domingo, 9 de junio de 2024

Situaciones de Riesgo y Suicidios en la Policía Federal Argentina: Un Problema Estructural

La trágica muerte del agente de la Policía Federal Argentina (PFA), Carlos Eduardo Romero, en la ciudad de Tartagal, sucedida en junio de 2020, pone de relieve problemas estructurales y sistémicos que afectan a las fuerzas de seguridad en el país. Romero, oriundo de Jujuy y trasladado a Salvador Mazza, fue hallado sin vida en su vivienda con un tiro en la cabeza, en lo que se investiga como un caso de suicidio. Este lamentable suceso no es aislado y destaca una serie de factores críticos que inciden en la salud mental y el bienestar de los agentes de seguridad.

Traslados Abusivos y Condiciones Laborales Precarias

Los traslados dentro de la PFA son una práctica común que, en muchos casos, se realiza de manera arbitraria y sin consideración por la situación personal y familiar de los agentes. Estos cambios de destino, eufemísticamente denominados "destinos", son decididos discrecionalmente por las autoridades superiores, sin permitir que el personal se postule voluntariamente o solicite cambios de lugar de trabajo de manera efectiva y sin temor a represalias. Esta falta de transparencia y participación en el proceso de asignación de destinos puede generar un alto nivel de estrés y desarraigo en los agentes, que se ven obligados a adaptarse a nuevas y, a menudo, adversas condiciones de vida y trabajo en poco tiempo.

La situación se agrava cuando los destinos asignados implican trasladarse a zonas remotas o conflictivas, donde las condiciones laborales son duras y los recursos son limitados. El caso de Romero es un ejemplo claro de ello, ya que fue enviado a Salvador Mazza, una localidad en el norte salteño, lejos de su lugar de origen y de su familia. Este tipo de traslados forzosos puede generar una sensación de aislamiento y vulnerabilidad en los agentes, incrementando el riesgo de problemas de salud mental.

Falta de Controles y Gestión Inadecuada de Recursos Humanos

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y los organismos de control tienen un rol crucial en la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, en el caso de las fuerzas de seguridad, la falta de controles efectivos y de políticas de prevención adecuadas es alarmante. La gestión de recursos humanos en la PFA muestra serias deficiencias en cuanto a la atención y el seguimiento de las condiciones laborales de sus agentes.

Las políticas de bienestar y salud mental parecen ser insuficientes, y no hay mecanismos claros y accesibles para que los agentes puedan expresar sus preocupaciones y buscar ayuda sin temor a represalias. Esta situación se ve reflejada en los casos de suicidio dentro de las fuerzas, que son una triste realidad y una llamada de atención sobre la urgencia de abordar estos problemas.

La Necesidad de Reformas Estructurales

El caso de Carlos Eduardo Romero subraya la necesidad de una reforma profunda en la gestión de recursos humanos y en las políticas de bienestar dentro de la PFA. Es imperativo que se establezcan procedimientos transparentes y justos para la asignación de destinos, que consideren las circunstancias personales y familiares de los agentes. Además, es esencial implementar programas de apoyo psicológico y de seguimiento de la salud mental, así como mejorar las condiciones laborales en todos los destinos.

Asimismo, las ART y otros organismos de control deben fortalecer sus mecanismos de supervisión y asegurarse de que se cumplan las normativas de seguridad y salud laboral. La creación de canales de comunicación seguros y confidenciales para que los agentes puedan reportar problemas y buscar ayuda es fundamental para prevenir tragedias como la de Romero.

Pero existen muchos casos similar al de Romero, por ejemplo el de Cristian Ariel R., sucedido el 7 de noviembre de 2023 (José C. Paz, Provincia de Buenos Aires), o el hecho sucedido en la División Automotores en Septiembre de 2023 en el barrio de Barracas también de la mentada Fuerza Federal.

Incluso más recientemente el hecho sucedido en mayo de 2024 donde murió tanto personal de PFA cómo de PNA. Cabe destacar que si bien muchos casos pueden tener relaciones con temas "de pareja" en sí al ser el suicidio multicausal, y su prevención estar vinculada a cuestiones referentes al entorno, se debe entender su prevención como una situación vinculada a agentes lesionantes. Algo explicado en un fallo de febrero de 2024 "La ART debe abonar la prestación indemnizatoria por muerte del agente de policía que incurrió en suicidio debido al malestar anímico causado por su situación laboral".

