Nuevos datos presentados en un reciente informe periodístico de Johnny Harris arrojan luz sobre la ejecución de la agenda migratoria de la actual administración de Donald Trump, evidenciando un giro significativo en las tácticas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Si bien el discurso oficial justifica el aumento de recursos y operaciones bajo la premisa de combatir la criminalidad y las pandillas, las estadísticas internas sugieren una aplicación de la ley cada vez más arbitraria, impulsada por cuotas numéricas que priorizan el volumen de arrestos sobre la peligrosidad de los detenidos.
La divergencia en los datos de arrestos
El punto central del análisis recae en la evolución de tres categorías específicas de arrestos realizados por ICE: inmigrantes con condenas penales, aquellos con cargos pendientes y personas sin antecedentes penales.
Históricamente, y de manera acentuada bajo administraciones anteriores, los recursos se concentraban en los dos primeros grupos. Sin embargo, los gráficos expuestos muestran un cambio drástico tras la asunción del presidente Trump y la implementación de nuevas directrices. Aunque todas las categorías de detención han experimentado un alza, la curva correspondiente a personas sin antecedentes penales es la que presenta el crecimiento más abrupto, llegando a cruzar y superar a las detenciones de individuos con condenas previas.
Este fenómeno se atribuye a la reintroducción de las "detenciones colaterales", una práctica que autoriza a los agentes a detener a cualquier persona indocumentada que encuentren durante un operativo, independientemente de si era el objetivo original de la investigación.
La imposición de cuotas y la presión institucional
El reporte señala que la arbitrariedad en las detenciones no es accidental, sino sistémica. Se identifica a Stephen Miller, asesor clave de la administración, como el artífice de una directriz interna que establece una cuota diaria de 3.000 arrestos para la agencia.
Para poner esta cifra en perspectiva, el video contrasta la capacidad operativa de ICE (aproximadamente 6.000 oficiales dedicados a deportación) con la del Departamento de Policía de Nueva York (36.000 oficiales y un promedio de 700 arrestos diarios). La desproporción entre la fuerza laboral y la cuota exigida ha derivado en una presión "inimaginable" sobre los agentes, incentivando la detención indiscriminada para cumplir con los objetivos métricos.
Esta presión por cumplir números ha llevado a situaciones descritas como arbitrarias, como la reasignación de miles de agentes de otras agencias federales (FBI, DEA, ATF) para realizar labores migratorias y la detención de residentes legales permanentes (poseedores de Green Card) por infracciones menores cometidas décadas atrás, como se ilustra en el caso de un empresario local detenido por una falta leve de su adolescencia.
Contradicciones económicas y políticas
El informe también destaca la inconsistencia en la aplicación de la ley frente a las presiones económicas. Tras una serie de redadas en lugares de trabajo que afectaron a industrias clave (agricultura, construcción, hostelería), el propio presidente Trump reconoció públicamente la dificultad de reemplazar a esta fuerza laboral.
Como respuesta, se emitió una directiva interna para cesar las redadas masivas en sitios de trabajo a fin de no perjudicar a los empresarios. No obstante, los datos indican que la línea de arrestos de personas sin antecedentes (los "colaterales") continuó su ascenso. Esto sugiere que, aunque se protegió a las corporaciones, la persecución individual se intensificó para mantener las cifras totales, trasladando el peso de la ley de manera selectiva hacia los individuos más vulnerables y no hacia los empleadores.
Conclusión
Los datos presentados desmienten la noción de que el aparato de deportación se centra exclusivamente en "criminales peligrosos". Por el contrario, revelan un sistema donde la categoría de "criminal" se ha expandido retóricamente para abarcar a toda la población indocumentada, justificando así un presupuesto histórico para ICE y un régimen de detenciones que, según las estadísticas, afecta desproporcionadamente a personas sin historial delictivo, cuya detención obedece más a la necesidad de cumplir cuotas administrativas que a una amenaza real a la seguridad pública.
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