Contratación de tobilleras electrónicas: adjudicación a SURELY S.A. bajo análisis por posibles restricciones y vínculos

En el marco del Informe N° 145 presentado por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados, las preguntas 29 y 30 elaboradas por la Coalición Cívica abordaron las contrataciones específicas vinculadas al suministro y monitoreo de tobilleras electrónicas adjudicadas a la firma SURELY S.A.. En la pregunta 29, se solicitó información sobre la adjudicación y la eventual intervención de organismos de control, mientras que la pregunta 30 se centró en el encuadre normativo y los mecanismos aplicados en el proceso.

Según la respuesta oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Alejandra Monteoliva, indicó que la contratación se realizó mediante licitación pública, respetando principios de publicidad, concurrencia e igualdad de trato, y que los requisitos técnicos del pliego tuvieron como finalidad garantizar la idoneidad de un servicio crítico vinculado al monitoreo electrónico. Asimismo, se señaló que se recibieron consultas de potenciales oferentes, respondidas mediante los canales formales y circulares aclaratorias, y que el costo del servicio fue fijado en USD 14,50 por día. También se destacó la falta de parámetros homogéneos para comparar precios a nivel internacional.

En relación con la pregunta 30, se informó que el procedimiento se ajustó al régimen general de contrataciones de la Administración Nacional, el cual no exige intervención previa de la autoridad de defensa de la competencia. No obstante, se dio participación a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que emitió un precio testigo mediante una nota oficial en 2025. No se detalló en la respuesta el volumen exacto de dispositivos contratados, lo que constituye un dato relevante para dimensionar el alcance del contrato.

La empresa adjudicataria, SURELY S.A, está presidida por Carlos Omar Ruda y cuenta como director suplente con Octavio Marcelo Acosta Mavrich, quien habría formado parte del escalafón de comunicaciones de la Policía Federal Argentina. Este dato adquiere relevancia en función de que la operatoria del sistema de monitoreo se articula con áreas técnicas de dicha fuerza, particularmente a través del sistema 911 federal, en coordinación con el Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, el sistema de vigilancia electrónica implica tareas de geolocalización, monitoreo en tiempo real y respuesta ante alertas, lo que refuerza el carácter estratégico del servicio. En este contexto, la posible participación de exintegrantes de estructuras operativas en empresas proveedoras plantea interrogantes sobre eventuales conflictos de interés o incompatibilidades.

En paralelo, información publicada por La Nación señaló antecedentes de contrataciones estatales vinculadas a empresas con relaciones familiares con funcionarios públicos. En particular, se mencionó la contratación de una empresa vinculada a Fernanda Raverta —entonces titular de la ANSES— a través de su entorno familiar, específicamente su padre Mario Raverta, lo que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la transparencia en la asignación de contratos públicos.

Por su parte, el medio MDZ Online informó sobre la adjudicación a SURELY S.A. del servicio de monitoreo de personas privadas de libertad, destacando el volumen económico del contrato y su relevancia dentro del sistema de seguridad. Estas publicaciones también hacen referencia a la estructura empresarial y a la necesidad de analizar los vínculos entre directivos, otras sociedades y el Estado, a fin de descartar posibles relaciones que pudieran afectar la competencia.

A partir de estos elementos, uno de los aspectos clave a evaluar es el diseño de los pliegos licitatorios. Requisitos técnicos excesivamente restrictivos pueden limitar la concurrencia real de oferentes, generando condiciones que favorezcan indirectamente a determinadas empresas. Si bien el Ministerio justificó estas exigencias en la necesidad de asegurar estándares técnicos adecuados, su proporcionalidad y razonabilidad deben ser objeto de análisis en auditorías independientes.

Finalmente, la convergencia de factores —como la ausencia de intervención obligatoria de organismos de defensa de la competencia, la existencia de vínculos personales o institucionales entre actores del sector público y privado, y antecedentes de relaciones empresariales con funcionarios— configura un escenario que requiere controles rigurosos. La transparencia en los procesos, la trazabilidad de las relaciones societarias y la supervisión efectiva por parte de organismos de control resultan fundamentales para prevenir posibles irregularidades en contrataciones públicas de alto impacto económico y operativo.

Plan Motosierra: crisis institucional por salarios de pobreza y despidos silenciosos en el Estado nacional

Educación, Salud y Seguridad: cuando lo esencial se paga de forma miserable. Políticos y Justicia: con sueldos abultados.

El gobierno del presidente Javier Milei, junto a su ministro de Economía Luis Caputo y el recientemente incorporado ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, enfrenta una creciente crisis institucional debido a una política de ajuste que impacta directamente en las áreas más sensibles del Estado: salud, educación, seguridad, defensa y servicios sociales.

