguridad paga a instituciones y eventos, se facturaban por una cantidad de agentes y horas que nunca coincidía con la prestación real.
Se declaraban, por ejemplo, diez efectivos asignados a una brigada cuando solo tres cumplían el servicio. La diferencia entre lo cobrado y lo efectivamente pagado a los agentes constituía una "caja negra" administrada por los jefes.
El segundo nivel involucraba los "contenedores que se cubren en estaciones a las que no va personal" y el "pago de embajadas". Montiel detalló que existían asignaciones presupuestarias para custodiar infraestructura ferroviaria y sedes diplomáticas que se facturaban al Estado pero que no contaban con personal desplegado.
Esos fondos, según su testimonio, terminaban engrosando la estructura de recaudación irregular de la Superintendencia.
La magnitud del desvío no está cuantificada oficialmente, pero el contexto salarial permite dimensionar la escala.
Montiel percibía al momento de la denuncia un sueldo de 700.000 pesos mensuales, muy por debajo del RIPTE (1.600.000 pesos), lo que lo obliga a trabajar como mecánico para sostener a su familia.
"Si Montiel no hace mecánica, mis hijos no comen", declaró su esposa. La precariedad de los suboficiales contrasta con el volumen de fondos que, según la denuncia, circula por la Superintendencia de Transporte, un área que el propio Montiel describió como "una mina de oro".
La máquina de deslegitimar: citación falsa, patologización y sumario
La respuesta institucional a la denuncia de Montiel no fue una investigación interna. Fue una operación burocrática destinada a desacreditar al denunciante y fabricar una causa de despido.
El primer movimiento fue la patologización. Fuentes de la Policía Federal filtraron a la prensa que Montiel presentaba "un cuadro de alteración psicológica", supuestamente exacerbado por la influencia de su esposa.
Esta narrativa se materializó en una notificación oficial firmada por la principal Alejandra N. Marelli, jefe de Servicio de la División Operaciones Judiciales de Asuntos Internos, que citaba a Montiel a una Junta de Reconocimiento Médico el jueves 5 de febrero a las 10:00 horas en la Avenida General Hornos 168, C.A.B.A.
El problema era que esa dirección no existe. La dirección correcta de la División Junta Permanente de Reconocimientos Médicos es General Hornos 768. La diferencia entre un "1" y un "7" en un teclado es, como señaló la ciudadana Ximena de Tezanos Pinto, "muy difícil de confundir" incluso en un error de tipeo.
"Me huele que fue adrede. Me cuesta mucho aceptar que fue un error de tipeo, el 1 está muy lejos del 7 en el teclado, en una computadora tanto como un teléfono", escribió De Tezanos Pinto en la red social X. El periodista Fabián Waldman exhibió públicamente el documento oficial, validando la existencia de la citación con la dirección errónea.
La maniobra era simple pero efectiva: al consignar datos falsos, la institución se aseguraba de que el agente no se presentara en el lugar correcto, lo que permitía labrar un acta por inasistencia injustificada y proceder a sanciones que deslegitimaran su reclamo. El objetivo era desviar el foco de la corrupción denunciada hacia una supuesta indisciplina del denunciante, según diversas interpretaciones.
El segundo movimiento fue el sumario administrativo. La PFA abrió el expediente N.º 465-18-000.267/2026, firmado por Elisa María Ana Tarnoski, jefe de Departamento Investigaciones Administrativas con jerarquía de comisario inspector. La cédula enumeraba nueve cargos disciplinarios vinculados principalmente a manifestaciones públicas, entrevistas periodísticas, publicaciones en redes sociales y denuncias formuladas contra autoridades de la fuerza.
Los cargos se sustentaban en conceptos jurídicamente vacuos como "afectar la imagen institucional", "generar desprestigio institucional" o "falta de sujeción al régimen general de la institución". El análisis jurídico del documento reveló además errores materiales graves para un acto administrativo de naturaleza sancionatoria: frases incompletas, opciones alternativas nunca definidas, como "se hizo presente / trasladó" o "personal médico / interviniente", y referencias ambiguas que evidenciaban falta de precisión en la formulación de los cargos.
Entre las expresiones transcritas por el propio sumario aparecen frases altamente críticas hacia la conducción institucional, como "Tengo más huevos que el jefe de Policía" y "Yo nunca voy a estar del lado de lo ilegal". La autoridad administrativa consideró que esas manifestaciones afectaron la imagen institucional de la fuerza.
