Motín y fuga en una comisaría de Balvanera: detenidos rompieron celdas y desataron horas de tensión

Una violenta revuelta ocurrida durante la madrugada de este domingo en una comisaría de la Policía de la Ciudad ubicada en el barrio porteño de Balvanera volvió a poner en discusión la problemática de la sobrepoblación de detenidos en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires. Según trascendió, varios internos protagonizaron un motín que incluyó destrozos en los calabozos, ruptura de candados, utilización de elementos cortantes de fabricación casera y enfrentamientos dentro de la seccional. En medio de los disturbios, algunos detenidos habrían logrado escapar antes de que las fuerzas de seguridad recuperaran el control de la situación.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el episodio generó un amplio operativo de emergencia en la zona. La tensión se extendió durante varias horas hasta que las autoridades lograron controlar nuevamente la dependencia policial.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que durante el motín se registraron importantes daños en las instalaciones, incluyendo roturas en celdas y sectores internos de la comisaría, además de cortes de suministro eléctrico. También se produjeron enfrentamientos entre los propios detenidos, situación que derivó en lesiones para algunos internos, quienes debieron recibir asistencia médica.

Hasta el momento no trascendió oficialmente la cantidad exacta de fugados ni la identidad de los detenidos que habrían escapado. Tampoco se informó públicamente si hubo efectivos policiales lesionados durante el operativo de contención. Las autoridades avanzaban este domingo con tareas de revisión de cámaras de seguridad, peritajes internos y operativos de búsqueda para localizar a los evadidos.

El hecho reavivó nuevamente el debate sobre la crisis de alojamiento de detenidos en comisarías y alcaidías porteñas, una problemática que desde hace años genera tensiones entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional debido a las demoras en los traslados hacia unidades del Servicio Penitenciario Federal. Distintos episodios de fugas y motines registrados en los últimos años habían motivado cuestionamientos sobre las condiciones de detención, la infraestructura disponible y la capacidad operativa de las dependencias policiales.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad es encabezado actualmente por Horacio Alberto Giménez, ex jefe de la Policía Metropolitana y funcionario designado en marzo de 2025.

La conducción de la Policía de la Ciudad se encuentra a cargo del comisario general Diego Ariel Casaló, mientras que la subjefatura es ejercida por la comisaria general Carla Mangiameli, autoridades designadas a fines de 2024.

Cuestionamientos a las condiciones operativas y laborales en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Recientes reportes internos han puesto de manifiesto una serie de discrepancias entre el discurso oficial del Gobierno de la Ciudad y la realidad operativa de los efectivos de la Policía de la Ciudad. Mientras que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, ha manifestado públicamente que el personal es resguardado en móviles patrulleros durante el horario nocturno por razones de seguridad, diversas denuncias señalan que una parte considerable de la fuerza continúa realizando recorridos a pie en las denominadas "paradas". Los efectivos advierten que el uso de chalecos reflectantes de alta visibilidad, sumado a la permanencia en puestos fijos sin apoyo vehicular, incrementa su vulnerabilidad ante posibles hechos delictivos durante la noche.

Las críticas se extienden a las condiciones básicas de trabajo durante los turnos de ocho horas. Se ha denunciado la falta de un sistema de relevos que permita al personal acceder a descansos mínimos o cubrir necesidades fisiológicas elementales. Según los testimonios, los oficiales dependen frecuentemente de la solidaridad de vecinos o comerciantes para acceder a sanitarios, ya que alejarse del puesto asignado puede derivar en sanciones disciplinarias por "abandono de parada". Esta situación se torna especialmente crítica para el personal femenino, señalando la carencia de protocolos adecuados para situaciones de salud particulares o espacios de lactancia para aquellas agentes que han retomado sus tareas tras la maternidad.

En el ámbito administrativo y de control, se han implementado normativas que exigen a los patrulleros cumplir con al menos el 95% del recorrido asignado mediante un sistema de cronometraje estricto. Los informes indican que esta presión por cumplir con la métrica obliga a los conductores a circular a velocidades que dificultan la prevención real del delito y la observación del entorno. Asimismo, para el personal de a pie, se habría establecido una nueva meta de recorrido de 6.500 metros por turno, junto con la obligatoriedad de realizar y documentar al menos seis identificaciones de ciudadanos diariamente, una medida que ha generado preocupación por la seguridad de los oficiales que deben interceptar personas en soledad durante la madrugada para cumplir con la estadística.

Finalmente, el análisis de la operatividad cuestiona la efectividad de la rotación constante de los agentes en sus jurisdicciones. Si bien la medida busca evitar la excesiva familiaridad entre el personal y los residentes, diversos sectores consideran que esto desarticula el vínculo de confianza y la obtención de información vecinal relevante para la prevención del delito. La combinación de estas exigencias estadísticas, la falta de infraestructura básica y la exposición física de los efectivos ha generado un clima de malestar en la fuerza, contraponiéndose a las directivas de protección y respeto institucional expresadas por el Ejecutivo porteño.

Persecución en la General Paz: capturan a dos delincuentes con frondoso prontuario tras el robo de una camioneta

El operativo, coordinado por el Anillo Digital, se extendió por varios kilómetros. Los detenidos, de 19 y 20 años, poseen un extenso historial de robos, tenencia de armas de guerra y narcotráfico.

El despliegue visual: del monitoreo a la acción

La secuencia captada por la cámara corporal de un efectivo de la Policía de la Ciudad comienza en plena Avenida General Paz. Las imágenes muestran al oficial a bordo de una unidad motorizada de alta cilindrada, zigzagueando a gran velocidad entre camiones de carga y vehículos particulares bajo un cielo encapotado. El sonido ambiente está dominado por la sirena policial y el estruendo del motor, mientras el agente coordina por radio el "operativo cerrojo" con otras unidades.

En el video se observa el paso veloz bajo puentes peatonales y señalética vial que indica los accesos a la zona norte. La tensión aumenta cuando el flujo de tránsito se detiene bruscamente. Allí, una Toyota SW4 blanca —que había sido robada horas antes en la Comuna 12A— queda atrapada en un embotellamiento provocado por la policía. Al verse cercada entre un camión y el guardarraíl, la camioneta detiene su marcha.

El momento de la captura en Alberdi

El oficial desciende de la motocicleta en movimiento y, con el arma reglamentaria en mano, se dirige al vehículo al grito de "¡Bajate del auto, bajate!". Las imágenes muestran cómo los dos ocupantes son obligados a salir y arrojarse al asfalto boca abajo. La detención se concretó exactamente en la intersección de General Paz y la Avenida Juan Bautista Alberdi.

Tras la reducción de los sospechosos, el registro visual detalla los daños en el frente de la Toyota SW4, la cual presenta el paragolpes delantero parcialmente desprendido y marcas de colisiones menores producto del intento de embestir a los agentes durante la fuga.

