La reciente reestructuración impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, no sólo ha generado incertidumbre institucional, sino también un profundo impacto psicosocial sobre el personal afectado. Tras la orden de reubicación o desarticulación de los Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), diversos trabajadores denunciaron sanciones, traslados forzosos y represalias por manifestar reclamos legítimos o intentar ejercer sus derechos fundamentales.
Lejos de constituir un caso aislado, este tipo de prácticas se ha vuelto recurrente en la política interna del Ministerio y de las fuerzas federales bajo su órbita. Los mecanismos formales para peticionar —tales como los recursos administrativos o presentaciones judiciales— se han transformado en simples formalidades vacías: quienes los utilizan suelen ser posteriormente sancionados o desplazados. De ese modo, el ejercicio de derechos reconocidos constitucionalmente se convierte en una causa de castigo, mientras las autoridades invocan la “disciplina” o las “normativas internas” como justificación de actos claramente violatorios de las garantías individuales.
Los recientes traslados dispuestos desde la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dirigida por Ramiro Anzit Guerrero, son un reflejo de este patrón. Las órdenes incluyeron mudanzas forzosas de personal especializado —en algunos casos a cientos o miles de kilómetros de su lugar de residencia— sin considerar situaciones familiares, ni derechos laborales básicos. Según los testimonios recogidos, varios funcionarios con décadas de trayectoria fueron reubicados sin justificación clara, o sancionados por haber intentado cuestionar administrativamente la medida.
Esta modalidad, aplicada con rigor burocrático y amparada en un discurso de “reorganización” o “eficiencia”, tiene consecuencias humanas profundas. Los traslados intempestivos, la pérdida de redes de contención, la incertidumbre laboral y el hostigamiento administrativo provocan un deterioro significativo en la salud mental y emocional del personal. Psicólogos laborales y especialistas en relaciones institucionales advierten que este tipo de prácticas puede generar cuadros de ansiedad, depresión, desarraigo y afectación del núcleo familiar, además de un clima organizacional dominado por el miedo y la autocensura.
Paradójicamente, quienes trabajan en áreas dedicadas a la seguridad nacional —y que manejan información sensible sobre narcotráfico, trata de personas o crimen organizado— terminan desprotegidos frente a su propio empleador. Las instancias internas de control jurídico, tanto en las fuerzas como en el propio Ministerio de Seguridad, no sólo desestiman los reclamos, sino que, en numerosos casos, actúan en sentido inverso: inician sumarios, aplican sanciones disciplinarias o disponen traslados como represalia.
Esta cultura institucional, sostenida desde las más altas autoridades, consolida un sistema donde la subordinación se impone por sobre los derechos, y donde la “obediencia” se utiliza como herramienta de control político y administrativo. En la práctica, el derecho a peticionar, a ser oído y a contar con garantías efectivas frente al poder disciplinario del Estado, se desvanece.
En ese contexto, la política de “redespliegue” de los CICRE representa mucho más que un reordenamiento logístico: simboliza la consolidación de un modelo autoritario de gestión, que prioriza la verticalidad y el silencio por sobre la transparencia, la participación y el bienestar de su propio personal.
Si bien existen varias denuncias a la Directora Nacional de Bienestar del Ministerio de Seguridad, María Lorena Petrovich (denunciada por una ex empleada doméstica que Petrovich "le pagaba" con un cargo del estado que no cumplía según denuncias), no hay ningúna respuesta desde el ministerio. Situación similar ocurre con la Coordinadora de Protección de Derechos Laborales, Antonella Fiore. Gran cantidad de estas denuncias son por el mal servicio de la Superintendencia de Bienestar -Churruca-, y IOSFA.
Las afectaciones psicosociales derivadas de estas prácticas —que incluyen angustia, inseguridad laboral y daños en la vida familiar— constituyen una forma de violencia institucional menos visible, pero profundamente destructiva. En nombre del orden y la disciplina, se vulneran derechos esenciales, se debilita la moral institucional y se erosiona el principio básico que debería regir toda política pública de seguridad: el respeto por la dignidad humana.
A esto se suma los bajos salarios impulsados por Martín Siracusa -Secretario de Coordinación Administrativa-, quién suele hablar "cómo economista" en "La Nación +" sin explicar que además es funcionario, con el aval de las autoridades ministeriales Patricia Bullrich, Carlos Manfronti y Alejandra Susana Monteoliva cómo también el Ministro Guillermo Francos, cómo el Ministro de Economía Luis "toto" Caputo mediante la "COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO" (Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina, Enrique Pinedo), en la actualidad los integrantes de las fuerzas federales cobran en su mayoría menos de 2/3 del RIPTE. Y los salarios están muy por debajo de la mayoría de los empleos.
Las acciones de los roles políticos cómo Siracusa, Petrovich y Fiore, no son menores, cada vez hay una mayor crisis en las fuerzas federales donde el personal se encuentra endeudado por la imposibilidad de asumir los compromisos financieros ante los bajos salarios e incluso han aumentado los casos de personal que se han suicidado.
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