Investigan presuntos beneficios del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde a una empresa vinculada al entorno familiar de Jésica Cirio

La Justicia avanza en una nueva línea de investigación orientada a determinar el origen de la fortuna de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y exintendente del municipio de Lomas de Zamora. 

Los procedimientos judiciales buscan precisar el rol de Priscila Ferrante, sobrina de la modelo Jésica Cirio -exesposa del dirigente político-, quien se encuentra bajo investigación como presunta testaferro en un entramado patrimonial que incluye setenta propiedades y más de doscientos vehículos. 

Este nuevo foco surge tras la difusión pública de un video que registraba un vestidor con cajones contenedores de fajos de dólares estadounidenses en efectivo, lo que incrementó las sospechas sobre inconsistencias en el patrimonio del exfuncionario público.

Las sospechas en torno a la actividad laboral y el incremento patrimonial de Priscila Ferrante se agudizaron al detectarse su vinculación con el sector de la seguridad vial. 

De acuerdo con documentación periodística provista por el programa televisivo ¿La Ves? de la señal TN, Ferrante trabajó en relación de dependencia entre los años 2016 y 2018 para la firma All Ways Group S.A. 

Esta compañía está registrada oficialmente dentro del rubro tecnológico y se dedica de forma específica al desarrollo, fabricación y provisión de equipos de radares y cámaras de video para la detección de infracciones de tránsito, un mercado de fotomultas que es objeto de recurrentes auditorías judiciales por presuntas irregularidades contractuales y corrupción en diversas comunas y dependencias del gobierno provincial administrado por Axel Kicillof.

La cronología de los registros oficiales expone coincidencias temporales que despertaron las alarmas de las autoridades a cargo de la causa. 

La empresa All Ways Group S.A. obtuvo su inscripción formal como proveedora del Estado del Gobierno de la provincia de Buenos Aires el 1 de octubre de 2021, una fecha que coincide de manera directa con los diez días posteriores a la asunción de Martín Insaurralde en la Jefatura de Gabinete bonaerense, ocurrida el 20 de septiembre de ese mismo año. 

Posteriormente, durante el ejercicio de sus funciones públicas en 2022, el propio Insaurralde rubricó con su firma la homologación técnica de los dispositivos de control vial de dicha firma, un requisito administrativo y legal indispensable para habilitar a la compañía a comercializar y operar sus sistemas tanto con la administración provincial como con múltiples gobiernos municipales, incluido el de Lomas de Zamora, donde rige un sistema de fotomultas que emplea estos artefactos.

La documentación recolectada que detalla estos movimientos administrativos será remitida a los magistrados intervinientes con el propósito de constatar si existieron contrataciones directas o direccionamientos de licitaciones públicas en favor de All Ways Group S.A. por parte de la gobernación provincial y de municipios del conurbano bonaerense durante el período de influencia política de Insaurralde. 

Entre las localidades identificadas que registran a esta firma como proveedora activa figura el municipio de Almirante Brown, conducido por el dirigente de la coalición kirchnerista Unión por la Patria, Mariano Cascallares, quien gobernó de forma ininterrumpida entre 2015 y 2021, reasumió entre 2023 y 2025, y ejerce actualmente sus funciones como diputado provincial manteniendo una histórica y estrecha alianza política con el exjefe de Gabinete lomense.

El alcance de las pesquisas judiciales sobre All Ways Group S.A. excede los lazos familiares de Jésica Cirio y Priscila Ferrante, extendiéndose también a los antecedentes penales de sus allegados. Cabe destacar que Ferrante es expareja de Heber Russo, un empresario que se encuentra procesado por la Justicia bajo cargos de fraude fiscal, lavado de dinero y emisión de facturas apócrifas. 

Asimismo, las verificaciones de los registros corporativos demuestran que tanto el domicilio legal como las identidades de los miembros del directorio de All Ways Group S.A. presentan coincidencias directas con firmas involucradas en el denominado escándalo de las fotomultas. 