Desde el inicio de la gestión, se implementa una estrategia de desinversión presupuestaria y degradación de las condiciones laborales en diversos organismos del Estado nacional. Este proceso, que algunos definen como una forma de "despido silencioso", mantiene los salarios estatales por debajo de la línea de pobreza, empujando a miles de trabajadores a renunciar. Esta situación se agrava especialmente en sectores estratégicos como las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el sistema sanitario y el educativo.

En el área de Defensa, el ministro Luis Petri enfrenta una profunda crisis de confianza interna. Más del 90% del personal de las Fuerzas Armadas manifiesta su malestar y expresa una creciente identificación política con la vicepresidenta Victoria Villarruel, ante lo que perciben como abandono por parte del Ejecutivo. La situación obligó al Gobierno a acelerar por decreto los aumentos salariales para evitar una ruptura institucional. En los cuarteles se repiten expresiones como “cobramos sueldos de subsistencia”, y se denuncian promesas incumplidas, falta de equipamiento y un sistema de salud colapsado (IOSFA). Los militares también exigen mejoras para los retirados y condiciones claras para el ascenso y la carrera profesional.

En el ámbito de la seguridad, las fuerzas federales, bajo la conducción de la ministra Patricia Bullrich, padecen una situación salarial crítica. Los sueldos fueron definidos por Martín Siracusa junto al equipo económico de Luis Caputo, pero resultaron insuficientes. En mayo de 2025, el Gobierno tuvo que realizar una recomposición urgente tras detectarse errores graves en las resoluciones ministeriales que definían los salarios, que ubicaban el salario promedio en torno a los $700.000 mensuales, valor muy por debajo de las necesidades reales. La situación generó protestas internas y descontento en distintas unidades, afectando la moral y el desempeño operativo. Las fuerzas de seguridad informan que estas actualizaciones son irrisorias para la mayoría del personal, y que no genera una real solución y que el atraso salarial estaría en torno a un 30% desde la asunción del gobierno Libertario.

Este error fue perpetrado por la denominada "COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO", en la que participaron Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina, Enrique Pinedo, pero no personal de las fuerzas ni autoridades de las mismas. Si vale aclarar que la resolución firmada por Martín Siracusa luego si fue firmada por Bullrich, dando el aval Ministerial.

En el sistema de salud, la situación en el Hospital Garrahan expuso el deterioro generalizado. Médicos residentes, dependientes del Ministerio de Salud que encabeza Mario Lugones, realizaron protestas por sueldos inferiores a los $700.000. La respuesta oficial combinó amenazas de sanciones con anuncios ambiguos. La viceministra Cecilia Loccisano difundió un video prometiendo aumentos que nunca se oficializaron. Finalmente, se comunicó que los fondos para las mejoras salariales saldrían del propio presupuesto del hospital, sin compromiso concreto por parte de la cartera nacional.

En el plano educativo y social, la situación es igualmente alarmante. Las universidades nacionales siguen operando sin presupuesto actualizado, y programas como las pensiones por discapacidad o los planes de inclusión social han sido paralizados. Las movilizaciones frente al Congreso de jubilados, personas con discapacidad y trabajadores de la educación han sido respondidas con acusaciones de politización y denuncias de corrupción estructural en los organismos afectados, como la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

En contraste con estos recortes, se observa una continua incorporación de personal político por excepción, es decir, sin concursos públicos ni procesos de selección. Muchos de estos cargos recaen en personas allegadas al entorno de Javier Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Luis Petri y Patricia Bullrich, sin requisitos de idoneidad ni trayectoria comprobable. Esto ha generado cuestionamientos por parte de organismos de control y asociaciones civiles.

Por otro lado, legisladores nacionales cobran entre $7.000.000 y $9.000.000 mensuales, mientras que jueces y fiscales superan los $6.000.000. Esta desigualdad acentúa el malestar entre el personal esencial del Estado, cuyos ingresos se encuentran en niveles de subsistencia.

La política de “reducción del Estado” promovida por el oficialismo está provocando una crisis estructural en la administración pública. La pérdida de personal capacitado, la paralización de áreas técnicas y la falta de canales de atención pública están debilitando severamente la capacidad operativa del Estado. Al mismo tiempo, la narrativa oficial deslegitima toda forma de protesta y denuncia social, profundizando el conflicto entre el Gobierno y los sectores afectados.

Diversas organizaciones sindicales, académicas y sociales alertan que el ajuste no es parejo ni transparente. En lugar de eliminar privilegios, estaría consolidando nuevas estructuras de poder sin control democrático ni mecanismos de evaluación técnica.

Denuncian posibles irregularidades en la contratación de tobilleras electrónicas adjudicada a empresa de Mario Montoto

Empresas internacionales y legisladores denunciaron presuntas irregularidades en la licitación del servicio de tobilleras electrónicas que se encamina a adjudicar el Ministerio de Justicia a Surely S.A., firma propiedad de Mario Montoto, por un monto de US$110.970.000, cifra superior a los valores de referencia estimados.

