Una investigación periodística realizada a partir de documentos oficiales del condado de Miami-Dade reveló que Andrés Edgardo Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI) de la Argentina, pagó durante varios años los impuestos inmobiliarios de tres departamentos en Miami valuados en más de dos millones de dólares. Según denuncias judiciales, esos inmuebles no habrían sido informados en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, lo que derivó en una causa por presunta omisión maliciosa, evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Los documentos muestran que Vázquez abonó personalmente los impuestos mediante cheques electrónicos entre 2014 y 2018. Las propiedades incluyen dos unidades en Brickell, adquiridas en 2013 por 710.000 y 350.000 dólares respectivamente, y una tercera propiedad en Sunny Isles Beach comprada en 2015 por 980.000 dólares. En los registros del condado figuran pagos realizados directamente por él, por ejemplo más de 13.000 dólares por una de las unidades en 2014, y pagos subsiguientes en años posteriores. A partir de 2019, algunos tributos comenzaron a ser cancelados por una sociedad panameña, aunque los documentos anteriores evidencian la intervención directa del funcionario.
La estructura societaria utilizada para administrar estos bienes incluye empresas en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas, entre ellas Alcorta Corp, Pompeya Group Corp, Galanthus Capital Limited y Panchy Ventures Limited. En varias de estas sociedades, Vázquez figura como director o accionista, solo o junto a su entonces esposa, también exfuncionaria de la AFIP. Documentos generados por firmas fiduciarias extranjeras clasifican a Vázquez como Persona Políticamente Expuesta y registran datos personales vinculados a sus operaciones offshore.
El caso motivó la apertura de un expediente por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para determinar si el jefe de la DGI omitió deliberadamente declarar los bienes y si los fondos utilizados para adquirirlos pueden ser justificados. La causa, que inicialmente estuvo en manos del juez Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Rívolo, pasó luego al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Guillermo Marijuán, con intervención de unidades especializadas en criminalidad económica. Tres diputados también presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. En paralelo, hubo cuestionamientos oficiales porque el Gobierno sostuvo públicamente que no pediría explicaciones inmediatas al funcionario.
El caso plantea serios interrogantes éticos e institucionales, ya que la Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a declarar todos sus bienes, incluidos los situados en el exterior y aquellos vinculados a estructuras societarias. La utilización de sociedades offshore para adquirir y administrar propiedades, sumada a la falta de registro en las declaraciones juradas, genera sospechas sobre un posible ocultamiento patrimonial y sobre el origen de los fondos utilizados. Esta situación resulta especialmente sensible tratándose del funcionario responsable de combatir la evasión fiscal en el país.
Analistas sostienen que el caso expone fallas en los sistemas de control de las declaraciones juradas, en la supervisión de estructuras offshore y en la cooperación internacional para el rastreo patrimonial. También pone en cuestión la transparencia institucional, especialmente por el desplazamiento del fiscal que más había avanzado en la investigación y por la ausencia de sanciones administrativas inmediatas. El expediente judicial continúa en curso y será determinante para establecer si existió un delito y si corresponde aplicar sanciones penales o administrativas, al tiempo que el caso reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, auditoría y ética pública en la administración estatal.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario