Destacado Científico Solicitó el Cese de Juicios Académicos a Docentes de la UNaF

El físico Rolando Granada, una eminencia a nivel nacional, advirtió sobre un clima de persecución ideológica en la Universidad Nacional de Formosa y anunció que renunciará a su título de Profesor Honorario si se consuman los despidos.

En un hecho que ha generado una fuerte conmoción en el ámbito académico, el reconocido físico formoseño Rolando Granada solicitó formalmente a las autoridades de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) que “detenga el proceso” de enjuiciamiento colectivo iniciado contra más de 50 docentes-investigadores de dicha casa de estudios. El científico fundamentó su pedido en la defensa de la libertad de expresión y de cátedra en el ámbito universitario.

El Dr. Granada, profesor emérito del Instituto Balseiro, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y presidente de la Fundación del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa, confirmó que, de concretarse cualquier despido, procederá a renunciar a su designación como profesor honorario de la UNaF. “No puedo ser profesor honorario de una Universidad que se comporta de esa manera”, afirmó en declaraciones recabadas por AGENFOR.

Los juicios académicos en cuestión afectan a más de medio centenar de educadores que accedieron a sus cargos mediante concursos públicos, de antecedentes y oposición. Según han denunciado los afectados y ahora corrobora la advertencia de Granada, estos procesos serían una respuesta a que los docentes “han expresado una opinión en contra” de la actual conducción de la universidad.

Al respecto, el científico fue contundente: “La Universidad es un ámbito en el cual se discuten libremente las ideas (…) eso de ninguna manera puede afectar lo que es la evolución de la actividad normal del docente”. Subrayó que la base de su postura se encuentra en principios universales, como los establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas.

“Las opiniones, las ideas, deben ser expresadas, aceptadas y discutidas en el ámbito universitario, pero de ninguna manera hacer un juicio académico por eso. Yo estoy en contra”, aseveró Granada.

La estructura de gobierno de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) está encabezada por el Rector, Esp. Augusto César Parmetler, y el Vice Rector, Dr. Emilio Grippaldi. La gestión central se completa con las Secretarías Generales a cargo del Mgter. Alberto Barboza (Académica), el Dr. René Ruiz (Ciencia y Tecnología), Rodrigo Galarza (Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria), la Mgter. Norma Ramirez (Gerencia y Desarrollo) y el Ing. Oscar Ramón Drelichman (Gestión Institucional y Administrativa). A nivel de las unidades académicas, la institución se compone de cuatro facultades, dirigidas por los decanos Psgo. Esp. Rafael Olmedo (Humanidades), Dr. Ricardo Merlo (Ciencias de la Salud), Ing. Carlos Martínez (Recursos Naturales) y Lic. María Rosa Sanabria (Administración, Economía y Negocios). Es esta conducción colegiada, bajo la máxima autoridad del Rector Parmetler, la que se encuentra en el centro de las acusaciones por los juicios académicos iniciados contra los docentes.

La situación ha puesto bajo los reflectores a la gestión de la UNaF, liderada por el rector Augusto Parmetler, y ha reavivado el debate sobre la independencia de las universidades nacionales y la supuesta existencia de prácticas de persecución política o ideológica para alinear los claustros docentes con el poder de turno, en este caso, vinculado al gobierno provincial de Gildo Insfrán.

La advertencia pública de una figura de la talla académica e indiscutida trayectoria de Rolando Granada representa un gesto de alto impacto que intensifica la presión sobre las autoridades universitarias y expone ante la opinión pública nacional una crisis institucional que, según los denunciantes, trasciende lo académico para adentrarse en el terreno de la libertad de pensamiento.

A 50 años de la “Operación Primicia”: el asalto a Formosa que marcó un antes y un después en la violencia política argentina

El 5 de octubre de 1975, durante la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón (conocida públicamente como Isabel Perón), la organización Montoneros llevó a cabo la mayor acción militar de su historia conocida como “Operación Primicia”: el asalto al Regimiento de Infantería de Monte N.º 29, con asiento en la periferia de la ciudad de Formosa. El combate —de aproximadamente media hora según relatos contemporáneos y posteriores— quedó grabado en la memoria local y nacional por su violencia, por la participación de fuerzas regulares y guerrilleras y por el saldo humano que dejaron aquel domingo de octubre.

La operación fue compleja y combinó varias fases: el secuestro de un Boeing 737-200 de Aerolíneas Argentinas (Vuelo 706) desde Aeroparque —con más de un centenar de pasajeros a bordo—, el copamiento del aeródromo formoseño El Pucú para facilitar la salida y la huida, y el asalto simultáneo al cuartel con el objetivo declarado de apoderarse de armamento. Los comandos emplearon un avión secuestrado y, según fuentes contemporáneas y de investigación histórica, también un avioneta Cessna para facilitar la retirada. 

Un día como hoy en 1975, la organización terrorista Montoneros atacaba el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, secuestraba un avión en vuelo de Aerolíneas y tomaba el aeropuerto El Pucú de Formosa con el objetivo de sembrar terror y muerte durante un gobierno… pic.twitter.com/uUd7h47q5L

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 5, 2025

La planificación incluyó inteligencia previa y la infiltración de un conscripto: Luis Roberto Mayol, oriundo de Santa Fe, figura identificada por fuentes militares y periodísticas como el “entregador” que abrió los accesos al regimiento y facilitó el ingreso de los comandos —varias camionetas cargadas con combatientes— a las instalaciones militares, que comprendieron la Compañía Comando, el casino de suboficiales, las cuadras de conscriptos y los depósitos de armas. Los atacantes, según publicaciones de la época y de Montoneros, se dividieron en grupos y vistieron uniformes que buscaron mimetizar su presencia.

La defensa del cuartel fue encabezada por oficiales, suboficiales y conscriptos jóvenes, muchos de ellos formoseños. El nombre que quedó como símbolo de esa resistencia fue el del soldado Hermindo “Negro” Luna, cuyo testimonio colectivo y los relatos de sus compañeros consignan la célebre respuesta: “¡Acá no se rinde nadie, mierda!”, antes de recibir heridas mortales. El episodio de Luna (herido de gravedad y asistido por camaradas hasta su muerte) fue consignado en actas, crónicas y en la memoria pública provincial y nacional como emblema de la defensa del grupo de conscriptos.

Las cifras del balance difieren según las fuentes y siguen siendo motivo de debate historiográfico: versiones periodísticas y compilaciones hablan de alrededor de una veintena de muertos —la cifra que suele repetirse es la de 24 víctimas en total (con balances que proponen 12 por cada lado)—, mientras que otros recuentos oficiales o posteriores registran variaciones (por ejemplo, listados que consignan 13 militares y 16 atacantes en determinadas crónicas). 

Entre los nombres de las fuerzas armadas fallecidas figuran el Subteniente Ricardo Massaferro, el Sargento Víctor Sanabria y los soldados Antonio Arrieta, Heriberto Dávalos (o Ávalos según fuentes), José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo Luna; entre las víctimas identificadas del bando montonero aparecen, según listas públicas y trabajos periodísticos, Luis Roberto Mayol, Reinaldo (Ramón José) Briggiler, Juan Sebastián Hernández, Saúl Mario Kobrinsky, Jorge Alberto Livieres Banks, Luis Carlos Morero, Oscar Ramón Boero y José Daniel Graziano, entre otros. También hubo civiles y, en el copamiento del aeropuerto, la muerte de un agente policial. 