Perfil criminal: delincuentes con largo historial

La identificación de los detenidos reveló que, a pesar de su juventud, ambos son reincidentes con causas graves:

• El conductor (20 años): Registra antecedentes por robo (28/11/2024), tenencia simple de arma de guerra (28/12/2024), infracción a la Ley de Estupefacientes (25/09/2025) y encubrimiento agravado (23/11/2025).

• El acompañante (19 años): Su prontuario incluye lesiones leves (9/05/2021), robo (28/10/2021), robo agravado por uso de arma (16/06/2022), robo (24/01/2023) y tres causas por drogas durante 2024.

El hallazgo del vehículo de apoyo

Mientras se realizaba la detención en General Paz, personal policial logró localizar el vehículo que oficiaba de apoyo: un Peugeot 208. El auto fue hallado abandonado en la intersección de las calles Guaraní y O’Higgins, en la localidad de Lomas de Zamora. Tras las pericias correspondientes, se confirmó que el rodado también tenía un pedido de secuestro activo por robo.

Situación judicial

La causa ha sido caratulada como robo, atentado y resistencia a la autoridad. Se encuentra bajo la órbita del Juzgado Nacional Criminal y Correccional N°8, liderado por la Dra. Bernan, con la intervención de la Secretaría N°125 a cargo de la Dra. Samaniego. Los peritajes continúan para establecer si los detenidos forman parte de una banda dedicada al robo de vehículos de alta gama en la zona metropolitana.

Tensión en el Hospital Churruca: Mujer se encadenó denunciando abandono de persona y corrupción administrativa

El incidente ocurrió en la entrada principal del Complejo Médico Policial "Churruca Visca". La manifestante denuncia falta de insumos básicos, negligencia médica grave hacia su esposo y un presunto esquema de corrupción en la derivación de estudios de alta complejidad.

Buenos Aires – Una situación de extrema tensión se vivió en las últimas horas en el acceso al Hospital Churruca Visca, ubicado en el barrio de Parque Patricios. Una mujer, esposa de un paciente internado en la institución, procedió a encadenarse a las barandas de la entrada principal del edificio en señal de protesta, exponiendo la grave crisis estructural y financiera que atraviesa el centro de salud destinado a la Policía Federal y sus familias.

El reclamo, que rápidamente captó la atención de otros afiliados y personal de seguridad, se centra en el deterioro de la atención médica, la falta de insumos críticos y lo que la denunciante califica como maniobras de corrupción por parte de la dirección del hospital.

Testimonios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

"Casi lo dejaron morir"

Según se desprende de los registros audiovisuales obtenidos en el lugar, la mujer tomó la drástica decisión tras semanas de presunta negligencia en el tratamiento de su esposo. Visiblemente alterada y asegurando las cadenas a la estructura metálica, relató que su marido permaneció en estado crítico debido a la burocracia hospitalaria.

 

"¿Cuál es la necesidad? Que a mi marido lo dejaron casi morir. Le negaron el tomógrafo y ahora estuvo en coma siete días", exclamó la mujer ante la consulta de los presentes.

La denuncia apunta directamente a un presunto manejo fraudulento de los recursos. La manifestante alega que el tomógrafo del hospital no es utilizado intencionalmente para forzar derivaciones a clínicas privadas, sugiriendo un retorno económico para las autoridades del nosocomio.

"Estaba todo podrido porque querían que hicieran un expediente para hacerlo [el estudio] fuera del Churruca. Todavía sigo esperando el turno, porque el choreo del director es: mitad clínica y mitad él. Una vergüenza", sentenció la mujer.

Crisis de insumos y desfinanciamiento

El reclamo expone la realidad de un hospital que enfrenta denuncias sistemáticas de desfinanciamiento. La mujer detalló condiciones inhumanas de internación, indicando la falta de elementos tan básicos como bolsas de colostomía o medicación específica para curaciones.

 

"Lo dejaron el fin de semana que se le revienten las bolsas de caca en la panza porque no había bolsitas supuestamente. Tiene las piernas podridas y le ponen vaselina en vez de Iruxol, porque tampoco hay. No hay nada. Es el choreo del año acá", agregó, denunciando el vaciamiento de la farmacia y los depósitos del hospital.

Apoyo de los afiliados y tensión con seguridad

Mientras la mujer se aseguraba a la baranda, personal de seguridad privada y efectivos policiales se acercaron al lugar, intentando disuadirla. Sin embargo, la protesta recibió el respaldo inmediato de otros pacientes y familiares que se encontraban en la entrada, quienes validaron las acusaciones sobre las demoras excesivas en los turnos.

Una afiliada presente en el lugar intervino apoyando la medida de fuerza: "Todos los afiliados la vamos a apoyar, porque es verdad. Es una vergüenza lo que hacen con nosotros. Roban y los turnos los dan de aquí a enero".

La denunciante también manifestó haber recibido amenazas por parte de familiares de la dirección del hospital al intentar elevar sus quejas, afirmando que buscaron amedrentarla con "llevarla presa".

Contexto institucional

El Hospital Churruca Visca ha sido objeto de múltiples reclamos en el último tiempo. Las acusaciones de la manifestante resuenan con denuncias previas de gremios y asociaciones de familiares que alertan sobre un vaciamiento presupuestario, aparatología fuera de servicio y una gestión que prioriza la tercerización de servicios en detrimento de la capacidad operativa propia del hospital.

Hasta el momento, las autoridades del nosocomio no han emitido un comunicado oficial respecto a la situación particular de este paciente ni sobre las graves acusaciones de corrupción vertidas durante la protesta.

Se reproducen textualmente los fragmentos más relevantes del reclamo ocurrido en la escalinata de ingreso:

• Denunciante: "Le negaron el tomógrafo y ahora estuvo en coma siete días... querían que hicieran un expediente para hacerlo fuera del Churruca (...) El choreo del director es: mitad clínica y mitad él."

• Denunciante: "Tiene las piernas podridas y le ponen vaselina en vez de Iruxol porque tampoco hay. No hay nada."

• Afiliada (testigo): "Todos la vamos a apoyar... a mi marido le descuentan [de sus haberes]... roban y los turnos los dan de aquí a enero."

• Denunciante: "El director... pedía a otro lugar para que se la hagan [la tomografía] y mi marido en la semana se pudrió todo."

 Las autoridades ministeriales ni de la fuerza policial han dado respuesta alguna ante esta creciente y grave situación. Patricia Bullrich dejó el cargo a Alejandra Monteoliva, quién tampoco se manifestó al respecto. Martín Siracusa es el responsable administrativo en el Ministerio de Seguridad Nacional, quién define los salarios los cuales derivan en la los aportes, y tampoco ha dado respuesta por más que frecuentemente aparece en el canal de televisión "La Nación +" hablando de economía como un externo al gobierno.