El robo, en la noche del 12 de febrero de 2026, desconocidos ingresaron a la vivienda familiar de Montiel en horas de la noche. El inventario de lo sustraído sugiere un interés específico en información sensible más que en bienes de consumo general: se llevaron una notebook, un pendrive, una carpeta con documentación y 200.000 pesos.
Las imágenes del dormitorio principal mostraban un cajón arrancado y arrojado sobre la cama, cubierta de pilas de ropa y papeles revueltos, evidenciando un registro exhaustivo. La esposa de Montiel envió una fotografía del desorden a las 10:40 de la mañana con un mensaje contundente: "Mi familia está en peligro".
El mismo modus operandi en ARSAT, el transporte y la salud
El caso Montiel no es un hecho aislado. Es la punta de un iceberg que conecta con una serie de causas judiciales en curso que comparten un mismo patrón:
- contrataciones direccionadas,
- servicios que se facturan sin prestarse, y
- una estructura administrativa diseñada para impedir el control.
ARSAT y el robo que destapó la trama
El 4 de enero de 2024, personal técnico de ARSAT descubrió que quince contenedores en un depósito de San Fernando operado por la contratista Argentina Logistic Services S.A. (ALS) habían sido violentados. Faltaban flejes de cobre y componentes internos de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo). Las cámaras de seguridad habían fallado "por un problema de firmware" exactamente entre el 21 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024, período en el cual la empresa no solicitó soporte técnico.
La investigación judicial, expediente FSM1924/2024, a cargo del fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli, derivó en allanamientos que expusieron un entramado de sobornos, direccionamiento de contratos y lavado de activos.
En el departamento de Facundo Leal, extitular de ARSAT y del ORSNA, la Policía Federal incautó drogas sintéticas, cocaína, ketamina y USD 650.000 en efectivo, ademas de divisas de otras especies.
El cruce de comunicaciones reveló el circuito de retornos. El 2 de marzo de 2022, Fernando Paredes (presidente de ALS) le escribió a Diego Padilla: "Dieguito vamos a tener disponible en lo de Mati US$15.000... Esto es para Pando por negocios ARSAT". El 16 de mayo, Paredes confirmó la entrega de sobornos a funcionarios: "El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo".
El "Gerardo" mencionado es Gerardo Boschin, entonces subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT y hasta enero de 2026 presidente de Trenes Argentinos. Según la investigación, Boschin fue quien filtró el estado interno del expediente a los empresarios mientras el proceso administrativo avanzaba. El 6 de octubre de 2021, cuando el dictamen jurídico favorable todavía no había salido, Padilla le escribió: "Hola Gerardo, ¿cómo va? Me tienen con una pistola en la cabeza". Boschin respondió con una foto de Santiago Pando en la gerencia de ARSAT y el mensaje: "a mí también, tu representante no quiere cerrar nada".
El nivel de connivencia quedó registrado en los horarios de ingreso de las ofertas para el contrato del depósito: ALS a las 14:41, Transportes Padilla a las 15:09 y Tradelog a las 15:24. El vicepresidente de Transportes Padilla era padre de Diego Padilla, vicepresidente de ALS. Gastón Walter Padilla era director suplente en ALS y empleado en relación de dependencia en Tradelog. La competencia era una simulación.
Las arcas del Estado desembolsaron de forma directa US$ 1.930.861 y $40.300.000 hacia la logística de ALS.
La conexión con Trenes Argentinos y el transporte
La causa ARSAT salpica directamente a Trenes Argentinos. Boschin, el funcionario que filtró información y firmó las órdenes de compra irregulares en ARSAT, fue presidente de Trenes Argentinos hasta enero de 2026. La investigación busca esclarecer si estas metodologías se replicaron durante su liderazgo en la operadora ferroviaria estatal.
Pero la conexión con el transporte es más profunda. La Superintendencia de Transporte de la PFA, el área que Montiel denunció, presta servicios a áreas nacionales de transporte. La supervisión de esos servicios recae en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, liderada por Martín Gabriel Ferreiro, y en la Secretaría de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann. En última instancia, la supervisión presupuestaria corresponde al Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.
