La escala salarial vigente de la Policía Federal Argentina (PFA) muestra un marcado desequilibrio entre los distintos rangos jerárquicos y una pérdida de poder adquisitivo que ya impacta en el funcionamiento institucional. Según los valores oficiales de noviembre, la gran mayoría del personal —compuesto por suboficiales, agentes y cabos— percibe sueldos que se ubican por debajo del promedio del ingreso formal nacional.
En la base de la fuerza, un agente percibe $878.108, un cabo $965.919 y un cabo primero $1.062.511, cifras que incluso quedan por debajo del salario promedio de convenio de los empleados de comercio, que oscila entre $1.097.000 y $1.133.000 según categoría. El contraste es aún más pronunciado frente al RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) de septiembre de 2025, que fue de $1.551.831,75, lo que refleja una pérdida del entre 30% y 45% para los escalafones básicos de la PFA en relación con el promedio del sector formal.
En el otro extremo de la escala, un comisario general cobra $2.897.608, lo que implica una brecha superior al 230% respecto del personal de base. Esta desigualdad salarial, sumada al atraso frente al resto de los convenios laborales, genera un malestar creciente dentro de la fuerza.
Durante 2025, se registró una ola de renuncias sin precedentes, principalmente entre los suboficiales jóvenes y agentes operativos, que alegan no poder sostener los costos básicos de vida con sus ingresos actuales. Esta situación derivó en una crisis psicosocial que impacta en la moral institucional y ha provocado un incremento de conflictos familiares, estrés y agotamiento emocional entre los efectivos.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, encargado de fijar las escalas salariales, mantiene los valores sin recomposición significativa, pese a los reclamos de asociaciones y cuadros intermedios. Fuentes internas advierten que el congelamiento prolongado está “ampliando la brecha interna y deteriorando la motivación del personal”.
Las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y del Ministerio de Seguridad Nacional deben reevaluar con urgencia y seriedad los cálculos salariales del personal de las instituciones policiales y de seguridad. Esta demanda se dirige específicamente a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y al Ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, así como a todas las distintas personas que han intervenido en el proceso técnico de fijación salarial, pues el resultado actual está produciendo un daño institucional extremadamente grave en las fuerzas.
La crítica se centra en la labor de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, el organismo clave encargado de estos análisis. Se sindica al equipo dirigido por Martín Siracusa (actualmente Secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, según el organigrama) como responsable de los cálculos y las propuestas que han llevado a esta situación crítica.
Se exige una explicación detallada de los fundamentos técnicos a este equipo de trabajo, que incluye a Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina y Enrique Pinedo. La principal objeción a sus cálculos es que el personal de las fuerzas de seguridad posee un salario de base que se ubica por debajo de lo establecido en casi cualquier otro convenio colectivo de trabajo en la República Argentina.
Esta situación deriva en un hecho insostenible: que personas con diez (10) años de antigüedad y servicio activo en una fuerza de seguridad cobren un sueldo neto inferior al de un empleado de comercio en una categoría inicial. Esta desvalorización salarial de la función de seguridad atenta directamente contra la moral de la tropa, la calidad de la prestación del servicio público esencial y la capacidad del Estado para retener a su personal más experimentado.
A todo esto se suman diversas denuncias y persecusioenes por parte de autoridades de las fuerzas de personal que realiza reclamos salariales.
Esta grave situación se ve impactada a su vez en la Obra Social de Policía Federal administrada por la Superintendencia de Bienestar y que se da servicio en el "Hospital Churruca - Visca". Cabe destacar que los aportes forzosos que realiza el personal está asociado al salario que recibe, y este al ser bajo también lo son los recursos en la obra social. Han surgido gran cantidad de denuncias por falta de prestación de servicios, inclusive amparos médicos, todo esto porque el personal médico recibe un salario muy por debajo de lo que deberían cobrar, lo que hace que decidan renunciar por bajos salarios.
Mientras los sectores civiles bajo convenio, como comercio, logran sostener sus ingresos en torno al nivel promedio del RIPTE, la PFA se encuentra por debajo del umbral salarial nacional, lo que deja en evidencia una brecha creciente entre la seguridad pública y el resto del empleo formal argentino.
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