Desde la superintendencia de bienestar ni el  Comisario Mayor FARA, FAVIO ADRIÁN, ni el Comisario Inspector GRAFF, FABIO HERNAN, ni el Auxiliar Superior de 1a. Dr. FARINA, PABLO han dado respuesta alguna, tampoco el Auxiliar Superior de 2a. CIFUNI, DARIO ADRIAN ni el Comisario Inspector SERENA, MYRIAN CLAUDIA.

Estos reclamos recurrentes tampoco son oidos por el Jefe de la Policía Federal Argentina, el Comisario General Luis Alejandro ROLLE. Este año se suicidó el sargento escribiente Alejandro Tejerina en uno de los baños del complejo hospitalario, luego de no poder recibir atención médica. Dejo cartas explicando la situación. A día de hoy tampoco desde la institución policial ni desde el ministerio se han expresado al respecto.

Mientras todo esto sucede, en una total disociación de la realidad, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni defiende la gestión de Patricia Bullrich durante el cierre de su gestión expresando la "Doctrina Bullrich", en la conferencia de prensa del día de hoy. 

Investigación judicial sobre intimidación a la periodista Guadalupe Vázquez

Un expediente judicial, el CFP 3569/2025, ha sido asignado al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 para investigar una denuncia por presunta asociación ilícita e intimidación pública contra un grupo de individuos, tras una agresión a la periodista Guadalupe Vázquez.

La denuncia, presentada por la propia Vázquez, se relaciona con un incidente en el que se le dejó un cartel con insultos, en lo que ha sido interpretado como un acto de intimidación. El suceso se enmarca en un contexto de agresiones previas que la periodista ha sufrido, y se vincula con su labor periodística, en particular la difusión de fotografías de una fiesta durante la pandemia.

Entre los denunciados se encuentran Alberto Grasso Rivaldi, Pablo Giles, José Lepere, Matías Federici, Facundo Lococo y Rubén Ezequiel Pavón. Los últimos tres nombres, Federici, Lococo y Pavón, han sido señalados por la prensa como personas con vínculos políticos con Juan Debandi y La Cámpora Tres de Febrero, lo que los relaciona directamente con los actos vandálicos perpetrados en la sede de los canales Todo Noticias (TN) y Canal 13.

Según la información publicada, Facundo Lococo es descrito como mano derecha de Debandi, Matías Federici como miembro de su equipo de comunicación, y Rubén Ezequiel Pavón como un referente estudiantil también cercano a su círculo.

El expediente, asignado por sorteo el 29 de agosto de 2025, busca determinar la responsabilidad de los implicados en los delitos de asociación ilícita e intimidación pública, basándose en la agresión a la periodista y la presunta coordinación de los actos vandálicos. La investigación está en curso para esclarecer los hechos y sus motivaciones.

Acción decisiva de un policía federal frustra robo armado en Almagro y detiene a un delincuente

En la tarde de hoy, un policía de la Policía Federal Argentina (PFA) intervino de manera decisiva para evitar un robo en el barrio porteño de Almagro, demostrando una vez más el compromiso y la preparación de las fuerzas de seguridad para proteger a la ciudadanía. El hecho se produjo en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Salguero, cuando el efectivo sorprendió a un delincuente en pleno acto delictivo.

El policía, que se encontraba fuera de servicio en la zona, observó cómo un individuo violentaba la ventanilla de un automóvil estacionado con claras intenciones de robo. En cumplimiento de su deber, y conforme a lo que dictan los protocolos policiales, el agente se identificó y dio la voz de alto. Sin embargo, lejos de rendirse, el sospechoso respondió empuñando un arma de fuego, lo que obligó al oficial a repeler la agresión con su arma reglamentaria.

El policía efectuó dos disparos en legítima defensa, uno de los cuales impactó en la pierna izquierda del delincuente. De inmediato, el herido fue asistido por personal del SAME y trasladado, bajo custodia policial, a un centro asistencial. Se informó que la lesión no reviste gravedad y que el detenido permanece internado, con consigna.

La intervención del efectivo fue crucial no solo para evitar un robo consumado, sino también para neutralizar una amenaza directa a su integridad física y a la de cualquier persona que pudiera encontrarse en las inmediaciones. La utilización del arma reglamentaria se ajustó a los parámetros de la legítima defensa, dado que el atacante esgrimió un arma, generando un peligro inminente y concreto.

Cabe destacar que el imputado no actuaba en soledad. Un segundo sospechoso, que lo esperaba en una motocicleta en las cercanías, logró huir de la escena. Las autoridades de la Policía de la Ciudad, que llegaron rápidamente al lugar tras un llamado por disparos, desplegaron un operativo de búsqueda para dar con el cómplice prófugo.

Este episodio pone de relieve el valor y la eficacia del accionar policial en situaciones críticas, donde la rapidez de reacción y el entrenamiento son determinantes. El compromiso de los agentes de seguridad, aún fuera de servicio, continúa siendo un pilar fundamental para la prevención del delito y la protección de los ciudadanos.

Denuncias por Corrupción Sacuden al Partido Libertario de CABA y PBA

Una investigación periodística reciente realizada por "El Presto", ha puesto al descubierto graves acusaciones de corrupción que involucran al Partido Libertario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires (PBA), agrupaciones que formaron parte de la coalición que llevó al actual presidente al poder. Las denuncias, que se encuentran bajo investigación judicial desde al menos 2020, señalan un patrón de irregularidades que incluyen afiliaciones fraudulentas, desvío de fondos públicos y manipulación de la estructura interna del partido.

Nicolás Emma, presidente del Partido Libertario en CABA y actual diputado de La Libertad Avanza, y Lucas Gazzotti, presidente del Partido Libertario en PBA, son las figuras centrales de estas acusaciones.

Irregularidades en las Afiliaciones y la Carta Orgánica

Entre las irregularidades más destacadas se encuentran las denuncias por afiliaciones falsas, donde se habrían utilizado nombres de personas fallecidas, menores de edad, extranjeros e individuos inhabilitados, así como registros duplicados. Una ex autoridad del Partido Libertario de PBA, denunció el uso de su nombre y firma en cientos de fichas de adhesión apócrifas presuntamente manipuladas para obtener los avales requeridos por el Tribunal Electoral. La denuncia penal por estas acciones apunta directamente a Nicolás Emma, Lucas Gazzotti y Bruno Galeni, apoderado en PBA, quien ha sido señalado como el autor intelectual de los hechos.

Asimismo, la investigación revela maniobras ilegales para modificar la Carta Orgánica del partido, que funciona como su constitución interna, sin el quórum necesario y sin cumplir con los requisitos establecidos. Se ha denunciado que la comisión directiva, liderada por Nicolás Emma, se negó reiteradamente a entregar el libro de actas, un documento fundamental para la transparencia partidaria, obligando a los afiliados a recurrir a actas notariales para dejar constancia de lo ocurrido.

