Hallan sin vida a un suboficial del Ejército Argentino en un cuartel de Corrientes

Un suboficial principal del Ejército Argentino fue hallado sin vida en la madrugada del miércoles en el predio del Centro de Educación Operacional (CEO) de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, luego de haber sido intensamente buscado desde la tarde del martes. El hecho generó inmediata intervención judicial y el despliegue de fuerzas federales para el esclarecimiento de las circunstancias del fallecimiento.

La persona fallecida fue identificada como Juan Javier Pereyra, de 48 años, oriundo de la provincia de Entre Ríos y con residencia en el barrio militar de Monte Caseros. Pereyra prestaba servicios en el regimiento local y contaba con una extensa trayectoria dentro de la institución, además de un reconocido recorrido en el ámbito deportivo, particularmente en el atletismo, disciplina en la que había participado en numerosas competencias de alcance nacional e internacional.

De acuerdo con la información disponible, el suboficial fue hallado en el Casino de Suboficiales del CEO con signos compatibles con ahorcamiento. Las circunstancias del hecho se encuentran bajo investigación para determinar si se trató de una decisión personal o si existió la intervención de terceros, hipótesis que no han sido descartadas por los investigadores en esta etapa preliminar.

La investigación quedó a cargo de Gendarmería Nacional, fuerza que interviene debido a que el deceso ocurrió en el ámbito de otra institución de seguridad federal. Personal especializado realizó tareas de preservación del lugar, recolección de pruebas y toma de testimonios, con el objetivo de reconstruir de manera precisa los hechos previos al hallazgo.

En el plano judicial, el Ejército Argentino informó que tomó intervención el Juzgado Federal de Paso de los Libres, junto con la Fiscalía provincial de Monte Caseros, y que se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes dentro del ámbito militar. Asimismo, las autoridades castrenses manifestaron su plena disposición para colaborar con los requerimientos de la Justicia interviniente.

El fallecimiento se conoció a pocas horas de otro episodio ocurrido en el ámbito militar, lo que reavivó la atención pública sobre las condiciones personales, profesionales y psicosociales que atraviesan los integrantes de las fuerzas armadas. No obstante, desde las fuentes oficiales se evitó establecer cualquier tipo de vinculación entre ambos hechos, remarcando que cada caso debe ser analizado de manera individual y conforme al avance de las investigaciones.

Juan Javier Pereyra había nacido en la localidad entrerriana de San Jaime de la Frontera y vivió durante varios años en la ciudad de Chajarí, donde también se desempeñó como árbitro de la liga regional de fútbol. Medios locales destacaron su reconocimiento social y deportivo, señalándolo como una figura ampliamente conocida y respetada en la región.

El Ejército Argentino expresó su pesar por el fallecimiento del suboficial principal y acompañó con un mensaje institucional a sus familiares, amigos y camaradas, mientras continúan las diligencias judiciales y administrativas destinadas a esclarecer de manera objetiva y verificable las circunstancias de su muerte.

Uso de recursos públicos en un concierto privado: la participación de la Orquesta Sinfónica de la Prefectura en Corrientes

La participación de la Orquesta Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en un concierto privado en el Teatro Oficial Juan de Vera, previsto para el 16 de noviembre, generó interrogantes sobre el uso de recursos públicos por parte de una fuerza de seguridad nacional bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. El espectáculo, titulado “Sinfonía del Río”, fue anunciado como una actividad “a beneficio de la Fundación Cultural 7 Corrientes”, aunque no existen registros formales de que dicha fundación exista como persona jurídica.

La actividad fue difundida como un evento “solidario” con entradas a la venta a través del sitio weepas.ar, a partir de 15.900 pesos, con opción de pago en cuotas. Sin embargo, los registros comerciales de esa plataforma señalan que el responsable de la operatoria es Corrientes Telecomunicaciones S.A.P.E.M., una empresa con participación estatal mayoritaria cuyo domicilio coincide con el de la obra social provincial IOSCor, en Dr. Ramón Carrillo 444 de la ciudad de Corrientes. La combinación de una empresa estatal, una fuerza de seguridad nacional y un evento con entradas pagas plantea un escenario institucional complejo y potencialmente irregular.