Los distintos conteos y la existencia de fosas, entierros colectivos y desapariciones posteriores hicieron que el detalle exacto de bajas y responsabilidades fuera objeto de investigaciones, reclamos judiciales y controversias políticas en las décadas siguientes.

El impacto político e institucional fue inmediato: la “Operación Primicia” se inscribió en 1975 dentro de un pico de violencia política que combinó acciones de guerrilla, atentados con explosivos, secuestros y una respuesta cada vez más militarizada del Estado (en paralelo a operaciones como el Operativo Independencia en Tucumán). Al día siguiente del asalto se dictaron medidas ejecutivas con fuerte perfil represivo a nivel nacional, y en el plano político el episodio profundizó las decisiones de mano dura y la escalada entre actores que, meses después, desembocarían en la ruptura institucional de marzo de 1976. Historiadores y archivos oficiales señalan que el hecho fue interpretado por muchas áreas del Estado como la prueba de la “militarización” definitiva del conflicto interno.

Las consecuencias legales y administrativas se extendieron durante décadas: el Parlamento y los distintos gobiernos debatieron y, finalmente, el Estado nacional dictó medidas de reconocimiento e indemnización para familiares y heridos, culminando con la publicación de la Resolución 1023/2024 del Ministerio de Defensa —publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2024— que fijó pautas para la reparación económica de víctimas y herederos derivados del ataque al Regimiento 29. Ese reconocimiento administrativo fue recibido con alivio por algunos familiares y con reproches y denuncias por parte de otros: la hermana de Hermindo Luna, Jovina Luna —quien encabezó durante años reclamos públicos por reconocimiento, investigó pagos y presentó denuncias— falleció el 19 de junio de 2021; su lucha dejó abiertas discusiones sobre quiénes y cómo recibieron indemnizaciones y sobre la necesidad de preservar memoria y verdad sobre lo ocurrido.

Cincuenta años después, el ataque al Regimiento 29 sigue siendo un punto de fricción en la memoria argentina: las conmemoraciones militares, los homenajes a los caídos y los actos oficiales conviven con investigaciones periodísticas, con reclamos de familiares por justicia y clarificación de hechos, y con debates sobre cómo enseñar ese pasaje en las escuelas. La historiografía contemporánea no solo reconstruye la operación en su dimensión militar, sino que también examina sus consecuencias políticas y humanas —las víctimas, los enterramientos, las indemnizaciones y las respuestas del Estado— en un periodo que, por la acumulación de violencia, terminó transformando profundamente la historia institucional del país.

Graves denuncias por irregularidades electorales en Formosa: señalan un intento de fraude promovido por el aparato estatal

En las horas previas a las elecciones provinciales, la provincia de Formosa se encuentra envuelta en una nueva polémica institucional. La oposición denunció públicamente al gobernador Gildo Insfrán por un presunto intento de fraude electoral orquestado a través de una resolución del Tribunal Electoral Permanente (TEP) que busca impedir el trabajo de los fiscales del Frente Amplio Formoseño en varios departamentos del interior. La medida fue calificada como “ilegítima” y “fraudulenta” por distintos referentes opositores.

La candidata a diputada provincial Gabriela Neme fue quien encendió la alarma, al difundir el contenido del Acta N° 62/25 del TEP, emitida durante la veda electoral, en la cual se establece que los fiscales partidarios deberán ser oriundos del departamento donde se presenten a fiscalizar. Esto limitaría la posibilidad del Frente Amplio Formoseño de desplegar fiscales en distintas zonas clave del interior provincial, dificultando el control del proceso electoral.

“Es una maniobra descarada para obstaculizar la fiscalización, inventando una norma que no existe y que violenta principios constitucionales como la legalidad y la previsibilidad”, denunció Neme, quien anticipó que su espacio no acatará la disposición, aún a riesgo de detenciones o expulsiones. “El fraude lo cometen en el interior, y ahora quieren dejarlo sin control”, afirmó.

El Tribunal Electoral Permanente, compuesto por los jueces Claudio Daniel Moreno, Verónica Gabriela Hans de Dorrego y Sandra Mercedes Moreno, justificó la medida señalando que los fiscales deben “saber leer y escribir y ser electores inscriptos en el padrón del distrito Formosa”, agregando una exigencia territorial que no está contemplada en la Ley Electoral Provincial N° 152. Este accionar fue interpretado como una grave distorsión de la normativa vigente.

Desde el Frente Amplio Formoseño se presentó un recurso de impugnación, argumentando que la legislación provincial permite actuar a los fiscales en todo el distrito, sin restricciones geográficas, y que la decisión del TEP no solo carece de fundamento legal, sino que habilita la posibilidad de maniobras fraudulentas por parte del oficialismo.

Las denuncias también apuntan contra el poder judicial de la provincia, al que acusan de ser funcional al régimen de Insfrán. “El Tribunal Electoral responde al Ejecutivo. Esto demuestra la necesidad urgente de intervenir el Poder Judicial de Formosa, que ha dejado de ser un órgano independiente”, sostuvo Neme, señalando la complicidad institucional por omisión o acción de todas las autoridades responsables.

Entre los funcionarios señalados por avalar o permitir estas prácticas se encuentran el gobernador Gildo Insfrán, en el poder desde 1995, el vicegobernador Eber Wilson Solís, el Ministro de la Jefatura de Gabinete Dr. Antonio Emérito Ferreira y la subsecretaria de Gestión Pública, Dra. Roxana Valeria Monzón. También fueron mencionados los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia: Guillermo Horacio Alucín, Claudia María Fernández, Ariel Gustavo Coll, Marcos Bruno Quinteros, Ricardo Alberto Cabrera y Sergio Rolando López.

Las irregularidades denunciadas exponen, una vez más, la crítica situación institucional en la provincia de Formosa, donde rige un modelo de poder altamente concentrado y con escasos controles republicanos. El caso reabre el debate sobre la necesidad de mecanismos de control federal y sobre los límites de la autonomía provincial cuando se vulneran derechos políticos fundamentales.

Mientras tanto, los comicios avanzan en un clima de fuerte tensión e incertidumbre democrática.

Formosa, la democracia en jaque: poder perpetuo, control social y deterioro institucional

En la provincia de Formosa, el tiempo político parece haberse detenido. Gildo Insfrán gobierna desde 1995 y, con una reforma constitucional impulsada en 2003, logró habilitar la reelección indefinida sin que esas palabras aparezcan expresamente en el texto. La fórmula legal le permitió ser elegido ocho veces consecutivas. Tras un reciente fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional ese mecanismo, Insfrán recurre nuevamente a una reforma, esta vez enmascarada bajo la ampliación de derechos digitales.

El resultado es una estructura de poder consolidada, sostenida con recursos públicos, propaganda oficial omnipresente y una dependencia económica casi total del Estado. El modelo político instaurado no solo limita la alternancia democrática, sino que ha configurado un sistema de control que permea todos los niveles institucionales y sociales. En Formosa, el 70% de los trabajadores lo hace en el Estado. El sector privado es marginal: apenas 22.800 empleados en una población superior a los 530.000 habitantes. La coparticipación federal cubre el 95% del presupuesto provincial.

