“El 20% para Miguel”: investigan una presunta red de coimas y retornos en la ANDIS

La investigación judicial sobre presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza en los tribunales federales de Comodoro Py con una trama que, según la hipótesis del fiscal Franco Picardi, habría funcionado mediante adjudicaciones direccionadas, retornos económicos y presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI).

De acuerdo con la acusación fiscal, la estructura habría operado al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 y alcanzaría a funcionarios, empleados, intermediarios y empresarios vinculados a contrataciones con la ANDIS. Entre los principales investigados aparecen el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y el empresario y lobista Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los presuntos organizadores de la maniobra.

La causa sostiene que Calvete, pese a no ocupar un cargo público, habría actuado como nexo entre empresas proveedoras y funcionarios del organismo estatal. Según el expediente, su rol consistía en intervenir en las compulsas de precios, coordinar adjudicaciones y obtener información privilegiada sobre procesos de compra y pagos. La investigación describe que mantenía contacto con empleados que manejaban áreas sensibles vinculadas al sistema de compras y a la administración financiera de la agencia.

La lista de imputados ronda actualmente las cuarenta personas, aunque la nómina todavía no se encuentra cerrada. La fiscalía sostiene que el esquema permitió direccionar contrataciones millonarias a determinadas firmas proveedoras, a cambio de retornos que habrían oscilado entre el 12% y el 20% de los montos adjudicados.

Entre las empresas mencionadas en el expediente aparecen Indecomm SRL, Bymax Medical SRL, Resposane Salud SA, Profarma SA, ExpoTrauma SA, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía Alemana Insumos Médicos, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Farma Salud SRL, MED-EL Latinoamérica SRL, Neurosalud SA, Sistema Médicos Globales SRL y Meridius, entre otras compañías vinculadas a la provisión de insumos médicos y ortopédicos.

Según la hipótesis fiscal, el mecanismo consistía en acordar previamente precios y distribución de adjudicaciones para garantizar que determinadas empresas resultaran beneficiadas en los procesos de compra. Esto habría provocado una competencia ficticia entre oferentes y permitido el reparto anticipado de contratos financiados con fondos públicos.

Uno de los elementos incorporados al expediente surge del análisis del teléfono celular de Miguel Ángel Calvete. Allí, los investigadores hallaron conversaciones con Evangelina García, representante de la firma Artrobone Ortopedia S.A., empresa que obtuvo adjudicaciones vinculadas a la provisión de sillas de ruedas. De acuerdo con la acusación, tras concretarse operaciones con la ANDIS, se remitieron imágenes de cuadros de distribución de dinero donde aparecían referencias a montos separados para “Miguel” y “Guadalupe”, identificada esta última como Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete.

La fiscalía también investiga presuntas facturaciones simuladas entre empresas para otorgar apariencia legal a transferencias vinculadas con retornos de adjudicaciones. Uno de los ejemplos mencionados en la causa corresponde a una operación realizada en julio de 2025, en la que Indecomm habría vendido 17 camas ortopédicas reacondicionadas por $19 millones a Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., firma que también obtuvo contratos con la ANDIS. Según la investigación, no se hallaron constancias que acreditaran la entrega efectiva de esas camas.

Información remitida por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permitió establecer, siempre según la acusación, que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 el laboratorio mencionado transfirió a Calvete más de $404 millones.

La pesquisa judicial también apunta a presuntas maniobras de lavado de activos. El expediente sostiene que parte de los fondos obtenidos mediante contrataciones direccionadas habría sido canalizada a través de transferencias bancarias, entrega de dinero en efectivo, emisión de cheques y facturación cruzada entre distintas sociedades comerciales.

En ese contexto aparece mencionado Alan Poccovi, señalado como presunto responsable de recibir y mover fondos vinculados a la organización investigada. Según la fiscalía, parte del dinero habría sido invertido en criptomonedas mediante la aplicación “NEBLOCKSHAIN”. Asimismo, se investigan operaciones entre firmas vinculadas a Calvete y empresas relacionadas con Federico Santich, además de transferencias realizadas a Baires Fly y Baires Jets.

