El juez federal Luis Armella dictó el procesamiento, un embargo de 20.000 millones de pesos y la prohibición de salida del país para el empresario Víctor Mariano Donadio, excuñado del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.
La medida judicial responde a una investigación por irregularidades, desvíos de fondos y sobreprecios estimados en un 50% durante la licitación y construcción de la Ruta Provincial Nº 16, una obra pública vial que quedó destruida a los pocos meses de su inauguración.
La resolución judicial se enmarca en una estructura que vincula la contratación pública con el patrimonio privado de exfuncionarios.
El fiscal Sergio Mola y el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, investigan de forma paralela si el patrimonio de Martín Insaurralde se financió mediante el direccionamiento de contratos en beneficio de la empresa Doio S.A. (originalmente Doio S.R.L.), propiedad de Donadio, y si dicha firma facilitó maniobras de lavado de dinero para el exjefe comunal.
Los lazos comerciales e inmobiliarios bajo la lupa judicial comenzaron en el año 2006, con una cesión de derechos suscripta entre Carolina Álvarez, primera esposa de Martín Insaurralde, y la firma Doio S.A. sobre un terreno en el barrio privado Fincas de San Vicente – Club de Chacras.
Ese predio, donde posteriormente se edificó la mansión donde el exintendente convivió con su exesposa Jesica Cirio, fue transferido en 2011 a SASAXA LIBERO SA, una sociedad controlada por Insaurralde a través de su entorno familiar. Doio S.A. operaba simultáneamente como contratista de Lomas de Zamora, ejecutando obras firmadas por el propio Insaurralde, tales como la Estación de Transferencia de Banfield, el Honorable Concejo Deliberante y el Hogar de Mujeres Fátima Catán.
La investigación expone además una red de conexiones con el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, a través del contador Andrés Galera, miembro de la Cámara de la Construcción y titular de la firma Revilier SA.
Esta última sociedad figuraba como dueña del departamento de lujo en el edificio Aleph Residence de Puerto Madero, donde residieron Insaurralde y Cirio en 2014. A su vez, Donadio recomendó a su socio en Doio S.A., el arquitecto Federico Alberto Curcio, para dirigir la construcción de la casa de Insaurralde y para asistir a José López en la edificación de su vivienda en Dique Luján.
El expediente específico de la Ruta Provincial Nº 16, conocida como "Camino de las Latas", detalla que el tramo de 12 kilómetros que une las rutas 58 y 210 —atravesando los municipios de Presidente Perón, Esteban Echeverría y Almirante Brown— fue adjudicado a Doio S.R.L. a pesar de que su capacidad técnica era de 13,4 millones de pesos, un tercio de lo exigido.
Aunque el presupuesto original de la licitación de 2009 era de 36.500.000 pesos financiados por el Estado Nacional, sucesivas redeterminaciones elevaron el costo final a 57.641.065,23 pesos, registrándose sobreprecios del 43% según peritajes oficiales, pagos por movimientos de suelo inexistentes y el uso de materiales deficientes que obligaron a una repavimentación total posterior.
Por estas maniobras en la obra vial, la justicia procesó junto a Donadio al exintendente de Presidente Perón, Alfonso Aníbal Regueiro, quien autorizó los decretos y pagos, y a los exfuncionarios municipales Julio César Oneri (Obras Públicas) y Fernando Pablo Ortega (Hacienda).
La medida alcanzó también a los miembros de la Comisión de Preadjudicación, Miguel Dahbar, Rosa Miño y Rosana Ruiz, al arquitecto Curcio en su rol de representante técnico, y a Gustavo Marcelo Gentili, exdirector del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), encargado de garantizar el flujo de los fondos federales.
La causa penal llega a esta instancia tras un prolongado letargo institucional bajo la instrucción del juez Federico Villena, quien comandó la investigación durante ocho años y dictó la falta de mérito de los acusados en abril de 2025 de manera arbitraria.
Tras la apelación del Ministerio Público Fiscal, la Cámara Federal de La Plata anuló dicha resolución, denunció la inacción judicial y apartó a Villena, derivando las actuaciones al juzgado de Luis Armella, quien dispuso los procesamientos definitivos.
Actualmente, el fiscal Sergio Mola mantiene un litigio con el juzgado para agilizar la ejecución efectiva de los embargos preventivos y evitar que los imputados despatrimonien sus bienes.
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