El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Casteli y el juez sustituto Néstor Guillermo Costabel, lleva adelante en noviembre de 2025 las audiencias de debate oral y público correspondientes a la causa 9608/2018, conocida mediáticamente como la "Causa Cuadernos". Durante las jornadas, desarrolladas bajo una modalidad híbrida con conexiones telemáticas y presencia física, se procedió a la lectura exhaustiva de los requerimientos de elevación a juicio formulados por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se detalla el funcionamiento de una presunta asociación ilícita que habría operado entre mayo de 2003 y noviembre de 2015, liderada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de recaudar fondos ilegales provenientes de empresas contratistas del Estado.
Según la acusación fiscal leída en audiencia, la estructura organizativa estaba comandada por el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su mano derecha, Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión. La maniobra consistía en un sistema metódico de cobros ilegales a empresarios de la obra pública y el sector energético, ejecutado operativamente por funcionarios como Nelson Lazarte, Hernán Camilo Gómez, Fabián Ezequiel García Ramón y el chofer Oscar Bernardo Centeno. Este último, pieza clave de la investigación, registró en sus cuadernos manuscritos los itinerarios, montos, patentes de vehículos y domicilios exactos donde se realizaban las recolecciones de dinero, bitácoras que fueron incorporadas como prueba fundamental y leídas in extenso durante el debate.
Uno de los puntos neurálgicos de la recaudación, según se desprende de la lectura de los hechos, fue la sede de la empresa Esuco S.A., presidida por Carlos Guillermo Enrique Wagner, quien también ejercía la presidencia de la Cámara Argentina de la Construcción. Se detallaron múltiples entregas de dinero en el domicilio de la calle San José 151, ocurridas en fechas específicas como el 2 de junio de 2010, el 22 de septiembre de 2010 y diversas ocasiones en 2013 y 2015, sumando millones de dólares que eran retirados por Baratta y Lazarte. Wagner es señalado por la fiscalía como uno de los organizadores del esquema, encargado de coordinar el "club de la obra pública" y definir qué empresas resultaban adjudicatarias a cambio de los retornos.
La lectura del requerimiento expuso la participación sistemática del Grupo Isolux Corsán, representado por Juan Carlos de Goycoechea. Se acreditaron numerosas entregas de dinero en las oficinas de la calle Maipú 741 y Venezuela 151, abarcando un periodo extenso desde 2008 hasta 2015. Los registros de Centeno y la acusación fiscal precisan movimientos de bolsos con sumas que oscilaban habitualmente entre los 300.000 dólares por entrega, siendo Baratta y sus asistentes los encargados de retirar el efectivo que, en muchas ocasiones, tenía como destino final el departamento de la calle Uruguay 1306, residencia del matrimonio Kirchner en el barrio de Recoleta, o la Quinta Presidencial de Olivos.
La empresa Electroingeniería S.A., vinculada a Gerardo Luis Ferreyra y Osvaldo Antenor Acosta, figura como otro actor central en la trama. Las entregas de dinero se realizaban frecuentemente en la sede de la calle Lavalle 462 y en otros puntos como la calle 25 de Mayo 489. La fiscalía destacó eventos específicos, como el pago de aproximadamente 4 millones de dólares el 7 de octubre de 2010 en la Avenida Callao 1175 y otros pagos millonarios en octubre de ese mismo año, coincidiendo con fechas cercanas al fallecimiento de Néstor Kirchner, momento tras el cual, según declaró Centeno, hubo una pausa temporal en la recaudación antes de retomarse con mayor intensidad.
En el sector energético, la acusación involucró a Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA). Enrique Menotti Pescarmona y su directivo Francisco Rubén Valenti fueron señalados por realizar pagos mensuales de al menos 200.000 dólares. El lugar habitual para estas transacciones era el Hotel Feir's Park, ubicado en la calle Esmeralda 1366, donde Baratta y sus colaboradores retiraban cajas de vino y bolsos con dinero en el subsuelo o en habitaciones reservadas, tal como quedó registrado en las anotaciones del chofer Centeno entre los años 2008 y 2013.
La firma Iecsa, vinculada en ese entonces a la familia Macri, y la empresa ODS también fueron objeto de la lectura de cargos. Se imputó a Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero por múltiples entregas de dinero realizadas en 2013 y 2015. Los puntos de encuentro incluían las oficinas de Manuela Sáenz 323/351 en Puerto Madero y el estacionamiento del Hotel Hilton en la calle Macacha Güemes 300. Según la fiscalía, los fondos eran recibidos por Nelson Lazarte por indicación de Baratta, y posteriormente entregados a funcionarios de la Jefatura de Gabinete, implicando en esta etapa a Juan Manuel Abal Medina y Hugo Martín Larraburu.