La investigación detectó además un circuito de facturación entre las firmas Probock SRL, Prolite Orthopedics SRL, Indecomm SRL, Profarma SA y Resposane Salud SA. Parte de esos movimientos incluyeron pagos a Baires Fly bajo conceptos relacionados con utilización de aeronaves y kilómetros aéreos nacionales, operaciones que ahora son analizadas por la Justicia para determinar si constituyeron mecanismos de blanqueo de capitales.

Otro de los ejes centrales de la causa es la relación entre Miguel Ángel Calvete y Diego Spagnuolo. Según la acusación fiscal, Calvete habría entregado al entonces funcionario $5 millones en efectivo en junio de 2025 y además habría cancelado deudas por más de $9 millones con una mueblería mediante pagos efectuados desde cuentas vinculadas a Indecomm SRL.

La causa también incorporó registros de ingresos y movimientos captados por cámaras de seguridad. De acuerdo con esos elementos, Calvete visitó al menos en cinco oportunidades a Spagnuolo en el country Altos de Campo Grande, en el partido bonaerense de Pilar, entre junio de 2024 y mayo de 2025. En las últimas reuniones estuvo acompañado por Guadalupe Muñoz.

En agosto de 2025, según consta en el expediente, el encuentro se produjo en sentido inverso: Diego Spagnuolo fue registrado ingresando al domicilio de Calvete, ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, llevando una mochila vacía. Los investigadores sostienen que las imágenes forman parte de la prueba incorporada a la causa, aunque el contenido de aquellas reuniones aún no pudo ser determinado judicialmente.

Miguel Ángel Calvete permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, en el marco de otra causa judicial vinculada a proxenetismo, expediente en el que ya fue condenado. Entretanto, la investigación por las presuntas maniobras en la ANDIS continúa bajo análisis del Ministerio Público Fiscal y podría derivar en nuevas imputaciones y medidas procesales en las próximas etapas del expediente.

Motín y fuga en una comisaría de Balvanera: detenidos rompieron celdas y desataron horas de tensión

Una violenta revuelta ocurrida durante la madrugada de este domingo en una comisaría de la Policía de la Ciudad ubicada en el barrio porteño de Balvanera volvió a poner en discusión la problemática de la sobrepoblación de detenidos en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires. Según trascendió, varios internos protagonizaron un motín que incluyó destrozos en los calabozos, ruptura de candados, utilización de elementos cortantes de fabricación casera y enfrentamientos dentro de la seccional. En medio de los disturbios, algunos detenidos habrían logrado escapar antes de que las fuerzas de seguridad recuperaran el control de la situación.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el episodio generó un amplio operativo de emergencia en la zona. La tensión se extendió durante varias horas hasta que las autoridades lograron controlar nuevamente la dependencia policial.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que durante el motín se registraron importantes daños en las instalaciones, incluyendo roturas en celdas y sectores internos de la comisaría, además de cortes de suministro eléctrico. También se produjeron enfrentamientos entre los propios detenidos, situación que derivó en lesiones para algunos internos, quienes debieron recibir asistencia médica.

Hasta el momento no trascendió oficialmente la cantidad exacta de fugados ni la identidad de los detenidos que habrían escapado. Tampoco se informó públicamente si hubo efectivos policiales lesionados durante el operativo de contención. Las autoridades avanzaban este domingo con tareas de revisión de cámaras de seguridad, peritajes internos y operativos de búsqueda para localizar a los evadidos.

El hecho reavivó nuevamente el debate sobre la crisis de alojamiento de detenidos en comisarías y alcaidías porteñas, una problemática que desde hace años genera tensiones entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional debido a las demoras en los traslados hacia unidades del Servicio Penitenciario Federal. Distintos episodios de fugas y motines registrados en los últimos años habían motivado cuestionamientos sobre las condiciones de detención, la infraestructura disponible y la capacidad operativa de las dependencias policiales.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad es encabezado actualmente por Horacio Alberto Giménez, ex jefe de la Policía Metropolitana y funcionario designado en marzo de 2025.

La conducción de la Policía de la Ciudad se encuentra a cargo del comisario general Diego Ariel Casaló, mientras que la subjefatura es ejercida por la comisaria general Carla Mangiameli, autoridades designadas a fines de 2024.