En este esquema, la pobreza no solo persiste: se administra. La distribución de bolsones de comida en vísperas electorales, los condicionamientos para el acceso a la vivienda y los controles sociales informales configuran un clima de clientelismo estructural. En barrios periféricos como los lotes 110 y 111, los vecinos denuncian discrecionalidad en la entrega de viviendas y vigilancia irregular por parte de estructuras estatales o paraestatales. La oposición señala que el gobernador mantiene el control absoluto de los tres poderes, incluido el tribunal electoral.

Las consecuencias sociales son notorias. Formosa tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del país: 11 muertes cada 1.000 nacimientos. Aporta solo el 0,04% de las exportaciones nacionales y posee la menor densidad empresarial del país, según el Observatorio Pyme. Las comunidades indígenas del oeste, como los Wichí, Qom y Nivaclé, viven en condiciones de abandono y exclusión, con escasa o nula representación institucional.

El “modelo formoseño”, promovido por la gestión como un logro de infraestructura y conectividad, se impone también como narrativa dominante: está presente en contenidos escolares, actos públicos y propaganda estatal. El rector de la Universidad de Laguna Blanca lo definió recientemente como un motivo de orgullo que “molesta a los porteños”. Pero más allá del discurso, las condiciones materiales muestran otra realidad: migraciones internas por falta de producción agropecuaria, barrios sin cloacas, títulos de propiedad demorados, tarifas impagables y sectores completos de la población sin acceso efectivo a servicios básicos.

¿Cómo revertir esta situación?

La reversión de este sistema requiere, ante todo, recuperar la independencia de los poderes del Estado. Sin un Poder Judicial autónomo y un sistema electoral transparente, resulta imposible garantizar condiciones de competencia política real. La vigilancia internacional y la acción de organismos de derechos humanos podrían contribuir a visibilizar los abusos y promover estándares mínimos de gobernabilidad democrática.

Además, es necesario establecer límites constitucionales claros a la reelección indefinida. La falta de rotación en el poder concentra decisiones en una sola figura, elimina contrapesos y desincentiva la renovación institucional. A nivel social, solo un fortalecimiento del empleo privado, la educación libre de adoctrinamiento y una prensa independiente pueden reconstruir las condiciones para una ciudadanía autónoma y crítica.

La experiencia formoseña demuestra que la democracia no se agota en el acto electoral. Cuando el acceso a derechos está condicionado por la obediencia política, cuando el disenso es vigilado y castigado, y cuando el poder se perpetúa mediante el uso de recursos públicos, el sistema deja de ser democrático en los hechos. La transformación no será inmediata, pero es imprescindible comenzar por nombrar lo que sucede: un régimen que, bajo apariencia constitucional, ha vaciado de contenido a la democracia.

Formosa: el prolongado dominio de Gildo Insfrán y las graves denuncias que lo acorralan

En el contexto de una audiencia pública organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la legisladora Sabrina Ajmechet, salieron a la luz denuncias de extrema gravedad sobre la situación en la provincia de Formosa, gobernada desde 1995 por Gildo Insfrán. Las exposiciones, basadas en testimonios directos de ciudadanos y profesionales, pusieron en evidencia un entramado de abusos sistemáticos, represión, persecución política y deterioro institucional, que se han consolidado a lo largo de casi tres décadas de gobierno ininterrumpido.

Durante la audiencia, la diputada Karina Banfi señaló la gravedad de los hechos que iban a relatarse y llamó la atención sobre la ausencia del bloque de Unión por la Patria, lo que interpretó como una forma de negación o indiferencia frente a las violaciones a los derechos humanos denunciadas.

Uno de los testimonios centrales fue el del abogado Armando Aquino Britos, quien afirmó con contundencia que “la violación a los derechos humanos comienza con la violación de los derechos políticos”. En su intervención, apuntó directamente a la reelección indefinida de Gildo Insfrán, a la que calificó como una anomalía institucional incompatible con los principios republicanos. Dicha reelección, habilitada por reformas constitucionales provinciales, ha dado lugar a una concentración de poder que impide el normal funcionamiento del sistema democrático en la provincia.

A su vez, la vecina Teresa Pereyra brindó un testimonio desgarrador desde los barrios 110 y 111 de la capital formoseña. Denunció condiciones de hacinamiento extremo en viviendas entregadas bajo la figura de comodato —“prestadas por Gildo”, según sus palabras—, así como casos de abusos a menores, enfermedades provocadas por agua contaminada, y una falta total de acceso a la salud. “Mi hermano está postrado y no puede ser atendido porque no llega una ambulancia. Esta casa no es mía, me la presta el gobernador”, sostuvo con firmeza. Su relato refleja una modalidad clientelar y de control social donde los derechos básicos son otorgados como favores, y no garantizados como corresponde por ley.

El caso más estremecedor fue el relatado por Gladis Villa, madre de Federico Romero, un oficial de narcóticos presuntamente asesinado en circunstancias irregulares. La versión oficial sostiene que Romero se ahogó, pero según su madre, su cuerpo presentaba heridas visibles y su ropa estaba ensangrentada. “Lo torturaron, lo lastimaron y luego lo arrojaron al agua para simular un ahogamiento”, denunció. Romero habría sido testigo de un crimen vinculado a un familiar de un funcionario cercano a Insfrán. Villa también afirmó que existen otros casos de policías asesinados que son encubiertos como suicidios, y que la causa de su hijo está paralizada.

También participó Gabriel Hernández, abogado, periodista y dirigente político, quien relató su propia experiencia como víctima de la persecución estatal por permitir que otros denuncien públicamente lo que ocurre en la provincia. “Fui preso por dejar que otros hablen. En Formosa no hay justicia independiente, la provincia está aislada”, declaró. Su testimonio refuerza la idea de que existe un sistema represivo que actúa contra quienes desafían el discurso oficial o cuestionan el poder del gobernador.

Las declaraciones reunidas durante la audiencia no son casos aislados ni meras percepciones subjetivas: conforman un patrón sistemático de vulneraciones a los derechos fundamentales que da cuenta de una profunda degradación institucional. En este contexto, Formosa se ha transformado, según numerosos referentes, en un feudo político, donde la alternancia en el poder está anulada de facto y la democracia representativa se ve seriamente desnaturalizada.

Pese a la gravedad de los hechos expuestos, desde sectores del oficialismo nacional y provincial se ha optado por minimizar la situación, manteniendo un silencio que muchos califican como cómplice. La persistencia de este modelo de concentración de poder y de vulneración de derechos exige no solo el compromiso activo de los organismos de control y del Estado nacional, sino también una respuesta contundente del conjunto de la sociedad y de los medios de comunicación.

La democracia, para ser plena, requiere alternancia, transparencia, libertad de expresión y garantías efectivas para el ejercicio de los derechos humanos. La situación de Formosa interpela directamente a esas condiciones mínimas, y demanda atención urgente.

Denuncia de la diputada Gabriela Neme sobre tortura policial en Formosa

La diputada provincial de Formosa, Gabriela Neme, denunció públicamente un grave episodio de abuso policial en la provincia gobernada por Gildo Insfrán, quien ha estado en el poder por más de 28 años. Según lo informado por Neme en sus redes sociales, un ciudadano identificado como Francisco Bernabé fue víctima de tortura y amenazas de muerte por parte de la policía provincial.