Desvío de Fondos Electorales

Una de las acusaciones más graves concierne el presunto desvío de fondos estatales destinados a la impresión de boletas electorales para las elecciones de 2023. Según la denuncia, el Estado Nacional transfirió millones de pesos para imprimir tres veces el padrón bonaerense. Sin embargo, se alega que la imprenta produjo solo una mínima parte de lo cobrado, equivalente a las boletas obligatorias requeridas por ley (aproximadamente el 15% del padrón para cada mesa electoral), y devolvió el resto del dinero en efectivo a quienes controlaban la cuenta, es decir, Emma y Gazzotti.

Esta situación habría provocado la escasez de boletas libertarias en muchos colegios electorales, mientras que el dinero destinado a su impresión regresaba en efectivo a los responsables. Como prueba, la fiscalía ha incorporado una grabación donde, según fuentes del expediente, se escucha la voz de Lucas Gazzotti discutiendo el manejo de dinero.

Contexto Político y Repercusiones

Estas denuncias se dan en un contexto donde el Partido Libertario, a pesar de haber sido un pilar para la llegada del actual presidente al poder, se encuentra en una etapa de reorganización y transformación. La Libertad Avanza, el frente electoral que finalmente impulsó la candidatura presidencial, se creó en julio de 2021 debido a que el Partido Libertario no logró conformarse en tiempo y forma ante la justicia electoral para las elecciones legislativas de ese año. Una vez que el presidente estaba instalado como candidato, Karina Milei y los Menem decidieron dar entidad propia a La Libertad Avanza, dejando de lado la dependencia de "partiditos menores".

Actualmente, 12 distritos del Partido Libertario se encuentran constituidos, y 10 de ellos trabajan en conjunto para conformar un nuevo perfil que sirva de soporte a las ideas de la libertad. No obstante, los distritos de CABA y PBA, que son cruciales por su importancia territorial y caudal de votos, no forman parte de esta nueva organización nacional debido a las irregularidades investigadas. La situación ha dejado a miles de afiliados en una posición de indefensión, con sus datos personales expuestos en expedientes judiciales y sin posibilidad de incidir en la línea política del partido.

La justicia continúa investigando estas graves acusaciones, buscando determinar las responsabilidades de los líderes del Partido Libertario en CABA y PBA.

Violento episodio en la Legislatura porteña: denuncian que la diputada María Bielli irrumpió con tres personas en el despacho de Yamil Santoro

Un grave episodio de violencia institucional tuvo lugar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires luego de que el legislador porteño Yamil Santoro denunciara que su despacho fue irrumpido y atacado por la diputada María Bielli, integrante del bloque kirchnerista, acompañada por tres personas aún no identificadas formalmente.

Según el testimonio del propio Santoro y de su equipo de trabajo, el incidente se produjo pocas horas después de que, en su rol como director de la Fundación Apolo, el legislador presentara ante la Justicia un pedido para que se establezcan restricciones a la eventual prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presentación judicial plantea que dicha modalidad debe aplicarse en condiciones de control efectivo, sin beneficios de confort ni propiedades lujosas pagadas con fondos públicos.

La denuncia por el ataque fue formalizada por Santoro tras lo ocurrido. De acuerdo con lo relatado, la diputada Bielli habría ingresado en actitud violenta a las oficinas del legislador en la Legislatura porteña, acompañada por tres personas, y procedido a agredir verbalmente a los presentes. El grupo arrojó sillas, un monitor y forzó la puerta de la oficina personal de Santoro, a quien habrían estado buscando. El legislador no se encontraba en ese momento en el lugar, lo que evitó un posible enfrentamiento directo.

“Revolearon muebles y amenazaron a mi equipo a los gritos. Son cavernícolas”, publicó Santoro en sus redes sociales, calificando el episodio como una muestra de intolerancia política y violencia institucional inaceptable.

Cámaras de seguridad de la Legislatura registraron el ingreso de Bielli y sus acompañantes al despacho, confirmando el carácter intempestivo y agresivo de la irrupción. Los videos ya fueron puestos a disposición de las autoridades para su análisis.

Santoro anunció que solicitará una sanción disciplinaria contra la legisladora, exigiendo que se evalúe su conducta en el recinto legislativo y se determine su eventual desplazamiento. “No sé qué hubiera pasado si me encontraban ahí”, expresó con preocupación el legislador, al tiempo que destacó que su jefa de despacho fue retirada del lugar a tiempo para evitar una posible agresión directa.

El hecho ha generado amplio repudio en diversos sectores del arco político porteño. Si bien aún no hubo declaraciones oficiales del bloque kirchnerista en la Legislatura, se espera que el tema sea tratado en la próxima sesión parlamentaria.

La violencia dentro de las instituciones democráticas representa un retroceso alarmante en los estándares de convivencia cívica. La gravedad del accionar atribuido a la diputada Bielli y sus acompañantes pone en cuestión no solo la conducta de una funcionaria electa, sino también los límites de la disputa política dentro de los marcos legales y democráticos.

El incidente abre una nueva instancia de tensión en el escenario político local, justo en un momento de fuerte polarización, donde la violencia –aunque sea simbólica– no puede ser naturalizada ni tolerada bajo ningún concepto.

Alcaidía 6A - El uso arbitrario de recursos en las Fuerzas de Seguridad: un problema crítico en la Gestión de la Seguridad

La gestión de la seguridad en cualquier sociedad es un desafío complejo que requiere una administración eficiente y transparente de los recursos disponibles. Sin embargo, cuando el uso de estos recursos se vuelve arbitrario y discrecional, surgen problemas que pueden comprometer la efectividad y la confianza en las fuerzas de seguridad. Un ejemplo reciente de esta problemática se observa en la fuga de seis presos de la Alcaidía 6A de la Policía de la Ciudad, ubicada en el barrio de Caballito, Buenos Aires.

La Fuga en la Alcaidía 6A

El pasado domingo, seis detenidos lograron escapar de la Alcaidía 6A tras maniatar y golpear a dos oficiales. Los fugados, que ya tenían dictada la prisión preventiva, cruzaron hacia la provincia de Buenos Aires por el Puente Alsina y tomaron rumbo hacia Lanús. Dos de los presos fueron recapturados, mientras que los otros cuatro continúan prófugos. Este incidente no solo pone en evidencia las fallas en la seguridad de la alcaidía, sino que también resalta problemas más profundos en la gestión de los recursos y el personal de las fuerzas de seguridad.

Uso Arbitrario de Recursos y Sus Consecuencias

El uso arbitrario y discrecional de los recursos en las fuerzas de seguridad puede llevar a una serie de problemas que afectan tanto a la institución como a la sociedad en general. En el caso de la Alcaidía 6A, la falta de medidas adecuadas para prevenir fugas y la superpoblación de detenidos son claros indicadores de una mala gestión de recursos.