Otro empresario imputado es Armando Roberto Loson, presidente de Albanesi S.A., quien según la acusación habría realizado pagos recurrentes en las oficinas de la Avenida Leandro N. Alem 855. La mecánica descrita implicaba el ingreso de los recaudadores al estacionamiento del edificio, donde recibían bolsos con sumas que variaban entre 200.000 y 300.000 pesos o dólares, dependiendo de la fecha. Asimismo, Aldo Benito Rogio, titular de Benito Roggio e Hijos, fue acusado por entregas de dinero en 2013 en la Avenida Leandro N. Alem 1050 y en un obrador situado en la intersección de las calles Bouchard y Tucumán.
La lista de empresas y directivos involucrados se extiende a firmas como Panedile Argentina, dirigida por Hugo Alberto Dragonetti, con entregas en la calle Suipacha 1111; BTU S.A., de Carlos José Mundin, con pagos en la Avenida Leandro N. Alem 896; y Supercemento, representada por Miguel Ángel Marconi, con operaciones en la calle 3 de Febrero 2750. También se mencionó a Benjamín Gabriel Romero y Rodolfo Armando Poblete de la empresa Hidrovía S.A., quienes habrían entregado fondos en la Avenida Corrientes 316 y en la Avenida Alvear 1491.
Durante la audiencia, se procedió a la lectura textual de los "cuadernos" de Oscar Centeno, revelando un nivel de detalle minucioso sobre la logística de la corrupción. Se leyeron entradas que describen el traslado de funcionarios con bolsos pesados, reuniones en restaurantes como el del Museo Renault en Avenida del Libertador, y la interacción con Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, quien era el receptor final del dinero en la calle Uruguay. Centeno, en su declaración indagatoria leída en el juicio, ratificó la autoría de los escritos y explicó que, aunque afirmó haberlos quemado en una parrilla, la información coincidía con la realidad de los viajes que realizaba.
La defensa de los imputados planteó diversas estrategias durante la etapa de instrucción, las cuales fueron recordadas en la lectura. Mientras que empresarios como Wagner, Calcaterra, Roggio y otros optaron por acogerse al régimen del arrepentido admitiendo los pagos pero encuadrándolos en muchos casos como aportes para campañas electorales bajo presión oficial, los exfuncionarios como De Vido y Baratta negaron sistemáticamente los hechos y la validez de los cuadernos como prueba. Por su parte, Gerardo Ferreyra de Electroingeniería admitió aportes por afinidad ideológica pero negó que provinieran de sobreprecios en la obra pública.
El desarrollo del juicio en 2025 ha estado marcado por tensiones procesales y administrativas. El Tribunal Oral Federal N° 7 expuso en una resolución leída al inicio de la audiencia las graves carencias de recursos materiales y humanos que han dilatado el proceso durante seis años, reclamando a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura por la falta de espacio físico y personal. Los jueces destacaron que la sala de audiencias asignada en Comodoro Py no estaba en condiciones y debieron improvisar espacios en el Palacio de Justicia, ratificando la modalidad virtual y mixta para poder avanzar.
En paralelo a la lectura de cargos, se generó un conflicto con la Cámara Federal de Casación Penal, que convocó a los jueces del tribunal a una reunión de superintendencia para instar a una mayor celeridad en el juicio, sugiriendo aumentar la frecuencia de audiencias. Esta intervención fue duramente criticada por las defensas técnicas, encabezadas por los abogados José Manuel Ubeira (defensor de Oscar Thomas) y Maximiliano Rusconi (defensor de De Vido), quienes denunciaron una injerencia indebida y una violación a la independencia judicial motivada por presiones mediáticas, solicitando estar presentes en dicha reunión para garantizar el debido proceso.
El tribunal resolvió finalmente incrementar la frecuencia del debate sumando los días martes a las audiencias ya estipuladas de los jueves, a pesar de las objeciones de los defensores que alegaron superposición con otros juicios orales en curso, como los de la causa YCRT o Hotesur. La magnitud del expediente, con más de un centenar de imputados y una enorme cantidad de prueba documental y testimonial, plantea un desafío logístico sin precedentes para la justicia federal argentina, proyectándose un debate de larga duración.
La acusación fiscal concluye que la maniobra no se trató de hechos aislados de cohecho, sino de una maquinaria de corrupción enquistada en el Estado, donde los funcionarios públicos utilizaban su poder para extorsionar o acordar con el sector empresarial beneficios económicos ilícitos. La fiscalía sostiene que este sistema de recaudación funcionó de manera ininterrumpida y organizada, con roles definidos y una jefatura clara ejercida desde la presidencia de la Nación, desviando fondos públicos hacia el patrimonio personal de los funcionarios y el financiamiento ilegal de la política.
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