Sur Finanzas: empresas de Miami Delker y Seriva recibieron transferencias millonarias vinculadas a Javier Faroni

Nicolás Pizzi del diario La Nación reveló que Delker Inc y Seriva Inc, dos empresas creadas el mismo día, por la misma persona y en la misma dirección de Miami, recibieron transferencias por casi US$5 millones desde las cuentas de TourProdEnter, la sociedad que recaudaba el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. Las autorizaciones fueron realizadas por Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni, entre abril y julio de 2024. Ambas firmas se disolvieron en enero de 2025.

Delker Inc acumuló US$3.705.300. Seriva Inc recibió US$998.000. Los fondos provinieron de cuentas abiertas en City Bank, JP Morgan y Bank of America a nombre de TourProdEnter, según registros bancarios a los que tuvo acceso LA NACION.

Las dos compañías fueron creadas el 8 de mayo de 2023. Fueron inscriptas por American Incorporators Ltd, una registradora de Wilmington, y quedaron a nombre de Sandro Maximo Salas Sevilla como director. LA NACION intentó contactarlo sin obtener respuesta.

El domicilio declarado por ambas es el mismo: 8333 NW 53 Street, en Doral, un complejo de oficinas de seis pisos. Allí, Delker y Seriva figuraban en la oficina 450, del cuarto piso. Una empleada del edificio confirmó que solo contrataron el servicio de “oficina virtual”, que permite recibir correspondencia sin ocupar físicamente el lugar.

El complejo ofrece alquiler de espacios por hora o por mes, con precios desde US$569. En el hall se anuncian empresas de medicina, estudios jurídicos y firmas de seguros. También aparece una firma del rubro textil, el mismo que declaraban Delker y Seriva.

La primera transferencia relevante ocurrió el 1 de abril de 2024. A las 10:49, Gillette autorizó un pago de US$15.000 a Delker desde la cuenta de City Bank de TourProdEnter. Dos minutos después, a las 10:51, ordenó una transferencia de US$50.000 a Seriva. La secuencia se repitió el 2, 3 y 4 de abril.

Desde Bank of America, Delker recibió diez transferencias, casi todas en 2024, registradas como pago de “servicios”. También obtuvo US$202.000 desde JP Morgan el 5 de julio de 2024. Los pagos de abril sumaron US$560.000. Todos fueron autorizados por Gillette, una maestra jardinera que terminó administrando más de US$260 millones.

Seriva, por su parte, recibió un pago de US$295.000 desde Bank of America, justificado como “pago proveedores”. Desde City Bank se sumaron otros US$703.000 durante los primeros cuatro días de abril de 2024.

Ambas empresas mantienen sitios web activos. El de Delker afirma: “Nos dedicamos a ayudar a los proveedores de la industria textil con soluciones de adquisición edificantes. Simplificamos el proceso, gestionamos los pagos de facturas y garantizamos un seguimiento continuo”. El sitio de Seriva tiene exactamente el mismo texto, las mismas fotografías, el mismo diseño y el mismo número de teléfono. Se trata de dos páginas web clonadas.

Las transferencias a Delker y Seriva coincidieron en el tiempo con pagos a otras cuatro sociedades constituidas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. En conjunto, estas firmas permitieron desviar al menos US$42 millones, según la investigación.

El 3 de abril de 2024, además de Delker y Seriva, recibieron dinero Marmasch (US$255.000) y Velpasalt (US$350.000). Al día siguiente, Soagu recibió US$365.000. El 6 de junio de 2024, Delker recibió US$310.000 desde Bank of America; minutos después, Gillette autorizó transferencias a Marmasch y a Soagu.

Marmasch fue creada por la argentina Mariela Marisa Schmalz. El nombre combina “Mar” por Mariela, “Ma” por Marisa y “Sch” por Schmalz. Soagu Services fue creada por Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz y empleado de una farmacia en Bariloche. Ambos dejaron de trabajar tras el escándalo.

Javier Faroni y su esposa ya se presentaron en la causa que tramita ante el juez federal Luis Armella. También existe un expediente iniciado por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que incorporó registros bancarios obtenidos mediante dos procesos de discovery en la Justicia de Estados Unidos.

Esos documentos también revelaron pagos a W Trading LLC, propiedad del argentino Matías Fernández, y transferencias por casi US$17 millones destinadas a aviones, yates, autos, caballos y servicios de peluquería.

El expediente continuará en el fuero penal ordinario tras una decisión del camarista Ignacio Rodríguez Varela. El fallo representa un revés para Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, quienes buscaban concentrar todas las causas en Campana, donde se investiga una mansión en Pilar.

El 9 de enero de 2025, Delker y Seriva se disolvieron en Miami. En febrero de 2025, Delker se registró en el estado de California, pero su inscripción duró solo hasta julio, según un abogado que sigue el caso.