Cuestionan designaciones excepcionales en el Ministerio del Interior por su impacto en la calidad institucional

La reciente Resolución Nº 130/2026 del Ministerio del Interior volvió a colocar en debate la utilización de designaciones transitorias con carácter excepcional dentro de la Administración Pública Nacional, en un contexto en el que distintos sectores vienen reclamando mayor apego a los mecanismos institucionales y a los procedimientos de selección establecidos por la normativa vigente.

La medida, firmada por el ministro Diego César Santilli y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 22 de mayo de 2026, dispuso la designación transitoria de Lucila Andrea Poleri como directora de la Dirección de Administración de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio del Interior.

La resolución establece que la funcionaria ocupará el cargo por un plazo de ciento ochenta días hábiles, con un Nivel B – Grado 0 del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), incluyendo además el pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III. Sin embargo, el aspecto que generó cuestionamientos institucionales radica en que la designación fue realizada “con carácter de excepción” respecto de las disposiciones del artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08.

El texto oficial fundamenta la decisión en las facultades otorgadas por el Decreto Nº 958/24 y señala que el cargo deberá ser cubierto posteriormente mediante los mecanismos de selección previstos en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII del SINEP. No obstante, especialistas en administración pública sostienen que la reiteración de nombramientos transitorios excepcionales debilita la previsibilidad institucional y erosiona la confianza pública en los sistemas de acceso al empleo estatal basados en concursos y criterios objetivos.

La normativa mencionada involucra además a distintos organismos y dependencias estatales, entre ellos la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Subsecretaría de Gestión Administrativa, la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Dirección Nacional de Sistemas y Estadísticas de Empleo Público y Política Salarial.

Analistas en materia institucional advierten que el uso frecuente de excepciones administrativas puede transmitir una señal contradictoria respecto de la transparencia y del cumplimiento de las normas que el propio Estado establece para la cobertura de cargos públicos. En particular, remarcan que los concursos y procesos de selección abiertos constituyen herramientas centrales para garantizar igualdad de oportunidades, profesionalización del empleo público y control sobre la discrecionalidad política.

Asimismo, sostienen que cuando las excepciones dejan de ser extraordinarias y se transforman en una práctica recurrente, se produce un deterioro en la credibilidad de las instituciones y en la percepción ciudadana sobre la imparcialidad del Estado. Esa situación, indican, impacta tanto en la confianza hacia el gobierno nacional como en la legitimidad de los organismos encargados de administrar los recursos humanos del sector público.

La resolución fue emitida en la Ciudad de Buenos Aires el 20 de mayo de 2026, en el marco del Expediente EX-2026-17324841-APN-DGDYLI#JGM, y cita además la Ley Nº 27.798, el Decreto Nº 50/19 y el Decreto Nº 85/26, normas vinculadas a la estructura organizativa y presupuestaria de la Administración Nacional.

Polemática en la ARCA por 246 ascensos discrecionales: nepotismo y los mecanismos de evasión normativa en el Estado

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encuentra en el centro de una profunda controversia tras la firma de una disposición administrativa por parte de su director, Andrés Vázquez, que determinó la recategorización "a dedo" de 246 agentes a los escalafones y sueldos más altos del organismo. La medida, que ha generado un fuerte malestar gremial e interno, prescinde de los criterios de mérito, idoneidad y antigüedad consagrados en el convenio colectivo de trabajo, reavivando el debate sobre el nepotismo y el uso de los cargos públicos como estructuras de privilegio.

La resolución ha expuesto designaciones que contradicen los requisitos mínimos regulados para el acceso a las máximas jerarquías, donde los salarios netos oscilan en torno a los $6 millones. Entre los casos más cuestionados se destaca el de Nicolás Andrés Velis, hijo del director de la Aduana, quien fue promovido al "Grupo 3" (uno de los niveles más altos del escalafón aduanero) a pesar de no poseer título universitario —condición que limita el avance formal hasta el Grupo 7— y de registrar una escasa antigüedad en la institución. Asimismo, la vocera del Ministerio de Economía, Yael Bialostozky, fue elevada al "Grupo 26", la máxima categoría de la Dirección General Impositiva (DGI), en abierta contradicción con la recomendación de no ascender más de dos escalafones en un solo movimiento y omitiendo el tope regulado para agentes sin titulación de grado.

