Graves denuncias por irregularidades electorales en Formosa: señalan un intento de fraude promovido por el aparato estatal

En las horas previas a las elecciones provinciales, la provincia de Formosa se encuentra envuelta en una nueva polémica institucional. La oposición denunció públicamente al gobernador Gildo Insfrán por un presunto intento de fraude electoral orquestado a través de una resolución del Tribunal Electoral Permanente (TEP) que busca impedir el trabajo de los fiscales del Frente Amplio Formoseño en varios departamentos del interior. La medida fue calificada como “ilegítima” y “fraudulenta” por distintos referentes opositores.

La candidata a diputada provincial Gabriela Neme fue quien encendió la alarma, al difundir el contenido del Acta N° 62/25 del TEP, emitida durante la veda electoral, en la cual se establece que los fiscales partidarios deberán ser oriundos del departamento donde se presenten a fiscalizar. Esto limitaría la posibilidad del Frente Amplio Formoseño de desplegar fiscales en distintas zonas clave del interior provincial, dificultando el control del proceso electoral.

“Es una maniobra descarada para obstaculizar la fiscalización, inventando una norma que no existe y que violenta principios constitucionales como la legalidad y la previsibilidad”, denunció Neme, quien anticipó que su espacio no acatará la disposición, aún a riesgo de detenciones o expulsiones. “El fraude lo cometen en el interior, y ahora quieren dejarlo sin control”, afirmó.

El Tribunal Electoral Permanente, compuesto por los jueces Claudio Daniel Moreno, Verónica Gabriela Hans de Dorrego y Sandra Mercedes Moreno, justificó la medida señalando que los fiscales deben “saber leer y escribir y ser electores inscriptos en el padrón del distrito Formosa”, agregando una exigencia territorial que no está contemplada en la Ley Electoral Provincial N° 152. Este accionar fue interpretado como una grave distorsión de la normativa vigente.

Desde el Frente Amplio Formoseño se presentó un recurso de impugnación, argumentando que la legislación provincial permite actuar a los fiscales en todo el distrito, sin restricciones geográficas, y que la decisión del TEP no solo carece de fundamento legal, sino que habilita la posibilidad de maniobras fraudulentas por parte del oficialismo.

Las denuncias también apuntan contra el poder judicial de la provincia, al que acusan de ser funcional al régimen de Insfrán. “El Tribunal Electoral responde al Ejecutivo. Esto demuestra la necesidad urgente de intervenir el Poder Judicial de Formosa, que ha dejado de ser un órgano independiente”, sostuvo Neme, señalando la complicidad institucional por omisión o acción de todas las autoridades responsables.

Entre los funcionarios señalados por avalar o permitir estas prácticas se encuentran el gobernador Gildo Insfrán, en el poder desde 1995, el vicegobernador Eber Wilson Solís, el Ministro de la Jefatura de Gabinete Dr. Antonio Emérito Ferreira y la subsecretaria de Gestión Pública, Dra. Roxana Valeria Monzón. También fueron mencionados los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia: Guillermo Horacio Alucín, Claudia María Fernández, Ariel Gustavo Coll, Marcos Bruno Quinteros, Ricardo Alberto Cabrera y Sergio Rolando López.

Las irregularidades denunciadas exponen, una vez más, la crítica situación institucional en la provincia de Formosa, donde rige un modelo de poder altamente concentrado y con escasos controles republicanos. El caso reabre el debate sobre la necesidad de mecanismos de control federal y sobre los límites de la autonomía provincial cuando se vulneran derechos políticos fundamentales.

Mientras tanto, los comicios avanzan en un clima de fuerte tensión e incertidumbre democrática.