Reporte de la SIGEN revela irregularidades en empresas públicas argentinas

Casi la mitad de las empresas públicas enfrentan irregularidades, falta de control o ineficiencias, según informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) publicados en 2023 con datos hasta 2022. Esta situación involucra a 13 de las 29 compañías no financieras de la administración del Estado nacional, algunas de las cuales figuran en el listado "privatizable" del proyecto de Ley de Bases.

Entre las empresas señaladas se encuentran Enarsa, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Nucleoeléctrica, Arsat, Contenidos Públicos, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, INTEA, Polo Tecnológico Constituyentes, Fabricaciones Militares, Fadea y Corredores Viales. Las observaciones de la Sigen abarcan áreas como obras públicas, contrataciones, compras sin documentación respaldatoria, ociosidad de empleados, deudas no cobradas con entidades del Estado y utilización de equipamiento obsoleto.

Las auditorías de la Sigen revelan diversas irregularidades en estas empresas. En Enarsa, se encontraron suspensiones de obras sin análisis previo y deficiencias en la gestión de documentación. Aysa enfrentó retrasos en pagos y falta de justificación de intereses abonados fuera de término. Contenidos Públicos realizó pagos sin contrato y sin justificación técnica. FadeA enfrentó demoras en emisiones de órdenes de compra y horas subutilizadas. RTA presentó omisiones e irregularidades en su operatoria y falta de reintegro de fondos. En Nucleoeléctrica se firmaron contratos antes de su aprobación oficial. INTEA no pudo corroborar la existencia de activos por un monto significativo. Ferrocarriles Argentinos delegó participación en Directorios a suplentes. Arsat enfrenta riesgos operativos y financieros y deudas de distintas dependencias del Estado. Fabricaciones Militares carece de controles adecuados. Intercargo opera con equipamiento de rampa antiguo y Corredores Viales tiene debilidades en su sistema de control interno.

Las causas de estas irregularidades pueden ser diversas, incluyendo falta de análisis previo, deficiencias en la gestión de documentación, demoras en procesos administrativos, falta de controles adecuados y falta de supervisión. Para abordar estas cuestiones, es necesario fortalecer los mecanismos de control interno, mejorar la gestión de documentación y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todas las empresas públicas. Además, se requiere una mayor supervisión por parte de los organismos de control y una revisión de los procesos de contratación y toma de decisiones.