El nepotismo estructural en los tres poderes del Estado

El escenario visibilizado en la ARCA no constituye un hecho aislado, sino que responde a una matriz de nepotismo y discrecionalidad que afecta de manera transversal a la administración pública. Históricamente, la instrumentalización de los cargos públicos para el beneficio de familiares, allegados políticos o redes de afinidad personal ha erosionado el principio de meritocracia.

Esta problemática adquiere una gravedad institucional particular al constatarse que el nepotismo y la flagrante falta de concursos generales, públicos y transparentes no son exclusivos del Poder Ejecutivo. Tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial replican de forma sistemática estas prácticas, consolidando feudos burocráticos donde el parentesco y la adscripción ideológica prevalecen de manera recurrente sobre la competencia técnica y la igualdad de oportunidades ante la ley.

Contratos temporales: el mecanismo para eludir la ley

Especialistas en gestión pública señalan que este tipo de ascensos y designaciones anómalas se complementa con un mecanismo habitual dentro del Estado: la utilización de contratos temporales con renovación cada ciertos meses.

Esta modalidad, concebida originalmente para cubrir necesidades estrictamente excepcionales o proyectos de duración limitada, se ha desnaturalizado hasta convertirse en una herramienta sistemática para eludir las normativas vigentes de control y los procesos de selección competitivos. A través de la reiterada invocación de "excepciones" administrativas, los distintos estamentos del sector público logran esquivar la obligación de convocar a concursos obligatorios, manteniendo un esquema de precarización institucional que facilita la discrecionalidad y el ingreso de personal que, en una gran cantidad de casos, incumple con los perfiles y requisitos mínimos exigidos para la función.

La contradicción de la "casta" y el factor político

El conflicto en la ARCA adquiere además un alto voltaje político al contrastarse con las declaraciones del propio presidente Javier Milei, quien durante su campaña y en el ejercicio de su mandato ha fustigado con dureza los privilegios de la dirigencia, utilizando la célebre expresión "juntos por el cargo" para denunciar el reparto de puestos estatales entre facciones políticas a expensas del erario público.

Sin embargo, la inclusión en la nómina de ascensos de figuras ligadas al actual entorno gobernante —como el caso de un abogado de la DGI que actualmente se desempeña como asesor en la Secretaría General de la Presidencia bajo la órbita de Karina Milei, o de funcionarios vinculados al Palacio de Hacienda— plantea una evidente contradicción con la narrativa oficial de desmantelamiento de la "casta".

Mientras los gremios como la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UpsAFIP) denuncian que la carrera administrativa está siendo utilizada como un "botín" y que se premia el "amiguismo por encima del mérito", las decisiones tomadas en el ente recaudador demuestran la persistencia de las prácticas endémicas de la burocracia estatal, donde la afinidad y el parentesco continúan blindando posiciones de privilegio técnico y salarial.

Análisis Técnico de Desvíos Presupuestarios, Duplicación de Canales y Adjudicaciones Cruzadas (2022-2025)

A partir de información obtenida por los periodistas de La Nación, Francisco Jueguen y Pablo Fernández Blanco, el examen de los registros financieros consolidados expone un fenómeno de atomización coordinada y concentración de pliegos en sectores críticos del gasto público. Al analizar el rubro de la salud y la asistencia social en la provincia de Buenos Aires, el cruce exacto de los montos asignados para el ejercicio fiscal 2025 revela una anomalía estadística: la firma San Francisco de la Loma S.R.L. registró transferencias por $4.209.335.842,34, mientras que de forma paralela la entidad Hogar San Francisco de la Virgen de la Merced S.A. percibió la suma de $4.208.028.915,56. La diferencia entre ambas liquidaciones anuales es de apenas $1.306.926,78, un margen inferior al 0,03% sobre el total adjudicado.

La coincidencia exacta en la escala de financiamiento, sumada a que ambas entidades comparten denominación institucional e inclusión en los registros federales de establecimientos de cuidado residencial y salud de la provincia, comprueba un patrón de división de razones sociales para capturar partidas presupuestarias gemelas, burlando los límites máximos de contratación individual.

En el sector de los servicios de mantenimiento, limpieza e infraestructura general, el comportamiento de las bases de datos expone la recurrencia de firmas con capacidad de contratación distribuida en múltiples jurisdicciones.