Desde la Prefectura Naval Argentina, encabezada por el prefecto general Guillermo José Giménez Pérez, se informó que la actuación sería “ad honorem”. No obstante, fuentes cercanas a la fuerza admitieron que el traslado de gran cantidad de músicos, los viáticos, la logística del viaje implican gastos cubiertos por el presupuesto nacional asignado al Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce la ministra Patricia Bullrich. En este contexto, especialistas en administración pública advierten que, aun sin retribución directa, la afectación de recursos humanos y materiales estatales a un evento con fines comerciales puede contravenir normas de ética y transparencia.

La entidad beneficiaria del recital es otro de los puntos que despierta sospechas. En los registros oficiales no existe una “Fundación Cultural 7 Corrientes”, pero sí el “Centro Cultural Flotante Siete Corrientes”, presidido por Roberto Villalba. Este espacio figura como receptor de subsidios y equipamiento en el marco del programa Puntos de Cultura, que depende del Estado nacional. Villalba en antiguas entrevistas afirmó que no percibe dinero del estado, aunque su centro cultural ha recibido en el pasado fondos públicos y apoyos institucionales. Además, la Legislatura de Corrientes inició un expediente para declarar Monumento Histórico al pontón flotante donde funciona el centro cultural, lo que refuerza el vínculo con autoridades provinciales.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el Instituto de Cultura de la Provincia, presidido por Beatriz Kunin, también son señalados por su rol en la organización del espectáculo, que cuenta con auspicio oficial y difusión en medios públicos. La intervención de distintos actores estatales, tanto nacionales como provinciales, en una actividad que se presenta como privada y con entradas pagas, plantea dudas sobre la separación entre el interés público y el lucro particular.

El caso revela además un vacío de control sobre las actividades culturales que involucran a fuerzas de seguridad. La Ley de Administración Financiera prohíbe destinar recursos públicos a fines ajenos a las funciones institucionales, salvo autorización expresa. Asimismo, la Ley de Ética Pública impide la utilización de bienes y personal del Estado para beneficio de terceros sin una justificación de interés general. La falta de transparencia sobre los convenios, autorizaciones o rendiciones de cuentas de la participación de la PNA en Corrientes podría constituir una falta administrativa o, en el peor escenario, derivar en responsabilidad penal.

Los subsidios y financiamiento a "Centros Culturales", casos recurrentes en la prensa argentina.

En la Ciudad de Buenos Aires, auditorías y la prensa informaron sobre sobreprecios y compras irregulares vinculadas a la construcción y equipamiento del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK); la Sindicatura General de la Nación y medios nacionales documentaron irregularidades en 2016 y posteriores investigaciones periodísticas señalaron sobreprecios y adquisiciones dudosas.

En la provincia de Entre Ríos quedó al descubierto una trama que involucró a funcionarios del área de Cultura: el exgobernador Sergio Urribarri y el exministro de Cultura Pedro Ángel Báez fueron procesados y llevados a juicio por maniobras de peculado y desvío de partidas destinadas a contrataciones y publicidad (casos que aparecen en expedientes judiciales y cobertura de medios). 

Un relevamiento de la SIGEN sobre la gestión del ex–Ministerio de Cultura detectó en 2024 faltantes de bienes, subsidios no registrados y procedimientos de financiamiento con deficiencias de control —informes que señalan vulnerabilidades que facilitarían el desvío o uso indebido de fondos en programas culturales y en organismos descentralizados (FNA, INCAA, etc.).

Finalmente, investigaciones periodísticas judicializaron subsidios otorgados a organizaciones y asociaciones civiles vinculadas a proyectos culturales —por ejemplo la causa que mencionó a la “Asociación Civil Centro Cultural del Buen Vivir por la Cultura y el Arte” y subsidios cuestionados—; esos trabajos periodísticos y pedidos de intervención judicial documentan cómo se otorgaron y fiscalizaron (o no) líneas de subsidio.