El proceso de contratación, que también abastecería al Ministerio de Seguridad, enfrenta cuestionamientos debido a que Surely fue la única empresa confirmada en competencia en una de las licitaciones, mientras que en la otra, la adjudicación ya se encuentra disponible para su oficialización. Según fuentes oficiales, el costo esperado rondaba los US$15 por día y por tobillera, pero la oferta de Surely ascendió a US$20,25 diarios, lo que representa un incremento significativo respecto a los valores inicialmente previstos.

Comparaciones con el mercado internacional reflejan que el costo en Argentina sería considerablemente más alto. En Colombia, servicios similares cuestan cerca de US$5 diarios, mientras que en Portugal ascienden a aproximadamente €7, de acuerdo con especialistas consultados.

Además del precio, se criticó la tecnología ofrecida por Surely, considerada obsoleta en comparación con los estándares actuales. A diferencia de los dispositivos modernos con GPS incorporado, el sistema propuesto utiliza radiofrecuencia para transmitir datos a un dispositivo intermedio, que luego conecta con la plataforma de monitoreo.

Mario Montoto, titular de Surely S.A., fue integrante del grupo armado Montoneros durante la década de 1970. Esta organización, junto al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), protagonizó numerosos atentados y acciones armadas en Argentina en el marco de una lucha revolucionaria que derivó en una escalada de violencia política en el país. Montoto ocupó un rol cercano a Mario Firmenich, uno de los máximos líderes de Montoneros.

La empresa brasileña Synergye, que presta servicios en países como Chile, Uruguay y Portugal, denunció ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la existencia de una “grave situación de irregularidad”, al considerar que los pliegos de licitación estarían direccionados para favorecer a Surely, imposibilitando una competencia real. Synergye también advirtió que las garantías exigidas para impugnar los pliegos —US$3.501.720 en el caso del Ministerio de Justicia— resultaron prohibitivas para otros oferentes.

Por su parte, la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentó un reclamo formal en el que señaló la reiterada adjudicación de licitaciones a Surely desde 2015 en distintas provincias como Buenos Aires, CABA, Río Negro y Mendoza. Frade alertó sobre posibles prácticas restrictivas de la competencia y solicitó medidas cautelares para evitar daños mayores.

En tanto, Geostatis, firma de origen suizo con operaciones en 14 países, también manifestó objeciones sobre los requisitos técnicos de la licitación, que consideró orientados a favorecer exclusivamente a Surely. Representantes de la empresa indicaron que, debido a la exigencia de experiencia local en monitoreo, se redujo sustancialmente la posibilidad de competencia real, favoreciendo a quien ha prestado el servicio en Argentina durante las últimas dos décadas.

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no oficializó la adjudicación, aunque el proceso avanza mientras las denuncias continúan acumulándose en distintas instancias administrativas y judiciales.

Grave retroceso en la seguridad pública por la inhabilitación del sistema de reconocimiento facial en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrenta actualmente un serio retroceso en materia de seguridad pública a raíz de la suspensión del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). Esta medida, dispuesta por el juez en lo Contencioso Administrativo N° 2 de la Ciudad, Roberto Andrés Gallardo, responde a un amparo promovido por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), una organización no gubernamental cuya intervención y motivaciones han suscitado interrogantes en diversos sectores.

El SRFP, activo desde 2019, formaba parte del Sistema Integral de Seguridad Pública establecido por la Ley 5688 y su modificatoria 6395. Basado en tecnologías de deep learning e inteligencia artificial, el sistema había logrado identificar y poner a disposición de la Justicia a más de 2.000 prófugos de distintas jurisdicciones, reforzando así la seguridad tanto en la Ciudad como a nivel federal.

La suspensión, dictada en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la neutralidad del proceso judicial, genera preocupación. Si bien ODIA alega riesgos de violaciones a la privacidad, el SRFP operaba exclusivamente en base a datos biométricos ya judicializados, cotejados contra registros oficiales como el CoNaRC y el RENAPER, bajo estrictos controles de legalidad y transparencia.

Especialistas advierten que el accionar del Juzgado N° 2, más que fundarse en comprobaciones técnicas fehacientes, parece apoyarse en hipótesis no corroboradas sobre supuestas intervenciones indebidas en bases nacionales de datos. Esto pone en cuestión no solo la razonabilidad del fallo, sino también el grado de objetividad del magistrado interviniente.

Adicionalmente, se ha planteado la inquietud respecto a los eventuales vínculos de las organizaciones demandantes con fuentes de financiamiento extranjeras, un factor que podría comprometer la imparcialidad de su accionar en temas de alta sensibilidad institucional como la seguridad pública.

