sábado, 7 de agosto de 2021

Un juez rico y poderoso, un socio asesinado y una historia de extorsiones y sacapresos

"La increíble vida ilegal del juez federal Walter Bento, procesado como jefe de una asociación ilícita.

Con una sola palabra no se puede describir la causa contra un juez federal y electoral de Mendoza. Los calificativos se suman y enciman, pero aún así son débiles. ¿Qué es lo que hay? El asesinato de un vecino del juez, que fue contrabandista y después su operador en negocios con contrabandistas. También un asesino que confiesa, pide protección y desenreda una gruesa trenza de libertades pagas y aprietes con sello judicial y mafioso. Hay dos abogados y socios del vecino del juez que se arrepienten y cuentan cómo funcionaba la banda. Y ese juez y familia, todos empleados de la Justicia, llenos de plata, mientras otro juez y fiscal investigan la conversión de leyes y juzgado en negocio familiar.

Diego Barrera es el preso que confesó el asesinato de otro Diego, de apellido Aliaga (“discutimos, peleamos y se me murió”) y que pide que lo cuiden porque “hablar es peligroso”. Está con preventiva junto a su pareja e hijos. Otro negocio familiar. Aliaga fue encontrado bajo un metro de tierra, en uno de esos lugares que son como tierra de nadie. Barrera dice que vio a Aliaga negociar libertades y/o aprietes con el juez del que estamos hablando, Walter Bento, con un argumento sencillo: el que no arregla conmigo, se jode.

Cobertura que daba el juez: desde el chiquitaje (si es que en esto hay algo chico) de una domiciliaria porque el preso padecía hemorroides a pagos cash en dólares o con propiedades a cambio de zafar de causas pesadas, de esas que también trata el fuero federal. Aliaga grababa esas negociaciones y las guardaba en una caja fuerte como “mi seguro de vida”. Aún no aparecieron.

La acusación de Barrera no está sola. Hay otra. En marzo del año pasado apresan a Walter Bardinella Donoso en una causa narco y le encuentran en el teléfono conversaciones con su abogado sobre el mismo asunto: arreglos con el juzgado federal. Varios jueces y fiscales se excusan de investigar esas coimas. Hasta que el fiscal Dante Vega agarra el fierro caliente. La causa ya tenía juez designado: el de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas. No hay dato ocioso en todo esto."

Clarín

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