"En distintos puntos del país se registra la ocupación de terrenos públicos y privados, incrementándose esa actividad de manera descontrolada.
La ocupación comprende en algunos casos –Villa La Angostura, por ejemplo– la destrucción del bosque nativo y la invasión de espacios designados como parques nacionales.
Quienes llevan a cabo esta actividad desconocen las normativas, llegando a la agresión de funcionarios municipales, personal policial, vecinos de las zonas afectadas y destruyendo las construcciones ubicadas en los predios invadidos.
Se trata, en definitiva, de actos de usurpación, un delito tipificado en nuestro Código Penal, que establece prisión de seis meses a tres años para quien lo cometiere.
Estamos ante una situación preocupante porque vulnera derechos y crea situaciones de indefensión en los ciudadanos.
Pero lo realmente alarmante es la ausencia de un mensaje claro de parte de las autoridades nacionales o provinciales, quienes deberían condenar esas apropiaciones y disponer los procedimientos legales correspondientes, para lograr la expulsión de los usurpadores.
Nada de ello sucede, los gobernantes guardan un silencio cómplice y, a juzgar por sus mensajes confusos, parecen alentar las usurpaciones.
Es más, ante algunos episodios han impulsado deliberaciones entre vecinos y autoridades lugareñas, con la participación de los ocupantes ilegales en un pie de igualdad. Ridículo y peligroso. De más está decir que las deliberaciones no condujeron a nada, los predios siguieron ocupados y las rutas, cortadas.
Las autoridades nacionales, por su inacción, tienen absoluta responsabilidad en la proliferación de los hechos señalados.
Mantener las condiciones del Estado de Derecho, la defensa de las libertades individuales y resguardar los derechos de los ciudadanos es su obligación, pero parecería que miran para otro lado."
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