Mientras la Ciudad de Buenos Aires pierde el acceso a herramientas eficaces de identificación de prófugos, otros países avanzan en el uso del reconocimiento facial. Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y al menos 109 naciones incorporan actualmente esta tecnología, ya sea para vigilancia fronteriza, control aeroportuario, prevención de delitos o seguridad carcelaria. Incluso organismos internacionales como Interpol emplean activamente este tipo de sistemas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

La inactividad forzada del SRFP no solo afecta la prevención del delito, sino que incrementa el riesgo de impunidad, exponiendo a la ciudadanía a nuevas victimizaciones. En un contexto de creciente complejidad en materia criminal, la judicialización ideologizada de tecnologías eficaces puede tener consecuencias irreparables para la seguridad y la convivencia social.

Frente a este escenario, resulta imprescindible un debate serio y equilibrado que garantice tanto el respeto de los derechos fundamentales como el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la vida y la integridad de las personas.

Sistemas de Videovigilancia

La seguridad ha adquirido una importancia crucial en nuestras vidas cotidianas. Los sistemas de videovigilancia han emergido como herramientas indispensables para la protección de personas, bienes e infraestructuras, garantizando un entorno seguro en diversos contextos.

Un Poco de Historia

Los orígenes de la videovigilancia se remontan a principios del siglo XX con la invención de la televisión. Sin embargo, su uso generalizado no comenzó hasta la década de 1950, inicialmente en entornos militares y gubernamentales. Por ejemplo, en 1942, Siemens AG instaló un sistema CCTV (Closed Circuit Television) para monitorear los lanzamientos de cohetes en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

En las décadas siguientes, con el avance tecnológico, los sistemas de videovigilancia evolucionaron significativamente. En los años 70, se comenzaron a utilizar para supervisar áreas públicas y privadas en ciudades como Nueva York y Londres. La introducción de los grabadores de vídeo digital (DVR) en los 90 y las cámaras IP en los 2000 transformaron radicalmente la eficiencia y capacidad de estos sistemas.

Componentes de un Sistema de Videovigilancia

Un sistema de videovigilancia típico se compone de varios elementos clave:

Cámaras de Seguridad

Las cámaras son el componente central de cualquier sistema de videovigilancia. Capturan imágenes y vídeos del área a vigilar. Existen varios tipos de cámaras, cada una con características específicas:

• Cámaras Analógicas: Utilizan tecnología analógica para capturar y transmitir imágenes.
• Cámaras IP: Capturan y transmiten datos a través de una red IP, permitiendo mayor flexibilidad y escalabilidad.
• Cámaras Infrarrojas: Pueden captar imágenes en condiciones de baja luminosidad.
• Cámaras PTZ (Pan, Tilt, Zoom): Permiten movimientos horizontales, verticales y acercamientos, ofreciendo un amplio rango de visualización.

Grabadores de Vídeo Digital (DVR/NVR)

Los DVR (Digital Video Recorder) se utilizan con cámaras analógicas para almacenar las imágenes capturadas. Los NVR (Network Video Recorder) son utilizados con cámaras IP y ofrecen funcionalidades avanzadas de gestión y almacenamiento.

Monitores

Permiten visualizar las imágenes en tiempo real o las grabaciones almacenadas. Los monitores pueden ser tradicionales o integrarse en dispositivos móviles a través de aplicaciones específicas.

Software de Gestión

Este software facilita la administración del sistema, permitiendo configurar las cámaras, visualizar imágenes en vivo, buscar grabaciones y generar alertas de seguridad. Ejemplos populares incluyen Milestone XProtect y Genetec Security Center.

Elementos de Conectividad

Incluyen cables, routers, switches y otros dispositivos que facilitan la transmisión de las imágenes y el control del sistema. En sistemas avanzados, se utilizan redes dedicadas y componentes de alta capacidad para garantizar la transmisión sin interrupciones.

Interacción de los Componentes

El funcionamiento de un sistema de videovigilancia se basa en la interacción eficiente de todos sus componentes. Las cámaras capturan imágenes y vídeos, que son transmitidos al DVR o NVR para su almacenamiento. Los usuarios pueden acceder a estas imágenes en tiempo real o revisarlas posteriormente a través de monitores o dispositivos móviles. El software de gestión permite configurar y controlar todo el sistema, estableciendo alertas automáticas y optimizando las funciones de seguridad.

Usos y Aplicaciones

Los sistemas de videovigilancia se utilizan en una amplia variedad de entornos:

• Viviendas: Para disuadir intrusos y proteger a los residentes.
• Negocios: Para prevenir robos, hurtos y actos de vandalismo. Por ejemplo, tiendas minoristas como Walmart implementan sistemas avanzados de videovigilancia para monitorear sus establecimientos.
• Edificios Públicos: Para garantizar la seguridad de personas e instalaciones, como en el caso de aeropuertos y estaciones de tren.
• Infraestructuras Críticas: Para proteger instalaciones estratégicas como centrales eléctricas, aeropuertos y puertos. Un ejemplo notable es el sistema de videovigilancia del Aeropuerto Internacional de Dubái, que emplea tecnología de reconocimiento facial y monitoreo avanzado.