Un hombre con el rostro visiblemente golpeado, con manchas de sangre, es sostenido por dos oficiales de policía. Uno de los oficiales lo tiene del brazo derecho, mientras que el otro lo sostiene del hombro izquierdo. El hombre, vestido con una camiseta roja, parece estar en un área interna, posiblemente una comisaría o un centro de detención.

El mismo hombre herido es sujetado por los mismos oficiales. La expresión facial del hombre indica que está hablando o intentando decir algo. La sangre en su rostro es notoria, y las condiciones de detención siguen siendo las mismas.
 

El incidente fue reportado por la diputada el 20 de octubre de 2024 a través de su cuenta de Twitter (@gabrielaneme), donde relató que Bernabé, quien había viajado a Formosa para pasar el Día de la Madre, fue detenido de manera arbitraria por las fuerzas policiales bajo la justificación de una supuesta confusión de identidad. Neme denunció que, durante el arresto, Bernabé fue sometido a actos de violencia extrema: "Le metieron el dedo en la boca, le pisaron la cabeza, le querían sacar la ropa y lo amenazaron que si decía algo lo iban a matar", expresó la legisladora en uno de sus tuits. Además, exigió a las autoridades judiciales la liberación inmediata de la víctima y responsabilizó directamente al gobernador Insfrán y a la policía provincial por la integridad física y la vida de Bernabé.

El hombre está dentro de una celda de detención detrás de unas rejas, de pie, apoyado contra la puerta de la celda. En el fondo, se ve otra persona de pie y una estructura similar a una escalera. A lo largo del suelo hay un perro acostado cerca de la entrada de la celda. La escena muestra un ambiente carcelario o de detención.
 

La denuncia de Neme pone nuevamente en el foco público las recurrentes acusaciones de violaciones a los derechos humanos en la provincia de Formosa, una región que ha sido objeto de múltiples críticas por el uso excesivo de la fuerza policial y la supuesta falta de independencia del poder judicial. En este contexto, organismos de derechos humanos han manifestado preocupación por el clima de represión y violencia institucional que persiste en la provincia, donde se han registrado denuncias similares en los últimos años, tanto por parte de ciudadanos como de referentes políticos y sociales.

URGENTE: LA POLICÍA DE INSFRÁN LO TORTURO Y LO AMENAZÓ DE MUERTE

Francisco Bernabé vino desde afuera a pasar el día de la madre, pero se encontró con una policía que justificando que "se equivocaron" de persona, lo torturaron y amenazaron. pic.twitter.com/bMDxsyGQ1k

— Gaby Neme (@gabrielaneme) October 20, 2024

La situación también ha generado un fuerte debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad en Formosa y las prácticas de gobierno de Gildo Insfrán, quien ha mantenido un férreo control sobre la provincia durante casi tres décadas. Diversos sectores de la oposición han pedido investigaciones exhaustivas y la intervención de organismos nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos en el territorio.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del gobierno provincial ni de las fuerzas policiales en relación con los hechos denunciados. Se espera que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

El Jefe de Policía de Formosa: Crio. Gral. Walter René Arroyo, mientras que el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo es el Dr. Jorge Abel González.

Abusos y Falta de Definición en las Tareas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad: Un Problema Estructural

La falta de perfiles claros de puestos y de planes de carrera definidos en las fuerzas policiales y de seguridad, tanto a nivel municipal, provincial como federal, ha generado una serie de abusos que afectan directamente a los derechos y las condiciones laborales de sus miembros. Sin contar con tareas específicamente delimitadas ni estructuras formales de ascenso, el personal se ve forzado a realizar actividades que van más allá de sus funciones oficiales y, en algunos casos, responden a intereses personales de sus superiores.

Este fenómeno se evidencia de manera cruda en las recientes denuncias presentadas en Formosa, donde tres comisarios han sido acusados de forzar a presos y cadetes a realizar tareas domésticas en beneficio personal. La denuncia fue presentada por la diputada Gabriela Neme, quien solicita investigar al titular de la comisaría de Estanislao del Campo, Ramón Leandro Méndez, así como al jefe de la Policía de Formosa, Walter René Arroyo, y al titular del Departamento de Informaciones Policiales, Jorge Isaac Traianon.

De acuerdo con la denuncia, los internos y cadetes habrían sido explotados en condiciones cercanas a la servidumbre, realizando tareas como cortar el pasto, limpiar vehículos policiales y lavar la ropa personal de sus superiores. La situación tomó estado público tras la difusión de una fotografía en redes sociales que mostraba a un detenido lavando una camioneta fuera de la comisaría de Estanislao del Campo, ubicada a 235 kilómetros de la capital formoseña.

Este caso no es aislado y se inscribe en una problemática mayor dentro de las fuerzas policiales en diversas jurisdicciones, donde la falta de un marco regulatorio claro facilita que se utilicen recursos humanos y materiales de la institución para fines personales. La diputada Neme enfatizó que "la violación de derechos humanos en Formosa es sistemática", subrayando el clima de impunidad en el que operan muchos oficiales bajo el mando del gobernador Gildo Insfrán.

Entre los testimonios recogidos, se destaca el abuso hacia los cadetes de la Escuela Superior de Formación Policial, quienes, bajo la excusa de formación, habrían sido obligados a trabajar en las propiedades privadas de altos mandos policiales. Un ejemplo particularmente grave es el del comisario Traianon, quien presuntamente empleó a cadetes para realizar tareas de construcción en su casa quinta, ubicada en La Herradura.

Este tipo de prácticas, que deberían ser investigadas a fondo, no solo distorsionan el rol de las fuerzas de seguridad, sino que también vulneran los derechos laborales y humanos de quienes están en formación o detenidos. Según Neme, "tales prácticas no son excepciones, sino la regla", consolidando un sistema de abusos donde los altos mandos ejercen su poder para obtener beneficios personales a costa de quienes deberían proteger.

Hasta el momento, la respuesta institucional ha sido limitada. Aunque se ha apartado temporalmente a uno de los oficiales implicados, aún no se ha avanzado en las investigaciones sobre los otros acusados. La diputada Neme criticó la inacción de la Justicia local, lamentando que "ningún fiscal actúe de oficio" en casos donde las pruebas de abuso de poder son evidentes.

Este episodio pone de manifiesto la urgente necesidad de contar con un marco estructural y legal que regule las funciones de las fuerzas de seguridad, previniendo su uso indebido por parte de quienes deberían velar por el orden y el bienestar de la ciudadanía. Sin perfiles de puesto claros ni una carrera definida, los riesgos de que estos abusos continúen son elevados, afectando no solo a los empleados policiales, sino a toda la sociedad.

Grave Denuncia de la Diputada Provincial Gabriela Neme en Formosa

La Diputada Provincial Gabriela Neme ha realizado una denuncia de gran envergadura, llamando a la intervención urgente de la Nación en la provincia de Formosa. La denuncia se centra en prácticas ilegales llevadas a cabo por la Dirección de Rentas en Mansilla, un punto de salida de la provincia, donde se obliga a los conductores a abrir sus vehículos para controlar lo que ingresan y sacan de la provincia.

