Educación, Salud y Seguridad: cuando lo esencial se paga de forma miserable. Políticos y Justicia: con sueldos abultados.
El gobierno del presidente Javier Milei, junto a su ministro de Economía Luis Caputo y el recientemente incorporado ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, enfrenta una creciente crisis institucional debido a una política de ajuste que impacta directamente en las áreas más sensibles del Estado: salud, educación, seguridad, defensa y servicios sociales.
Desde el inicio de la gestión, se implementa una estrategia de desinversión presupuestaria y degradación de las condiciones laborales en diversos organismos del Estado nacional. Este proceso, que algunos definen como una forma de "despido silencioso", mantiene los salarios estatales por debajo de la línea de pobreza, empujando a miles de trabajadores a renunciar. Esta situación se agrava especialmente en sectores estratégicos como las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el sistema sanitario y el educativo.
En el área de Defensa, el ministro Luis Petri enfrenta una profunda crisis de confianza interna. Más del 90% del personal de las Fuerzas Armadas manifiesta su malestar y expresa una creciente identificación política con la vicepresidenta Victoria Villarruel, ante lo que perciben como abandono por parte del Ejecutivo. La situación obligó al Gobierno a acelerar por decreto los aumentos salariales para evitar una ruptura institucional. En los cuarteles se repiten expresiones como “cobramos sueldos de subsistencia”, y se denuncian promesas incumplidas, falta de equipamiento y un sistema de salud colapsado (IOSFA). Los militares también exigen mejoras para los retirados y condiciones claras para el ascenso y la carrera profesional.
En el ámbito de la seguridad, las fuerzas federales, bajo la conducción de la ministra Patricia Bullrich, padecen una situación salarial crítica. Los sueldos fueron definidos por Martín Siracusa junto al equipo económico de Luis Caputo, pero resultaron insuficientes. En mayo de 2025, el Gobierno tuvo que realizar una recomposición urgente tras detectarse errores graves en las resoluciones ministeriales que definían los salarios, que ubicaban el salario promedio en torno a los $700.000 mensuales, valor muy por debajo de las necesidades reales. La situación generó protestas internas y descontento en distintas unidades, afectando la moral y el desempeño operativo. Las fuerzas de seguridad informan que estas actualizaciones son irrisorias para la mayoría del personal, y que no genera una real solución y que el atraso salarial estaría en torno a un 30% desde la asunción del gobierno Libertario.
Este error fue perpetrado por la denominada "COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO", en la que participaron Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina, Enrique Pinedo, pero no personal de las fuerzas ni autoridades de las mismas. Si vale aclarar que la resolución firmada por Martín Siracusa luego si fue firmada por Bullrich, dando el aval Ministerial.
En el sistema de salud, la situación en el Hospital Garrahan expuso el deterioro generalizado. Médicos residentes, dependientes del Ministerio de Salud que encabeza Mario Lugones, realizaron protestas por sueldos inferiores a los $700.000. La respuesta oficial combinó amenazas de sanciones con anuncios ambiguos. La viceministra Cecilia Loccisano difundió un video prometiendo aumentos que nunca se oficializaron. Finalmente, se comunicó que los fondos para las mejoras salariales saldrían del propio presupuesto del hospital, sin compromiso concreto por parte de la cartera nacional.
En el plano educativo y social, la situación es igualmente alarmante. Las universidades nacionales siguen operando sin presupuesto actualizado, y programas como las pensiones por discapacidad o los planes de inclusión social han sido paralizados. Las movilizaciones frente al Congreso de jubilados, personas con discapacidad y trabajadores de la educación han sido respondidas con acusaciones de politización y denuncias de corrupción estructural en los organismos afectados, como la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).
En contraste con estos recortes, se observa una continua incorporación de personal político por excepción, es decir, sin concursos públicos ni procesos de selección. Muchos de estos cargos recaen en personas allegadas al entorno de Javier Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Luis Petri y Patricia Bullrich, sin requisitos de idoneidad ni trayectoria comprobable. Esto ha generado cuestionamientos por parte de organismos de control y asociaciones civiles.
Por otro lado, legisladores nacionales cobran entre $7.000.000 y $9.000.000 mensuales, mientras que jueces y fiscales superan los $6.000.000. Esta desigualdad acentúa el malestar entre el personal esencial del Estado, cuyos ingresos se encuentran en niveles de subsistencia.
La política de “reducción del Estado” promovida por el oficialismo está provocando una crisis estructural en la administración pública. La pérdida de personal capacitado, la paralización de áreas técnicas y la falta de canales de atención pública están debilitando severamente la capacidad operativa del Estado. Al mismo tiempo, la narrativa oficial deslegitima toda forma de protesta y denuncia social, profundizando el conflicto entre el Gobierno y los sectores afectados.
Diversas organizaciones sindicales, académicas y sociales alertan que el ajuste no es parejo ni transparente. En lugar de eliminar privilegios, estaría consolidando nuevas estructuras de poder sin control democrático ni mecanismos de evaluación técnica.
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