Tecnologías Actuales y Proyecciones Futuras

La tecnología de videovigilancia está en constante evolución. Entre las tendencias actuales destacan:

• Videovigilancia de Alta Definición: Las cámaras con mayor resolución, como las cámaras 4K, permiten obtener imágenes más nítidas y detalladas.
• Videovigilancia IP: Las cámaras IP ofrecen mayor flexibilidad y escalabilidad, pudiendo integrarse fácilmente en redes informáticas existentes.
• Videovigilancia Analítica: Utiliza inteligencia artificial para detectar eventos y comportamientos sospechosos en tiempo real. Un ejemplo es el uso de análisis de video en tiempo real en ciudades como Singapur para gestionar la seguridad pública.
• Videovigilancia en la Nube: Permite almacenar y acceder a las imágenes de forma remota, facilitando la gestión y escalabilidad. Empresas como Google y Amazon ofrecen soluciones de videovigilancia en la nube para negocios y hogares.

Se proyecta que en el futuro, la videovigilancia se integrará aún más con tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial, dando lugar a sistemas más inteligentes y eficientes. Por ejemplo, el uso de drones para vigilancia y monitoreo en tiempo real en eventos masivos y situaciones de emergencia está en aumento.

Los sistemas de videovigilancia se han convertido en una herramienta fundamental para la seguridad en la sociedad actual. Su evolución tecnológica y diversas aplicaciones los convierten en elementos indispensables para la protección de personas, bienes e infraestructuras. Con el avance continuo de la tecnología, estos sistemas seguirán mejorando, ofreciendo soluciones de seguridad cada vez más avanzadas y eficientes.

Armstrong: el pueblo santafesino que se organizó y logró que su energía provenga de paneles solares

"“La gente se entusiasmó, se adueñó del proyecto y eso permitió que todo lo que generamos se reinvierta en más generación y en nuevos desafíos”, cuentan con orgullo los impulsores del proyecto.

En medio de la Pampa húmeda, en la provincia de Santa Fe, hay un pueblo de 15.000 habitantes que puso el compromiso de la transición energética en manos de los ciudadanos y se convirtió en un modelo a seguir.

El lugar se llama Armstrong y es ahí donde una cooperativa inauguró la primera planta de energía fotovoltaica de la provincia. ¿Los resultados? Los vecinos se abastecen con la luz del sol, ahorran dinero y cuidan el ambiente.

Contra la creencia de que solo las grandes empresas pueden impulsar proyectos de energía renovable, la cooperativa de Armstrong demuestra lo contrario: “Más allá de las corporaciones, los usuarios también pueden apropiarse de los nuevos modos de producir energía y hay entusiasmo. Todo lo que se genera en Armstrong a partir de la planta solar es energía que dejamos de comprar al sistema, y ese ahorro queda en la ciudad para reinvertirlo”, explicó Pablo Bertinat, director de la cooperativa.

Jazmín Rocco Predassi, coordinadora del área de Política Climática de FARN -que publicó un documental sobre este caso- expresó en diálogo con TN: “El caso de Armstrong es un ejemplo de transición energética porque incorpora energías renovables a una matriz argentina altamente dependiente de los combustibles fósiles. Además, debemos destacar que hubo una participación de la comunidad en instancias tempranas del proyecto y eso permitió alcanzar un modelo de gestión solidario”."

TN

Cae banda que robaba y revendía materiales de construcción en Lomas de Zamora

"El robo había ocurrido en Palermo y las cámaras permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos, que fueron detenidos en Lomas de Zamora.

La Policía desarticuló en Lomas de Zamora a una banda que había robado 4.5 toneladas de varillas para la construcción para venderlas por redes sociales, junto a otros elementos sustraídos de una obra.

La investigación empezó tras el robo de 4.5 toneladas de varillas de hierro y otros elementos del interior de una obra en construcción del barrio de Palermo, según informó la agencia Télam. La División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad llevó a cabo un relevamiento de las cámaras de la zona y observaron que una camioneta ingresó a la obra y luego de aproximadamente 20 minutos se retiró del lugar con los materiales robados.

Después, mediante las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), los investigadores reconstruyeron el recorrido del vehículo y lograron averiguar la patente y quién era el titular: su domicilio figuraba en la localidad de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora.

Los agentes hicieron discretos seguimientos hasta que llegaron a un galpón que funcionaba como chatarrería. Además, corroboraron que la camioneta era guardada en un domicilio de Villa Fiorito.