El Ministerio de Economía está envuelto en una larga lista de casos de corrupción. En enero de 2026, cinco renuncias sacudieron el área de Transporte tras el escándalo por $30.000 millones en subsidios desviados mediante la alteración de validaciones en el sistema SUBE. La sombra del fraude rodeó la salida del secretario Luis Pierrini, y su sucesor, Fernando Herrmann, asumió con el cuestionamiento de no tener antecedentes en la gestión de servicios de transporte.
La Subsecretaría de Transporte Ferroviario, a cargo de Martín Gabriel Ferreiro, está implicada en el caso de Alejandro Javier Hibbert / Augusto Marini en Trenes Argentinos (SOFSE). Y la propia denuncia de Montiel sobre "planillas fantasmas" en la custodia ferroviaria apunta directamente a esta cadena de responsabilidades.
Guardias fantasmas en hospitales bonaerenses
El mismo modus operandi aparece en el Hospital El Dique de Ensenada, según una investigación de Josefina López Mac Kenzie, un centro de rehabilitación con menos de 80 camas y sin guardia externa. Desde junio de 2024, sus planillas registraron alrededor de 130 supuestos reemplazos de guardia por mes, totalizando desembolsos por $379.038.592 entre junio de 2024 y junio de 2026. Si el mecanismo se hubiera mantenido durante todo ese tiempo, el monto podría superar los $600 millones.
Las guardias, en su mayoría de 24 horas, se pagan a $303.983 cuando corresponden a días hábiles y a $364.128 si se trata de feriados. Algunos beneficiarios llegan a percibir adicionales de $1.500.000 o más. La investigación reveló que terapistas ocupacionales aparecen reemplazando a médicos clínicos, fonoaudiólogas a profesionales de terapia, y que figuran oftalmólogos y reumatólogos como responsables de guardias de 24 horas, pese a que el hospital está destinado a pacientes adultos en rehabilitación y no tiene embarazadas internadas.
Dos médicos cuyos nombres aparecen como "reemplazados" declararon desconocer esas supuestas guardias. Uno aseguró que estaba de vacaciones. Otro afirmó: "Yo nunca hice esas guardias, ni las cobré. Cuando supe que estaban usando mi legajo para 'pasar guardias', me indigné".
Las compras millonarias complementan el cuadro: una licitación privada con un solo oferente para adquirir 29.500 toallas y toallones de tela por $152.537.500 para un hospital con alrededor de 50 pacientes internados. Otra contratación incluyó 1.000 tampones, 600 pomos de protector solar, 1.200 dentífricos, 5.000 envases de alcohol en gel y 900 zoquetes, cotizada en $144 millones.
El marido de la directora del hospital, un bioquímico que aparece entre quienes figuran en las planillas de guardias, integró la comisión de preadjudicación de una contratación de servicios para el laboratorio.
La justicia: avances y sombras
La denuncia de Montiel recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, con intervención de la Secretaría Nro. 13 del Dr. Pablo Lemos. El "Certificado de Denuncia" emitido el 4 de febrero detalla que la causa, caratulada "SU DENUNCIA", fue registrada bajo el registro interno N° 14/2026 en la División Operaciones Judiciales de la Dirección General de Asuntos Internos de la PFA.
En la causa se imputa a una extensa lista de efectivos de la División Comisaría FF.CC. Belgrano Norte: los subcomisarios Jesús Gabriel Gómez, David Antonio Ramírez y Sebastián Hernán Martínez, el principal Miguel Ángel Gómez, la subinspector Cecilia Beatriz Rejas, el subinspector Facundo Emanuel Cabañas, los ayudantes Lautaro Nicolás Fernández, Lucas Eduardo Guzmán y Luciana Anahí Ocampo.
Sin embargo, el avance de la causa es incierto. El propio Montiel manifestó que no fue convocado para la presentación de prueba documental. Hasta mayo de 2026, no trascendieron avances significativos. La intervención del juez Casanello es vista como la única garantía para romper el círculo de encubrimiento que, según Montiel, permite que "el personal de ferrovía entre a la oficina del jefe como si fuera su casa".
