YPF y los K: La historia detrás de la expropiación y sus consecuencias económicas

En una polémica saga que abarca décadas, YPF, la principal empresa petrolera de Argentina, se ha visto envuelta en escándalos y disputas que involucran a figuras políticas clave del país. A continuación, se presenta un resumen de los eventos más destacados, ordenados en una pirámide invertida, para comprender mejor el contexto y las implicaciones de la expropiación de YPF:

2023 - Perdida del juicio en Estados Unidos
Recientemente, Argentina ha perdido un juicio en Estados Unidos que lo ha llevado a enfrentar una demanda por la expropiación de YPF, realizada en 2012 bajo el gobierno de Cristina Kirchner. La demanda fue presentada por Burford Capital Limited, actuando en nombre de los Eskenazi, quienes eran propietarios del 26% de YPF al momento de la expropiación. El resultado es una sentencia que obliga a Argentina a pagar una cantidad significativamente mayor a la expropiada, llegando a la cifra de 20.000 millones de dólares.

2015 - Demanda de los Eskenazi
Los Eskenazi, amigos cercanos de la familia Kirchner y algunos consideran que fueron testaferros de Néstor Kirchner (aunque desmentida por dicho grupo), iniciaron una demanda en Nueva York contra el Estado Argentino por los daños causados por la expropiación de YPF. A pesar de haber sido propietarios del 26% de la empresa, los Eskenazi no fueron expropiados junto con Repsol en 2012, lo que generó controversia sobre su papel en la operación.

2014 - Acuerdo con Repsol
Ante la amenaza de demandas por parte de Repsol, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, propuso un acuerdo para compensar a la compañía española con 5000 millones de dólares. El pago se hizo a través de bonos con vencimiento en 2033 y devengó intereses, llegando a un costo total de 8000 millones de dólares por el 51% de YPF. Dado el valor actual de la empresa, este acuerdo ha sido objeto de críticas y acusaciones de malversación de fondos.

2012 - Expropiación de YPF
Bajo el gobierno de Cristina Kirchner, Argentina decidió expropiar el 51% de YPF que pertenecía al grupo español Repsol. Esta medida fue presentada como un acto de recuperación para el país, pero dejó intacta la participación del 26% que estaba en manos de los Eskenazi, vinculados estrechamente con los Kirchner. La expropiación fue llevada a cabo por el entonces secretario de Energía, Roberto Dromi, quien había estado involucrado en la privatización de YPF en la década de 1990.

Vaciamiento de YPF
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, YPF sufrió un marcado descenso en la exploración petrolífera, pasando de 105 pozos por año a solo 25. Esto se debió a un contrato redactado por el propio Néstor Kirchner, que establecía que las ganancias de YPF debían retirarse y no invertirse en exploración. Esto llevó a acusaciones de vaciamiento y saqueo de la empresa, que afectaron negativamente la producción de petróleo y gas en el país.

2007 - Adquisición del 26% de YPF por los Eskenazi
En un acuerdo controvertido, el Grupo Petersen, liderado por los Eskenazi y considerados testaferros de Néstor Kirchner (por al menos el contador Manzanares), adquirió el 26% de YPF a Repsol. El pago se realizó utilizando las rentabilidades futuras de la propia empresa que estaban comprando, y un préstamo de Repsol que tenía como garantía las acciones de YPF, lo que permitió a los Eskenazi adquirir esta participación sin poner dinero de su bolsillo.

1992 - La privatización y la desaparición de fondos
Durante su mandato como Gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner se involucró en la privatización de YPF en 1992, y se sospecha que se apropió de 630 millones de dólares de la operación, que fueron enviados al exterior y nunca volvieron a ser recuperados. Ajustado por la inflación, se estima que la suma desaparecida asciende a 1350 millones de dólares.

En resumen, la historia de YPF y los K está llena de controversias y acusaciones de corrupción y mal manejo financiero. La expropiación de la empresa en 2012, si bien fue presentada como un acto de soberanía nacional, ha tenido importantes repercusiones económicas y legales para Argentina. La pérdida del juicio en Estados Unidos deja al país con una deuda significativa y plantea interrogantes sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión de recursos públicos.