Esta causa de corrupción penal preexistente provocó en el año 2024 la destitución y el consecuente procesamiento del entonces ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, dirigente vinculado al Frente Renovador que permanece bajo investigación formal por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública debido a severas anomalías en los contratos con los proveedores de radares de velocidad y los centros de Verificación Técnica Vehicular.

Investigan una presunta estafa piramidal millonaria: un abogado fue detenido y otro permanece prófugo

La Justicia investiga una presunta estafa piramidal que habría sido llevada adelante por dos abogados en el partido bonaerense de Ituzaingó. 

La causa, que se inició a partir de la denuncia de cinco personas que aseguran haber sido engañadas mediante falsas inversiones financieras, derivó en la detención de uno de los sospechosos y en un pedido de captura para el otro. 

 

Ambos están acusados de ofrecer supuestas oportunidades de inversión con elevados rendimientos en dólares que, según la investigación, nunca estuvieron respaldadas por operaciones reales.

Los imputados fueron identificados como Ángel Elías Gómez, de 45 años, y Juan Ignacio Lombardo, de 35. Gómez fue detenido durante un allanamiento judicial, mientras que Lombardo permanece prófugo y es intensamente buscado por las autoridades. 

De acuerdo con la investigación, ambos operaban desde una oficina comercial ubicada en el complejo Thays de Villa Udaondo, en Parque Leloir, donde se presentaban como "socio y dueño" de una firma denominada Avalon Capital Futures Investments, dedicada supuestamente a inversiones financieras.

Según la causa judicial, el mecanismo utilizado consistía en captar inversores mediante la promesa de obtener importantes ganancias en dólares a través de operaciones en criptomonedas y en los mercados bursátiles. 

Para generar confianza, los acusados aseguraban pertenecer a la Cámara de Comercio de Argentina y exhibían contratos de inversión que establecían rendimientos mensuales de entre el 2,5 % y el 5 %, además de garantizar la devolución del capital invertido en plazos previamente acordados.

Los investigadores sostienen que el esquema respondía al funcionamiento característico de una presunta estafa piramidal. De acuerdo con voceros de la fiscalía, durante los primeros meses los imputados abonaban a los clientes los intereses prometidos con el objetivo de consolidar la confianza de las víctimas e incentivarlas a realizar nuevas inversiones por montos cada vez mayores. 

Sin embargo, una vez obtenidos nuevos desembolsos, cesaban los pagos y dejaban de responder a los reclamos. 

Uno de los denunciantes declaró haber entregado 100.000 dólares en mayo de 2025 mediante la firma de un contrato de comisión para operaciones en el mercado de futuros. 

El acuerdo establecía la devolución del capital en un plazo mínimo de 180 días corridos, junto con un interés mensual del 3 %. Antes de cumplirse ese plazo, los acusados lograron convencerlo de realizar un segundo aporte de 30.000 dólares. 

Tras esa nueva inversión, el denunciante afirmó que dejó de percibir los pagos comprometidos y perdió todo contacto con los responsables.

Otra de las víctimas manifestó haber conocido la empresa a través de una publicidad difundida en redes sociales, en la que Avalon Capital Futures Investments se promocionaba como una firma especializada en inversiones en diversas actividades financieras. 

Según la denuncia, entregó un capital inicial de 350.000 dólares con la promesa de obtener una rentabilidad superior a la ofrecida por el mercado financiero tradicional. 

El contrato contemplaba una devolución con un interés mensual del 2,5 % en la misma moneda, aunque aseguró que únicamente recibió pagos durante los tres primeros meses y por montos considerablemente inferiores a los pactados.

Las restantes tres denuncias incorporadas al expediente corresponden a personas que habrían entregado 50.000, 250.000 y 64.400 dólares, respectivamente. 

En todos los casos, la modalidad denunciada fue similar: firma de contratos con promesas de elevados intereses mensuales, pago inicial de algunas cuotas para fortalecer la confianza de los inversores y posterior interrupción de los desembolsos.