A su vez no es un hecho aislado, y es algo recurrente la ola de suicidios del personal de las fuerzas policiales y de seguridad, tal como releva frecuentemente la periodista Josefina López Mac Kenzie.

La incapacidad de las autoridades de las instituciones en generar condiciones sanas laboral mente, la falta de controles adecuados, y los abusos de poder, son situaciones propensas a generar una crisis en salud mental en el personal generando un perjuicio severo al mismo y a toda la sociedad en su conjunto.

Incluso existiendo áreas de "Junta Médica" se han reportado casos de abuso de las mismas para enviar al personal a servicio pasivo, bajo criterios policiales y no médicos. En otras palabras: se les exige al personal médico que siga ordenes del personal policial sobre cuestiones de salud. 

Algo que genera un gran manto de sospecha sobre las autoridades y el avasallamiento de campos disciplinares.

Según se informa oficialmente las autoridades de la Policía Federal Argentina cuenta con áreas donde se pueden gestionar los riesgos asociados a estas situaciones. Los titulares de dichas áreas quiénes pueden dar respuestas a la ciudadanía son: Luis Alejandro ROLLÉ (Jefe de Policía Federal), Daniel Enrique PÉREZ (Superintendente de Desarrollo Profesional),  Favio Adrián FARA (Superintendente de Bienestar), Ernesto Fabián DE LA VEGA (Superintendente de Adminsitración), Marcelo Julián ORLANDO (Director General de Asuntos Jurídicos), Gonzalo Adrián PELACCHI (Director General de Secretaría General).

También en el Ministerio de Seguridad hay áreas con la finalidad de gestionar diversas situaciones vinculadas tales cómo Patricia BULLRICH (Ministra de Seguridad), FERNANDO JORGE CHIAPPARA (Auditoría Adjunta General en Policía Federal Argentina), Carlos Alberto MANFRONI (Unidad Gabinete de Asesores), Diego Hernán GOLDMAN (Subsecretaría Legal), Mariana Gabriela Malvina VENESIO (Dirección General de Asuntos Jurídicos), Elisa SBURLATI (Direccion de Asuntos Jurídicos), Subsecretaría de Gestión Administrativa (Gustavo Luis GAVASSA), Ariel Cristian ALONSO TOGLIA (Dirección General de Recursos Humanos), coordinador de Carrera del Personal (Sebastián OVEJERO), Cecilia Gabriela GARAY (Coordinador de administración del personal).

Cabe destacar que las áreas que se encuentran vacantes según informa el Mapa del estado son: Dirección Nacional de Bienestar, Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional, Dirección de Formación y Entrenamiento, Dirección de Ingreso y Carrera.

Las autoridades políticas y de las fuerzas deben dar respuesta a esta problemática, siendo la petición ante las autoridades un derecho legítimo dentro de las constitución nacional argentina. La libertad de prensa no hace más que un llamado de atención a las autoridades para que tomen cartas sobre el asunto y den una respuesta ante esta grave situación que día a día se agrava más.

La falta de respuesta ante estas situaciones, y la carencia de controles adecuados no hacen más que agravar la situación ante tan contundente cantidad de pruebas y elementos que dan cuenta de la gran problemática que abordan las fuerzas y a las cuales las instituciones policiales y el ministerio de seguridad no ha hecho siquiera un comunicado, dado que pareciera que lo que no se dice no existe: HAY QUE HABLAR DEL SUICIDIOS DEL PERSONAL POLICIAL, NO HAY QUE PONER LAS COSAS DEBAJO DE LA ALFORMBRA, NO HAY QUE SER CÓMPLICES POR OMISIÓN.

La muerte de Carlos Eduardo Romero es un trágico recordatorio de las graves deficiencias estructurales que afectan a la Policía Federal Argentina. Es urgente que las autoridades tomen medidas concretas para mejorar las condiciones laborales y de vida de los agentes, proteger su salud mental y garantizar un entorno de trabajo justo y seguro. Solo a través de reformas estructurales y un compromiso genuino con el bienestar de los agentes se podrá prevenir futuras tragedias y asegurar una fuerza de seguridad más humana y eficiente.

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