La investigación judicial que desde hace meses sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un nuevo paso en Estados Unidos, según revelan periodistas de La Nación.
Los fiscales federales que indagan el destino de cientos de millones de dólares provenientes de contratos internacionales de la entidad contactaron a Juan Martín Molinari, uno de los socios fundadores de la firma Adcap Asset Management, para que su sociedad estadounidense Beagle Capital Management LLC entregue documentación sensible ante un gran jurado en Miami.
El requerimiento, entregado en una dirección de Nueva York hace aproximadamente diez días, no constituye una imputación formal contra Molinari, según aclaró su abogado defensor, Daniel Fridman, quien precisó que se trata de "un requerimiento de documentación dirigido a una sociedad estadounidense de su propiedad" y que "no está dirigido al Sr. Molinari ni lo menciona".
La citación se inscribe en una pesquisa más amplia que llevan adelante los fiscales Michael Berger, desde Miami, y Patrick Gushue y Christopher Ting, desde Washington DC, centrada en las operaciones que desarrolló la agente recaudadora de la AFA en Estados Unidos, TourProdEnter LLC.
El eje de la investigación es TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Florida en agosto de 2021 y designada cuatro meses después por el Comité Ejecutivo de la AFA como agente comercial para administrar los ingresos internacionales de la entidad.
La firma, que legalmente figura a nombre de Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, quien aparece como manager de la compañía, recibió y administró cerca de US$300 millones provenientes de patrocinadores y auspiciantes de la AFA desde diciembre de 2021.
Esos fondos circularon por cuentas abiertas en el Bank of America, el Synovus Bank, el Citibank, el JP Morgan y, posteriormente, el PNC Bank, y parte de ellos habría sido transferida a una decena de sociedades constituidas en Miami, entre las que figuran Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC, Velp LLC y Tronador Import & Export LLC. Los fiscales buscan determinar si esas operaciones bancarias pudieron configurar delitos de lavado de activos o fraude bancario o financiero, y procuran establecer qué conocimiento y eventual participación pudieron tener en ellas el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.
La trama comenzó a tejerse años antes de que la compra del club italiano Perugia colocara el nombre de Molinari en el centro de la escena. La AFA recurrió a Adcap para mover al menos US$109 millones con destino a las Islas Vírgenes Británicas y Uruguay, y ejecutar operaciones de "contado con liqui" que canalizaron fondos hacia la Argentina durante la vigencia del cepo cambiario, de manera legal según la versión de la propia financiera.
Adcap, sin embargo, tomó distancia de manera tajante cuando estalló el escándalo por la compra del club italiano. "La operatoria de Molinari con la firma Sports NextGen es absolutamente ajena a Adcap, que no tenía conocimiento alguno hasta ahora sobre la compra de un club de fútbol, y Adcap no tuvo ni tiene participación en compañía o negocio alguno con Faroni", indicaron fuentes de la firma. La sociedad de bolsa precisó que la participación de Molinari fue "a título personal, como director, cargo al que ya renunció", y que actualmente está en curso un proceso de recompra de su paquete accionario.
El vínculo entre TourProdEnter y Beagle Capital Management LLC, la sociedad de Molinari que ahora recibió el requerimiento judicial, quedó documentado en dos transferencias de US$250.000 cada una, realizadas el 16 y el 27 de octubre de 2023. Esos US$500.000 se sumaron a un flujo mayor: entre enero y septiembre de 2025, Faroni giró US$5,7 millones a una firma suya llamada Sports Next Gen Ltd mediante 25 transferencias a cuentas en los bancos Revolut, del Reino Unido, y Afrasia Bank Ltd., en las islas Mauricio.
Sports Next Gen Ltd integró el grupo empresario que adquirió el Perugia en 2024, junto con SAIA Investments Ltd. Detrás de Beagle Capital Management LLC, el único rostro visible es el de Molinari, quien según la documentación obtenida por LA NACION a través de dos "discoveries" promovidos por el empresario Guillermo Tofoni, debió resignar su posición en esa firma cuando los detalles de la operación salieron a la luz.
La reconstrucción de los hechos sitúa a Molinari como el articulador de la operación de compra del Perugia. En marzo de 2024, cinco meses antes de que se concretara la transacción, el financista reunió en su oficina a dos intermediarios italianos y les dijo: "Tengo el comprador".
Dos semanas después, en el mismo lugar, apareció Faroni. "Hasta ese momento nosotros no sabíamos quién era Faroni. Molinari nos decía que era un hombre de Tapia, y que por eso había ganado el contrato con Deportick", reveló el empresario italiano Simone Chiarella a LA NACION. La operación se cerró el 7 de septiembre de 2024 en la escribanía Biavati, en el centro de Perugia.
