El régimen del seguro complementario de retiro obligatorio para empleados de comercio, administrado exclusivamente por La Estrella S.A. Compañía de Seguros de Retiro, volvió a ser objeto de críticas por parte de cámaras empresarias y especialistas en derecho laboral y económico. Señalan que el convenio colectivo del sector impone un esquema cerrado que impide a empleadores y trabajadores elegir otras aseguradoras, configurando una práctica contraria al principio de libre competencia y generando desigualdad entre trabajadores de distintos rubros.
Según el acuerdo vigente, todos los empleadores del sector deben abonar un aporte equivalente al 1,6% del salario a La Estrella S.A., sin posibilidad de optar por otra entidad. Del total, el 50% se acredita en una cuenta individual del trabajador y el otro 50% se destina a un fondo solidario común. No obstante, el beneficio sólo se obtiene tras 20 años de aportes continuos, lo que deja fuera a quienes cambian de actividad o son despedidos antes de cumplir ese plazo. En esos casos, los aportantes sólo pueden rescatar la mitad del fondo, ya que el resto permanece en el sistema solidario.
El esquema se mantiene desde 1993, y pese a los reclamos del sector privado, no ha sido revisado por las autoridades laborales. En ese sentido, tanto el Ministerio de Capital Humano (Sandra Viviana Pettovello) como la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social —de quienes depende la homologación de convenios colectivos— son señalados por su acción u omisión al permitir que el sistema continúe funcionando en condiciones que restringen la competencia y afectan la libertad de elección de los asegurados.
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresaron que “muchos trabajadores nunca llegan a acceder al beneficio, mientras que aquellos que solicitan el rescate sólo reciben el 50% de lo aportado, lo que resulta inequitativo y compulsivo”.
Ante esta situación, diversos especialistas sostienen que debería intervenir el Ministerio de Economía, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), para evaluar si el régimen constituye una posición dominante impuesta por vía convencional que limita el acceso de otras compañías del sector asegurador. La CNDC, encabezada por su presidente Eduardo Rodolfo Montamat , tiene entre sus funciones prevenir prácticas anticompetitivas y promover la transparencia en los mercados.
En el centro de las críticas se encuentra La Estrella S.A. Compañía de Seguros de Retiro (CUIT 30-62092087-4), con domicilio en San Martín 483, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La empresa está presidida por Pablo Rodrigo Tarantino, e integrada por Rodolfo D’Onofrio, Gregorio Werthein, Clara D’Onofrio y Martín Abramovich como directores titulares, junto a otros miembros del grupo Werthein en funciones suplentes.
Los cuestionamientos apuntan a que, al no existir alternativas para la elección del seguro complementario, el sistema termina beneficiando de manera exclusiva a una sola entidad privada, con el aval del Estado, en detrimento de la libre competencia y la equidad entre trabajadores.
La discusión vuelve así a poner en foco el rol del Estado en la regulación de los convenios colectivos, la necesidad de garantizar la libertad de elección previsional y la responsabilidad institucional de los organismos públicos que, por acción o por omisión, permiten que perdure un modelo que contradice los principios de transparencia y competencia leal en el mercado asegurador.
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