A su vez, mediante un ciberpatrullaje en perfiles públicos de redes sociales, se determinó que el conductor de la camioneta ofrecía varillas de hierro para la construcción y otros objetos en el sitio de compra-venta de Facebook. Las publicaciones de venta tenían imágenes que coincidían con los elementos robados en la obra."

El Diario Sur

Pidieron la indagatoria del empresario taiwanés que estuvo en Olivos para el cumpleaños de Alberto Fernández

"Se trata de Chia Hong Chien, más conocido como Robert Chien. El empresario fue ese día como acompañante de Sofía Pacchi, que por ese entonces era asesora y amiga de Fabiola Yañez

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Dominguez, pidió la indagatoria de Chia Hong Chien, el misterioso empresario taiwanés que participó del cumpleaños de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos el 2 de abril de 2020. También solicitó que sea citado a declarar Fernando Consagra, que también estuvo ese día en la residencia presidencial y luego volvió a ingresar para el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez.

Se trata de los primeros pedidos de indagatoria en una causa paralela a la que investiga la Fiesta en Olivos.

Chien aterrizó en la Quinta de Olivos como acompañante de la ex modelo y por entonces asesora presidencial Sofía Pacchi."

Infobae

Políticos disociados de la realidad, corte de luz del 01 de Enero de 2022 a las 20:00 hs en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano

Según la información provista por el sitio "Aca No hay Luz", el cual toma las denuncias de los propios usuarios, se puede visualizar la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense.

Según los datos obtenidos a las 20:00 hs del 01 de Enero de 2022, varias zonas -principalmente zona sur-, se encuentra afectados con cortes de servicio, destacando apagones severos en Villa del Parque y Caballito de CABA.

Las autoridades que deberían dar respuestas no han provisto mayor información. Sobre las mismas el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, publicó una foto en la red social Twitter totalmente disociado de la realidad comiendo un asado y enviando saludos de fin de año. A lo que el legislador Javier Milei le replicó furioso marcando dicha actitud como un signo propio de la "casta política", específicamente expresó  "al político poderoso los manjares, mientras que al pueblo trabajador el hambre".

Kicillof fue fuertemente cuestionado recientemente por el proceso de compra 506-0455-PAB21, en el cual busca gastar más de 4 millones en frisbees promocionales.

Por su parte el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, no hizo referencia alguna a los cortes de luz en las redes sociales (donde suele promocionar a la par las gestiones de gobierno como sus acciones partidarias).

Acusado por parte de formar un cerco mediático, Horacio Larreta, no suele hacer referencias a las críticas de su gestión para no darle entidad.

Sin embargo diversos medios han sido testigos de los reclamos de la gente, tal el caso de El Observador 24 quién muestra los reclamos de diversos contribuyentes (llamados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como "vecinos"): “Entonces, le decimos al gobernador: estamos hartos. Señor Larreta, estamos hartos, no autorice más edificios si no hace las redes que tiene que hacer, porque usted primero empieza por el techo y luego por los cimientos”.

El problema de cortes de luz es de larga data en la Ciudad de Buenos Aires. La falta de suministro eléctrico es frecuente todos los veranos. Incluso el propio Rodríguez Larreta manifestó en 2013 según se observa en INFOBAE, hace ya 9 años "Es un problema que va a durar dos o tres años" y  "fracaso de una política energética de muchos años".

Aún así los políticos y las empresas han decidido aumentar el servicio: "El secretario de Energía anunció un aumento del 20% en las tarifas de luz y gas para el 2022", "Darío Martínez aseguró que el incremento de los ingresos de todos los argentinos "siempre superarán los aumentos de las tarifas". Además, adelantó que la segmentación de subsidios se aplicará a partir del año próximo.", según informá El Diario AR.

Responsables de la gestión Política y de los grupos Empresarios

Actualmente ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se encuentra como interventora María Soledad MANIN y auditor interno Leonardo Adrian CHERRI.

Tanto la Auditoría Interna Adjunta como los responsables del Departamento de Delegaciones Regionales se encuentran sin designaciones. Es decir se encuentran acéfalas.

El Departamento Administrativo se encuentra a cargo de Roberto FERNÁNDEZ.

A su vez el Área Análisis Regulatorios y Estudios Especiales tiene como jefe a Dario Oscar ARRUÉ y subjefe a  Marta Elisa CÁCERES.

El Departamento Producción y Abastecimiento de Energía Eléctrica se encuentra acéfalo, y el Departamento Transporte de Energía Eléctrica se encuentra a cargo de Gabriela Mariana JAWORSKI.

El Área Planeamiento Administrativo y Control de Gestión también se encuentra acéfala.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) reporta a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, el cual se encuentra dirigido por Martín Maximiliano GUZMÁN.