Tras recorrer las instalaciones del club y posar con la camiseta que llevaba su nombre, Faroni llamó a Tapia para avisarle que había terminado todo bien. Al día siguiente, planteó que quería reunirse con el entonces presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, gestiones que quedaron a cargo del agente FIFA Pierpaolo Triulzi y del vendedor del Perugia, Massimiliano Santopadre.
El avance de la justicia estadounidense no se limita al requerimiento a Beagle Capital. Desde fines de julio, el Departamento de Justicia libró una serie de citaciones —conocidas como "subpoenas"— con la orden de presentarse ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. Courthouse, en Miami. Una "subpoena" es una orden escrita emitida por un tribunal que obliga a la persona requerida a colaborar con un proceso legal, ya sea compareciendo a declarar como testigo o entregando documentos, registros u otros objetos que puedan servir como evidencias; su incumplimiento puede acarrear sanciones por desacato, incluida la detención.
Entre los citados figuran el por entonces director Comercial y de Marketing de la AFA, Leandro Petersen, quien finalmente no se presentó a declarar el jueves 30 de julio porque su defensa negocia un posible acuerdo de inmunidad con los fiscales federales.
Petersen, que anunció su salida de la AFA después de nueve años, es considerado un testigo clave que conoce desde adentro los circuitos financieros de la entidad, y las versiones periodísticas apuntan a que podría negociar inmunidad a cambio de datos que compliquen a sus jefes.
Otro "sujeto de interés" convocado a presentarse en Miami es Juan Pablo Beacon, quien fuera uno de los principales colaboradores de Toviggino dentro de la AFA durante años. Abogado de Viedma, Beacon fue mano derecha del tesorero y llegó a presidir el Consejo Federal del Fútbol Argentino antes de que su vínculo se quebrara en 2025 entre acusaciones cruzadas.
Fiscales y agentes del FBI lo contactaron para comprender desde adentro cómo funcionó la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad, y su nombre cobró relevancia cuando se filtró un audio atribuido a él en el que detalla un presunto circuito de desvío y lavado de dinero.
Los chats entre Toviggino y Beacon que tiene en su poder el juez Luis Armella dejan ver una dinámica constante de encuentros y movimientos de dinero, con referencias a envíos de efectivo, cheques, cuentas y esquemas para disfrazar pagos.
La investigación arrancó formalmente en septiembre de 2025 y desde entonces los fiscales y agentes del FBI mantuvieron múltiples reuniones con el empresario Guillermo Tofoni, quien impulsó los procesos judiciales de discovery que permitieron acceder a la información bancaria de TourProdEnter LLC que permanecía bajo reserva. La última reunión se habría concretado en junio de este año, en Miami, durante el desarrollo del Mundial.
Durante tres horas, los investigadores requirieron datos para determinar si ciertas operaciones en Estados Unidos configuran lavado de activos o fraude bancario. Tofoni, exarquero y agente FIFA, histórico organizador de los amistosos de la Selección durante la era de Julio Humberto Grondona y actual abanderado de las Sociedades Anónimas Deportivas junto al gobierno de Javier Milei, emerge como el nexo entre las denuncias en los tribunales de Florida y la avanzada oficial para que haya privatizaciones dentro del fútbol argentino.
En paralelo, fiscales y agentes del FBI también comenzaron a contactar a empresas no argentinas que firmaron contratos millonarios con la AFA, pero que giraron dinero a cuentas de TourProdEnter LLC en bancos estadounidenses.
La AFA, por su parte, negó categóricamente que Tapia o Toviggino hayan sido citados a declarar por la justicia estadounidense. Mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la entidad calificó como "rotundamente falsa" la versión sobre un supuesto secuestro del teléfono celular de Tapia durante un operativo en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. "Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos", sostuvo la AFA en un documento oficial.
La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según la entidad, "se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas". Hasta el momento, las actuaciones conocidas no constituyen una determinación de responsabilidad penal ni implican condenas respecto de las personas mencionadas en el expediente.
El hallazgo más significativo de esta etapa es que la justicia estadounidense ha logrado trazar un mapa documental que conecta los fondos de la AFA con la compra del club Perugia y con una red de sociedades que operaban como intermediarias entre Miami y Buenos Aires.
La ruta del dinero incluyó sociedades constituidas en Miami que solo existen en los papeles, que recibieron fondos de TourProdEnter LLC y otras empresas "intermediarias", y concluía con el envío de parte de esos fondos a la Argentina a través de "cuevas" de la City porteña, que acercaban las "puntas" y entregaban el dinero en efectivo, mediante bolsos, según la reconstrucción periodística.
Queda por establecer si los fiscales Berger, Gushue y Ting consideran que esas operaciones configuran delitos y si el gran jurado en Miami eventualmente formulará imputaciones.
También permanece sin resolver el grado de conocimiento que Tapia y Toviggino tenían sobre el destino final de los fondos, un interrogante que la defensa de ambos dirigentes rechaza de plano y que la investigación deberá acreditar con evidencia documental y testimonial antes de cualquier conclusión.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario