"De acuerdo con la Ley de Ética Pública nacional, los funcionarios públicos están obligados a “proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados”.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) señaló que los términos y condiciones de la app Mi Argentina “no establecen expresamente que se llevará adelante comunicación política, además de ser poco claras, no detalladas y no específicas”.
Según los expertos consultados, la publicidad electoral por esta aplicación incumple la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y el Código Penal de la Nación."
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