Dicha secretaría está a cargo del Sr. Norman Darío MARTÍNEZ (designado mediante Decreto 765/2020, sin formación académica específica para el cargo), mientras la Subsecretaría de Energía Eléctrica tiene como responsable al Lic. Federico José BASUALDO RICHARDS.

A su vez la Dirección Nacional de Transporte y Distribución Eléctrica tiene como responsable al Ing. Gustavo Enrique HUSSON, y la Dirección Nacional de Infraestructura Eléctrica al Lic. Horacio Julio GUADAGNI. Por su parte también está el Lic. Marcelo Daniel POSITINO a cargo de la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico.

Por su parte el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires tiene como ministro a LEONARDO JAVIER NARDINI y el Subsecretarío de Energía es el Lic. Gastón Ghioni.

Dicha subsecretaría tiene al Ing. Marcelo Garrido como Director Provincial de Energía, y a la Abog. Guillermina María Beatriz Cinti como Directora Provincial de Regulación.

Por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Dirección General de Políticas Energéticas está a cargo de Patricia Fagúndez que depende del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción cuyo ministro es José Luis Giusti.

Por parte de las empresas EDENOR cuenta con una nueva sociedad integrada por los empresarios Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.

Mientras que EDESUR está a cargo del Grupo Enel, empresa de origen italiano dirigida por Francesco Starace.

Cabe destacar que en la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR S.A.), el 22 de Junio de 2021 "se resolvió tomar nota de las renuncias presentadas por Claudio Cesar Weyne da Cunha a su cargo de Vicepresidente y Daniel Garrido a su cargo de Director Suplente y designar a Francesco Tutoli como Vicepresidente y a Claudio Cesar Weyne da Cunha como Director Suplente de la sociedad." tal figura en el Boletín Oficial de la República Argentina el 27/08/2021.

Mientras que respecto a EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) se consignan como Directores Titulares a Diego Martín Salaverri y a German Wetzler Malbrán según el Boletín Oficial de la República Argentina el 18/06/2021.

Cortes de luz y bronca de los usuarios: más de 50 mil vecinos empezaron el 2022 sin electricidad en la Ciudad y el Gran Buenos Aires

"Hay más de 45 mil afectados que corresponden a la empresa Edesur y 6433 a la prestadora Edenor.

En medio de la ola de calor y en el inicio del 2022, más de 50 mil usuarios de la zona de la Capital y el Área Metropolitana (AMBA), no tuvieron electricidad en sus casas.

Exactamente 45.365 corresponden a la empresa Edesur y 6433 a la prestadora Edenor, de acuerdo con la estadística que publica el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Sin luz en medio de la ola de calor

Se trata de una situación que se repite cada verano, y se intensifica a medida que aumenta el calor. Esta semana, en la última de 2021, en la zona de la Capital y el Gran Buenos Aires, con algunos días en que la temperatura alcanzó los 39 grados de sensación térmica, una gran cantidad de hogares, se quedaron sin luz.

Hacia este sábado por la mañana, los barrios más afectados de la Ciudad de Buenos Aires eran Liniers, en donde el corte de suministro alcanzaba a más de 6700 usuarios, seguido por Caballito, con cerca de 4000."

TN

Contratación Directa por parte del Ministerio de Seguridad de sistema AFIS METAMORPHO a MBIS

El Ministerio de Seguridad, con la firma de Aníbal Domingo Fernández y Juan Luis Manzur, mediante la Decisión Administrativa 1293/2021 (DECAD-2021-1293-APN-JGM - Contratación Directa por Exclusividad N° 347-0025-CDI21) aprobó Contratación Directa de "la renovación tecnológica del sistema AFIS METAMORPHO a MBIS" y "la ampliación de la capacidad de la base de datos de 21.000.000 a 45.000.000 de registros de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA".

La firma beneficiaria fue "IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS (NIT N° 440-305-282)" y el monto "DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (USD 8.655.288.-)".

Los cuales según manifiesta la decisión administrativa "se imputará con cargo a las partidas presupuestarias del MINISTERIO DE SEGURIDAD para los Ejercicios Presupuestarios 2021, 2022 y 2023". Es decir la contratación es en dólares estadounidenses (que dada la inestabilidad de la moneda local -el peso argentino- se desconoce cual será el impacto real), y será pagada con presupuesto aún no definidos por el congreso.

Cuyo artículo 4to de dicha decisión administrativa es un tanto curioso, dado que manifiesta "Autorízase al Ministro de Seguridad a aprobar la ampliación, disminución, suspensión, resolución, rescisión, declaración de caducidad y aplicación de penalidades al adjudicatario y/o cocontratante respecto de la contratación directa que por este acto se adjudica".

Curioso, dado que es el propio Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quién firma la Decisión Administrativa.