La nación debe intervenir Formosa: URGENTE.
En Mansilla a la salida de la provincia la Dirección de Rentas obliga a abrir los vehículos para controlar que ingresan y que sacan de la provincia.
Las aduanas internas están prohibidas! La justicia mira al costado pic.twitter.com/mq5dTmBJgk

— Gaby Neme (@gabrielaneme) June 17, 2024

Neme afirma que estas acciones constituyen una violación flagrante de las leyes nacionales, ya que las aduanas internas están prohibidas en Argentina. Esta situación ha generado indignación y preocupación entre los ciudadanos, quienes ven en estos controles una violación a sus derechos y libertades.

Problemas Generados con las Normativas y Abusos de Poder

1. Violación de Normativas Nacionales:

La Constitución Nacional de Argentina y otras normativas federales prohíben explícitamente las aduanas internas. Estas regulaciones buscan garantizar la libre circulación de bienes y personas dentro del territorio nacional. La imposición de controles internos en las fronteras provinciales, como los descritos en la denuncia, no solo contraviene estas normativas, sino que también puede ser interpretada como un acto de desafío a la autoridad del gobierno central.

2. Abuso de Poder y Falta de Supervisión Judicial:

La denuncia de la diputada Neme también destaca una preocupante falta de acción por parte del sistema judicial, que aparentemente ha mirado al costado ante estas prácticas. La inacción judicial puede ser vista como una complicidad implícita o una incapacidad de hacer cumplir la ley, lo que socava el estado de derecho y puede fomentar una cultura de impunidad. Este abuso de poder por parte de la Dirección de Rentas podría ser una señal de un problema más profundo de corrupción y autoritarismo en la administración provincial.

3. Impacto en la Economía y Libertades Individuales:

Los controles ilegales no solo afectan la economía local al obstaculizar el comercio y el transporte, sino que también vulneran las libertades individuales de los ciudadanos. La obligación de abrir vehículos para inspección puede considerarse una invasión de la privacidad y un trato arbitrario que desincentiva la movilidad y el intercambio económico entre provincias.

4. Urgencia de Intervención Nacional:

Dada la gravedad de la situación, la intervención de la Nación se presenta como una medida urgente y necesaria para restablecer el respeto a las leyes nacionales y proteger los derechos de los ciudadanos de Formosa. La intervención podría incluir la revisión y sanción de las prácticas ilegales, así como la implementación de medidas para garantizar que no se repitan.

La denuncia de Gabriela Neme es un llamado de atención sobre la necesidad de vigilancia y acción ante los abusos de poder y las violaciones de las normativas que deben regir en todo el territorio argentino. La situación en Formosa requiere una respuesta decidida y efectiva para restaurar la legalidad y proteger a sus habitantes.

La Administración Tributaria Provincial de Formosa, está como administrador general Gustavo Maximiliano López Peña.

Quién es Francisco Paoltroni, el productor agropecuario que desafía al poder de Gildo Insfrán en Formosa

"Fundó un partido nuevo y será candidato a gobernador para tratar de desplazar al mandatario peronista que está en el poder desde hace 28 años. Ante Infobae, anticipó su presentación ante la Corte para impugnarlo y cuáles son sus ideas para la provincia

(...)

— Si la situación de Formosa es tan mala, ¿por qué lo siguen votando a Insfrán?

— Es un pueblo sometido y rehén de este autoritarismo, en donde las herramientas del sometimiento han sido no entregar títulos de propiedad y que casi todo el mundo sea empleado público. Entonces viven bajo la amenaza de que te desalojan, no te dan la vivienda o te la quitan, te achican el campo o te lo sacan. Con respecto al empleo público, lo mismo: no te ascienden, no te efectivizan o, en el peor de los casos, te despiden. Lo mismo pasa con los planes sociales. Y como no tenés sector privado, porque de la misma manera no dejan progresar a los emprendedores, te inventan trabas burocráticas a la medida de lo que ellos necesitan. Todo es un sistema de sometimiento. Muchas familias formoseñas no tenían muy en claro lo del título de propiedad porque nunca lo tuvieron.

(...)

— ¿En qué consiste exactamente el otorgamiento de títulos de propiedad que usted propone como una bandera de campaña?

— Los formoseños no son dueños de nada. Porque ser propietario significa tener un título de propiedad y como Formosa es una provincia joven, nunca lo tuvieron. Hoy es del estado provincial, en el caso de la zona rural, y es de los municipios, en el caso de los éjidos urbanos. En la provincia de Buenos Aires tenés que remontar a la primera Constitución de 1852 cuando empezaron a entregar los primeros títulos. Esa etapa en Formosa todavía no ocurrió. Cuando hablamos de feudo en Formosa, es literalmente así porque nadie es propietario. De la firma de Insfrán depende absolutamente todo.

(...)"·

Infobae

Operación Primicia: ordenaron reabrir la investigación por las indemnizaciones pagadas a familiares de Montoneros

"La Cámara Federal revocó un fallo del juez Daniel Rafecas que ordenaba el archivo de la denuncia por nueve pagos de indemnizaciones. El foco está puesto sobre los funcionarios que habilitaron el cobro de esos beneficios

La Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación para esclarecer si fue justificado el pago de indemnizaciones millonarias a familiares de miembros de la agrupación Montoneros que en 1975, durante el mandato constitucional de Estela Martínez de Perón, intentaron copar el Regimiento de Monte 29 en Formosa, en lo que se dio en llamar “Operación Primicia”. Según el fallo al que accedió Infobae, la Sala I del tribunal ordenó profundizar el análisis sobre cómo perdieron la vida nueve de esos integrantes de Montoneros a fin de evaluar si le correspondían esos beneficios. El foco de la causa está puesto sobre los funcionarios que avalaron esos pagos, no sobre los familiares que los cobraron.

El ataque tuvo lugar el 5 de octubre de 1975. En una operación minuciosamente planeada y que tendría después otras etapas, unos 80 integrantes de la organización Montoneros intentaron copar al Regimiento de Infantería de Monte 29. Tenían la ayuda de un soldado montonero, Luis Roberto Mayol, que estaba en la sede militar. Buscaban armamento. pero los militares ofrecieron una resistencia no imaginada por la agrupación. “Acá no se rinde nadie”, respondió Hermindo Luna cuando le gritaron que se rindiera. La respuesta fue una ráfaga de tiros que lo mató al instante. El enfrentamiento fue sangriento.

Perdieron la vida el subteniente Ricardo Massaferro, el sargento Víctor Sanabria y los soldados conscriptos Antonio Arrieta, Heriberto Dávalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo Luna, que estaban cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio. También murieron el policía Pedro Alegre, y los vecinos Felipe Ibáñez, Celso Pérez y Marcelino Cáceres. Hubo una veintena de heridos. Del grupo Montoneros los caídos fueron 12. Al menos nueve de sus familiares cobraron indemnizaciones como víctimas de la represión durante la dictadura, pese a que lo ocurrido tuvo lugar antes del golpe del Estado."

Infobae

Violencia Política : Llevan meses sin luz por una “orden de arriba” y ahora deberán gastar 9,2 millones

" Para esta altura del año, Juan Ignacio de Hagen (38), Francisco Paoltroni (41) y Roberto Schulz (28) esperaban tener en funcionamiento la única planta extrusora de soja de la provincia de Formosa. Sin embargo, por un tema burocrático y “una orden de arriba” de una empresa de suministro eléctrico del gobierno de Gildo Insfrán, los emprendedores ahora deberán desembolsar alrededor de 9.200.000 mensuales para poner en funcionamiento la compañía con un grupo electrógeno.