La investigación está a cargo del fiscal Lucio Rivero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N.º 2 de Ituzaingó. En el marco de la causa se realizaron diversos allanamientos. 

En una vivienda ubicada sobre la calle Rodríguez Flores al 300, en Ituzaingó, fue detenido Gómez. Durante ese procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, una computadora portátil, carpetas vinculadas a Avalon Capital Futures Investments, un dispositivo de almacenamiento USB y dinero en efectivo.

Además, la Justicia incautó un automóvil Mercedes-Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper de color gris y una camioneta Dodge RAM 1500 de color blanco, todos ellos puestos a disposición del expediente judicial.

En paralelo, los investigadores allanaron el domicilio de Lombardo, ubicado en el barrio privado Buenos Aires Golf Club, en la localidad de Bella Vista, partido de San Miguel. 

Al momento del procedimiento el sospechoso no se encontraba en el inmueble, por lo que la Justicia libró un pedido de captura para lograr su detención.

También fue inspeccionada la oficina del complejo Thays desde donde presuntamente operaban los acusados. 

Allí los efectivos secuestraron una importante cantidad de contratos de inversión y documentación comercial que será analizada como parte de la investigación. Los pesquisas consideran que la cantidad de damnificados podría ser superior a las cinco personas que hasta el momento formalizaron sus denuncias.

La causa continúa en etapa de investigación y ambos abogados enfrentan cargos por presunta estafa reiterada en al menos cinco hechos, considerados en concurso real. 

Como medida cautelar, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes de Gómez y Lombardo mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar el alcance económico de las maniobras denunciadas y la eventual existencia de nuevas víctimas.

Dos explosiones cerca del hotel donde se alojaba Emmanuel Macron dejaron al menos 18 heridos durante su visita oficial a Siria

Dos artefactos explosivos de fabricación casera detonaron este martes en las inmediaciones del hotel Four Seasons, en el centro de Damasco, donde se hospedaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita oficial a Siria. Según informaron las autoridades sirias, las explosiones dejaron al menos 18 personas heridas, entre ellas cuatro efectivos policiales. El mandatario francés no se encontraba en el lugar al momento de las detonaciones, ya que había partido previamente hacia el palacio presidencial para cumplir con su agenda oficial, circunstancia que fue confirmada por la Presidencia de Francia.

De acuerdo con el Ministerio del Interior sirio, los explosivos se encontraban ocultos en un vehículo y en un contenedor de residuos, separados por aproximadamente 200 metros. Ambos dispositivos eran de fabricación casera y explotaron mientras equipos especializados desarrollaban tareas destinadas a neutralizarlos, en el marco del operativo de seguridad desplegado en la zona.

Las explosiones motivaron un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y ambulancias. Las autoridades procedieron a evacuar el área, establecer perímetros de seguridad y restringir el tránsito en las calles aledañas. Testigos presenciales informaron que varias personas resultaron heridas durante las detonaciones, mientras que periodistas presentes en el lugar observaron daños materiales en edificios cercanos, entre ellos el Ministerio de Turismo, ubicado frente al hotel, además de fragmentos metálicos y otros restos compatibles con la explosión de los artefactos.

Horas antes de los hechos, Macron había mantenido una reunión con representantes de organizaciones de la sociedad civil en el mismo hotel donde posteriormente ocurrieron las detonaciones. El convoy oficial francés ya se encontraba en desplazamiento hacia el palacio presidencial cuando se produjeron las explosiones, por lo que la delegación continuó con el programa previsto.

La visita oficial constituye un hecho de relevancia diplomática, al tratarse del primer viaje de un jefe de Estado de una potencia occidental a Siria desde la caída del gobierno de Bashar al Assad y la conformación, a finales de 2024, de un nuevo gobierno encabezado por una coalición islamista. Durante su estadía, Macron tenía previsto mantener reuniones con el presidente sirio Ahmed al Sharaa para abordar cuestiones vinculadas al proceso de reconstrucción del país, la estabilidad institucional, la unidad nacional y el fortalecimiento del pluralismo en el período de transición.