1. Superpoblación y Condiciones Inadecuadas: La superpoblación en las alcaidías y comisarías es un problema crónico que se ha agravado en los últimos años. Actualmente, hay más de 2.200 detenidos en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales más del 90% deberían estar en penales federales. Esta situación no solo afecta la calidad de vida de los detenidos, sino que también dificulta la labor de los oficiales y aumenta el riesgo de fugas.

2. Falta de Inversión en Infraestructura: La infraestructura de las alcaidías y comisarías es insuficiente para manejar la cantidad de detenidos actual. La creación de alcaidías modulares es una medida provisoria que, aunque necesaria, no resuelve el problema de fondo. La falta de inversión en infraestructura adecuada y en tecnología de seguridad es un reflejo del uso arbitrario de los recursos disponibles.

3. Desgaste del Personal: El personal de las fuerzas de seguridad enfrenta un desgaste significativo debido a la falta de apoyo y recursos adecuados. En muchos casos, los oficiales son utilizados como "fusibles" para resolver problemas estructurales, lo que genera desmotivación y baja moral. La falta de escucha y consideración hacia el personal es un error grave que puede llevar a una menor efectividad en la gestión de la seguridad.

La Necesidad de una Gestión Transparente y Eficiente

Para resolver los problemas en la gestión de la seguridad, es fundamental adoptar una administración transparente y eficiente de los recursos. Esto implica:

1. Escuchar al Personal: El personal de las fuerzas de seguridad tiene una visión privilegiada de los problemas y necesidades del sistema. Escuchar sus opiniones y sugerencias es crucial para implementar soluciones efectivas.

2. Inversión en Infraestructura y Tecnología: Es necesario invertir en la mejora de la infraestructura de las alcaidías y comisarías, así como en tecnología de seguridad que permita una mejor gestión y control de los detenidos.

3. Políticas Claras y Consistentes: Las políticas de seguridad deben ser claras y consistentes, evitando el uso arbitrario de los recursos. Esto incluye la implementación de protocolos estrictos para la prevención de fugas y la gestión de la superpoblación.

4. Colaboración Interinstitucional: La colaboración entre las fuerzas de seguridad y otras instituciones, como el poder judicial y el gobierno nacional, es esencial para abordar problemas complejos como la superpoblación y la falta de traslados a penales federales.

Conclusión

La fuga de presos en la Alcaidía 6A es un síntoma de problemas más profundos en la gestión de la seguridad en Buenos Aires. El uso arbitrario y discrecional de los recursos, la falta de inversión en infraestructura y tecnología, y el desgaste del personal son factores que contribuyen a esta situación. Para mejorar la efectividad y la confianza en las fuerzas de seguridad, es imperativo adoptar una gestión transparente y eficiente, escuchando al personal y implementando políticas claras y consistentes. Solo así se podrá garantizar una seguridad adecuada para todos los ciudadanos.

Fuga de presos en Liniers: una metáfora de la precariedad en seguridad

En la noche del lunes, 17 presos se fugaron de la Alcaidía Comunal 9, ubicada en la calle Gana 430, en Liniers. Los detenidos lograron escapar a través de un boquete de apenas 30 centímetros de diámetro realizado en una pared de ladrillo hueco. Este episodio no solo deja en evidencia fallas estructurales, sino también la alarmante falta de recursos destinados al sistema de seguridad por parte de los responsables políticos.

La fuga comenzó en un patio interno del recinto, donde los internos tuvieron acceso a las frágiles paredes. Según trascendió, estas estaban parcialmente ocultas por sábanas y colchones, lo que habría dificultado el monitoreo de las cámaras de seguridad. 

El uso de ladrillo hueco en una estructura que debería ser resistente resulta simbólico: es como el episodio de Los Simpson en el que Cecil, hermano de Bob Patiño, construye una represa con materiales de pésima calidad, terminando en un desastre previsible.

El Ministro de Seguridad de CABA es Waldo Wolff, el Secretario de Seguridad es Ezequiel Agustín Daglio. El Jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires es Pablo Luis Kisch, mientras que el Subjefe de la Policía de la Ciudad es Jorge Guillermo Azzolina. 

Cuatro efectivos para 58 presos

La situación es aún más crítica si se analiza el contexto operativo. En la alcaidía había 58 internos custodiados por apenas cuatro efectivos policiales. Resulta difícil imaginar cómo un equipo tan reducido podría garantizar la seguridad en condiciones mínimas, especialmente cuando la infraestructura y los recursos son inadecuados. ¿Cómo se pretende que estos trabajadores hagan frente a tal desafío?

El hecho también resalta un problema estructural en la política de seguridad. Mientras desde los altos mandos se exigen resultados, el personal en terreno enfrenta una realidad de recursos insuficientes y decisiones administrativas que priorizan el ahorro sobre la seguridad.

Reacciones y consecuencias

Hasta el momento, uno de los presos ha sido recapturado y continúa un operativo cerrojo para dar con los demás fugitivos, que incluyen once argentinos y seis ciudadanos chilenos. Además, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad ha iniciado sumarios internos para determinar responsabilidades. Sin embargo, esto no resuelve la pregunta de fondo: ¿cómo evitar que hechos similares se repitan en el futuro?

Esta fuga no es solo un fracaso puntual, sino una señal de alarma que refleja la precariedad del sistema. Si se pretende exigir al personal policial resultados en condiciones tan adversas, sin mejorar los recursos asignados, episodios como este seguirán siendo parte de una preocupante normalidad.

Gastos innecesarios: la importancia de la austeridad en la gestión pública, champagnes para la Dirección de Patrimonio y Casco Histórico (GCABA)

Recientemente, se conoció la adjudicación de una compra que ha generado inquietud sobre el uso de fondos públicos en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA). La Dirección General de Patrimonio y Casco Histórico, dependiente del Ministerio de Cultura, ha realizado una contratación menor para la adquisición de 20 botellas de champagne por un valor total de $435.500. La compra, adjudicada a Gran Yantar Catering SAS, plantea interrogantes sobre la necesidad de este tipo de gastos en un contexto en el que la prudencia financiera debería ser prioritaria.

Este tipo de erogaciones, que no pueden considerarse esenciales para el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, afecta directamente el equilibrio fiscal de las administraciones públicas. Cada peso gastado en bienes y servicios no esenciales es un recurso que podría haberse destinado a áreas prioritarias como salud, educación o infraestructura. En tiempos en que la economía nacional enfrenta desafíos importantes, mantener un control riguroso del gasto público es fundamental para asegurar la estabilidad y la prosperidad a largo plazo.