Lo que prometía convertirse en una suerte de progreso para la localidad de Ibarreta, un pueblo del departamento Patiño, ubicado a 200 km al oeste de la capital formoseña, se convirtió en una guerra fría entre los incipientes empresarios y la empresa Recursos y Energía de Formosa SA (Refsa), el proveedor del suministro eléctrico de esa región, cuyo principal accionista es el gobierno de Formosa.

“Seguimos sin respuesta de la provincia y si todo marcha bien arrancamos a procesar”, dijo De Hagen a LA NACION. Los emprendedores cuentan que ante la necesidad de comenzar a poner en marcha Agroindustria de Formosa, la primera compañía de procesado del poroto de soja en esa zona, tuvieron que alquilar un grupo electrógeno para poder “avanzar” con las operaciones que estaban previstas comenzar en julio pasado. "

La Nación

La Universidad de Formosa denuncia una fuerte baja en el envío de fondos y la intromisión de Gildo Insfrán

" La institución se declaró en emergencia económica tras varios meses de incumplimiento. Creen que detrás está el gobernador en busca de desestabilizar

Desde hace ya tres meses, La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) reclama una fuerte reducción en el envío de fondos para pagar salarios y para sostener el funcionamiento de la institución de parte del Ministerio de Educación nacional. Detrás de ese incumplimiento consideran que hay un intento del gobernador Gildo Insfrán de desestabilizar para entrometerse en la universidad.

De acuerdo a un informe que presentó la UNaF, en el resto de las universidades nacionales las partidas llegaron con normalidad tanto en julio como en agosto. El reclamo, que primero se hizo por la vía administrativa a la Secretaría de Políticas Públicas (SPU) y luego en la Justicia, tiene dos patas: los gastos para el pago de haberes del personal y los gastos administrativos.

En lo que respecto a los salarios, la universidad formoseña denuncia que los últimos dos envíos de fondos no contemplan el acuerdo paritario con los docentes, que fue del 41% para julio respecto de lo que se pagaba en marzo y de un 7% extra en agosto. En concreto, advierten un faltante de 72 millones de pesos en julio y de 78 millones en agosto.

Sobre los gastos administrativos, que se utilizan, por ejemplo, para becas a estudiantes, comedor, internet, servicio eléctrico y agua potable, señalan un recorte drástico. De acuerdo al informe, en mayo se observa una caída a la mitad y en julio se profundiza y solo alcanza el 10% de lo estipulado. De casi 23 millones de pesos pasaron a recibir poco menos de 3 millones. "

Infobae

Proponen indemnizar a los soldados heridos y familiares de fallecidos en la “Operación Primicia”

"Es un proyecto de ley de legisladores de Juntos por el Cambio que propone una suma de dinero para quienes fueron heridos o los familiares de los que murieron en la defensa del regimiento en Formosa el 5 de octubre de 1975

Los diputados nacionales por la Unión Cívica Radical y del PRO por Formosa Ricardo Buryaile y Fernando Carbajal presentaron un proyecto de ley para que haya una indemnización en forma de suma dineraria para los soldados muertos y heridos en el ataque de Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte N° 29 “Coronel Ignacio Warnes” en un operativo de la organización el 5 de octubre de 1975, durante la vigencia del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

El escrito, que lleva la firma de los diputados Jorge Vara, Manuel Aguirre, Gerardo Cipolini, Fabio Quetglas, Ximena García, Martín Arjol, Lidia Azcarate, Jorge Rizzoti y Pedro Galimberti, señala que proyecto tiene como fin “indemnizar y reconocer a las personas que perdieron la vida o sufrieron lesiones de diferente grado como consecuencia de los acontecimientos de público y notorio conocimiento que tuvieron lugar en la ciudad de Formosa el día 5 de octubre de 1975 que ocasionaron la muerte y lesiones de efectivos que defendieron las instalaciones militares del Regimiento de Infantería de Monte N° 29 Coronel Ignacio Warnes”.

Durante lo que fue el copamiento al regimiento de Formosa por parte de la organización guerrillera Montoneros fallecieron 12 miembros de la organización armada y otros 12 uniformados, de los que 10 eran conscriptos más un policía y un oficial."

Infobae

La carta de Jovina Luna a la directora de Parque de la Memoria

Citado del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos:

"Jovina Luna, la hermana del soldado Hermindo Luna, caído en el intento de copamiento del RIM 29 de Formosa por parte de Montoneros en 1975, no flaquea en su intento por obtener respuestas de las autoridades. La semana pasada presentó una carta a la directora del Parque de la Memoria, la licenciada Nora Hochbaum, en la que pide que le expliquen cómo es posible que en ese lugar se rinda homenaje a los Montoneros que atacaron el regimiento y mataron a su hermano y a los otros soldados abatidos en pleno gobierno democrático.

Aquí abajo compartimos el texto de la misiva:


Buenos Aires, 22 de Junio de 2018.


Sra. Directora General del

“Parque de la Memoria – Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado”

Lic. Nora Hochbaum



De mi consideración:



Me dirijo a la señora Directora, en mi calidad de ciudadana argentina, para solicitarle tenga a bien brindarme la información que requiero mediante este escrito.

“En el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado se encuentran los nombres de los detenidos-desaparecidos y/o asesinados por el accionar represivo perpetrado por el Estado en el periodo 1969-1983”[i]. Los mismos nombres están en la Base de Datos del "Parque de la Memoria", que ya no es más de “consulta pública”, y en la placa que encabeza el Monumento se afirma que “la nómina comprende a las víctimas del terrorismo de Estado, detenidos y desaparecidos y asesinados y a los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”. Allí figuran los nombres de las siguientes personas:

1. BOERO CASALE, Oscar Ramón

2. BRIGGILER, Reinaldo Ramón José

3. GRAZIANO, José Daniel

4. HERNÁNDEZ, Juan Sebastián

5. IRIBARREN, Víctor Hugo

6. KOBALC, Raimundo

7. KOBRINSKY, Saúl Mario

8. LIVIERES, Jorge Alberto

9. MARIANI, Arturo Inocencio

10. MORERO, Luis Carlos

11. VELAZQUEZ, Alfredo Rubén

Según “Evita Montonera – Revista oficial de Montoneros,” N° 8, de octubre de 1975, que puede consultarse en Internet, la organización político-militar, como ellos mismos se llamaban, relata que el 5/10/75, atacó una instalación del Estado argentino, un cuartel del Ejército, en la ciudad de Formosa “para recuperar armamentos[ii]” en una “operación de copamiento” a la que, en tapa, calificó de: “VICTORIA DEL EJERCITO MONTONERO”.

En nuestro país, en esa fecha, había un gobierno constitucional, con plena vigencia de las instituciones de la República, presidido por María Estela Martínez de Perón, viuda del General Juan Domingo Perón.

Los “montoneros”, habían anunciado meses antes, en diciembre de 1974, que “la lucha era político – militar y nuestra estrategia de liberación es la Guerra Integral contra el Imperialismo y sus aliados” y que, por ello, “la Organización MONTONEROS resolvía: (…) Reasumir las formas armadas de lucha, la que junto con todas las otras formas (actos, movilizaciones, huelgas, caños, etc.) constituyen la guerra popular integral, que impulsaremos hasta que se modifiquen las circunstancias enumeradas anteriormente (…)”[iii].