La delegación francesa estuvo integrada además por representantes del sector empresarial, entre ellos Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies. En el marco de la visita se analizaron también perspectivas de cooperación económica, especialmente en materia energética e infraestructura, considerando la posición estratégica de Siria como corredor de tránsito entre Irak y el mar Mediterráneo.

El incidente ocurre en un contexto de seguridad aún inestable. Siria atraviesa un complejo proceso de reconstrucción y transición política tras más de trece años de conflicto armado interno, mientras persisten desafíos vinculados a la seguridad y a la presencia de grupos armados. En los últimos días, otro atentado con explosivos registrado en un café del centro de Damasco había causado la muerte de diez personas, reflejando la continuidad de episodios de violencia pese a los esfuerzos orientados a la estabilización del país.

Comienza el juicio oral contra Heber Russo y la Justicia avanza sobre el entorno patrimonial de Martín Insaurralde y Jesica Cirio

El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata dará inicio en las próximas semanas al juicio oral y público contra el empresario Ariel Heber Russo, acusado de liderar una compleja asociación ilícita fiscal dedicada a la comercialización de facturas apócrifas, contrabando, tenencia ilegal de armas de guerra y lavado de activos provenientes de la corrupción. 

Según la acusación formulada por la fiscal Silvia Cavallo, la organización criminal operó de manera sistemática mediante la creación de sociedades fantasmas que carecían de capacidad operativa y financiera, con el único propósito de emitir comprobantes falsificados para beneficiar a más de 3.500 contribuyentes y empresas de todo el país. 

De acuerdo con las estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la evasión fiscal perpetrada a través de esta denominada usina de facturación alcanza los 4.077 millones de pesos, equivalentes a un fraude de aproximadamente 200 millones de dólares. 

El debate oral promete reactivar las derivaciones políticas del caso, ya que las pruebas recolectadas durante la instrucción exponen una densa trama de negocios, vínculos personales y presuntos desvíos de fondos públicos que conectan directamente al principal imputado con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su exesposa, la conductora televisiva Jesica Cirio.  

Los nexos de proximidad entre los involucrados exceden el plano comercial y se consolidaron a través de relaciones del entorno familiar íntimo. 

Heber Russo mantuvo durante años un noviazgo formal con Priscila Daiana Ferrante, de 33 años, quien es identificada en los expedientes judiciales como sobrina o prima de Jesica Cirio, e incluso fue designada como madrina de la hija del exmatrimonio. 

La propia Ferrante asumió un rol protagónico en el plano social al haber sido la organizadora de la boda entre el político y la modelo en el año 2014, ocasión en la que declaró públicamente ser la responsable directa de haber presentado a la pareja debido a la vecindad y los círculos comunes que compartían en la localidad de Lomas de Zamora. 

A pesar de que la mujer fue inicialmente sobreseída en una etapa previa del proceso penal por la usina de facturas, su situación jurídica dio un giro determinante al quedar bajo una exhaustiva investigación patrimonial sustanciada por el magistrado federal Luis Armella, a instancias de un requerimiento efectuado por el fiscal Sergio Mola. 

En este nuevo legajo, la Justicia federal ha puesto la mira sobre un impactante e injustificado patrimonio que figura registrado a nombre de Priscila Ferrante como titular o cotitular, el cual guarda una simetría exacta con los bienes que la AFIP adjudica a la estructura de lavado de su expareja, Heber Russo. 

 

La pesquisa patrimonial abarca un total de 77 propiedades inmuebles distribuidas en territorio nacional y en el exterior, entre las que se destacan lotes de campos, chalets de veraneo en Pinamar, departamentos de alta gama en el barrio porteño de Puerto Madero y dos unidades habitacionales ubicadas sobre Biscayne Boulevard en Miami, Estados Unidos, estas últimas adquiridas formalmente a través de la firma extranjera El Principito 1003 LLC. 

