El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata dará inicio en las próximas semanas al juicio oral y público contra el empresario Ariel Heber Russo, acusado de liderar una compleja asociación ilícita fiscal dedicada a la comercialización de facturas apócrifas, contrabando, tenencia ilegal de armas de guerra y lavado de activos provenientes de la corrupción.
Según la acusación formulada por la fiscal Silvia Cavallo, la organización criminal operó de manera sistemática mediante la creación de sociedades fantasmas que carecían de capacidad operativa y financiera, con el único propósito de emitir comprobantes falsificados para beneficiar a más de 3.500 contribuyentes y empresas de todo el país.
De acuerdo con las estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la evasión fiscal perpetrada a través de esta denominada usina de facturación alcanza los 4.077 millones de pesos, equivalentes a un fraude de aproximadamente 200 millones de dólares.
El debate oral promete reactivar las derivaciones políticas del caso, ya que las pruebas recolectadas durante la instrucción exponen una densa trama de negocios, vínculos personales y presuntos desvíos de fondos públicos que conectan directamente al principal imputado con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su exesposa, la conductora televisiva Jesica Cirio.
Los nexos de proximidad entre los involucrados exceden el plano comercial y se consolidaron a través de relaciones del entorno familiar íntimo.
Heber Russo mantuvo durante años un noviazgo formal con Priscila Daiana Ferrante, de 33 años, quien es identificada en los expedientes judiciales como sobrina o prima de Jesica Cirio, e incluso fue designada como madrina de la hija del exmatrimonio.
La propia Ferrante asumió un rol protagónico en el plano social al haber sido la organizadora de la boda entre el político y la modelo en el año 2014, ocasión en la que declaró públicamente ser la responsable directa de haber presentado a la pareja debido a la vecindad y los círculos comunes que compartían en la localidad de Lomas de Zamora.
A pesar de que la mujer fue inicialmente sobreseída en una etapa previa del proceso penal por la usina de facturas, su situación jurídica dio un giro determinante al quedar bajo una exhaustiva investigación patrimonial sustanciada por el magistrado federal Luis Armella, a instancias de un requerimiento efectuado por el fiscal Sergio Mola.
En este nuevo legajo, la Justicia federal ha puesto la mira sobre un impactante e injustificado patrimonio que figura registrado a nombre de Priscila Ferrante como titular o cotitular, el cual guarda una simetría exacta con los bienes que la AFIP adjudica a la estructura de lavado de su expareja, Heber Russo.
La pesquisa patrimonial abarca un total de 77 propiedades inmuebles distribuidas en territorio nacional y en el exterior, entre las que se destacan lotes de campos, chalets de veraneo en Pinamar, departamentos de alta gama en el barrio porteño de Puerto Madero y dos unidades habitacionales ubicadas sobre Biscayne Boulevard en Miami, Estados Unidos, estas últimas adquiridas formalmente a través de la firma extranjera El Principito 1003 LLC.
La flota bajo sospecha bajo la titularidad de Ferrante se compone de más de 200 vehículos—que incluyen automóviles particulares, camiones comerciales y motocicletas—, además de ocho embarcaciones náuticas, joyas de valor y sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera.
Asimismo, las autoridades detectaron la vinculación de la joven con otra sociedad offshore radicada en Londres, denominada Muriel LLP.
Dentro del conjunto de bienes inmuebles auditados, el juzgado federal concentra su atención en una lujosa residencia de Banfield Oeste, situada sobre la calle José María Penna al 1700.
La propiedad cuenta con una superficie cubierta de 750 metros cuadrados distribuidos en ocho ambientes, cinco baños, parque, piscina, quincho con instalaciones de barras, hidromasaje y una habitación blindada antipánico con estrictas especificaciones de seguridad.
Si bien el inmueble se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires a nombre de Priscila Ferrante y de su padre, el empresario Andrés Ferrante —quien posee antecedentes por una condena penal dictada en 2016—, la hipótesis principal de los investigadores sostiene que la adquisición habría sido financiada de forma encubierta por el propio Martín Insaurralde por un monto aproximado de 1,8 millones de dólares, operando los familiares de Cirio como aparentes testaferros del dirigente político.
La conexión material entre la banda de piratería del asfalto y el patrimonio de los investigados ya registraba un hito clave originado en marzo de 2018, tras el robo de un camión de logística que transportaba cargamento de mercadería alimenticia de la firma Natura en la zona del Acceso Oeste.
El posterior allanamiento policial de un galpón ubicado en la calle General Pico al 3300 de la localidad de Lanús, predio que era utilizado de manera irregular por dependencias de la municipalidad local para el acopio de vehículos judicializados, permitió el hallazgo no solo del cargamento sustraído, sino también de una serie de vehículos de lujo ocultos que se encontraban con documentación a nombre de miembros de la banda de Russo.
Entre dichos rodados, las fuerzas de seguridad secuestraron un automóvil Audi A1 que figuraba a nombre de Jesica Wanda Judith Cirio, vehículo que de acuerdo con testimonios brindados por el mecánico del taller pertenecía a allegados con problemas judiciales y que, según declaraciones del testigo Osvaldo Pascual Galasso, habría constituido un obsequio de bodas efectuado directamente por Heber Russo al matrimonio Insaurralde-Cirio en virtud de su estrecha relación personal y de negocios en el municipio.
Ante estas versiones, los voceros de la defensa alegaron en su momento que el rodado pertenecía a la modelo de forma previa al inicio del noviazgo y que su abandono obedecía a inconvenientes administrativos con el formulario de transferencia correspondiente.
El avance de las investigaciones judiciales ha derivado en la adopción de severas restricciones procesales dictadas en las últimas horas por los tribunales federales, las cuales disponen la prohibición formal de salida del territorio nacional para Martín Insaurralde, Jesica Cirio y la modelo Sofía Clerici, junto a otros cuatro imputados de la causa.
La medida restrictiva impone de igual modo la prohibición de alejarse a una distancia mayor a 50 kilómetros de sus respectivos domicilios constituidos sin previa autorización expresa del juzgado, así como la obligación accesoria de reportar formalmente cualquier tipo de desplazamiento interno que supere las 24 horas de duración.
En paralelo a estas determinaciones, la defensa técnica del exjefe de Gabinete bonaerense articuló un planteo formal para requerir la exclusión probatoria de un material audiovisual obtenido en el vestidor de una propiedad del country Fincas de San Vicente, en el cual se observa a Cirio manipulando fajos de dólares.
Los letrados argumentan que la prueba carece de validez legal por provenir de un presunto hackeo informático y sustracción indebida de dispositivos electrónicos, lo que a su criterio alteraría la cadena de custodia y la autenticidad de las imágenes.
No obstante, el juzgado federal convalidó la realización de peritajes técnicos sobre el video y ordenó inspecciones oculares y allanamientos en los inmuebles involucrados a fin de certificar las evidencias patrimoniales en la antesala del juicio oral.
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