La tercera jornada del juicio oral por la Causa Cuadernos reveló detalles inéditos sobre la estructura de corrupción en la obra pública argentina. Durante la audiencia, se leyó la declaración del financista Ernesto Clarens, quien describió minuciosamente su rol como engranaje clave en el lavado de dinero proveniente de sobornos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Ernesto Clarens, conocido como el financista de Lázaro Báez, confesó haber sido el encargado de cambiar los pesos recibidos de las empresas constructoras por dólares y euros, facilitando su transporte hacia los destinatarios finales del poder político. Su testimonio, incorporado como imputado colaborador, ratifica la existencia de una asociación ilícita liderada presuntamente por la expresidenta, juzgada junto a Julio De Vido, Roberto Baratta y otros 83 acusados.
La génesis del sistema y el rol de la "Camarita"
El esquema comenzó a mediados de 2005, tras una reunión convocada por Carlos Wagner, entonces titular de la Cámara de la Construcción, en la sede de la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como la "Camarita". Wagner informó a Clarens que el Gobierno había decidido recaudar fondos ilegales de la obra pública y que su intervención era necesaria para recibir los "retornos" y asegurar que llegaran al secretario de Obras Públicas, José López.
Tras verificar la orden con López y Lázaro Báez, Clarens entró en contacto con Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, quien coordinaba la logística de las entregas. El mecanismo implicaba que representantes de las empresas acudían a las oficinas de Clarens, primero en Maipú 311 y luego en Manuela Sáenz 323, para entregar bolsos con dinero en efectivo.
Entre los enviados habituales que transportaban el dinero de los sobornos, Clarens identificó a Collazo por la empresa HELPORT, Santiago Altieri por IECSA, Eduardo Kennel por CHEDIACK y Tito Biaggini por CARTELLONE. También mencionó a Copola por ESUCO, Aznar por DECAVIAL, Gerbi por COARCO y al propio empresario Losi, quienes entregaban sumas semanales que rondaban los 300.000 dólares.
El sistema de adjudicación de obras funcionaba a través de un "club" cartelizado que se reunía en la Camarita tras cada llamado de Vialidad Nacional. Allí, las empresas negociaban "pases" y turnos para renunciar a licitaciones en favor de un ganador predeterminado, un proceso que duraba horas hasta definir quién se quedaría con el contrato.
Una vez definido el ganador, se acordaba un precio ofertado que superaba el presupuesto oficial en aproximadamente un 20%. De ese sobreprecio, la mitad se destinaba a las coimas y la otra mitad a generar dinero negro para las empresas. Ciertas compañías con "línea directa" con el poder, como CPC de Cristóbal López y Electroingeniería, evitaban la intermediación de Clarens.
La logística financiera: de pesos a divisas
La función específica de Clarens era convertir los pesos recaudados, que las empresas entregaban junto a anotaciones detalladas, en moneda fuerte dentro del mercado informal. Para esta operación, el financista recurría a un corredor llamado Vallarino, operando en diversas "cuevas" financieras y, en ocasiones, a través de la mesa de dinero del Banco Finansur.
Con el tiempo, Daniel Muñoz solicitó que se priorizaran los billetes de 500 euros para reducir el volumen físico del dinero transportado. Las entregas se realizaban en lugares discretos como una habitación del Hotel Panamericano o, para sumas mayores, en el edificio de Juncal y Uruguay, residencia del matrimonio Kirchner.
Clarens aclaró que nunca subió al departamento de los Kirchner; las transacciones con Muñoz ocurrían siempre en el hall de la planta baja. Aunque los montos disminuyeron con el tiempo debido a los retrasos de Vialidad Nacional en los pagos de certificados de obra, el porcentaje exigido se mantenía en torno al 10% de lo cobrado.
La etapa de Cristina Kirchner y la "bóveda del sur"
Tras el fallecimiento de Néstor Kirchner, la recaudación se detuvo momentáneamente, pero el esquema se reactivó bajo nuevas directivas. Clarens relató un episodio donde la entonces presidenta Cristina Kirchner ordenó adjudicar el tramo "Perito Moreno - Bajo Caracoles" de la Ruta 40 a Cristóbal López, obligando a otros oferentes a desistir de la licitación ya abierta.
En otro tramo de su confesión, el financista detalló cómo Cristina Kirchner intervino personalmente para salvar a la constructora GOTTI, que había sido absorbida por Lázaro Báez y se encontraba en bancarrota. Por orden presidencial, José López instruyó a Clarens para que gestionara la cobranza de GOTTI a través de COFICRED, permitiendo que la firma siguiera operando como subcontratista.
Finalmente, la empresa GOTTI fue adquirida por ROVELLA, cuyo titular, Mario Rovella, estaba interesado en la capacidad operativa de la firma para expandirse en la Patagonia. Clarens especuló que este salvataje respondía a una antigua promesa de Néstor Kirchner a la familia Gotti o a un pedido desesperado de Sergio Gotti ante el abandono de Báez.
Sobre el destino final de los fondos, Muñoz le confió a Clarens que el efectivo se almacenaba en archivos metálicos dentro de una bóveda en el subsuelo de la casa de los Kirchner en El Calafate. El exsecretario describió que en ese lugar se percibía un fuerte olor a tinta y que el dinero llegaba los viernes en aviones oficiales que partían del sector militar de Aeroparque.
Financiamiento político y el caso Sueños Compartidos
Durante los años 2012 y 2013, la recaudación se vinculó también al financiamiento de la campaña política del kirchnerismo. Empresas como ESUCO, CARTELLONE, LOSI, CHEDIACK y ROGGIO aportaron fondos específicos bajo este concepto, según declaró Clarens.
En esta etapa, el dinero cambiado a dólares era entregado directamente a José López en un departamento cercano al Hotel Faena en Puerto Madero. La demanda de fondos persistió hasta el final del mandato de Cristina Kirchner, motivada por urgencias políticas y legales.
Entre 2014 y 2015, López le solicitó a Clarens 70 millones de pesos para cubrir un reclamo de Hebe de Bonafini relacionado con el escándalo del programa Sueños Compartidos. El dinero estaba destinado a pagar a un estudio de abogados de la provincia de Mendoza para manejar la situación legal de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Clarens estimó que el dinero total movilizado bajo su supervisión en este esquema corrupto rondó los 30 millones de dólares. Asimismo, confirmó que José López confeccionaba los listados de pagos de Vialidad junto a Cristina Kirchner, quien decidía qué empresas cobraban primero.
La declaración de Ernesto Clarens es una pieza fundamental que corrobora la hipótesis de la fiscalía sobre la sistematicidad del cobro de sobornos. Su testimonio conecta a los empresarios más poderosos del país con la cúpula del gobierno kirchnerista, exponiendo una red de complicidades que perduró durante más de una década.
