El expediente se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro bajo la conducción de la jueza Sandra Arroyo Salgado, luego de que la propia firma multinacional Securitas denunciara irregularidades vinculadas a la prestación del servicio. De acuerdo con las pericias, el nombre de Bordet aparece mencionado en 98 oportunidades en las conversaciones entre los empresarios, donde se refereían a supuestos pagos que, según los chats, llegarían a niveles jerárquicos de la administración provincial. El exmandatario rechazó de manera terminante cualquier implicación y afirmó que nunca integró “ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas”.
Entre los nombres que surgen de los intercambios analizados por la Justicia figura con claridad el de José Gervasio Laporte, histórico secretario Legal y Técnico de la Gobernación durante las administraciones de Jorge Busti, Sergio Urribarri y del propio Bordet. En los mensajes aparece mencionado como “el negro” y se lo vincula a encuentros con los empresarios, entre ellos una reunión registrada en una fotografía tomada en un hotel de la costanera de Paraná. Laporte, fallecido en 2020, era considerado un funcionario clave por su rol en la revisión jurídica de todos los actos administrativos del Poder Ejecutivo provincial.
Un segundo nombre aparece de manera más difusa: “Hugo”. Según las conversaciones, actuaría como un referente político capaz de transmitir decisiones o gestiones vinculadas a las supuestas operaciones. El texto sugiere que podría tratarse de Hugo Ballay, exministro de Economía de Bordet y expresidente de Enersa, aunque esa identificación no está confirmada en la causa. Ballay dirigió la empresa eléctrica entre 2012 y 2013 y luego integró su directorio a partir de 2015. Personas de su entorno sostienen que conocía a Claudio Tortul por vínculos sociales, particularmente por actividades en el Club Rowing de Paraná, una institución en la que el empresario tenía un papel destacado. También aseguran que Ballay no aparece mencionado en los chats ni está imputado en la investigación.
La jueza Arroyo Salgado no imputó a Bordet ni a Ballay en el expediente, pero sí vinculó al exsenador Edgardo Kueider, actualmente detenido en Paraguay. La magistrada fundamentó su decisión en un mensaje donde Claudio Tortul lo nombra y en la participación de Kueider como representante del Gobierno provincial en asambleas de Enersa mientras ejercía como secretario General de la Gobernación.
Fuentes que acompañaron a Bordet durante distintas etapas de su administración confirmaron que tanto Laporte como Ballay mantenían una relación personal de larga data con el exgobernador, aunque evitaron calificarla como amistad. Según describen, Bordet suele remarcar que el ejercicio del poder lo alejó de su círculo íntimo y que prefiere separar vínculos personales de responsabilidades políticas.
Los mensajes recuperados revelan descripciones detalladas de presuntos acuerdos económicos, distribuciones de dinero y negociaciones vinculadas al contrato de Enersa. En uno de los chats, Claudio Tortul detalló una supuesta operatoria en la que se mencionan montos millonarios y una presunta distribución entre distintos nombres asociados a la política provincial. En otro mensaje, se alude a un pedido para asegurar pagos y ajustes contractuales que, según los empresarios, involucrarían intermediaciones políticas. Tras la muerte de Laporte, las conversaciones sugieren que el rol de enlace habría recaído en “Hugo”, atribuyéndole comunicaciones con Bordet y gestiones internas dentro del Gobierno.
Los chats abarcan un período que va de 2016 a 2024 e incluyen referencias a discusiones presupuestarias, presiones internas y pedidos de alineamiento dentro de la estructura estatal. Aunque los elementos analizados comprometen a actores relevantes de la política entrerriana, la causa continúa en etapa de investigación y todavía no se han ampliado imputaciones más allá de las ya formuladas. Las defensas de los involucrados insisten en que las menciones en los mensajes no alcanzan para establecer responsabilidades penales y remarcan que varios de los nombres mencionados no figuran formalmente en el expediente.
La investigación judicial avanza sobre la base de los dispositivos electrónicos secuestrados, la documentación de la empresa denunciante y las declaraciones de los imputados, mientras se intenta determinar si existió un esquema de pagos ilegales para direccionar o sostener contratos entre el Estado entrerriano y la firma Securitas. En paralelo, continúan surgiendo elementos que refuerzan las sospechas sobre el entramado de vínculos entre los empresarios y dirigentes de distintos niveles, en un caso que mantiene la atención pública por la relevancia institucional de varias de las personas mencionadas.
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