La adquisición de "víveres", en este caso champagnes, para la Dirección de Patrimonio y Casco Histórico (cuyo titular es Pedro Ramón Aparicio), pone de manifiesto la necesidad de que los gobiernos locales revisen sus políticas de compras y enfoquen sus recursos en verdaderas necesidades. Las administraciones deben estar alineadas con los principios de austeridad, maximizando el impacto positivo de cada inversión y minimizando aquellos gastos que no aportan un valor tangible a la ciudadanía.

El equilibrio fiscal es clave para el desarrollo económico sostenible. Cuando los gobiernos destinan recursos a gastos superfluos, no solo se compromete la eficiencia en el uso de los fondos públicos, sino que también se afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La austeridad no es solo una medida de control financiero, sino un compromiso con la responsabilidad y la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.

Denuncian a Roberto García Moritán por presuntas contrataciones irregulares y malversación de fondos públicos

Roberto García Moritán, empresario y actual funcionario a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciado por la contratación presuntamente irregular de 384 empleados en un período de seis meses, además de otras presuntas irregularidades vinculadas a fundaciones y la recepción de donaciones de diversas empresas. La causa quedó en manos de la jueza María Servini, titular del Juzgado Federal 1, tras ser sorteada entre los tribunales competentes.

La denuncia fue presentada por el abogado Fernando Miguez, representante de la "Fundación por la Paz y el Cambio Climático". Según la denuncia, García Moritán habría contratado a estos empleados con salarios superiores a $1.000.000 sin justificación clara respecto de sus funciones en el Ministerio. Además, se señala que en algunas áreas se llegó a designar más de 30 empleados en un solo día, incrementando los gastos del Ministerio en más de 300 millones de pesos mensuales.

Miguez también solicitó que se tomen medidas de prueba, como el libramiento de oficios a organismos de control para investigar posibles movimientos financieros inusuales, transferencias internacionales y comportamientos atípicos en las cuentas bancarias del denunciado y las entidades involucradas.

La denuncia incluye cargos por presunta malversación de caudales públicos y peculado, lo que podría generar un impacto significativo en la gestión del funcionario porteño y en el desarrollo de las investigaciones judiciales a cargo de Servini. Las fuentes judiciales informaron que se espera que las investigaciones avancen en las próximas semanas para determinar la veracidad de las acusaciones presentadas.

Controversia por el Gasto de 135 Millones de Pesos en "Gaming Labs" Anunciado por Jorge Macri

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anunció el lanzamiento de nueve "gaming labs", centros de videojuegos destinados a jóvenes durante las vacaciones de invierno. El gasto de 135 millones de pesos para su instalación ha generado controversia.

El anuncio, realizado el domingo, destacó que estos espacios permitirán a los jóvenes capacitarse y practicar en videojuegos. Sin embargo, la reacción en redes sociales fue negativa, con críticas que señalaron un uso inapropiado de los fondos públicos, sugiriendo que se deberían destinar a seguridad, salud y educación. Algunos comentarios en la plataforma X calificaron la iniciativa como "populismo de clase alta" y propusieron alternativas como una universidad para e-sports.

La oficina de compras de la Jefatura de Gabinete informó que el costo de los “gaming labs” asciende a 135 millones de pesos, con el objetivo de promover políticas relacionadas con la industria de los videojuegos y fomentar la vinculación de los ciudadanos con esta industria. El contrato de estos espacios tiene una vigencia de cinco meses y necesitará renovación a su vencimiento, con costos ajustados por inflación.

Este gasto ha sido criticada en el contexto de problemas de mantenimiento en la ciudad, como la higiene y las obras públicas, que según funcionarios de la gestión anterior, se deben al crecimiento poblacional. A pesar de estos problemas conocidos, la administración actual ha sido cuestionada por destinar recursos a áreas percibidas como de menor necesidad.

Escándalo en el Ministerio de Cultura: Cooperativa Factura $110 Millones para Ropa de Militancia Política

En un nuevo episodio de controversia y corrupción, se ha revelado que una cooperativa vinculada a un conglomerado gestionado por Juan Grabois ha facturado al Ministerio de Cultura la sorprendente suma de $110 millones en el transcurso del 2023. La contratación, realizada de manera directa, tuvo como objetivo la confección de ropa destinada a actividades de militancia política.

El domicilio registrado de la cooperativa, ubicado en Pedro Echagüe 1265, ha sido identificado como el epicentro de una red de cooperativas con conexiones directas a Grabois, una figura prominente en la política y la organización social en Argentina.

OTRA COOPERATIVA TRUCHA | Solo en el 2023 y por 1 sola contratación directa una cooperativa le facturó al Ministerio de Cultura $110 millones (a valor actual) para hacerles ropa de militancia política. pic.twitter.com/i8KCzVmpmt

— Pregonero (@PregoneroL) June 17, 2024

Este hecho ha suscitado una ola de indignación y críticas hacia el Ministerio de Cultura por la falta de transparencia y el uso de recursos públicos en actividades partidarias. La revelación de esta contratación directa pone en tela de juicio la integridad de las operaciones ministeriales y el adecuado control de los fondos estatales.

Las autoridades aún no han emitido una declaración oficial al respecto, pero se espera que en los próximos días se inicien investigaciones para determinar la legalidad y la justificación de esta millonaria transacción. La opinión pública exige respuestas y medidas contundentes para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

¿La tenencia de libros como delito? Reflexiones sobre la persecución por bibliografía

En un reciente incidente publicado por INFOBAE, en el cual se detuvo a una persona en  en Villa Urquiza por parte de la Policía de la Ciudad, se ha generado revuelo en los círculos intelectuales y defensores de las libertades individuales, se ha puesto de manifiesto la preocupante tendencia de considerar la posesión de libros como algo sospechoso, incluso criminal. El caso, actualmente en manos del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°26, junto con la intervención del fiscal Federico Tropea, ha desatado un debate sobre los límites de la persecución por bibliografía y los paralelismos inquietantes con regímenes autoritarios del pasado.

Según la información proporcionada por fuentes oficiales, el procedimiento policial culminó con el secuestro de varios libros, un disco duro y otros elementos, tras una investigación impulsada, entre otros, por el político Waldo Wolff. Entre los libros confiscados se encontraban obras que abordaban temas tan diversos como la inteligencia, el nazismo, el atentado a la AMIA y la figura del expresidente Macri y su familia.

Lo que debería ser un acto rutinario de investigación policial ha desatado una ola de preocupación y críticas, y con razón. La persecución por la posesión de libros nos remonta a los tiempos más oscuros de la historia, donde regímenes totalitarios como el descrito en "Fahrenheit 451" de Ray Bradbury o en "1984" de George Orwell utilizaban la censura y la quema de libros como herramientas de control ideológico.

