La participación de la Orquesta Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en un concierto privado en el Teatro Oficial Juan de Vera, previsto para el 16 de noviembre, generó interrogantes sobre el uso de recursos públicos por parte de una fuerza de seguridad nacional bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. El espectáculo, titulado “Sinfonía del Río”, fue anunciado como una actividad “a beneficio de la Fundación Cultural 7 Corrientes”, aunque no existen registros formales de que dicha fundación exista como persona jurídica.
La actividad fue difundida como un evento “solidario” con entradas a la venta a través del sitio weepas.ar, a partir de 15.900 pesos, con opción de pago en cuotas. Sin embargo, los registros comerciales de esa plataforma señalan que el responsable de la operatoria es Corrientes Telecomunicaciones S.A.P.E.M., una empresa con participación estatal mayoritaria cuyo domicilio coincide con el de la obra social provincial IOSCor, en Dr. Ramón Carrillo 444 de la ciudad de Corrientes. La combinación de una empresa estatal, una fuerza de seguridad nacional y un evento con entradas pagas plantea un escenario institucional complejo y potencialmente irregular.
Desde la Prefectura Naval Argentina, encabezada por el prefecto general Guillermo José Giménez Pérez, se informó que la actuación sería “ad honorem”. No obstante, fuentes cercanas a la fuerza admitieron que el traslado de gran cantidad de músicos, los viáticos, la logística del viaje implican gastos cubiertos por el presupuesto nacional asignado al Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce la ministra Patricia Bullrich. En este contexto, especialistas en administración pública advierten que, aun sin retribución directa, la afectación de recursos humanos y materiales estatales a un evento con fines comerciales puede contravenir normas de ética y transparencia.
La entidad beneficiaria del recital es otro de los puntos que despierta sospechas. En los registros oficiales no existe una “Fundación Cultural 7 Corrientes”, pero sí el “Centro Cultural Flotante Siete Corrientes”, presidido por Roberto Villalba. Este espacio figura como receptor de subsidios y equipamiento en el marco del programa Puntos de Cultura, que depende del Estado nacional. Villalba en antiguas entrevistas afirmó que no percibe dinero del estado, aunque su centro cultural ha recibido en el pasado fondos públicos y apoyos institucionales. Además, la Legislatura de Corrientes inició un expediente para declarar Monumento Histórico al pontón flotante donde funciona el centro cultural, lo que refuerza el vínculo con autoridades provinciales.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el Instituto de Cultura de la Provincia, presidido por Beatriz Kunin, también son señalados por su rol en la organización del espectáculo, que cuenta con auspicio oficial y difusión en medios públicos. La intervención de distintos actores estatales, tanto nacionales como provinciales, en una actividad que se presenta como privada y con entradas pagas, plantea dudas sobre la separación entre el interés público y el lucro particular.
El caso revela además un vacío de control sobre las actividades culturales que involucran a fuerzas de seguridad. La Ley de Administración Financiera prohíbe destinar recursos públicos a fines ajenos a las funciones institucionales, salvo autorización expresa. Asimismo, la Ley de Ética Pública impide la utilización de bienes y personal del Estado para beneficio de terceros sin una justificación de interés general. La falta de transparencia sobre los convenios, autorizaciones o rendiciones de cuentas de la participación de la PNA en Corrientes podría constituir una falta administrativa o, en el peor escenario, derivar en responsabilidad penal.
Los subsidios y financiamiento a "Centros Culturales", casos recurrentes en la prensa argentina.
En la Ciudad de Buenos Aires, auditorías y la prensa informaron sobre sobreprecios y compras irregulares vinculadas a la construcción y equipamiento del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK); la Sindicatura General de la Nación y medios nacionales documentaron irregularidades en 2016 y posteriores investigaciones periodísticas señalaron sobreprecios y adquisiciones dudosas.
En la provincia de Entre Ríos quedó al descubierto una trama que involucró a funcionarios del área de Cultura: el exgobernador Sergio Urribarri y el exministro de Cultura Pedro Ángel Báez fueron procesados y llevados a juicio por maniobras de peculado y desvío de partidas destinadas a contrataciones y publicidad (casos que aparecen en expedientes judiciales y cobertura de medios).
Un relevamiento de la SIGEN sobre la gestión del ex–Ministerio de Cultura detectó en 2024 faltantes de bienes, subsidios no registrados y procedimientos de financiamiento con deficiencias de control —informes que señalan vulnerabilidades que facilitarían el desvío o uso indebido de fondos en programas culturales y en organismos descentralizados (FNA, INCAA, etc.).
Finalmente, investigaciones periodísticas judicializaron subsidios otorgados a organizaciones y asociaciones civiles vinculadas a proyectos culturales —por ejemplo la causa que mencionó a la “Asociación Civil Centro Cultural del Buen Vivir por la Cultura y el Arte” y subsidios cuestionados—; esos trabajos periodísticos y pedidos de intervención judicial documentan cómo se otorgaron y fiscalizaron (o no) líneas de subsidio.
La presencia de la Orquesta Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina en el Teatro Vera, en un espectáculo con entradas pagas y beneficiarios no formalmente registrados, pone en cuestión los límites del uso de recursos estatales con fines culturales. Mientras el Ministerio de Seguridad de la Nación no brinde explicaciones públicas sobre las autorizaciones otorgadas y el destino de los fondos, el episodio se perfila como un caso que expone las zonas grises entre el compromiso institucional y el favorecimiento privado, en un contexto que exige rendición de cuentas y transparencia en todos los niveles del Estado.
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