Declaraban la guerra al gobierno constitucional elegido por el pueblo argentino, que había celebrado el regreso de la democracia, y pretendían alcanzar objetivos políticos mediante el uso de la fuerza. La Constitución Nacional que nos rige y regía es categórica: “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione en nombre de este comete el delito de sedición.” (Art. 22 CN).

Bajo la premisa de la “guerra popular integral”, los sediciosos afirman que para esa operación en Formosa “planificamos y preparamos una larga aproximación y retirada de una fuerza muy grande de combate, tanto en hombres como equipo (…) que incluía el copamiento de un avión en Aeroparque y del aeropuerto de Formosa (…) Su armamento era: 11 fusiles FAL, 18 pistolas ametralladoras Halcón, 5 Fusiles FN, 1 Fusil ametralladora Madsen, 2 escopetas, 5 minas y 51 granadas; además armas cortas para todos, y contábamos con 19 vehículos. (…) El total de compañeros que participan de la operación, al que debe agregarse un pelotón de apoyo en Capital Federal, son 60. A esto deben sumarse dos móviles aéreos: el Boeing (secuestrado) y el Cessna de 4 plazas. Las bases operativas fueron Base 0; Capital Federal; Base 1: Rosario; Base 2: Santa Fe; Base 3: Resistencia; Base 4: Formosa.”

Sin eufemismos, así describen los atacantes el combate que panificaron y provocaron: “A partir de este momento comienza una verdadera batalla; los soldados – armados o desarmados en algunos casos – desobedecieron la orden de rendición, en todos lados presentaron fuerte resistencia y en algunos lugares esa resistencia fue suicida (…) Una regla general fue que los soldados cuando podían escapaban de los lugares atacados por nuestras fuerzas, pero ninguno suelta el fusil y una vez a distancia buscaban parapetarse para iniciar el fuego .”

Mi hermano, el Soldado Hermindo Luna, fue uno de ellos, señora Directora, desobedeció la orden de rendición de los terroristas que atacaban a su cuartel; presentó fuerte resistencia y no se suicidó: lo asesinaron. Su grito: “¡Acá no se rinde nadie, mierda!”, y haber cumplido su Juramento de fidelidad a la Bandera, lo instalaron en la historia argentina en un sitio que enorgullece a mi familia, los Luna, a los formoseños y a los argentinos de bien. Así sucedió con sus nueve compañeros Soldados asesinados y, también, con el Agente de la Policía formoseña, Argentino Alegre, asesinado en el Aeropuerto; el Sargento Mario Sanabria y el Subteniente Ricardo Massaferro. “Montoneros” dice, además, en su publicación oficial: “aventuramos la hipótesis de que esta resistencia suicida de los soldados tiene que ver, en parte, con el bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona (…)”

También describen cómo mueren sus “combatientes” en la acción: “De la Guardia escapa la mayoría de los soldados – allí habían 33 soldados que se parapetan y hacen fuego contra nuestros compañeros provocándonos el mayor número de las bajas sufridas. (…) A los tres minutos de iniciado el ataque a la Guardia, 8 compañeros se preparan para volver. Dos compañeros habían caído en el primer enfrentamiento con la Guardia. (…) Del Pelotón 3 y 4, ocho compañeros debían correr 40 metros sin protección física. Sólo dos compañeros llevan, lo otros seis caen en el camino. (…) Los tres compañeros del pelotón 2 que tenían como misión reducir a la MAG no volvieron. No sabemos cómo caen. (…) Estos son los once compañeros que caen en la operación, no hubo ninguna otra baja en nuestras fuerzas.”[iv]

El compilador del “peronismo revolucionario” de los “montoneros”, Roberto Baschetti, en su libro: “La memoria de los de abajo. Hombres y mujeres del peronismo revolucionario”, enlista a las once personas mencionadas al principio y de todos ellos afirma: “Combatiente montonero caído en el asalto al Regimiento de Infantería de Monte en Formosa, el 5 de Octubre de 1975.”[v]

Por todo lo expuesto, solicito de la señora Directora General tenga a bien informarme, mediante una contestación por escrito, cuales son las razones por las que estos integrantes de la organización sediciosa “Montoneros”, que asesinaron a diez soldados conscriptos y tres agentes estatales para robar armamento y combatir a un gobierno constitucional son incluidos y homenajeados en el “Parque de la Memoria – Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado” que Usted dirige.

Sin otro particular la saludo con atenta consideración.


JOVINA ELENA LUNA



JOVINA ELENA LUNA

DNI 17.092.569

Jovina.luna@gmail.com

Teléfonos: 2346698726 / 2342558346 / 2342466617

José Hernández 476 / MECHITA / Partido de Bragado / Pcia Bs. As.



[i] http://parquedelamemoria.org.ar/sobre-el-monumento-a-las-victimas-del-terrorismo-de-estado/


[ii] http://www.ruinasdigitales.com/revistas/Evita%20Montonera%2008.pdf Pág. 2, 1er párrafo


[iii] http://www.ruinasdigitales.com/revistas/Evita%20Montonera%2001.pdf Págs. 11 y 37


[iv] http://www.ruinasdigitales.com/revistas/Evita%20Montonera%2008.pdf Todo el relato del ataque corresponde a la página 4 y fragmento Pág. 5


[v] “La memoria de los de abajo. Hombres y mujeres del peronismo revolucionario”, de Roberto Baschetti, Editorial De la Campana, Buenos Aires, 2007, Tomos I y II "

Sobreseyeron a Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios

"El juez federal Julián Ercolini consideró que no fue posible "establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos". Es una de las partes de la Causa Cuadernos.

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a exfuncionarios de su gobierno y a un centenar de empresarios en una parte de la investigación por supuesta " cartelización" de la obra pública vial, abierta como derivación de la causa Cuadernos. En una resolución de 98 carillas a la que hoy tuvo acceso Télam, el juez de primera instancia consideró que "no fue posible a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos" que se investigaron en esta parte del caso, vinculados a algunos supuestos pagos ilegales mencionados por el financista "arrepentido", Ernesto Clarens.

Ercolini sobreseyó en esta parte del caso a la Vicepresidenta, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obra Pública José López y a Clarens, además de un centenar de empresarios de la construcción, entre los cuales están Juan Chediak, Aldo Roggio, Eduardo Eurnekian, Cristóbal López y Fabián De Sousa."

El Ancasti

Sobreseen a Gildo Insfrán y a Amado Boudou en el caso de The Old Fund: los acusaban de coimas

"Un juez provincial negó que hubiera un fraude en el proceso del canje de deuda pública que protagonizaron el gobernador y el ex ministro.

El gobernador K Gildo Insfrán fue favorecido por la justicia local de Formosa al ser sobreseído en un expediente vinculado al caso Ciccone, donde se investiga un extravagante contrato de asesoramiento de la renegociación de la deuda que la provincia tenía con la Nación, a través de una consultoría que costó 7,6 millones de pesos. También fueron sobreseídos Amado Boudou, su amigo José María Núñez Carmona y funcionarios provinciales.

