Falta de prestaciones, déficit millonario y ausencia de libre opción sanitaria golpean a los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
La situación sanitaria del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad atraviesa una de sus etapas más críticas desde la recuperación democrática. A la profunda crisis financiera del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), se suma el deterioro progresivo del Complejo Hospitalario Churruca Visca, bajo la órbita de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina. Ambos casos reflejan una preocupante vulnerabilidad estructural en el acceso a la salud del personal que protege al Estado, sin posibilidad real de ejercer la libre opción de obra social.
IOSFA: déficit estructural y colapso de prestaciones
Con 550.000 afiliados, el IOSFA se encuentra entre las cinco obras sociales más grandes del país. Sin embargo, informes internos y advertencias de entidades militares señalan un cuadro alarmante: un déficit acumulado superior a los 160.000 millones de pesos y un rojo mensual que ronda los 15.000 millones. Las consecuencias son concretas: demoras en los reintegros, interrupción de prestaciones médicas y falta de insumos críticos para cirugías.
El propio presidente del IOSFA, Roberto Fiochi, reconoció la magnitud de la deuda y atribuyó la crisis a un desfasaje estructural entre los bajos aportes —basados en salarios deprimidos del personal militar— y los crecientes costos del sistema de salud tras el “sinceramiento” de precios en 2024. Aunque el Gobierno nacional no ha aportado fondos extraordinarios al organismo, se evalúa la necesidad de inyecciones financieras del Tesoro para evitar un colapso completo.
Organizaciones como el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes han manifestado su preocupación por lo que califican como una “situación crítica y desesperante”, reclamando auditorías externas, mayor transparencia y el retorno de autoridades surgidas del ámbito militar. Además, se denunció la interrupción de un plan de equiparación salarial que debilitó aún más los ingresos y, por tanto, la capacidad de sostenimiento del sistema.
Crisis en la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal
En paralelo, el Complejo Hospitalario Churruca Visca, epicentro del sistema de salud de la Policía Federal Argentina, enfrenta sus propios desafíos. Falta de equipamiento, recursos humanos reducidos y demoras en tratamientos son algunos de los síntomas de una estructura hospitalaria exigida por una creciente demanda y por recursos limitados. Si bien se trata de un establecimiento altamente especializado, fuentes del sector reconocen que su funcionamiento también se ha visto afectado por decisiones administrativas y la falta de inversión. El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, no ha logrado dar respuesta a esta problemática.
Libre opción negada
Frente a este panorama, numerosos efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad han intentado ejercer su derecho a la libre elección de obra social, un derecho consagrado para el resto de los trabajadores formales en la Argentina. Sin embargo, la Superintendencia de Servicios de Salud ha sostenido que estos sectores no se encuentran alcanzados por los marcos normativos que habilitan dicha opción, en tanto no existe un acuerdo específico que lo permita.
Esta interpretación normativa ha sido cuestionada por diversas asociaciones del ámbito castrense y de seguridad, que reclaman igualdad de condiciones respecto del resto de los ciudadanos. La imposibilidad de abandonar un sistema en crisis coloca a miles de efectivos —en actividad y retirados— y a sus familias en una situación de indefensión sanitaria.
Una situación de fondo que exige soluciones estructurales
La confluencia de crisis en el IOSFA y en el sistema de salud de la Policía Federal expone un problema de fondo: la salud del personal que integra las fuerzas del Estado está siendo administrada sin recursos adecuados, sin posibilidad de elección y con escasa previsión a largo plazo. La falta de mecanismos ágiles de financiamiento, la ausencia de controles eficientes, y la politización de las designaciones en cargos clave profundizan el deterioro.
Diversas voces dentro del ámbito militar y de seguridad coinciden en que la solución no puede limitarse a medidas de contención, sino que debe incluir reformas estructurales, entre ellas: la actualización de aportes según parámetros sostenibles, la incorporación de sistemas de control profesionalizados, la despolitización de los órganos de gobierno de las obras sociales y, en particular, el reconocimiento del derecho a la libre opción.
En un contexto económico adverso, el personal de defensa y seguridad —muchas veces en situaciones de riesgo— enfrenta también la incertidumbre de no poder contar con un sistema de salud eficiente y confiable. El Estado, como garante último de sus condiciones de bienestar, enfrenta aquí una deuda que trasciende lo presupuestario: es una deuda institucional con quienes han jurado protegerlo.
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