El hecho de que en pleno siglo XXI se esté contemplando la tenencia de libros como un posible delito es profundamente alarmante. Los libros son vehículos del conocimiento, herramientas para el pensamiento crítico y la reflexión, no deberían ser objeto de sospecha o criminalización. La diversidad de opiniones y perspectivas que ofrecen los libros es esencial para el desarrollo de una sociedad libre y democrática.

Además, la selección de los libros confiscados en este caso plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la investigación. ¿Es legítimo considerar la lectura sobre el nazismo como indicio de simpatía con esta ideología? ¿O el interés por la historia reciente de Argentina, incluyendo el atentado a la AMIA y la gestión de un expresidente, debe ser motivo de sospecha?

Es fundamental recordar que la persecución por la tenencia de libros no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de episodios donde se han quemado libros y se ha perseguido a quienes los poseían. Desde la quema de libros durante la Inquisición hasta la censura cultural en regímenes totalitarios del siglo XX, la historia nos enseña las peligrosas consecuencias de la intolerancia intelectual.

En lugar de criminalizar la tenencia de libros, deberíamos promover el acceso a la educación y la diversidad de ideas. Los libros no son armas de destrucción, sino herramientas de construcción de un pensamiento crítico y una sociedad más justa. La persecución por la bibliografía nos recuerda que la vigilancia excesiva y la restricción de las libertades individuales son el camino hacia la opresión y la tiranía.

A su vez es extremadamente preocupante que los medios muestren imágenes de las personas sospechosas sin juicios, y más para contravenciones, generando un daño irremediable.

Es responsabilidad de todos defender el derecho fundamental a leer y pensar libremente. La tenencia de libros no debería ser motivo de temor, sino de celebración. En un mundo donde la información es poder, debemos resistir cualquier intento de limitar nuestro acceso al conocimiento. La lucha por la libertad intelectual es una batalla que debemos librar con firmeza y determinación.

Escándalo en Buenos Aires: Taxista se niega a llevar a enfermera veterana de Malvinas

En un incidente que ha conmocionado a la opinión pública, Silvia Barrero, una enfermera voluntaria que sirvió en las Islas Malvinas, fue discriminada por un taxista en Buenos Aires. El incidente ocurrió cuando Barrero, al regresar de la Casa de Gobierno, solicitó un taxi para dirigirse a la Plaza San Martín, donde había dejado su automóvil.

Según relatos de testigos, al abordar el taxi, el conductor le preguntó a Barrero: "¿Usted qué es?". La enfermera, sin dudarlo, respondió que era veterana de guerra de Malvinas. Sin embargo, la respuesta del taxista dejó atónita a Barrero y a los presentes. El conductor le ordenó que se bajara del vehículo, expresando de manera despectiva: "Yo, milicos de mierda, no llevo".

 

El incidente no pasó desapercibido para Eduardo Feinmann, periodista de LN+, quien reaccionó sorprendido ante la situación. "No", expresó Feinmann, antes de continuar: "¿Qué confusión tienen algunos? ¿Qué tiene que ver la dictadura?".

Ante las cámaras, María Liliana Colino, también presente en el programa, intentó explicar la complejidad de separar la parte política de lo que fue la epopeya de Malvinas. "Eso es lo más difícil de separar, la parte política de lo que fue la epopeya de Malvinas. Es lo que tratamos de hablar en las escuelas", comentó Colino.

El incidente ha generado indignación en las redes sociales y en la comunidad en general, así como un debate sobre la necesidad de promover el respeto y la valoración hacia quienes sirvieron en el conflicto de las Islas Malvinas, independientemente de las posiciones políticas. Las autoridades locales aún no han comentado sobre el incidente, pero se espera que se tomen medidas para abordar este tipo de discriminación en el transporte público.

Fraude Laboral en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Un Sistema Sostenido en la Inestabilidad Laboral

En los últimos años, el fenómeno del fraude laboral ha adquirido una dimensión alarmante en el ámbito gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires. Diversas áreas y organismos dependientes de la Gobernación, actualmente liderada por Jorge Macri, han sido señaladas por la práctica sistemática de renovar contratos laborales de manera constante, manteniendo a gran parte del personal en una posición de vulnerabilidad y precariedad.

Una de las principales problemáticas que ha emergido es la contratación de empleados bajo la figura de Monotributistas, una modalidad que debería reservarse para actividades independientes y no para el desempeño de funciones dentro de la estructura gubernamental. Esta situación ha llevado a que muchos trabajadores, a pesar de prestar servicios de forma continua durante más de una década, se vean privados de derechos laborales básicos como la estabilidad, la jubilación y el acceso a beneficios sociales.

La falta de estabilidad laboral es una consecuencia directa de la renovación constante de contratos, creando un entorno en el que los trabajadores viven con la incertidumbre de no saber si su contrato será renovado o no al finalizar su periodo vigente. Esta inestabilidad afecta no solo la calidad de vida de los empleados, sino también su capacidad para planificar a largo plazo y desarrollar una carrera profesional sólida.

Resulta preocupante que esta problemática no sea un caso aislado, sino que se extienda a diversos organismos gubernamentales bajo la administración de Jorge Macri. La falta de una política laboral clara y justa contribuye a la persistencia de estas prácticas, generando un caldo de cultivo propicio para el fraude laboral.

El impacto del fraude laboral en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va más allá de la esfera individual de los trabajadores afectados. Socava la moral y la eficiencia de los equipos, al tiempo que contradice los principios fundamentales de una administración pública ética y transparente.

Es imperativo que se tomen medidas urgentes para abordar esta problemática. Se requiere una revisión exhaustiva de las prácticas de contratación en los organismos gubernamentales, con la implementación de políticas que garanticen la estabilidad laboral y el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Existen antecedentes en la jurisprudencia donde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue condenada en múltiples causas por realizar fraude laboral ( “B. R. H. contra GCBA sobre cobro de pesos” , "D’Abate María del Carmen c/ GCBA s/ cobro de pesos", "G.C.B.A. s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Cecotti Alicia María c/ GCBA s/acción meramente declara-tiva (art. 277 CCAyT)'"), pero incluso en la actualidad se continúa con dicha práctica.

Este tipo de prácticas de fraude laboral son muy comunes en la Argentina, incluso en las fuerzas de seguridad se dan frecuentes casos en los cuales se asignan sumas salariales no remunerativas o pagos de forma tal que no generen aportes al retiro o jubilación. Este tipo de situaciones son tan reiterativas que la justicia ya falló en innumerables casos, pero aún así las instituciones policiales, cómo el Ministerio de Seguridad persisten en este tipo de asignaciones generando una grave distorsión y una afectación a la seguridad jurídica.

Los juicios por ajuste de haberes (también denominado "blanqueo"), producen una industria del juicio y es una falta de integridad. Al mismo tiempo que genera distorsión salarial entre los integrantes de las fuerzas.