En la causa ARSAT, la situación es diferente. El 30 de septiembre de 2026, los fiscales Fernando Domínguez y Sergio Rodríguez solicitaron el procesamiento de Facundo Leal y otras nueve personas por el direccionamiento de contratos a favor de ALS. Para los fiscales, las explicaciones de los acusados "son vanos intentos de mejorar la situación procesal" y la prueba reunida alcanza "con una carga probatoria pocas veces vista". La nueva prueba, secuestrada en un allanamiento a ARSAT del 28 de mayo de 2026, refuerza la hipótesis de una competencia simulada.
Facundo Leal, detenido desde mayo de 2026, se defendió con un escrito en el que sostuvo que no tenía un cargo que le permitiera intervenir en la licitación y que no tuvo participación en la contratación. Su defensa cuestionó que aparece en la causa a partir de un mensaje telefónico donde dos personas imputadas hablan entre sí y uno menciona: "Facundo pidió que suban el precio". La defensa señala que esa expresión no alude necesariamente a Leal, sino que puede tratarse de cualquier otra persona con el mismo nombre de pila.
El chofer personal de Facundo Leal durante más de seis años aportó precisiones que complican la situación del exfuncionario. Reconoció haber trasladado personalmente una valija desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Mendoza en febrero de 2026 —el mismo mes en que Leal renunció al ORSNA—, la cual fue secuestrada en un departamento de la avenida Boulogne Sur Mer con US$ 1.700.000 en su interior. El testigo describió además el uso recurrente de "mochilas raras" que eran depositadas en el baúl del vehículo oficial durante lapsos de dos a tres días y luego selectivamente reemplazadas tras reuniones reservadas.
Los beneficiarios y los perjudicados
Los beneficiarios de este entramado son una red de funcionarios, empresarios y prestanombres que se enriquecieron a costa del erario público. Los patrimonios de los implicados en la causa ARSAT se multiplicaron drásticamente coincidiendo con las fechas de adjudicación. Gerardo Boschin adquirió una camioneta VW Highline en noviembre de 2021. Facundo Leal compró una Ford F150 Lariat V8 4x4 en mayo de 2021, una Volkswagen Amarok en julio de 2022, y sumó una Ford Ranger Raptor y un vehículo Can-Am Maverick X3 en 2023. Su esposa patentó una BMW X5 en junio de 2021. Pablo Gastón Pagani pasó de declarar $1.997.362 en 2020 a $18.708.140 al cierre de 2023.
Los perjudicados son, en primer lugar, los suboficiales de la Policía Federal que cobran salarios de $700.000 a $800.000, muy por debajo del RIPTE de $1.600.000, y que son obligados a cubrir servicios sin remuneración bajo amenaza de sanción. En segundo lugar, los ciudadanos que financian con sus impuestos servicios de seguridad que nunca se prestan. Y en tercer lugar, los pacientes de hospitales como El Dique, cuyos recursos se desvían hacia guardias inexistentes mientras el complejo médico Churruca, según la denuncia de Montiel, se encuentra desfinanciado.
El silencio oficial
Hasta el momento, el silencio oficial ha sido la respuesta predominante. Ni el Comisario General Luis Alejandro Rollé, jefe de la Policía Federal Argentina, ni la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, han emitido comunicados sobre la denuncia de Montiel ni sobre los cuestionamientos planteados contra el procedimiento disciplinario.
La propia ministra Monteoliva había asegurado horas antes del incidente que "se está trabajando" en la mejora de salarios y el sistema de salud. Pero la situación de Montiel expone la grieta entre el discurso oficial y la realidad operativa de los agentes.
La falta de pronunciamiento de las máximas autoridades de seguridad ante una denuncia de fraude al Estado y persecución laboral dentro de sus propias filas genera un vacío institucional que la investigación judicial deberá llenar con urgencia. Pero la experiencia de Montiel, con denuncias previas que "nunca llegan a ningún lado" porque "se cubren entre todos", sugiere que la impunidad tiene raíces profundas y que la máquina de deslegitimar denunciantes sigue operando.
El resultado del descargo administrativo de Montiel podría transformarse en un caso testigo sobre los límites entre disciplina institucional, libertad de expresión, protección de denunciantes y transparencia dentro de una de las principales fuerzas federales del país. Pero para que eso ocurra, la justicia debe actuar con la misma urgencia con la que la burocracia policial actuó para citarlo a una dirección falsa, someterlo a una revisión psiquiátrica y abrirle un sumario por nueve cargos que, en rigor, solo describen su decisión de denunciar.
