Pericias contables y de ingeniería vial reavivan demandas de productores contra municipios bonaerenses

La discusión por el cobro de las tasas viales y el destino de los fondos que pagan los productores entró en una etapa clave en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Dos informes periciales incorporados a causas judiciales en Tapalqué y Bolívar aportaron nuevos elementos para determinar cuánto recaudan las comunas, qué parte de esos recursos se vincula con el mantenimiento de los caminos y cuál es el estado concreto de los caminos rurales.

En Tapalqué, una pericia contable analizó los ejercicios 2024 y 2025 y determinó que por la Tasa por Conservación de la Red Vial Rural y los Servicios de Guías de Traslado ingresaron $1905 millones en 2024 y $2336 millones en 2025. En ese mismo período, el gasto devengado directamente en el programa de mantenimiento de caminos rurales fue de $1203 millones y $1610 millones, respectivamente.

Según el análisis de la pericia, la diferencia acumulada supera los $1400 millones: $701,9 millones en 2024 y $725,6 millones en 2025 entre la recaudación sectorial y el gasto directamente devengado en caminos. En total, la tasa vial y las guías de traslado superaron los $4241 millones, mientras que las partidas directamente imputadas al programa específico de caminos rurales ubicaron el gasto devengado en unos $2814 millones.

La pericia también analizó qué sucede con el dinero una vez que ingresa al municipio. Los fondos de la Tasa Vial y de las Guías ingresan a una cuenta recaudadora única y pasan a formar parte de Rentas Generales, lo que dificulta seguir su trazabilidad específica. Además, las compras de gasoil y lubricantes se centralizan junto con otros servicios municipales y no existen partes diarios de salida de combustible ni registros de odómetro u horómetro que permitan determinar cuánto se utilizó específicamente en los caminos rurales.

En Bolívar, la prueba avanzó por el lado de la ingeniería vial. El peritaje revisó la capacidad operativa del municipio y el estado de una red rural de aproximadamente 2400 kilómetros, además de analizar cotas, hidráulica, alcantarillado y costos de conservación, según parámetros de Carbap.

El relevamiento encontró que, aunque en los registros municipales figuraban unas 12 motoniveladoras, durante la inspección había maquinaria parada, rota o desarmada. El perito estimó que el municipio necesita alrededor de un 30% más de unidades para cubrir con solvencia toda la red rural y fortalecer los obradores alejados.

La situación de los caminos rurales también quedó reflejada en números. Entre el 60% y el 70% de los caminos relevados presentaban problemas de mantenimiento, falta de cunetas o perfiles transversales deficientes. A su vez, entre 600 y 900 kilómetros —el 30% al 40% de la red— se encuentran por debajo de la cota natural de inundabilidad. Entre el 70% y el 80% de la red carecería de alteos estructurales y gálibos reglamentarios.

Jorge Moroni, abogado que representa a productores en estas causas, explicó que la importancia de estas pruebas está en cruzar la información contable con el estado de los caminos. Dijo que las pericias fueron llevadas a cabo por peritos oficiales de la Corte, designados por sorteo por el magistrado a cargo de los juicios de Tapalqué en su original y sus dos ampliaciones, y de Bolívar. Según Moroni, la pericia administrativa realizada en Tapalqué expuso una “nebulosa contable” en torno al destino de los fondos recaudados.

Moroni destacó que el objetivo no es simplemente acceder a la información de los municipios. “Nosotros vamos al fondo del tema. Con la pericia contable y la de ingeniería de caminos realizada en Tapalqué, cruzamos la información para determinar el destino de los fondos y establecer si hubo desvíos, de manera que sea el juez quien resuelva”, señaló. Las acciones están planteadas como juicios declarativos de certeza constitucional, donde se busca determinar si existe el servicio que justifica el cobro de la tasa.

En esa estrategia, las dos pericias cumplen funciones diferentes: mientras el contador reconstruye el circuito de los recursos, el ingeniero recorre los caminos y analiza su estado. “El perito ingeniero va a los caminos rurales, los examina, los mide”, describió Moroni. Agregó que el hecho imponible, como lo ha dicho la Corte en los últimos fallos y lo viene diciendo históricamente, es la efectiva contraprestación del servicio directo como contraprestación de la tasa.

A partir de las primeras causas, la estrategia comenzó a replicarse en otros distritos. Según Moroni, ya existen acciones declarativas de certeza en Azul, Daireaux, Bolívar, 25 de Mayo, Bragado, Brandsen, Pila, Ayacucho, Carlos Tejedor, Tapalqué y Trenque Lauquen. Mencionó aproximadamente 40 productores en Tapalqué, 40 en Ayacucho, 15 en Pila, 90 en Brandsen, 40 en 25 de Mayo y unos 40 en Bragado. Algunas causas ya tienen pericia contable, otras avanzaron con la de ingeniería y otras cuentan con ambas.

El planteo de los productores, remarcó Moroni, no consiste necesariamente en dejar de pagar. “Los productores no buscan que el juez diga que no tienen que pagar nada más de tasas: al contrario, pagaría más, pero si los caminos se encontraran en buen estado”, afirmó. La discusión pasa por establecer si el monto cobrado guarda relación con el costo real del servicio y si los recursos vuelven a la red vial. Moroni mencionó además Tandil y Benito Juárez, donde existen consorcios con participación de productores, ingenieros y contadores, y sostuvo que “los productores, donde están interviniendo junto con la municipalidad en un consorcio o en una cooperativa de caminos, no tienen problemas”. También se discute la tasa de traslado de hacienda, las guías, cuando la guía electrónica se hace por Senasa y se nacionalizó. Mientras las causas avanzan, el reclamo se extiende por Guido, Saavedra y Tornquist. La pregunta que atraviesa los expedientes es concreta: cuánto se cobra por los caminos rurales, cuánto se utiliza efectivamente para mantenerlos y qué servicio recibe, a cambio, quien paga la tasa.