La flota bajo sospecha bajo la titularidad de Ferrante se compone de más de 200 vehículos—que incluyen automóviles particulares, camiones comerciales y motocicletas—, además de ocho embarcaciones náuticas, joyas de valor y sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera. 

Asimismo, las autoridades detectaron la vinculación de la joven con otra sociedad offshore radicada en Londres, denominada Muriel LLP.  

Dentro del conjunto de bienes inmuebles auditados, el juzgado federal concentra su atención en una lujosa residencia de Banfield Oeste, situada sobre la calle José María Penna al 1700. 

La propiedad cuenta con una superficie cubierta de 750 metros cuadrados distribuidos en ocho ambientes, cinco baños, parque, piscina, quincho con instalaciones de barras, hidromasaje y una habitación blindada antipánico con estrictas especificaciones de seguridad. 

Si bien el inmueble se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires a nombre de Priscila Ferrante y de su padre, el empresario Andrés Ferrante —quien posee antecedentes por una condena penal dictada en 2016—, la hipótesis principal de los investigadores sostiene que la adquisición habría sido financiada de forma encubierta por el propio Martín Insaurralde por un monto aproximado de 1,8 millones de dólares, operando los familiares de Cirio como aparentes testaferros del dirigente político.  

 

La conexión material entre la banda de piratería del asfalto y el patrimonio de los investigados ya registraba un hito clave originado en marzo de 2018, tras el robo de un camión de logística que transportaba cargamento de mercadería alimenticia de la firma Natura en la zona del Acceso Oeste. 

El posterior allanamiento policial de un galpón ubicado en la calle General Pico al 3300 de la localidad de Lanús, predio que era utilizado de manera irregular por dependencias de la municipalidad local para el acopio de vehículos judicializados, permitió el hallazgo no solo del cargamento sustraído, sino también de una serie de vehículos de lujo ocultos que se encontraban con documentación a nombre de miembros de la banda de Russo. 

Entre dichos rodados, las fuerzas de seguridad secuestraron un automóvil Audi A1 que figuraba a nombre de Jesica Wanda Judith Cirio, vehículo que de acuerdo con testimonios brindados por el mecánico del taller pertenecía a allegados con problemas judiciales y que, según declaraciones del testigo Osvaldo Pascual Galasso, habría constituido un obsequio de bodas efectuado directamente por Heber Russo al matrimonio Insaurralde-Cirio en virtud de su estrecha relación personal y de negocios en el municipio. 

Ante estas versiones, los voceros de la defensa alegaron en su momento que el rodado pertenecía a la modelo de forma previa al inicio del noviazgo y que su abandono obedecía a inconvenientes administrativos con el formulario de transferencia correspondiente.  

El avance de las investigaciones judiciales ha derivado en la adopción de severas restricciones procesales dictadas en las últimas horas por los tribunales federales, las cuales disponen la prohibición formal de salida del territorio nacional para Martín Insaurralde, Jesica Cirio y la modelo Sofía Clerici, junto a otros cuatro imputados de la causa. 

La medida restrictiva impone de igual modo la prohibición de alejarse a una distancia mayor a 50 kilómetros de sus respectivos domicilios constituidos sin previa autorización expresa del juzgado, así como la obligación accesoria de reportar formalmente cualquier tipo de desplazamiento interno que supere las 24 horas de duración. 

En paralelo a estas determinaciones, la defensa técnica del exjefe de Gabinete bonaerense articuló un planteo formal para requerir la exclusión probatoria de un material audiovisual obtenido en el vestidor de una propiedad del country Fincas de San Vicente, en el cual se observa a Cirio manipulando fajos de dólares. 

Los letrados argumentan que la prueba carece de validez legal por provenir de un presunto hackeo informático y sustracción indebida de dispositivos electrónicos, lo que a su criterio alteraría la cadena de custodia y la autenticidad de las imágenes. 