Desvío de fondos de la AFA: US$42 millones canalizados hacia sociedades sin actividad y un circuito financiero bajo investigación

Una contundente investigación periodística de La Nación revela registros bancarios confidenciales de Estados Unidos, junto con documentación judicial y comercial de la Argentina, exponen un complejo esquema de administración y circulación de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que permitió el desvío de al menos US$42 millones hacia sociedades constituidas en el estado de Florida sin empleados ni actividad económica declarada. La operatoria se articuló a través de TourProdEnter LLC, una empresa estadounidense que, desde 2021, fue autorizada por la conducción de la AFA —presidida por Claudio “Chiqui” Tapia— a recaudar y administrar los ingresos internacionales de la entidad.

Según la reconstrucción realizada a partir de esos registros, TourProdEnter LLC acumuló en cuatro años ingresos por al menos US$260 millones, depositados en cuentas del Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan Chase. Los fondos provenían principalmente de patrocinadores de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva y partidos amistosos internacionales. Entre los principales aportantes figuran Adidas, Argentina Football Distribution —operadora de la plataforma AFA Play—, Reporter Broadcasting Company y Quest Holdings, empresa vinculada a giras de la selección en Asia.

La firma TourProdEnter LLC fue constituida en agosto de 2021 en Florida y cuatro meses después quedó designada como “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA, mediante una resolución aprobada por el Comité Ejecutivo y publicada en el boletín oficial de la entidad. La empresa tiene como administradora a Erica Gillette, pareja del productor teatral y empresario Javier Faroni, quien mantiene vínculos personales con Tapia y antecedentes políticos como exdiputado bonaerense por el Frente Renovador y exdirector de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández. Tanto Gillette como Faroni figuran como firmantes en cuentas bancarias de la compañía en Estados Unidos.

De acuerdo con la documentación analizada, Gillette fue la única persona que ordenó transferencias desde las cuentas de TourProdEnter LLC, tanto hacia terceros como entre las propias cuentas de la firma. En esos registros no aparecen órdenes directas emitidas por la AFA, aunque numerosos pagos coinciden temporalmente con actividades oficiales de la conducción de la entidad o de la selección nacional. Además, en los movimientos figuran como destinatarios la esposa de Pablo Toviggino —tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia— y una sociedad anónima en la que participaron como accionistas el propio Toviggino y su hermano, Darío Toviggino.

Una parte sustancial de los fondos, al menos US$109,9 millones, fue transferida desde TourProdEnter LLC a Adcap Uruguay Agente de Valores. Desde esa plaza financiera, los recursos fueron canalizados a través de un vehículo regulado en las Islas Vírgenes Británicas y luego reintroducidos al sistema argentino mediante operaciones con bonos, en un contexto de cepo cambiario. Adcap confirmó que tanto la AFA como TourProdEnter LLC fueron sus clientes y sostuvo que todas las operaciones cumplieron con los requisitos regulatorios y de compliance, aunque los balances presentados por la AFA ante la Inspección General de Justicia sólo mencionan a TourProdEnter LLC en una oportunidad, como deudora.

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El aspecto más sensible de la investigación se concentra en las transferencias por al menos US$42 millones hacia cuatro sociedades de responsabilidad limitada radicadas en Florida: Soagu Services LLC (US$10,8 millones), Marmasch LLC (US$13,4 millones), Velp LLC (US$3 millones) y Velpasalt LLC (US$14,7 millones). Las cuatro carecen de empleados registrados y de actividad comercial verificable. Tres de ellas declararon como domicilio la misma oficina “virtual” en Miami y utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., firma que fue objeto de investigaciones periodísticas internacionales por su rol en la creación masiva de sociedades.

Detrás de esas compañías aparecen personas físicas argentinas con residencia o actividad laboral en San Carlos de Bariloche, sin capacidad económica aparente para administrar sumas millonarias. Soagu Services LLC está vinculada a Javier Alejandro Ojeda Jara, empleado en relación de dependencia de una farmacia, con deudas financieras significativas y beneficiario de una vivienda social. Marmasch LLC figura a nombre de Mariela Marisa Schmalz, pareja de Ojeda Jara, también empleada en comercio minorista, adjudicataria de una vivienda Fonavi y con antecedentes de ejecuciones fiscales y judiciales. Velp LLC estuvo a nombre de Verónica Inés López, mientras que Velpasalt LLC aparece administrada por Roberto Salice, operador turístico declarado en quiebra en 2019 con presunción de fraude, causa que llegó al fuero penal.

Aunque Salice negó ser titular de Velpasalt LLC y afirmó haber actuado sólo como “manager”, los registros oficiales de Florida indican que la sociedad continuaba activa al cierre de esta edición. Velp LLC, en cambio, fue disuelta en septiembre de 2023, pero recibió una transferencia bancaria por US$341.000 una semana después de su disolución.