Star Servicios Empresarios S.A. consolidó hacia 2025 un total de $4.204.722.447,01 en transferencias directas del Estado nacional. El cotejo con los registros oficiales de compras del sector público provincial y nacional demuestra que esta firma opera bajo una modalidad de presentismo permanente en pliegos de dependencias viales y de administración central (como la Dirección de Vialidad del Chaco o licitaciones de mantenimiento en plantas del interior), unificando la captación de fondos de diversas cajas mediante ofertas concurrentes y licitaciones donde la competencia real se ve neutralizada por la exigencia de umbrales financieros rígidos que solo cumplen los proveedores habituales del Estado.

El segmento de provisión de insumos, indumentaria y logística sanitaria evidencia un comportamiento similar en la concentración de proveedores exclusivos. Las firmas Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. y la droguería Hemipharm S.R.L. se posicionan de manera idéntica en el segmento de financiamiento intermedio del ejercicio 2025, devengando partidas por un total de $4.184.504.701,00 y montos correlativos en el rubro farmacéutico, respectivamente.

Los antecedentes de auditoría y boletines oficiales confirman que estas firmas sostienen un estatus de adjudicatarias recurrentes en ministerios de salud y dependencias operativas de emergencias sanitarias, enfrentando incluso expedientes administrativos de penalidades o suspensiones temporales debido a demoras en entregas de insumos importados y canjes hospitalarios no aceptados; situaciones regulatorias que no impidieron su reincorporación inmediata y la continuidad en la adjudicación de contratos multimillonarios en los ejercicios sucesivos.

Finalmente, el flujo de fondos hacia el sector de servicios informáticos y consultoría tecnológica expone la preeminencia de actores corporativos consolidados que actúan como canalizadores fijos del presupuesto de modernización estatal.

Durante el mismo período, la firma OCP Tech S.A. absorbió recursos públicos por un total verificado de $4.119.626.803,50, un comportamiento financiero que iguala en magnitud a las contrataciones de grandes farmacéuticas multinacionales o distribuidoras de gas como Camuzzi Gas Pampeana S.A. ($4.194.828.651,37).

Este patrón demuestra que las erogaciones estatales en software y soporte técnico no se distribuyen en un ecosistema abierto de oferentes, sino que se concentran de manera estricta en un grupo cerrado de integradores tecnológicos que retienen los contratos de actualización de plataformas e infraestructura crítica gubernamental año tras año.

Adicionalmente, el análisis pormenorizado del registro histórico expone el comportamiento de otras cinco firmas cuyas oscilaciones y concentraciones presupuestarias encienden alarmas en materia de auditoría y control de corrupción institucional. 

En el rubro de seguros y servicios financieros, destaca Nación Seguros Sociedad Anónima, corporación que pasó de registrar asignaciones por $4.467.505.012,72 en 2022 a más de nueve mil millones en los períodos siguientes, un volumen operativo que la justicia federal penal investiga activamente debido a la cartelización y el pago sistemático de comisiones multimillonarias a intermediarios vinculados a la alta política estatal, eludiendo la contratación directa obligatoria entre entes públicos. En paralelo, dentro del esquema de la obra pública vial y civil, aparecen empresas recurrentes como Pose S.A. y CPC S.A. (esta última bajo uniones transitorias como CPC S.A. - Contreras Hermanos S.A.I.C.I.F.A.G. y M - UTE ); ambas firmas presentan un patrón de sostenimiento de cobros y adjudicaciones por encima de los $2.500 millones anuales  a pesar de arrastrar reiteradas denuncias por sobreprecios, desvíos de partidas y paralizaciones injustificadas de obras viales estratégicas. 

Por último, en el sector de la proveeduría informática y de telecomunicaciones del Estado, las compañías Dinatech S.A. y Lowsedo S.R.L. concentraron de forma sospechosa adjudicaciones consecutivas que superaron los $3.200 millones y $4.600 millones respectivamente hacia el cierre de 2022, un patrón de consolidación que la Auditoría General de la Nación ha catalogado reiteradamente como un esquema de "proveedores de fachada" o preferenciales, diseñados para capturar de manera directa pliegos cerrados mediante especificaciones técnicas personalizadas que anulan cualquier competencia real de mercado.