La presencia de la Orquesta Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina en el Teatro Vera, en un espectáculo con entradas pagas y beneficiarios no formalmente registrados, pone en cuestión los límites del uso de recursos estatales con fines culturales. Mientras el Ministerio de Seguridad de la Nación no brinde explicaciones públicas sobre las autorizaciones otorgadas y el destino de los fondos, el episodio se perfila como un caso que expone las zonas grises entre el compromiso institucional y el favorecimiento privado, en un contexto que exige rendición de cuentas y transparencia en todos los niveles del Estado.

Denunció por violación a su ginecólogo hace 15 años: "Si hubiera habido Justicia él no seguía abusando mujeres"

"Carolina denunció a Alejandro Dahse en 2008. El ginecólogo correntino está siendo juzgado ahora por otra causa de abuso. Son 22 las mujeres que lo señalan.

"Es muy difícil creer en la Justicia. Si hubiera Justicia de verdad él ya estaría preso". Carolina Correa es una de las tres mujeres que denunció ante la Justicia al ginecólogo Alejandro Dahse por abuso sexual y violación. No son las únicas: otras 19 mujeres contaron los mismos abusos y violaciones.

Los 22 testimonios coinciden: al colocarles un DIU, al hacerles un papanicolau, el ginecólogo las anestesiaba y así, dormidas, las abusaba. A algunas las violó al hacerles un aborto -práctica que era ilegal hasta fines de 2020- y de esta manera conseguía su silencio. Los abusos relatados corresponden a más de dos décadas. Los primeros, de 1999. El más reciente que se conoce, en 2021.

Dahse, de 58 años, es el dueño de una clínica y auditor de Ioscor (Instituto Obra Social de Corrientes). Tiene mucho dinero, empleados, otorga cargos y autoriza (o no) prácticas médicas. La primera denuncia formal ante la Justicia contra Dahse fue en 2008, y en 2021 se sumaron dos más. Está imputado, empezó uno de los juicios, hay un pedido de suspensión de su matrícula profesional pero Dahse sigue atendiendo mujeres en su consultorio y autorizando (o no) prácticas médicas en la obra social.

"Sí, es muy difícil creer en la Justicia", repite Carolina. Dos semanas atrás estaba citada a dar su testimonio en el juicio que se le sigue a Dahse por la denuncia de una joven de 20 años por abuso y violación. "Las tres noches previas a ir al juicio no dormí, pedí permiso en el trabajo, me moría de la ansiedad, y a último momento suspendieron mi declaración", cuenta. Carolina se sentó entonces en la vereda del juzgado a llorar. Lo vio salir a Dahse que, sonriente, se alejó en su camioneta. "

Clarín

Destruyeron 360.000 huevos que valían 26.000 dólares y explicaron por qué no los pudieron donar

"Ocurrió en la avícola Santa Ana, ubicada en Corrientes, donde, después de un supuesto caso positivo de gripe aviar, un testeo reveló que el lugar no tiene el virus; la empresa fue a la Justicia en contra del Senasa

Unos 360.000 huevos fueron destruidos en las últimas horas en la avícola Santa Ana, ubicada en Corrientes, firma que recurrió a la Justicia en contra del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) por un polémico procedimiento por gripe aviar.

En los últimos días, la avícola estuvo en el centro de la escena porque el Senasa había dispuesto el sacrificio de unas 200.000 gallinas ponedoras argumentando que un testeo por gripe aviar había dado positivo después de que desde el mismo organismo le hubieran comunicado un resultado negativo.

Según señalaron en ese momento desde la empresa, el muestreo en rigor nunca se llevó a cabo. El Senasa había dejado un kit que no se hizo. Primero lo iba a cumplir la veterinaria del establecimiento y luego uno de los dueños de la granja que, al sufrir una descompensación, no lo pudo concretar.

Ante la inminencia de un sacrificio de las aves, la granja fue a la Justicia y logró que el juez Juan Carlos Vallejos detenga la matanza. El magistrado ordenó un muestreo que, ayer informó el Senasa, fue negativo. Eso le dio un respiro a la compañía temerosa de una pérdida millonaria y en el impacto sobre unos 150 operarios.

Pero el magistrado, que había ordenado suspender un allanamiento y ejecución de las 200.000 aves, dejó en pie una interdicción del Senasa “por razones de prevención y resguardo de la salud pública...” hasta cumplidos los 14 días de la supuesta primera toma de muestras, el 4 del actual. Ese período vence el 18, es decir el próximo martes. Junto al mantenimiento de la interdicción no se pueden sacar productos del establecimiento.

