En los últimos meses, ha salido a la luz una red de corrupción que involucra a jueces, funcionarios y un ministro de la Provincia de Buenos Aires en torno a los llamados "borra multas", un esquema que permite la eliminación de infracciones de tránsito a cambio de sumas de dinero. El mecanismo ha crecido de manera alarmante y ha llegado a involucrar a altos cargos del gobierno, lo que ha generado un escándalo que podría tener graves repercusiones legales.
El esquema fue descubierto gracias a una investigación realizada por el equipo de América Noticias, encabezada por Gonzalito Rodríguez. Durante meses, el equipo investigó cómo los "borra multas" operan ofreciendo sus servicios de manera pública, a través de redes sociales, volantes, carteles y hasta en locales comerciales. Su oferta: eliminar infracciones de tránsito, principalmente en la Provincia de Buenos Aires, por menos del 50% del monto acumulado.
Aunque el servicio parece un trámite de gestoría, en realidad es una trama que beneficia a los infractores más peligrosos. Los "borra multas" eliminan las multas de aquellos que ponen en riesgo la seguridad vial, como conductores que pasan semáforos en rojo o superan los límites de velocidad. El equipo de investigación comprobó que, mediante pagos a gestores, las multas desaparecían de los registros de los juzgados de faltas municipales.
🚨 LA MAFIA DE LOS SACAMULTAS DE KICILLOF
— Pregonero (@PregoneroL) September 10, 2024
👉 Miles de absoluciones de multas todos los meses de los jueces de falta de tránsito
👉 Los jueces son designados por el ministro de transporte bonaerense
👉 Hay un grupo de "gestores" que te quitan la multa a cambio de un pago pic.twitter.com/N5JSJY99NL
La complicidad entre los "borra multas" y los jueces quedó expuesta cuando el equipo de América Noticias realizó cámaras ocultas en varios municipios del conurbano bonaerense. En esas visitas, los jueces municipales señalaron la responsabilidad hacia "jueces de faltas provinciales", quienes con una simple carta y un pago lograban emitir un certificado de "condena cumplida", sin contacto directo con el infractor.
Uno de los principales nombres involucrados en el escándalo es Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Durante una intervención en el programa GPS, D'Onofrio intentó justificar el sistema, pero sus explicaciones resultaron inconsistentes con las leyes vigentes. Tras esta aparición, se intensificaron las investigaciones, revelando conexiones inquietantes entre jueces, funcionarios y gestores.
Una figura clave en este entramado es Claudia Pombo, presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y cercana a D'Onofrio. Según fuentes, Pombo coordina los pagos y la distribución de dinero entre los jueces provinciales y los gestores, utilizando el hotel Gran Brizo de La Plata como punto de encuentro. Además, Pombo fue condenada por sustracción de fondos públicos, aunque la sentencia está apelada, lo que le ha permitido seguir en funciones.
A pesar de su condena, Pombo ha mantenido su influencia en el Ministerio de Transporte, colocando a su hermana Roxana en un cargo clave. Esta estructura, que algunos han descrito como una "red clandestina", en realidad opera a plena vista, con la aparente complicidad de las autoridades provinciales.
Las agrupaciones de víctimas de tránsito, como Madres del Dolor, han denunciado la falta de castigo a los conductores imprudentes. La trama de los "borra multas" no solo facilita la impunidad de infractores peligrosos, sino que también priva a los municipios de recursos vitales en tiempos de crisis económica.
El escándalo también alcanza al área de sistemas del Ministerio de Transporte, dirigida por Tomás Uthurriague, un joven de 28 años, quien habría implementado las herramientas tecnológicas que permiten eliminar las multas de los sistemas municipales. Las investigaciones apuntan a una cadena de favores que involucra a Diego Fontana, dueño de una consultora vinculada al Ministerio de Transporte, y a varios otros funcionarios de alto rango.
Entre los jueces implicados destaca Mario Quattrochi, juez de faltas provincial, quien tiene vínculos directos con los gestores de "borra multas". También está Miriam Viviana Roldán, jueza provincial de faltas en Merlo, cuya relación con Horacio Anello, director de Fiscalización del Ministerio de Transporte, ha levantado sospechas. Anello, recordado por su gestión en el caso de Sebastián Cabello, un asesino al volante, es un ejemplo más de cómo las conexiones personales han perpetuado este esquema corrupto.
Este escándalo de corrupción que involucra a infractores viales, jueces provinciales y altos funcionarios de la Provincia de Buenos Aires ha dejado al descubierto una red de impunidad que socava la seguridad vial y la justicia en la región. La trama continúa siendo investigada, y se espera que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto para frenar este mecanismo que pone en peligro la vida de los ciudadanos y enriquece a quienes deberían velar por el bien público.
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