La administración de las Fuerzas Federales de Seguridad de la República Argentina enfrenta un severo cuestionamiento por su reiterada negligencia en el cumplimiento de las normativas internas y la legislación general, lo que ha generado una avalancha de juicios perdidos por el Estado. Diversas fuentes jurídicas y judiciales confirman que las instituciones policiales y de seguridad, a pesar de contar con estatutos particulares, incumplen sistemáticamente la Ley de Procedimientos Administrativos y regulaciones derivadas de la Ley de Empleo Público. Esta inobservancia se manifiesta en fallas recurrentes en la confección de los recibos de sueldo, la incorrecta liquidación de suplementos y la deficiente aplicación del régimen disciplinario, prácticas que son señaladas como “mal hechas” por la jurisprudencia en numerosos fallos.
El consecuente y alto índice de judicialización, al resultar en sentencias adversas para el Estado, obliga al Tesoro Nacional a desembolsar sumas significativas que incluyen el capital adeudado más intereses acumulados. Este costo financiero es transferido directamente al ciudadano a través de los impuestos, confirmando que la ineficiencia administrativa de las fuerzas no es un hecho inocuo, sino un perjuicio económico para el contribuyente. Esta dinámica ha sido caracterizada como un factor que acrecienta la "industria del juicio", desviando fondos que deberían estar destinados al fortalecimiento de la seguridad pública y al equipamiento de las propias fuerzas.
La gravedad de la situación se refleja en el estado financiero de las instituciones, muchas de las cuales han visto sus cuentas endeudadas, obligándolas a incluir los pagos de sentencias judiciales en extensas listas de espera. Expertos en derecho administrativo y contencioso señalan una preocupante ausencia de incentivos para la corrección institucional, dado que el costo de las malas prácticas no recae sobre los funcionarios responsables, sino sobre las arcas públicas. Esta falta de impacto directo en la carrera o el patrimonio de los gestores favorece la persistencia de los errores administrativos.
Ante este panorama, resulta imperativa la responsabilidad directa y compartida de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las cúpulas de las propias Fuerzas Federales. La continuidad de estas malas prácticas evidencia una falla en la supervisión y en la gestión interna que debe ser subsanada de manera urgente. Es su deber garantizar la correcta aplicación de la ley, auditar los procesos administrativos —particularmente en la liquidación de haberes y la gestión de sanciones— y, con ello, evitar el drenaje de recursos públicos que termina financiando la ineficacia institucional, en detrimento del interés general y la buena administración.
La actual Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, qué reemplazó a Patricia Bullrich, no se ha manifestado frente a este ni otros problemas que aquejan a los integrantes de las fuerzas cómo la crisis salarial o los problemas de las prestaciones de salud.
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