Ese trabajo -que se corroboró que fue simulado- lo facturó The Old Fund, la firma que luego la Justicia le atribuyó a Boudou a través de un presunto testaferro. Si bien la resolución tiene casi cinco meses, recién trascendió ahora, a través del diario Ámbito Financiero, de Cristóbal López.

(...)

Así fue que el tramo que incluía a Insfrán quedó radicado en la justicia federal formoseña. El juez Marcelo López Picabea sostuvo en su resolución que no detectó irregularidades en los convenios de renegociación de deuda que firmó la provincia el Estado Nacional. Entendió que la reestructuración de la deuda no incurrió en ningún hecho ilegal.

La medida se dictó a finales del año pasado y al no contar con la apelación del Ministerio Público Fiscal, el gobernador formoseño quedó finalmente sobreseído. "

Clarín

Dura crítica del Club Político Argentino a los legisladores que se van de vacaciones en vez de sesionar y a la reelección de los intendentes

"El grupo de intelectuales advirtió sobre un “evidente divorcio entre las preocupaciones de la sociedad y las prioridades de la dirigencia política”.

En su primer documento de este año, el Club Político Argentino (CPA) criticó duramente a la dirigencia política por aquellos que "se toman vacaciones mientras deberían estar cumpliendo con sus obligaciones legislativas" y por modificar la ley que impedía la re-reelección de los intendentes bonaerenses en 2023.

"En las últimas semanas, hemos asistido a un evidente divorcio entre las preocupaciones de la sociedad y las prioridades de la dirigencia política, mucho más enfocada en sus luchas intestinas y en perpetuarse en el poder, que en la búsqueda de soluciones para la angustiosa realidad que viven millones de compatriotas", arranca el documento de la organización que conduce Graciela Fernández Meijide.

"El Club Político Argentino manifiesta su gran preocupación por esta distorsión en la representatividad democrática y por las potenciales consecuencias institucionales no deseadas de la obstinación de la política en actuar de espaldas a los ciudadanos", continúa el texto."

Clarín

La AFIP desplazó a 40 funcionarios que investigaron a Cristina y a Báez

"Por distintos mecanismos los degradaron o los marginaron, incluso con afectación de sus salarios; también habían investigado a Cristóbal López y a Echegaray; varios de ellos ya iniciaron impugnaciones administrativas

Al menos cuarenta funcionarios y empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fueron desplazados de sus cargos, reasignados a funciones menores o, incluso, humillados. ¿Motivo? Haber investigado a la familia Kirchner, al holding de Cristóbal López, a Lázaro Báez o al ex titular del organismo, Ricardo Echegaray, y en ciertos casos haber testificado sobre ellos ante la Justicia, según confirmaron a LA NACION seis fuentes al tanto de lo ocurrido durante el último año.

Las represalias abarcaron a personal de la AFIP en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mercedes, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. A algunos les asignaron tareas administrativas. Otros ni siquiera cuentan con computadora o escritorio asignado. Pero todos cumplen una función: sirven de mensaje disuasorio para los restantes empleados del organismo."

La Nación

Hotesur: un Black Friday para la Justicia

"El análisis jurídico de la decisión de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg que benefició a la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus hijos y al resto de los acusados. Por qué recibieron el sobreseimiento sin llegar a juicio

Finalmente, y como se anticipaba, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal (TOF) N° 5 sobreseyó por mayoría de 2 a 1 a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos, a Lázaro Báez, a Cristóbal López y al resto de los acusados sin siquiera comenzar el debate del juicio en las causas Hotesur y Los Sauces.

Los Sauces se elevó a juicio en octubre de 2018, Hotesur en marzo de 2019 y en mayo se unificaron. Un año y medio después, el debate nunca comenzó. Primero por la pandemia. Después porque había (hay) dos peritajes pendientes que se ordenaron a pedido de las propias defensas en el marco de la instrucción suplementaria, una breve ventana que da la etapa de juicio antes del debate para hacer medidas indispensables que se omitieron o denegaron en la instrucción. Y ahora resulta que a las defensas ya no les interesan los peritajes, sino que lo que en realidad quieren es terminar con la causa. Muy bien, están en todo su derecho. De eso se trata una defensa penal en casos de estas características: ganar tiempo hasta que aclare. Y vaya si aclaró.

Todo comenzó un 10 de octubre (como siempre), en este caso de 2019. Cambia el Gobierno, cambia el viento, cambia el derecho. Nada que no haya ocurrido antes. Los primeros dos soplidos los dieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF); lo explicamos acá.

Ahora estamos ante el tercer soplido. Y el Poder Judicial en la Argentina, en buena medida gracias a los mismos políticos que luego lo usufructúan, es como la casita de paja de los tres cerditos: cuando el lobo sopla y sopla, la casita se derrumba.

La decisión tuvo el aval de los magistrados Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Votó en disidencia la jueza Adriana Palliotti. Grünberg firmó sobre la hora, pues el martes próximo se termina su subrogancia en el TOF 5. Una verdadera casualidad."

Infobae

Jovina Luna: la trágica vida de una luchadora incansable y el doloroso recuerdo del ataque montonero al regimiento 29 de Formosa

"Este nuevo aniversario del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 es distinto. Jovina, hermana del soldado asesinado Hermindo Luna, que tanto batalló por lograr el reconocimiento del Estado por los conscriptos caídos, falleció de covid el pasado junio. Bregó para que las últimas palabras de Hermindo (“aquí no se rinde nadie”) aún tengan sentido

Hay días que uno jamás puede olvidar. Ese domingo 5 de octubre de 1975, en el que Jovina cumplía 11 años, quedaría marcado a fuego en su memoria. Lo que vivió desde entonces se transformaría en su lucha. Estaba junto a toda la familia en Las Lomitas, Formosa, a 320 kilómetros del Regimiento de Infantería de Monte 29, festejando con empanadas y chivito su cumpleaños y de paso celebrando el de su padre, que había sido el 1°. Justo ese día lo vio por última vez a su hermano. Con su papá fueron a visitarlo al cuartel. “Un tirón de orejas, es lo último que recuerdo de Hermindo”, recordaría a Infobae. Él le deseó que lo pasara bien en su cumpleaños y que le dijera a “su viejita” que pronto iría a verla.

Pero ese domingo, un grupo de montoneros atacaron la unidad militar y mataron a diez soldados, un suboficial y un oficial. Uno de los caídos fue su hermano Hermindo quien, cuando le intimaron rendición, respondió antes de ser partido en dos por una ráfaga de ametralladora: “¡Aquí no se rinde nadie, mierdas!”.

Hacía años la razón de ser de Jovina era la de reivindicar la memoria de su hermano y de los caídos en la defensa del regimiento. Había logrado que el entonces presidente Mauricio Macri firmase el decreto reconocimiento el derecho de los familiares de los soldados caídos a cobrar una indemnización, que hasta ahora no se aplicó. También luchaba para que quitasen del Parque de la Memoria los nombres de los asesinos de su hermano.

El 21 de junio de 1975 Hermindo había cumplido los 21 años y a fin de año se iba a dar de baja. Dibujaba y pintaba muy bien, y para molestarlo sus hermanos le escondían sus trabajos, pero a él no le importaba. Era el único hincha de River, con padres y hermanos de Independiente."

Infobae