El Gobierno Nacional ha oficializado este sábado 22 de noviembre de 2025 una reestructuración significativa en las carteras de Seguridad y Defensa, marcando el fin de la gestión de Patricia Bullrich y Luis Petri. En su lugar, han sido designados Alejandra Monteoliva y el Teniente General Carlos Alberto Presti, respectivamente. Estos nombramientos no solo implican un cambio de nombres, sino una profunda reorientación en la conducción de las fuerzas, apostando por perfiles que combinan la rigurosidad técnica con la experiencia directa en el terreno operativo y la estructura castrense.
La llegada cómo Ministra de Alejandra Monteoliva al Ministerio de Seguridad Nacional representa la continuidad de la política de firmeza contra el delito, pero con un matiz marcadamente técnico y académico. Monteoliva, quien se desempeñaba hasta ahora como Secretaria de Seguridad y cuenta con una vasta experiencia en gestión de políticas públicas en Colombia y Argentina, es reconocida por su enfoque en la planificación estratégica y el uso de inteligencia criminal. Su perfil sugiere una etapa de gestión centrada en la optimización de recursos y la profesionalización de las fuerzas federales, buscando consolidar los protocolos de orden público establecidos por su predecesora, pero con una impronta propia enfocada en la eficiencia administrativa y operativa.
Por su parte, la designación de Carlos Alberto Presti en el Ministerio de Defensa constituye un hito histórico y un cambio de paradigma en la política democrática argentina. Presti, quien hasta el momento ejercía como Jefe del Estado Mayor General del Ejército, se convierte en el primer militar en asumir la titularidad de esta cartera desde el regreso de la democracia, rompiendo con la tradición tácita de control civil político sobre las Fuerzas Armadas. Su ascenso es interpretado como una señal de empoderamiento directo a la estructura militar y un intento del Ejecutivo por alinear verticalmente a las fuerzas bajo un mando que comprende sus códigos y necesidades internas, dejando atrás la intermediación puramente política.
El contexto de estos relevos es crítico y responde a una situación de creciente malestar dentro de los cuarteles y dependencias policiales, derivada de una prolongada crisis salarial. A pesar de los sucesivos decretos de recomposición de haberes intentados durante el último año, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo del personal militar y de seguridad, generando brechas significativas respecto a otros sectores estatales. La "equiparación" salarial prometida se ha enfrentado a las limitaciones fiscales, provocando tensiones internas que los nuevos ministros deberán desactivar mediante negociaciones directas y un manejo más eficiente del presupuesto asignado.
A la problemática de los ingresos se suma el colapso de los sistemas de cobertura de salud, un reclamo central de la familia uniformada que ha detonado movilizaciones de retirados y pensionados. La obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) atraviesa una crisis financiera estructural con un déficit multimillonario que ha derivado en cortes de servicios, reducción del vademécum y demoras en los reintegros. Una situación similar afecta a la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal y al Hospital Churruca, cuya capacidad de respuesta se ha visto desbordada por la falta de insumos y personal.
La misión prioritaria de Monteoliva y Presti será, por tanto, no solo la seguridad y la defensa nacional, sino la recomposición del tejido social y el bienestar del personal que sostiene dichas funciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario