Una denuncia presentada ante el Ministerio de Seguridad de la Nación expone graves acusaciones de hostigamiento laboral, abuso de autoridad y un presunto mecanismo de coerción institucional al interior de la División Servicios Médicos Generales de la Policía Federal Argentina (PFA). El caso pone en evidencia una potencial red de prácticas irregulares que, según la denuncia, operan con impunidad debido a la falta de controles independientes.
La denuncia se puede visualizar en la Página de Facebook "Azules por siempre" con fecha 24 de noviembre de 2025.
Los Hechos Denunciados
La denuncia, cursada a través de los canales oficiales del Ministerio (correo electrónico denuncias@minseg.gob.ar), detalla un cuadro de situación que se extendería desde el año 2023 a la fecha. Se identifica como presunta responsable principal a la Comisario Alicia Noemí Sueiro, Jefa de la División Servicios Médicos Generales, a quien se acusa de maltrato sistemático al personal, encubrimiento de irregularidades y aprovechamiento de su condición de abogada y sus contactos dentro de la jefatura de la PFA para intimidar y mantener su posición, a pesar de contar con numerosas denuncias previas.
Junto a ella, se denuncia a un grupo de oficiales subalternos –los inspectores Juan Pablo Hornos, Ariel Alejandro Turczyc, Rocío Noelia Ruiz y la subinspectora Danila Naiquen Rodríguez– por complicidad y por ser ejecutores directos de órdenes que configurarían acoso laboral, perpetuando un ambiente de trabajo hostil. Asimismo, se señala a la Sargento Luciana Inés Martínez por actos de maltrato, ejercicio abusivo de funciones que no le competen –como fiscalizaciones y controles de armamento–, y por presuntas irregularidades administrativas que incluyen un posible fraude a la obra social y uso indebido de móviles oficiales para traslados personales.
El Mecanismo de Coerción: La Junta Permanente de Reconocimientos Médicos
El aspecto más grave de la denuncia, y que según el texto cuenta con "diversos antecedentes", es la sistemática utilización de la Junta Permanente de Reconocimientos Médicos como instrumento para validar lo que se califica como "sanciones indirectas" en contra del personal.
Según el documento, los empleados que realizan denuncias o son objeto de hostigamiento son derivados a esta junta médica, donde reciben diagnósticos –como "ansiedad" o "angustia"– que derivan en la emisión de licencias médicas prolongadas. Si bien aparentemente se trata de una baja por enfermedad, el efecto real sobre la carrera del agente es severo: son pasados a revista en condición de "disponibilidad" o "pasivo", lo que afecta sus ascensos, desempeño y estabilidad laboral. Este procedimiento, según la denuncia, actúa como un castigo encubierto y un mecanismo disuasorio para silenciar cualquier tipo de reclamo o oposición dentro de la división.
Este mecanismo es similar al denunciado por parte de un integrante de Gendarmería Nacional Argentina reportado por el portal Realpolitik (caso Bordón).
Falta de Controles y Inacción Interna
La denuncia subraya la aparente inoperancia de los organismos de control interno. Se hace explícita mención a la inacción de Asuntos Internos de la PFA, donde, asegura el texto, varias denuncias previas sobre los hechos no han tenido seguimiento alguno. Esta falta de respuesta favorecería un clima de impunidad y abuso de autoridad, al no existir auditorías o controles independientes que supervisen el accionar de la jefatura médica y el uso que se da a las juntas permanentes.
El denunciante, que se ampara en el anonimato por "temor fundado a represalias", solicita la apertura de una investigación imparcial y urgente, ofreciendo aportar grabaciones, documentación y testigos a las autoridades competentes, siempre que se garantice su protección.
Tanto la Policía Federal Argentina (PFA) como el Ministerio de Seguridad de la Nación cuentan con una estructura orgánica específica, cuyos titulares son los responsables oficiales de gestionar y dar respuesta a diversas situaciones que se presentan dentro del ámbito de la fuerza de seguridad.
Según la información oficial, las áreas y autoridades competentes dentro de la Policía Federal Argentina son las siguientes:
Jefe de Policía Federal: Luis Alejandro ROLLÉ.
Superintendente de Desarrollo Profesional: Daniel Enrique PÉREZ.
Superintendente de Bienestar: Favio Adrián FARA.
Superintendente de Administración: Ernesto Fabián DE LA VEGA.
Director General de Asuntos Jurídicos: Marcelo Julián ORLANDO.
Director General de Secretaría General: Gonzalo Adrián PELACCHI.
De manera paralela, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, las áreas designadas para intervenir en asuntos vinculados a la fuerza son:
Ministra de Seguridad: Patricia BULLRICH, recientemente reemplazada por Alejandra Monteoliva.
Auditoría Adjunta General en Policía Federal Argentina: Fernando JORGE CHIAPPARA.
Unidad Gabinete de Asesores: Carlos Alberto MANFRONI.
Subsecretaría Legal: Diego Hernán GOLDMAN.
Dirección General de Asuntos Jurídicos: Mariana Gabriela Malvina VENESIO.
Dirección de Asuntos Jurídicos: Elisa SBURLATI.
Subsecretaría de Gestión Administrativa: Gustavo Luis GAVASSA.
Dirección General de Recursos Humanos: Ariel Cristian ALONSO TOGLIA.
Coordinador de Carrera del Personal: Sebastián OVEJERO.
Coordinador de Administración del Personal: Cecilia Gabriela GARAY.
La identificación de estas autoridades y sus respectivas áreas de competencia resulta fundamental para canalizar consultas, denuncias y reclamos a través de los conductos jerárquicos y administrativos formalmente establecidos, tanto en la PFA como en la cartera de seguridad nacional.
Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad de la Nación no se ha expedido oficialmente sobre la recepción o el inicio de una investigación en base a esta denuncia. El caso plantea serias interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y la protección de los denunciantes dentro de las fuerzas de seguridad.
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