Consultados por La Nación, ni Erica Gillette ni Javier Faroni respondieron preguntas sobre las transferencias y el destino final de los fondos. Tampoco hubo respuesta del presidente de la AFA, Claudio Tapia, ante los requerimientos formulados. La información disponible hasta el momento describe un circuito financiero internacional que combinó contratos aprobados por la conducción de la AFA, intermediación de agentes de valores, uso de jurisdicciones offshore y la canalización de decenas de millones de dólares hacia sociedades sin actividad comprobable, administradas por personas sin solvencia económica conocida. El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno de la AFA y sobre la trazabilidad final de recursos que pertenecen al fútbol argentino.

Las cifras de la nueva política de deportaciones revelan un aumento en la detención de personas sin antecedentes penales

Nuevos datos presentados en un reciente informe periodístico de Johnny Harris arrojan luz sobre la ejecución de la agenda migratoria de la actual administración de Donald Trump, evidenciando un giro significativo en las tácticas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

Si bien el discurso oficial justifica el aumento de recursos y operaciones bajo la premisa de combatir la criminalidad y las pandillas, las estadísticas internas sugieren una aplicación de la ley cada vez más arbitraria, impulsada por cuotas numéricas que priorizan el volumen de arrestos sobre la peligrosidad de los detenidos.

La divergencia en los datos de arrestos

El punto central del análisis recae en la evolución de tres categorías específicas de arrestos realizados por ICE: inmigrantes con condenas penales, aquellos con cargos pendientes y personas sin antecedentes penales.

Históricamente, y de manera acentuada bajo administraciones anteriores, los recursos se concentraban en los dos primeros grupos. Sin embargo, los gráficos expuestos muestran un cambio drástico tras la asunción del presidente Trump y la implementación de nuevas directrices. Aunque todas las categorías de detención han experimentado un alza, la curva correspondiente a personas sin antecedentes penales es la que presenta el crecimiento más abrupto, llegando a cruzar y superar a las detenciones de individuos con condenas previas.

Este fenómeno se atribuye a la reintroducción de las "detenciones colaterales", una práctica que autoriza a los agentes a detener a cualquier persona indocumentada que encuentren durante un operativo, independientemente de si era el objetivo original de la investigación.

La imposición de cuotas y la presión institucional

El reporte señala que la arbitrariedad en las detenciones no es accidental, sino sistémica. Se identifica a Stephen Miller, asesor clave de la administración, como el artífice de una directriz interna que establece una cuota diaria de 3.000 arrestos para la agencia.

Para poner esta cifra en perspectiva, el video contrasta la capacidad operativa de ICE (aproximadamente 6.000 oficiales dedicados a deportación) con la del Departamento de Policía de Nueva York (36.000 oficiales y un promedio de 700 arrestos diarios). La desproporción entre la fuerza laboral y la cuota exigida ha derivado en una presión "inimaginable" sobre los agentes, incentivando la detención indiscriminada para cumplir con los objetivos métricos.

Esta presión por cumplir números ha llevado a situaciones descritas como arbitrarias, como la reasignación de miles de agentes de otras agencias federales (FBI, DEA, ATF) para realizar labores migratorias y la detención de residentes legales permanentes (poseedores de Green Card) por infracciones menores cometidas décadas atrás, como se ilustra en el caso de un empresario local detenido por una falta leve de su adolescencia.

Contradicciones económicas y políticas

El informe también destaca la inconsistencia en la aplicación de la ley frente a las presiones económicas. Tras una serie de redadas en lugares de trabajo que afectaron a industrias clave (agricultura, construcción, hostelería), el propio presidente Trump reconoció públicamente la dificultad de reemplazar a esta fuerza laboral.

Como respuesta, se emitió una directiva interna para cesar las redadas masivas en sitios de trabajo a fin de no perjudicar a los empresarios. No obstante, los datos indican que la línea de arrestos de personas sin antecedentes (los "colaterales") continuó su ascenso. Esto sugiere que, aunque se protegió a las corporaciones, la persecución individual se intensificó para mantener las cifras totales, trasladando el peso de la ley de manera selectiva hacia los individuos más vulnerables y no hacia los empleadores.

Conclusión

Los datos presentados desmienten la noción de que el aparato de deportación se centra exclusivamente en "criminales peligrosos". Por el contrario, revelan un sistema donde la categoría de "criminal" se ha expandido retóricamente para abarcar a toda la población indocumentada, justificando así un presupuesto histórico para ICE y un régimen de detenciones que, según las estadísticas, afecta desproporcionadamente a personas sin historial delictivo, cuya detención obedece más a la necesidad de cumplir cuotas administrativas que a una amenaza real a la seguridad pública.