En ese marco, sobrevino la destrucción de los huevos. Armando Aquino, abogado de la firma, dijo que esto es por un “capricho”, en referencia al organismo sanitario, y cuantificó en US$26.000, a valores oficiales, la pérdida para la pyme. Además, señaló que la firma había ofrecido la donación de esos huevos, pero que el organismo sanitario lo rechazó.

En una nota del Centro Regional Corrientes-Misiones del organismo, allí, el miércoles pasado, ya se había manifestado que sería “importante” ver los lugares de acopios de los huevos, fechas de vencimiento y también “los espacios de destrucción de los mismos”.

Ante una consulta de LA NACION, Daniel Enciso, de la avícola Santa Ana, señaló: “Es una aberración destruir alimentos en este país. Nos duele porque es alimento y es el fruto de nuestro trabajo”."

La Nación

AUTORIDADES DE SENASA

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Presidente/a Ing. Agr. Diana María GUILLEN
Vicepresidente/a Vet. Rodolfo César ACERBI


Auditor/a Adjunto/a CPN Marcelo Antonio VITALE

Responsable de Auditoría Contable, Legal y de Sistemas

Responsable
Responsable de Auditoría en Protección e Inocuidad Vegetal
Responsable Ing. Carlos Alberto Santiago SARUBBI
Responsable de Auditoría en Sanidad e Inocuidad Animal
Responsable Vet. Mauricio Pablo TORRES

Declaran la inconstitucionalidad por “confiscatorio” el llamado “impuesto a la riqueza”

" Se trata de un fallo en primera instancia de un juzgado federal de Corrientes; cuestiona la aplicación al caso particular de la norma elaborada por Máximo Kirchner y Carlos Heller

Un fallo en primera instancia de la Justicia Federal de Corrientes declaró inconstitucional, por considerarla “confiscatorio”, la aplicación del Aporte Solidario y Extraordinario, más conocido como “impuesto a la riqueza”.

El juzgado federal de Corrientes, a cargo del juez Gustavo del Corazón Fresneda, resolvió hacer lugar a la acción promovida por Manuel Ulises Intra contra la AFIP y declarar “la inconstitucionalidad” de la aplicación al caso particular de la ley N°27.605 (y la norma reglamentaria) “que exige el pago del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, por resultar violatoria de las siguientes garantías y principios constitucionales: derecho de propiedad y principio de no confiscatoriedad (tutelados por los artículos 4, 14, 17, 33 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional), principio de razonabilidad contenido en el artículo 28 de la CN; y principio de capacidad contributiva, contenido en los artículos 4, 16, 17, 28 y 33 de la CN (Constitución Nacional). "

La Nación

Marihuana, cocaína y plata en el final de la aventura narco de un chico de 24 años

"En Monte Caseros, la Policía Federal allanó ayer a la mañana una casa donde funcionaba un “kiosco” de venta de estupefacientes, donde fue detenido un hombre por infracción a la Ley de Narcotráfico 23.737.

Se trató de una investigación llevada a cabo por efectivos de la División Unidad Operativa Federal de Paso de los Libres, quienes irrumpieron en la vivienda con una orden del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres a cargo de Gustavo Fresneda.

Personal de la brigada, luego de realizar precisas tareas investigativas de campo y ciberpatrullaje, allanó el lugar."

El litoral

Populismo: un intendente correntino pagará un bono de $6000 por el "Día del amigo"

"Se trata del jefe comunal de Goya, Mariano Hormaechea, que espera “dinamizar la economía” con esta iniciativa según dijo en las redes sociales.

Falta menos de dos semanas para que en todo el país se celebre el “Día del amigo”, una jornada en la que suele aumentar el flujo de consumo gastronómico.

Y para esta ocasión, el intendente de la ciudad correntina de Goya, Mariano Hormaechea, decidió otorgar un bono de $6000 a todos los empleados municipales para que puedan festejar con dinero extra y “dinamizar la economía”."

Periodismo y Punto