No obstante, el juzgado federal convalidó la realización de peritajes técnicos sobre el video y ordenó inspecciones oculares y allanamientos en los inmuebles involucrados a fin de certificar las evidencias patrimoniales en la antesala del juicio oral.  

Exigen justicia por el atentado al comedor de la Policía Federal en un acto por el cincuentenario del hecho

En el marco de la conmemoración del cincuentenario del cruento atentado perpetrado por la organización Montoneros en el comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Argentina, diversos sectores civiles, legisladores y familiares de las víctimas se congregaron en un acto frente al edificio ubicado en Moreno 1417, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reclamar el avance definitivo de las causas judiciales y la condena de los máximos responsables de la masacre. 

Durante el encuentro, convocado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita), la Unión de Promociones y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), se denunció la impunidad prolongada por medio siglo que rodea al segundo hecho terrorista más sangriento en la historia del país, el cual provocó la muerte de 24 personas y causó heridas o mutilaciones a otras 120 el 2 de julio de 1976.

Los oradores principales del acto concentraron sus reclamos en la reactivación penal contra los imputados que continúan con vida, solicitando que la Cámara Federal de Casación Penal ratifique la resolución dictada en diciembre de 2024 por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones. 

 

Aquel fallo había revocado la prescripción dictaminada previamente por la jueza federal María Servini de Cubría, ordenando la declaración indagatoria de Mario Firmenich y anulando los sobreseimientos de Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Lila Pastoriza y Norma Walsh. 

Los manifestantes señalaron que el proceso judicial se encuentra demorado debido a los recursos interpuestos por el propio Mario Firmenich, Patricia Walsh y el resto de los procesados, lo que ha dilatado una resolución definitiva e impedido la comparecencia de los acusados ante los tribunales.

En el plano político e institucional, se criticó con dureza el accionar del Poder Judicial y el desinterés de la dirigencia política, argumentando la existencia de una profunda asimetría y falta de imparcialidad en el tratamiento de la violencia de la década de 1970. 

El doctor Emilio Hardoy, en representación de la asociación Justicia y la Concordia, manifestó que los magistrados han carecido de voluntad y coraje para enjuiciar a los miembros de las organizaciones subversivas, contrastando dicha dilación con la celeridad aplicada para perseguir a los agentes estatales de la época. 

Asimismo, Hardoy acusó a las sucesivas gestiones de enaltecer el terrorismo, poniendo como principal ejemplo la imposición del nombre de Rodolfo Walsh, señalado en el acto como presunto autor intelectual del atentado, a la estación de subterráneo más cercana al lugar de la tragedia, calificando el hecho como una afrenta directa hacia la memoria de los caídos y sus familiares.

El acto contó con la presencia de figuras públicas como el diputado Guillermo Montenegro, la legisladora porteña Rebeca Fleitas —quien impulsó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para remover la denominación de Rodolfo Walsh de la red de transporte público, actualmente paralizado— y el escritor y cineasta Diego Recalde. 

Los testimonios de los sobrevivientes y familiares aportaron detalles sobre el impacto humano de la detonación de la denominada bomba vietnamita. Julio César Renzacci, sobreviviente del ataque tras sufrir el seccionamiento de su arteria femoral, relató las circunstancias de su evacuación hacia el hospital Rawson y criticó el temor actual de dirigentes como Mario Firmenich, Horacio Verbitsky, Fernando Vaca Narvaja y Patricia Walsh a declarar ante los tribunales. 

Por su parte, Gabriel Cepeda, hijo de la víctima fatal Josefina Melucci de Cepeda, lamentó la exclusión sistemática de los familiares dentro del proceso penal, mientras que Victoria Matienzo evocó la memoria de su hermano, el joven agente Ernesto Osvaldo Matienzo, reafirmando el compromiso familiar de sostener el reclamo activo de justicia frente a la inacción judicial.