Una investigación en curso sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha expuesto una compleja red de presuntas irregularidades, asociación ilícita y lavado de activos, con Miguel Ángel Calvete como una de las figuras centrales. El caso, que involucra a funcionarios públicos, empresarios y vastas sumas de dinero no declarado, pone bajo la lupa los mecanismos de designación de personal en el Estado que, en ocasiones, eluden el requisito de idoneidad para colocar a personas con conexiones políticas o familiares en puestos clave.
Miguel Ángel Calvete, un abogado con antecedentes penales por explotación de prostitución y vínculos previos en causas sensibles, es señalado por la fiscalía como el coordinador de un sistema informal que intermediaba entre la ANDIS y proveedores de insumos médicos. Empresas como INDECOMM S.R.L., Profarma S.A. y Ortopedia Alemana aparecen en el centro de las adjudicaciones y pagos bajo investigación. Calvete, quien además fue concejal por La Matanza entre 2015 y 2019 y representante de supermercados chinos, mantenía registros meticulosos de las contrataciones en cuadernos incautados, donde se detallaban costos, diferencias y posibles comisiones, referidas en chats como "el 3% a KM".
Su hija, Ornella Calvete, ocupaba el cargo de Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía (mediante DA-2024-895-APN-JGM, firmada por Guillermo Francos y Luis Andres Caputo, y tal se expresa "designación transitoria con carácter de
excepción respecto a las disposiciones del artículo 14 de dicho
Convenio"), desde donde, según las pruebas incorporadas al expediente, mantenía comunicación fluida con su padre sobre negociaciones y tensiones con proveedores de la ANDIS. En uno de los intercambios, llegó a preguntarle si debía "ponerle los puntos o arrancarle la cabeza" a un ejecutivo de Ortopedia Alemana. El 9 de octubre de 2025, en un allanamiento a su departamento, fueron incautados 700.000 dólares en efectivo, fondos que no figuraban en su declaración jurada patrimonial de 2024, la cual solo registraba propiedades recibidas por donación y dos vehículos.
Daniel María Garbellini, otro de los imputados en la causa, cuya indagatoria está fijada para el 20 de noviembre, aparece en la órbita de la ANDIS como parte de la estructura bajo escrutinio. Si bien su rol específico se detallará en sede judicial, su presencia en la nómina de citaciones refuerza la tesis de una red extendida dentro del organismo.
Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los investigadores es la facilidad con la que personas sin experiencia o formación acorde a las responsabilidades del cargo accedieron a puestos de relevancia en la administración pública. Ornella Calvete, por ejemplo, ingresó al Ministerio de Economía en enero de 2024 como Directora de Análisis de Cadenas de Valor y, en solo ocho meses, ascendió a Directora Nacional, a pesar de no contar con antecedentes públicos que justificaran tal designación. Este patrón sugiere que uno de los factores que facilitan la corrupción es la práctica de designar funcionarios por afinidad o lealtad, exceptuando los criterios de idoneidad y transparencia que exige la función pública.
La causa también revela la sofisticación de los métodos para ocultar activos. Además del dinero en efectivo hallado en el departamento de Ornella Calvete, se investiga un centro cultural en San Telmo, propiedad de Miguel Calvete, donde se encontró una caja fuerte y se registraron reuniones con Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS. La propiedad, adquirida en circunstancias bajo análisis y remodelada con una inversión millonaria, era presentada como la "Fundación La Defensa", pero las autoridades sospechan que pudo ser utilizada para almacenar capitales de origen irregular.
La trama sigue expandiéndose, con allanamientos, secuestro de documentación financiera y análisis de transferencias bancarias que apuntan a un entramado de empresas y testaferros. La investigación avanza ahora hacia la determinación de responsabilidades penales y la reconstrucción completa de los flujos de dinero que habrían drenado fondos públicos hacia bolsillos privados.
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