lunes, 13 de enero de 2025

Designaciones en la DGI generan polémica por vínculos con casos de corrupción durante el kirchnerismo

En medio de críticas por su reciente nombramiento, Andrés Vázquez, designado como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI) por el presidente Javier Milei, ha generado controversia al incorporar a su equipo a antiguos colaboradores que estuvieron implicados en maniobras de protección a empresarios durante el kirchnerismo. Los vínculos de estos funcionarios con casos judiciales emblemáticos, como "Vialidad" y "la ruta del dinero K", han encendido el debate sobre los compromisos del actual gobierno en la lucha contra la corrupción.

Los nuevos nombres y sus antecedentes

Entre los colaboradores designados por Vázquez destacan Mariano Mengochea, Marcelo Laffont, Claudio Ernesto Castagnola y Juan Ignacio Waissman, todos con pasado en la Regional Sur Metropolitana. Esta dirección, bajo el kirchnerismo, fue clave para proteger a empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López. Según documentos judiciales y testimonios en los tribunales, desde la Regional Sur se impulsaron maniobras que beneficiaron a estas figuras, incluyendo cambios de domicilio fiscal para eludir investigaciones más rigurosas.

Mariano Mengochea, quien ocupó cargos clave en fiscalización durante el kirchnerismo, fue nombrado subdirector general de Operaciones Metropolitanas. Marcelo Laffont, también con experiencia en fiscalización, asumió como subdirector general de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales. Por su parte, Claudio Ernesto Castagnola pasó de ser supervisor a director de Control en Grandes Nacionales. Finalmente, Juan Ignacio Waissman, exjefe de la División Jurídica en la Regional Sur, ahora ocupa un puesto estratégico en la Casa Rosada como jefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría General de la Presidencia.

La trama de protección

Los antecedentes de este equipo en la Regional Sur han sido documentados en investigaciones judiciales. Durante los años del kirchnerismo, esta dirección se convirtió en un eje central para maniobras de protección. Un ejemplo destacado fue el cambio de domicilio fiscal de varias empresas de Báez, como Austral Construcciones, para quedar bajo la órbita de esta dirección y evitar investigaciones desde Comodoro Rivadavia.

La protección también alcanzó a Cristóbal López, conocido como "el zar del juego". Según testimonios, inspecciones fiscales que buscaban irregularidades en sus empresas fueron bloqueadas o redirigidas por el equipo liderado por Vázquez.

En el caso "Vialidad", fiscales como Gerardo Pollicita y Diego Luciani expusieron estos movimientos en sus alegatos, obteniendo condenas para Cristina Kirchner, Báez y otros acusados. Además, los fiscales destacaron el rol de funcionarios clave, como Vázquez y sus colaboradores, en la trama de encubrimiento.

Implicancias en la lucha contra la corrupción

El regreso de estos funcionarios a posiciones de poder genera dudas sobre el compromiso del gobierno en el combate a la corrupción. Organismos de control y actores de la sociedad civil advierten que estas designaciones podrían socavar los avances logrados en los últimos años en casos emblemáticos.

El presidente Javier Milei, quien asumió con promesas de transparencia y una agenda de cambio profundo, enfrenta ahora cuestionamientos sobre la coherencia de sus decisiones en la gestión pública. La negativa de Vázquez a responder preguntas de la prensa sobre estos nombramientos añade incertidumbre al panorama.

Contexto y reacción pública

El impacto de estas decisiones ha sido amplificado por el historial documentado de irregularidades en la DGI durante el kirchnerismo. La sociedad, testigo de años de denuncias y procesos judiciales, observa con atención cómo estos nuevos nombramientos podrían afectar la confianza en las instituciones públicas y la percepción de justicia.

En un contexto donde la lucha contra la corrupción sigue siendo una demanda central de la ciudadanía, las recientes designaciones en la DGI representan un desafío para la administración Milei. Mientras tanto, las miradas se centran en el impacto que estas decisiones tendrán en las investigaciones y controles fiscales en el país.

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