Graciela Ocaña denunciará a Luana Volnovich y a funcionarios del PAMI por una compra millonaria a una “empresa fantasma”

" La diputada de Juntos por el Cambio pedirá investigar la compra gorros y vuvuzelas para el Mundial que con carácter de urgente hizo el organismo de jubilados y pensionados

La diputada nacional Graciela Ocaña presentará una denuncia penal contra las autoridades del PAMI por el millonario gasto en cotillón para el mundial, con una serie de elementos que se centran en las características del proveedor al que se le pagó la mercadería: una firma creada cinco meses antes de la compra oficial y cuyo domicilio declarado parece ser inhóspito.

El organismo que conduce Luana Volnovich adquirió a principios de noviembre cotillón por $14.079.450 y justificó la operación bajo la categoría de “actividades sociopreventivas”. Según supo LA NACION, la empresa proveedora, “La comuna ATESH S.R.L.”, fue creada en abril de este año con un capital inicial de $100.000.

La denuncia indica que se trata de una “empresa fantasma”, cuyo objeto social serían los espectáculos artísticos, que comenzó su actividad comercial en mayo de este año y cuya sede declarada es una casa particular de un barrio de Berazategui, localidad donde milita Volnovich.

“La Comuna Atesh S.R.L. fue constituida el 6 de Abril de 2022, y posee únicamente dos socios, Noelia Yamila Cabrera y Franco Lionel De Roque, dos jóvenes de 31 y 33 años respectivamente que no tienen ningún antecedente en el rubro”, señala la denuncia a la que accedió LA NACION. También remarca la presentación que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires le otorgó la inscripción en apenas cuatro días hábiles.

El procedimiento de selección para comprar la mercadería fue una compulsa abreviada, según el expediente de la compra. Según la diputada denunciante, “esta compra no solo debe ser investigada por la justicia por la altísima suma de dinero gastada para cotillón”, cuando el Instituto tiene serias deficiencias en la atención médica de los jubilados y pensionados, sino también porque el mecanismo de compulsa abreviada “viola los principios rectores de la Administración Pública, de trasparencia, publicidad, economía y responsabilidad”. "

La Nación