En la provincia de Formosa, el tiempo político parece haberse detenido. Gildo Insfrán gobierna desde 1995 y, con una reforma constitucional impulsada en 2003, logró habilitar la reelección indefinida sin que esas palabras aparezcan expresamente en el texto. La fórmula legal le permitió ser elegido ocho veces consecutivas. Tras un reciente fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional ese mecanismo, Insfrán recurre nuevamente a una reforma, esta vez enmascarada bajo la ampliación de derechos digitales.
El resultado es una estructura de poder consolidada, sostenida con recursos públicos, propaganda oficial omnipresente y una dependencia económica casi total del Estado. El modelo político instaurado no solo limita la alternancia democrática, sino que ha configurado un sistema de control que permea todos los niveles institucionales y sociales. En Formosa, el 70% de los trabajadores lo hace en el Estado. El sector privado es marginal: apenas 22.800 empleados en una población superior a los 530.000 habitantes. La coparticipación federal cubre el 95% del presupuesto provincial.
En este esquema, la pobreza no solo persiste: se administra. La distribución de bolsones de comida en vísperas electorales, los condicionamientos para el acceso a la vivienda y los controles sociales informales configuran un clima de clientelismo estructural. En barrios periféricos como los lotes 110 y 111, los vecinos denuncian discrecionalidad en la entrega de viviendas y vigilancia irregular por parte de estructuras estatales o paraestatales. La oposición señala que el gobernador mantiene el control absoluto de los tres poderes, incluido el tribunal electoral.
Las consecuencias sociales son notorias. Formosa tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del país: 11 muertes cada 1.000 nacimientos. Aporta solo el 0,04% de las exportaciones nacionales y posee la menor densidad empresarial del país, según el Observatorio Pyme. Las comunidades indígenas del oeste, como los Wichí, Qom y Nivaclé, viven en condiciones de abandono y exclusión, con escasa o nula representación institucional.
El “modelo formoseño”, promovido por la gestión como un logro de infraestructura y conectividad, se impone también como narrativa dominante: está presente en contenidos escolares, actos públicos y propaganda estatal. El rector de la Universidad de Laguna Blanca lo definió recientemente como un motivo de orgullo que “molesta a los porteños”. Pero más allá del discurso, las condiciones materiales muestran otra realidad: migraciones internas por falta de producción agropecuaria, barrios sin cloacas, títulos de propiedad demorados, tarifas impagables y sectores completos de la población sin acceso efectivo a servicios básicos.
¿Cómo revertir esta situación?
La reversión de este sistema requiere, ante todo, recuperar la independencia de los poderes del Estado. Sin un Poder Judicial autónomo y un sistema electoral transparente, resulta imposible garantizar condiciones de competencia política real. La vigilancia internacional y la acción de organismos de derechos humanos podrían contribuir a visibilizar los abusos y promover estándares mínimos de gobernabilidad democrática.
Además, es necesario establecer límites constitucionales claros a la reelección indefinida. La falta de rotación en el poder concentra decisiones en una sola figura, elimina contrapesos y desincentiva la renovación institucional. A nivel social, solo un fortalecimiento del empleo privado, la educación libre de adoctrinamiento y una prensa independiente pueden reconstruir las condiciones para una ciudadanía autónoma y crítica.
La experiencia formoseña demuestra que la democracia no se agota en el acto electoral. Cuando el acceso a derechos está condicionado por la obediencia política, cuando el disenso es vigilado y castigado, y cuando el poder se perpetúa mediante el uso de recursos públicos, el sistema deja de ser democrático en los hechos. La transformación no será inmediata, pero es imprescindible comenzar por nombrar lo que sucede: un régimen que, bajo apariencia constitucional, ha vaciado de contenido a la democracia.
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