Otro detalle en los considerandos: "Que mediante la Resolución N° 616 de fecha 23 de diciembre de 2021 del MINISTERIO DE SEGURIDAD se autorizó la convocatoria de la Contratación Directa por Exclusividad Nº 347-0025-CDI21 y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el procedimiento llevado a cabo en la referida contratación directa.".

Es decir, que la presente Decisión Administrativa, fechada el 29/12/2021 y publicada en el Boletín Oficial el 31/12/2021 es fruto de una resolución del Ministerio de Seguridad, del 23 de Diciembre de 2021. La cual no se encuentra disponible en el Boletín Oficial ni en la base pública Infoleg.

Sobre el proveedor

Las empresas Francesa SAFRAN IDENTITY & SECURITY, S.A.S. y IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS son dueñas de AFIS METAMORPHO y MBIS, bajo la órbita de empresa IDEMIA.

Tal como se desprende de documentos del gobierno mexicano, cuentan con exclusividad de la solución y también en dicho país realizan contrataciones de forma directa.

Actividades Franco - Argentina

Esta contratación directa se da en el transcurso de vínculos entre el estado Argentino y el Francés, en este sentido varias actividades hubo en conjunto muchas de ellas donde participaron políticos de altos rangos.

Tal es el caso de la "Jornadas de Capacitación franco-argentina en temas de seguridad" donde participaron autoridades francesas conjuntamente con autoridades de la Prefectura Naval Argentina en una noticia publicada el 16 de Diciembre de 2021.

 

Caso similar sucede con la actividad realizada el 14 y 15 de Diciembre de 2021, también titulada "Jornada de capacitación franco-argentina en temas de Seguridad", en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, donde organizada por Centro de Altos Estudios del Ministerio del Interior de Francia (IHEMI) y el Ministerio de Seguridad de Argentina. 

Junto con el Jefe de la @PFAOficial , Crio. Gral. Juan Carlos Hernández y el director del Instituto de Altos Estudios del Ministerio del Interior de Francia (IHEMI), @freysselinard ,inauguramos las jornadas de capacitación e intercambio franco - argentina en temas de seguridad. pic.twitter.com/YFBLIpQWjH

— Mercedes La Gioiosa ☀️💚 (@mercedeslagio) December 15, 2021

En dicho evento participaron el Ministro de Seguridad Anibal Fernandez (Ministro de Seguridad), Juan Carlos Hernández (Jefe de la Policía Federal Argentina), Eric Freysselinard (funcionario Francés jefe del Instituto de Estudios Superiores del Ministerio del Interior), Mercedes La Gioiosa (Secretaria de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad), Carlos Alejandro Ñamandú (Director General de Lucha Contra el Cibercrimen PFA), Ruben Raimondi (Superintendente de Personal y Derechos Humanos de la PFA y Vicerector del IUPFA), Pedro Janices (cofundador y organizador, desde el 2006, de los Congresos Internacionales de Biometría de la República Argentina), entre otras autoridades del Ministerio de Seguridad, de la Policía Federal, y diplomáticos Franceses.

#International 🌎 L'IHEMI, le ministère de la Sécurité argentin et l'ambassade de France en Argentine, ont conjointement organisé un #séminaire sur la criminalité organisée au profit des hauts cadres de la police fédérale argentine 🇦🇷 pic.twitter.com/SQh7C72052

— IHEMI (@IHEMI_fr) December 15, 2021

Sobre el IUPFA, el 20 de Diciembre de 2021 se anunció que a partir del 14 de Diciembre de 2021 el nuevo rector del Instituto es Leopoldo Fabián VIDAL en reemplazo del Esteban NEME quién asumió en la gestión de Sabina Frederic.

“Las cámaras inteligentes sacan a gente muy peligrosa de la calle”

"La tecnología de la empresa barcelonesa permite revisar matrículas automáticamente a los cuerpos de seguridad y a los responsables de las zonas restringidas para determinados vehículos

Un casco espartano preside la recepción de las oficinas de la empresa de soluciones de inteligencia artificial Neural Labs, situadas en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). 

 

Su cofundador y CEO, Elías Valcárcel, explica que está allí para recordarles que luchan en las situaciones más adversas, compitiendo contra gigantes tecnológicos y compañías emergentes de países con gran tradición en el sector de la seguridad como son China o Israel.

Con un equipo formado por 30 personas, Neural Labs vende cada año más de 2.000 licencias de software de inteligencia artificial para cámaras de vigilancia, sobre todo en Colombia, Argentina y España. 

Su tecnología permite la revisión automática de las matrículas de los vehículos a la Policía Nacional, el control de acceso de los automóviles a la Zona de Bajas Emisiones en Barcelona, así como la detención de coches involucrados en todo tipo de delitos por parte de los cuerpos de seguridad latinoamericanos."

El País