El fraude laboral en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una realidad que no puede ser ignorada. La persistencia de esta práctica pone en tela de juicio la integridad de la administración y la responsabilidad social de quienes la lideran. La sociedad debe demandar un cambio, exigiendo transparencia, equidad y justicia laboral para construir un entorno laboral digno y sostenible.

Incidente frente al Palacio de Tribunales: Detonan mochila sospechosa que resulta ser inofensiva

En un inusual suceso ocurrido este mediodía, las autoridades intervinieron frente al Palacio de Tribunales luego de hallar una mochila abandonada en una panadería cercana. La situación desencadenó sospechas de un posible artefacto explosivo, lo que llevó a la intervención de la Policía Federal y la Brigada de Explosivos.

La mochila sin dueño fue descubierta en la "Tienda de Delicias", ubicada en Uruguay al 500, frente al emblemático edificio que alberga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y diversas oficinas judiciales. Ante la falta de un propietario identificable, se realizó una llamada al 911 para reportar el hallazgo.

Las fuerzas de seguridad, encabezadas por la Comisaría del Poder Judicial de la Nación y la Brigada de Explosivos bajo la supervisión del inspector Pablo Pastor, se desplazaron rápidamente al lugar. Un móvil de la Policía de la Ciudad también se sumó al operativo. A las 14.40 horas, las autoridades dieron por concluida su intervención tras llevar a cabo un protocolo de seguridad.

Según fuentes cercanas al incidente, la mochila fue llevada a la vereda con la esperanza de que alguien la reconociera como propia, sin obtener resultados positivos. Ante la posibilidad de un artefacto explosivo, se procedió a la detonación controlada, previa advertencia a los transeúntes y el corte de la calle.

El informe oficial de la Policía señala: "Realizaron una detonación controlada, arrojando NEGATIVO explosivo. No surgiendo novedad alguna, retirándose hace instantes las partes de las inmediaciones en absoluto orden". A raíz de la denuncia, se inició un expediente con la intervención del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.

Es importante destacar que el Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no sufrió daños ni interrupciones en sus actividades. La situación, aunque generó momentánea preocupación, resultó ser un falso alarmismo ante la ausencia de explosivos en la mochila detonada.

Desafíos en la Designación de Funcionarios en el Área de Seguridad: La Preocupación de los Graduados Universitarios

En la inminencia de un cambio de gobierno, las miradas se centran en la posible designación de funcionarios clave, especialmente en el ámbito de la seguridad. Los graduados universitarios en ciencias de la seguridad expresan su preocupación ante la perspectiva de ver ocupados estos cargos por individuos carentes de la idoneidad necesaria. En el escenario político futuro, donde se perfila a Javier Milei como presidente y se especula sobre nombres como Guillermo Francos y Nicolás Posse para ocupar cargos relevantes, la incertidumbre crece entre los expertos en seguridad.

Desde diversas carreras, como licenciaturas en seguridad, licenciaturas en seguridad ciudadana y técnicos en seguridad, se alza una voz unificada en defensa de la importancia de respetar los alcances de los títulos universitarios. Este llamado a la consideración de la formación específica no es solo una cuestión de preferencia, sino que encuentra respaldo en el artículo 16 de la Constitución Nacional Argentina, que establece los principios que deben regir en la designación de cargos públicos.

Es crucial recordar que diversos relevamientos ya han puesto de manifiesto una problemática persistente en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde, en muchos casos, no se respeta la formación universitaria ni se cumplen con las normativas que exigen idoneidad y requisitos mínimos para ocupar dichos puestos. Ante este panorama, los graduados en seguridad instan a las autoridades a considerar la importancia de contar con profesionales debidamente capacitados en la toma de decisiones cruciales para la seguridad nacional.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el mandato de Jorge Macri, también enfrenta un escenario similar, donde se rumorea la posible designación de Waldo Wolff, licenciado en administración de empresas, y Diego Kravetz, abogado, en el área de seguridad. Esta situación genera inquietudes adicionales entre la comunidad de expertos en seguridad, ya que la diversidad de carreras y universidades que ofrecen programas de licenciatura en seguridad plantea la necesidad de asegurar que los funcionarios designados comprendan los aspectos específicos de esta disciplina.

La idoneidad y la especialización son valores fundamentales en la gestión de la seguridad, y comprometerlos podría tener consecuencias significativas. Los profesionales en seguridad abogan por un proceso de selección transparente y basado en el mérito, donde la formación académica y la experiencia específica en la materia se consideren criterios fundamentales. La sociedad merece contar con líderes capaces de abordar los desafíos complejos que plantea la seguridad, y la designación de funcionarios sin la debida formación podría poner en riesgo la eficacia de las políticas públicas en esta área vital.

En este sentido, los graduados en ciencias de la seguridad hacen un llamado a las autoridades entrantes a priorizar la idoneidad y el respeto a los títulos universitarios en la designación de cargos clave. La seguridad de la nación y de la ciudadanía depende en gran medida de la competencia y conocimientos específicos de aquellos que lideran en estos ámbitos, y no hay margen para compromisos en este aspecto crucial para el bienestar de la sociedad.

Incendio en una comisaría de Palermo (Vecinal 14C) de la Policía de la Ciudad

Un interno de la comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad (ex comisaría 53), situada en República Árabe de Siria al 2.900, en el barrio porteño de Palermo, provocó un incendio al prender fuego un colchón en la Alcaidía. Este incidente, que comenzó alrededor de las 21, según informaron fuentes policiales, resultó en al menos cinco personas hospitalizadas debido a la inhalación de humo.

Las víctimas fueron trasladadas a dos hospitales de la Ciudad: tres al Hospital Fernández, ubicado a pocas cuadras del lugar del incidente, y las dos restantes al Hospital Rivadavia. En total, 14 ambulancias del SAME, una decena de móviles policiales y varias dotaciones de Bomberos trabajaron en la escena del suceso.

En este contexto, ya hace varios meses hay un conflicto con la directora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, ya que ha generado un considerable entorpecimiento en los traslados de detenidos desde las comisarías porteñas a las cárceles federales, complicando la gestión de situaciones críticas como la ocurrida en la comisaría de Palermo.

Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó en TN que al menos otros siete internos estaban recibiendo atención médica en el lugar, donde se encontraban alojados un total de 39 detenidos. La zona se vio convulsionada por el episodio, desencadenando un operativo con 14 ambulancias para asistir a los detenidos afectados por el monóxido de carbono, así como la participación de móviles policiales, dotaciones de Bomberos y hasta un helicóptero.

Crescenti aseguró que la situación estaba controlada, pero continuaban realizando controles entre los detenidos para determinar si alguno más necesitaba ser trasladado a algún centro de salud.

Este hecho se da en el contexto de diversas fugas y motines en cárceles, no solo de la Ciudad sino también del ámbito Federal tal es el caso del predio de Madariaga de Policía Federal, donde hubo recientes hechos.