El caso del oficial Bordón revela un sistema que utiliza el "reconocimiento médico" para sancionar a las víctimas y expone la ineficacia de los controles ministeriales, que operan como obstáculos administrativos que perpetúan el acoso laboral.
Un resonante caso de denuncia penal en la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que involucra acusaciones de abuso sexual sistemático, torturas y encubrimiento, ha puesto en evidencia la crítica ausencia de control efectivo dentro de las fuerzas de seguridad federales, así como la instrumentalización de mecanismos internos de salud como herramienta de sanción y acoso laboral. El expediente judicial, iniciado por el oficial odontólogo René Ariel Bordón, detalla un esquema de violencia ejercido por altos mandos y respaldado por una red de complicidad institucional.
El Quiebre del Control y el Abuso Sistemático
La denuncia, aceptada a trámite por el Juzgado Federal Nro. 2 de San Juan, describe cómo el Comandante Principal Darío Fabián Barco y el Segundo Comandante Gustavo Manuel Aranda habrían sometido a Bordón a un "calvario" de hostigamiento sistemático, agresiones físicas, amenazas con armas reglamentarias y violencia sexual extrema en dependencias que, según el querellante, se convirtieron en "verdaderas cámaras de tormento".
Los hechos narrados, que incluyeron tocamientos, humillaciones y acceso carnal bajo coacción, subrayan un sistema jerárquico que permitió a los superiores operar con "total impunidad" y sin temor a represalias, configurando un caso de abuso de autoridad y desviación funcional. La persistencia de este patrón durante años es un indicador de la falta de fiscalización interna y un aparato de poder capaz de neutralizar cualquier intento de denuncia.
El "Reconocimiento Médico" como Mecanismo de Sanción
El caso Bordón ilustra de forma cruda cómo el mecanismo de "reconocimiento médico" se transforma en un instrumento de castigo final para la víctima que se atreve a denunciar.
El hostigamiento institucional se habría consolidado con la intervención de la psicóloga Graciela Parodi Camuñas (también imputada), impuesta por los superiores, quien habría intentado desviar la verdad atribuyendo el relato de abuso y tortura a "fantasías sexuales" del denunciante. Este accionar se enmarca, según la querella, en un delito de encubrimiento agravado por la calidad de profesional de la salud.
El proceso culminó cuando Bordón fue declarado "inútil para todo tipo de servicio” por una patología supuestamente "ajena al servicio", forzando su retiro obligatorio sin goce de sueldo. La utilización de un informe médico manipulado o falso sirvió para "quebrar el cuerpo" y "triturar la mente" de la víctima, al tiempo que le impuso una "condena invisible". Esta calificación de "inútil" que permanece en su registro público no solo justifica la expulsión de la fuerza, sino que sabotea su reinserción profesional civil, transformando el acto administrativo-médico en una sanción de por vida.
Controles Ministeriales: Obstáculo Administrativo y Demora de Solución
La denuncia también detalla la ineficacia de los controles institucionales externos, particularmente los del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bordón relató que tras intentar contactar de forma anónima a la cartera ministerial en busca de ayuda, él y otros recibieron un "correo institucional intimidatorio" que les advertía que serían sancionados si volvían a comunicarse con el Ministerio.
Este episodio ejemplifica cómo los canales de control diseñados para proteger y garantizar la legalidad pueden fallar o, incluso, funcionar activamente para obstruir la solución y profundizar el acoso laboral.
La manipulación administrativa se extendió con la fabricación de informes laborales falsos y la resistencia a autorizar un traslado solicitado por la víctima. Esta "maquinaria institucional" operó para silenciar, desacreditar y desgastar al denunciante, demorando cualquier solución y favoreciendo la perpetuidad de los abusos y la impunidad jerárquica.
El Giro Judicial y el Precedente Explosivo
El 6 de agosto de 2025, la Justicia Federal dio un paso fundamental al admitir a Bordón como querellante e instruir sumario por los delitos más graves del Código Penal, incluyendo abuso sexual con acceso carnal agravado, coacción, encubrimiento agravado y abuso de autoridad. El juez Federico Millán Ursino dictó la prohibición de acercamiento y contacto a 500 metros de la víctima para los tres imputados.
La resolución judicial, al ordenar investigar la presunta falsificación de informes médicos y el entramado institucional de encubrimiento, marca un precedente que podría obligar a la Gendarmería y al Estado argentino a revisar sus mecanismos de control y rendición de cuentas, buscando desmantelar las estructuras internas que han permitido que el abuso de poder y la tortura queden amparados por la jerarquía y el procedimiento administrativo.
Responsabilidad Ministerial
El Ministerio de Seguridad Nacional conducido por Patricia Bullrich no ha podido responder ante estas situaciones, inclusive constando con un área de Protección Administrativa (recientemente modificada mediante la Resolución 831/2025).
Las áreas del Ministerio que deberían resolver esto parece un laberinto: " Coordinadora de Protección de Derechos Laborales en la Dirección de Políticas de Promoción y Protección de Derechos de la Dirección Nacional de Bienestar Policial, dependiente de la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género de la Secretaría de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la República Argentina". En cada una de estas hay un área con un responsable y personal a cargo. En la coordinación Antonella Fiore, que sin cumplir los requisitos mínimos para el cargo, fue designada de forma excepcional, además de registrar ingresos en paralelo mediante "ACARA" algo cuestionado por el ministro de justicia Mariano Cúneo Libarona.
María Lorena Petrovich es la Directora Nacional de Bienestar del Ministerio de Seguridad, quién fue denunciada por su ex empleada doméstica, Gisela Montini, quien asegura que Petrovich la hizo figurar como empleada del Senado de la Provincia de Buenos Aires mientras realizaba tareas domésticas en su hogar.
En las fuerzas se descarta que la posicionada para asumir el cargo de ministra, Alejandra Susana Monteoliva, resuelva esta situación pues recientemente incluso ella con un cargo gerencial en el ministerio avaló las sanciones a personal que realizó reclamos por los cambios en los Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE) tal cómo reveló Hugo Alconada Mon.
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